Cartas al País

FUENTE: DIARIO CLARIN

Que la ANSeS cumpla con las sentencias firmes de los jubilados

Vior

La violencia es el uso inmoderado de la fuerza (física o psicológica) por parte del violento o agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad del violentado o víctima. Aparte de la violencia física, hay que mencionar la emocional independiente o que la suele acompañar, según la índole de la agresión. Es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica, o maltrato emocional.

En mi caso, y el de miles de jubilados, el Estado, a través de la ANSeS, está ejerciendo violencia institucional que nos provoca daños emocionales, psicológicos y afines. No es solo el hecho de obligarnos a realizar largos y costosos trámites judiciales, que son maliciosamente apelados hasta el infinito. Cuando el juez falla a nuestro favor, con sentencia en firme, sin apelación posible por parte de la ANSeS, esta no cumple con la misma pese a las múltiples intimaciones judiciales. En mi caso, ya van dos años.

Los adultos mayores ya no tenemos quién nos proteja de las arbitrariedades y abusos, ya que esta faceta de la violencia nos causa profundas heridas psicológicas y angustias que no deberíamos sufrir en esta etapa de nuestras vidas. Esto proviene de décadas, y Cambiemos no lo ha cambiado. Le pido al Presidente que, más allá de las declaraciones acerca de los jubilados, cumpla con las sentencias judiciales como lo debemos hacer, en todos los órdenes, los ciudadanos decentes y honestos. De otra forma yo le aseguro que, habiéndolos votado siempre, si lo hice fue porque las otras opciones políticas que se nos ofrecían daban vergüenza y repugnancia, pero mi voto no fue un “cheque en blanco”.

Pedro Bollo

fp.bollo@gmail.com

Voces, reclamos y esperas de jubilados

Hoy me he decidido a escribir como última solución al problema que tenemos los mal llamados viejos, (quiero aclarar que los viejos de hoy, somos los que aportamos religiosamente durante nuestros años como activos. En mi caso particular, durante 42 años sin tener que pagar moratorias por deudas con ANSeS. Así también tengo muchas personas que conozco, sobre todo una muy cercana que se acogió a la Reparación Histórica, donde le dijeron que una vez completado el trámite con abogado incluido, a los 60 días cobraría el 50% del retroactivo y la actualización de su haber previsional, (el cual sí fue actualizado nueve meses después de la firma del acuerdo).

Ahora bien, el retroactivo está retenido en la ANSeS. Cuando se dirige a la agencia que le corresponde, la respuesta textual es que “está todo parado, no están pagando nada”. ¿A está persona, próxima a cumplir 80 años, cuándo le van a dejar de mentir tan descaradamente? Mi caso es diferente, yo tengo el juicio por reajuste en la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala 3, el cual duerme el sueño de los justos desde que la ANSeS apeló el 3 de abril de 2017. Particularmente, me enoja porque soy diabética insulino-dependiente, hipoacúsica bilateral 100%, hipotiroidea desde los 16 años, y salvo la medicación de la diabetes Tipo 1, que es gratuita, pero muy controlada, el resto debo pagarlo, que son mensualmente aproximadamente $ 1.300, con un haber mensual neto de unos $ 10.500 debido a la cantidad de préstamos que tuve solicitar para hacer frente a luz, gas, teléfono, supermercado, etc. Por eso me atrevo a escribirles, para la verdad salga a luz.

Ana María Navarro

anam_navarro@hotmail.com

Con el transcurso del tiempo se activan jubilaciones y pensiones por diputados y senadores que terminan su mandato y reúnen los requisitos para recibir los beneficios jubilatorios. Simultáneamente, surge la pregunta de si los aportes y retenciones que pagan los actuales legisladores, alcanzan para pagar tales privilegiados beneficios. Porque en el caso contrario, que yo sepa, no hay otro recurso que no sean los aportes de otros trabajadores en actividad que cobran remuneraciones mucho menores. Además, buscando cifras, que las hay en abundancia, pero también en confusión y no siempre de fuentes confiables, surge la alocada idea de retenerles cargas sociales solamente sobre la dieta, no incluyendo en los recibos pertinentes los importes para pasajes que, en altísimo porcentaje, según informaciones de “pasillos”, son canjeados por efectivo. Claramente es una evasión lisa y llana, “de manual” como dicen ahora.

Esto no deja de producir sorpresa por tratarse de personas con buen nivel de conocimientos, digo en función del cargo que ocupan. Cierto es que no todos realizan el canje en igual proporción, pero por mínima que sea constituye una evasión con doble efecto: disminuye el pago de Ganancias y la recaudación de los fondos previsionales disponibles para seguir pagando los privilegios de sus antecesores. Preocupante.

Artemio Simonetti

artemiosimonetti@gmail.com

He trabajado toda mi vida y hoy, a mis 73 años, tengo que sufrir los horrores de los ajustes que llegan en luz, gas, agua, alimentación, transportes (ahora tengo una pierna rota y el brazo izquierdo con una plaqueta, no puedo tomar transportes, debo viajar en taxi para ir al PAMI, al médico, a cobrar lo miserable que es mi sueldo, ya que tengo casi todo embargado por pedir préstamos para arreglar un poco mi casa: el techo de dónde caía continuamente agua en días de lluvia.

Yo voté a Macri, con toda esperanza, con confianza, con cariño y hoy no puedo pagar mis deudas: luz: $ 2.100; gas: $ 1.800; teléfono: $ 1.500; televisión: $ 600 (sin fútbol por TV); emergencias médicas (ambulancias): $ 500; impuesto alumbrado y barrido: $ 1.500, más una deuda por figurar la casa como comercio, siendo que hace más de 30 años, mi suegro, que había abierto un despacho de pan en el comedor le dio de baja. Esa deuda sigue creciendo y cuando fuimos a la municipalidad me piden nuevos planos: que no puedo pagar.

Vivo en Bella Vista, en una casa humilde (como lujo tengo una computadora de hace más de 10 años que usa mi marido para escribir, su única distracción, ya que está jubilado y continúa trabajando para poder ir pagando todo lo que nombré antes, más el transporte y los alimentos, y los remedios). Por favor, gobernadora Vidal, yo sé que puede darle una mano a dos personas mayores que siguen luchando y confiando en la democracia.

Oscar Rissotto

rissotto_554@hotmail.com

La ANSeS denegó mi jubilación docente en el 2003, para jubilarme por ley común sin tener en cuenta mis 38 años ejercidos y el aporte mensual del 13%. Aducían que la ley especial Nº 24.016, con un 82% móvil “no existía”. Gané el juicio el 22 de febrero de 2006.

Los docentes del GCBA, jubilados por esa ley, debemos tramitar en forma personal los aumentos anuales porque no lo hacen automáticamente. Vivo en Mar del Plata y se me hace difícil por el costo tramitarlo. El GCBA paga en “no remunerativo” aumentos de marzo a los docentes en actividad, por eso los docentes jubilados sólo cobramos el de agosto después de 8, 9 o 10 meses. Como pagan juntos todos los meses adeudados, descuentan Impuesto a las Ganancias, aunque el haber mensual no llegue al mínimo.

La ANSeS exige que el jubilado presente anualmente una certificación de servicios del GCBA y otros cuantos papeles, que si oprimen un botón los obtienen en 5 minutos, que es lo que debería demorar esto. Al momento de escribir esta carta no percibí el aumento del 2017.

Alicia Tucci

mimitucci@yahoo.com.ar

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Alicia Kichner demanda y pide embargar a jubilados por $ 330.000,00

FUENTE: OPI SANTA CRUZ

14:30 – La gobernadora Alicia Kirchner, a través del Fiscal de Estado, Dr Fernando Tanarro y el abogado Emilio Monzón, presentó una demanda en contra de la agrupación autoconvocada “Jubilados Unidos en Acción”, un conjunto de jubilados provinciales que se unieron exigiendo el pago de sus haberes y permanecieron frente a la Caja de Previsión Social por varios meses, la cual encuadra en el delito de daños y perjuicios contra la propiedad del Estado, por la suma de $ 329.400,00, intereses y costas en contra de los jubilados: Ana Viginia Villarroeal, Lucila Hernández, Laura Agüero, Beatriz Constantino, Néstor Ripa, Teresa Cristina Coronel, María Virginia Peña, Margarita Guanuco, Enrique Máximo Bavera y Agustín Pérez.

Se les imputa que en el segundo semestre del 2017 y los primeros meses de 2018 este grupo de jubilados generó desmanes en protestas callejeras contra edificios y bienes del Estado, resaltando el escrito que las mismas fueron no conforme a las formas legales y “avasallando los derechos de otras personas y en perjuicio de los bienes públicos”.

El documento hace una descripción de los edificios (casa de gobierno, ministerio de Economía, Caja de Previsión Social, MAS, etc) y califica a la medida implementada por los jubilados de “un plan intencional” de las personas mencionadas identificadas expresamente en la nota, no solo con nombre, apellidos y documentos, sino a través de una detallada galería de fotografías, que podría dar a entender que el gobierno hizo una tarea de Inteligencia sobre grupo de jubilados, al cual eligieron como “blanco”, le iniciaron un seguimiento, registraron sus movimientos y anexaron sus datos para realizar la denuncia.

Sin decir en ningún lado, que los jubilados estaban en protesta exigiendo que les pagaran los sueldos atrasados hasta en tres meses, el Fiscal de Estado ataca directamente al grupo con la siguiente calificación “Es importante destacar a VS que la responsabilidad de los sujetos que indicamos como autores de los daños que han producido con sus actos, un perjuicio directo al patrimonio del Estado Provincial”, resaltando que ante cada hecho, la provincia “destinaba recursos para enmendar los daños sufridos”, información que también apoyan en la denuncia con fotografías e informes y denuncias policiales.

Es por esta razón que la gobernadora Alicia Kirchner, quien en ningún momento reconoce que el génesis de la protesta fue su propio incumplimiento en el pago de las jubilaciones, demanda a la agrupación “Jubilados Unidos en Acción”, por la suma de casi $ 330.000 y pide el embargo correspondiente.

Recordamos que Alicia Kirchner ha sostenido siempre, desde el inicio de su mandato, que su política no se concibe sin “los jubilados adentro”; ha promovido la vejez como el factor prioritario a atender a través de sus políticas públicas y cada vez que puede critica fuertemente al gobierno nacional por haber rebajado las jubilaciones nacionales y abandonar a la clase pasiva.

Estas protestas que generaron la demanda por 330 mil pesos a los jubilados, se iniciaron porque la gobernadora hace dos años que no da aumento a las jubilaciones, las paga con atraso hasta de tres meses y cuando las abona son por goteo o con techo en los montos. De esto, el Fiscal de Estado, no hace ninguna mención en su presentación ante el Juez.

A raíz de esta denuncia se abrió una causa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 a cargo del Juez Francisco Marincovic, quien ahora tiene la palabra sobre si condena a los jubilados a pagar los más de 300 mil pesos o deniga la posición del gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)

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Por el fin de las moratorias, el número de nuevos jubilados cayó un 50% en dos años

FUENTE: BAE NEGOCIOS

En 2017 fueron 370.000 contra 700.000 en 2015

por Ignacio Ostera

La cantidad de nuevos jubilados cayó a la mitad en dos años, tras la decisión del Gobierno de Cambiemos de limitar las moratorias que permiten retirarse sin contar con los 30 años de aportes reglamentarios. De acuerdo a datos de la Anses, las altas en 2015 sumaron 707.309, en tanto el 2017 cerró con 370.269 pasivos más, de los cuales casi un quinto recibirán la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que equivale al 80% de la mínima.

El ritmo viene decreciendo año a año ya que en 2016 se habían sumado 440.376 nuevos jubilados.

Los abogados previsionales denuncian que la estrategia del Ejecutivo es acotar todo lo que se pueda las moratorias y que aquellos trabajadores que no lleguen con los aportes pasen a cobrar la PUAM, hoy ubicada en poco más de 6.000 pesos.

Actualmente la cantidad de beneficiarios de la PUAM llega a 70.333, según las últimas cifras oficiales publicadas por la Anses correspondientes a diciembre. Esta pensión no contributiva fue creada con la ley de reparación histórica para quienes tengan 65 años y en el 2017 representaron el 18,6% de los nuevos pasivos. Es que en el mismo lapso se dieron de alta 301.292 jubilaciones.

“Las distintas moratorias que estaban vigentes o bien terminaron para los hombres o están por terminar para las mujeres, o pusieron requisitos de vulnerabilidad que las limitan”, explicó a BAE Negocios la abogada previsional Andrea Falcone.

El punto más cuestionado por los expertos es que si un trabajador por ejemplo tiene 20 años de aporte, al no haber moratoria los pierde de un plumazo al momento de jubilarse y automáticamente pasa a cobrar la PUAM. La otra alternativa es compensar con más años de actividad, por lo que el efecto colateral es un aumento en la edad de retiro, más allá de que no se haya estipulado por ley.

“Por este punto hay cada vez menos incentivos a aportar y la cantidad de nuevos jubilados va a seguir cayendo este año”, pronosticó Falcone.

“La PUAM no es una jubilación porque no es contributiva. Es una asistencia y cada vez va a haber más retirados en esta situación”, advirtió por su parte el experto Christian Dalessandro.

El laberinto del retiro

La semana pasada, la Anses y la Afip lanzaron una resolución conjunta estableciendo requisitos de vulnerabilidad para las moratorias y se extendió a julio de 2019 este beneficio para las mujeres, que se jubilan a los 60 años pero necesitan 65 para empezar a cobrar la PUAM, en caso de que no cumplan con los aportes. A su vez, aclaró que los hombres podrán acojerse a este beneficio siempre y cuando tuvieran en 2004 la edad para retirarse, es decir hoy unos 79 años, por lo que los expertos estimaban que el impacto sería nulo: en ese rango etáreo, la enorme mayoría ya forma parte del sector pasivo.

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Los jueces tienen que usar la calculadora

FUENTE: DIARIO JUDICIAL

La Cámara Federal de la Seguridad Social revocó un fallo que rechazó in límine una demanda de reajuste con sólo verificar que las últimas 120 remuneraciones estaban actualizadas. Según la Alzada, hay que analizar “si la suma resultante de esta repotenciación deviene razonablemente proporcional al salario de actividad, o no”.

Los jueces tienen que usar la calculadora

Por: Matías Werner
@matiaswerner
mwerner@diariojudicial.com

No se puede rechazar una demanda de reajuste aunque el beneficiario de la jubilación haya percibido sus últimos haberes de forma actualizada, aseguró la Cámara Federal de la Seguridad Social en el fallo “Romero Guillermo c/ ANSES s/ Reajustes Varios”.

Sosteniendo ese criterio, que obliga a los magistrados a evaluar si las últimas remuneraciones guardan relación con el salario en actividad, y si ese cálculo respeta los lineamientos del fallo “Badaro”, los jueces Luis Herrero y Nora Dorado revocaron el fallo de grado que rechazó la demanda in límine tras acreditarse que las remuneraciones consideradas para el cálculo de la PC y de la PAP “han sido actualizadas sin tener en cuenta la limitación temporal prevista en la Resolución de la ANSeS 140/95”.

Para los camaristas hay que calcular también si los indices utilizados por ANSES para actualizar las remuneraciones “resultan razonables en su aplicación” o, en otras palabras, si guardan relación con la doctrina de la Corte Suprema “obre el sentido y alcance de la garantía de movilidad” en la causa “Badaro”.

“Si bien es cierto las remuneraciones nominales consideradas para el cálculo del haber inicial -conforme se desprende de la resolución otorgatoria del beneficio- fueron actualizadas por la ANSeS en el marco del art. 24 de la Ley 24.241, no es menos cierto que no podría corroborarse sin un examen exhaustivo de las constancias de autos y sin practicarse las operaciones aritméticas correspondientes”, señala la resolución, a la que tuvo acceso Diario Judicial.

Para los camaristas hay que calcular también si los indices utilizados por ANSES para actualizar las remuneraciones “resultan razonables en su aplicación” o, en otras palabras, si guardan relación con la doctrina de la Corte Suprema “obre el sentido y alcance de la garantía de movilidad” en la causa “Badaro”.

El fallo de la Sala II puntualiza que “no resulta suficiente ni acertado verificar que las remuneraciones percibidas durante los ciento veinte meses anteriores al cese estén actualizadas para desestimar sin más cualquier planteo judicial al respecto”, que fue lo que hizo el juez de Primera Instancia.

Para la Cámara Federal es necesario calcular “si la suma resultante de esta repotenciación deviene razonablemente proporcional al salario de actividad, o no”.

Tampoco se podía adoptar ese temperamento sin constatar al propio tiempo “si el resultado de esta actualización se ajusta a los lineamientos trazados por el Alto Tribunal de la Nación en torno al sentido y alcance de la garantía constitucional de movilidad”. La cual, añadieron los magistrados, “se la suele confundir con actualización monetaria o indexación”.

En resumen, “si la suma resultante de esta repotenciación deviene razonablemente proporcional al salario de actividad, o no”.

Teniendo en cuenta esta línea argumentativa, el fallo de la Cámara Federal pone de resalto que la garantía constitucional de movilidad tutela la “integralidad” del haber jubilatorio y “no sólo su evolución futura” en orden a “diferentes algoritmos o fórmulas matemáticas”. Las que, a la luz de la “teoría de los números índices”, permiten “mantener incólume su poder adquisitivo en el tiempo”.

La sentencia subraya que la garantía de movilidad “también proyecta sus efectos hacia el pasado laboral del trabajador que se jubila”, al verificar”la razonable actualización monetaria de las remuneraciones depreciadas por el transcurso del tiempo, a fin de que el primer haber jubilatorio liquidado por el organismo previsional, se ajuste a las rigurosas pautas de esta garantía constitucional”.

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JUBILADOS: LO QUE TIENEN QUE SABER SOBRE LA REUNIÓN SECRETA ENTRE EL MINISTRO GARAVANO Y LA CORTE SUPREMA

FUENTE: JUBILARNOS.COM

La relación entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo ha sido históricamente conflictiva. El Poder Judicial debe ser garante del sistema democrático y en ese proceso delimita las facultades del Gobierno de turno. Según Chequeado.com en la década del ’80 la Corte trataba 2 temas políticamente perfilados por año, mientras que en el último kirncherismo esa cifra ascendió a 6. Es decir, la injerencia de la Corte sobre la agenda de nuestro país crece década tras década, quedando cada vez más cuestiones sensibles bajo su poder de revisión. La Corte tiene hoy en sus manos una decisión clave para los jubilados: si los obliga a percibir el haber de la reparación histórica o les garantiza el derecho al haber que les corresponde. Es justamente en búsqueda de una pronta definición que el Gobierno comienza a presionar al Máximo Tribunal.

En mayo de 2016 el Gobierno anuncio el Programa de Reparación Histórica que otorgaría una mejora en su beneficio a “más de 2 millones de Jubilados” según Emilio Basavilbaso Alvear, titular de ANSeS. Con gran expectativa esperaban que los jubilados y pensionados acudieran masivamente al organismo previsional a aceptar la oferta que les hacían para no iniciar un juicio de reajuste o para desistir del que tenían en curso. No obstante, a 18 meses de su implementación tenemos la siguiente foto:

  • el 41% aún no tuvo propuesta
  • menos del 10% de los jubilados con juicio iniciado ha aceptado la oferta (todos cuentan con un letrado que los puede asesorar: de cada 10 jubilados a 1 le convenía, a 2 les ofrecían la mitad de lo que les correspondía y a 7 les hacían una propuesta que era insultante)

Estos días la Cámara Federal de Seguridad Social publicara los números oficiales, pero la información preliminar indica que la Reparación Histórica no logró frenar la litigiosidad previsional, sino más bien todo lo contrario. Numerosos jubilados, al recibir la propuesta de ANSeS, consultaron un abogado y luego de conocer los números comparativos decidieron iniciarle juicio al Estado para percibir lo que les corresponde.

En este escenario, el Gobierno comenzó en 2017 una embestida feroz para que la Justicia cambiara en sus sentencias el índice de ajuste actual (ISBIC) por el índice de la reparación histórica (RIPTE). De ocurrir esto, de cada $100 que la ANSeS debe pagar a los jubilados por sus juicios terminara pagando $25. Un jubilado que tuvo que litigar contra el Estado 7 o 9 años, que rechazó la propuesta de “Reparación Histórica” por ser confiscatoria y decidió a pesar de su avanzada edad esperar a cobrar lo que le corresponde, a último momento verá como le cambian las reglas del juego y le obligan a percibir el haber de reparación histórica.

Se presentan a diario miles de apelaciones a la Corte en expedientes donde tanto la primera instancia como la Cámara han confirmado la aplicación del índice correcto. Las Salas con enorme esfuerzo de su personal contienen la presión, rechazando in limine la mayoría de los recursos extraordinarios, pero unos pocos casos ya han logrado pasar el dique y llegar a la Corte, quien deberá pronunciarse en esta sensible cuestión.
Es en este escenario que nuestro Ministro de Justicia visita secretamente a la Corte Suprema. Entonces, quienes trabajamos a diario con los jubilados para lograr el reconocimiento de sus derechos nos preguntamos, ¿estuvo este tema en agenda?

¿Presionaran políticamente al máximo tribunal para que pulverice los juicios de los jubilados?
Según Chequeado.com entre 2003 y 2014 el 44% de los fallos sobre cuestiones políticamente sensibles fue favorable el Gobierno. Este dato podría indicar un nivel de imparcialidad de la Corte Suprema que nos permite confiar en la Justicia como garante del estado de derecho. Charles Louis de Secondat detallo en “El Espíritu de las leyes” los peligros de no contar con una apropiada separación de poderes. “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si no está separado del Poder Legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.

A quienes se encuentran involucrados en esta decisión y a los miembros del Gobierno que pretenden utilizar a los jubilados una vez más como válvula de ajuste, no se olviden de lo que ocurrió en diciembre. Los jubilados no están sindicalizados, pero no los subestimen, cuentan con la empatía de toda la población. Son nuestros adultos mayores y por ellos estamos observando cada paso de este proceso. Confiamos en la Justicia, pero no nos distraemos.

Dra. Andrea L. Falcone
Socia de Jubilarnos.com

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Curso en Cuidados

 

Cuidar es mucho más que brindar un servicio, o estar muchas horas junto a una persona, cuidar no solo es hacer prácticas de higiene y confort
Cuidar y acompañar a un enfermo o a un anciano implica, desde nuestra mirada, escucharlo, respetar su necesidad, preguntar cómo quiere ser cuidado y para ello es necesario estar abiertos a reconocer que estoy cuidando a una Persona, con una historia, con emociones y con capacidad de elegir.
Para hablar de ética, emociones, técnicas específicas y otros temas, es que hemos desarrollado este curso que está dirigido a personas que deseen trabajar como cuidadoras y a familiares que tengan a cargo algún familiar enfermo
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Será más difícil jubilarse para quienes ganen más de $ 47 mil y no tengan los años de aporte

FUENTE: DIARIO CLARIN

Sin acceso a la moratoria, deberán seguir trabajando hasta completar los años pendientes. Lo decidió la ANSeS

El titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso, detrás de los cambios en las reglas para acceder a las moratorias. Foto: Juano Tesone.

l titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso, detrás de los cambios en las reglas para acceder a las moratorias. Foto: Juano Tesone.

ISMAEL BERMUDEZ

ara jubilarse, los que no tienen los 30 años de aportes, para acceder a las moratorias deben ganar menos de $ 47.393 por mes. Si ganan más de esa cifra, deberán seguir trabajando hasta completar los años de aportes.

Así surge de la reciente Resolución N° 4222/18 de ANSeS-AFIP que estableció para los que soliciten adherir a la moratoria de carácter permanente -que permite regularizar aportes por períodos anteriores a septiembre de 1993- que “deberán cumplir con la evaluación patrimonial y socioeconómica ante el Organismo Previsional”, de acuerdo a los parámetros aprobados en Resoluciones anteriores.

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Esos parámetros establecen que el titular -que no debe estar cobrando una pensión superior al haber mínimo- debe:

  • Estar ganando menos de $ 47.393 brutos. Este valor equivale al ingreso tope que da derecho a cobrar las asignaciones familiares.
  • Disponer de un patrimonio, según la declaración jurada de Bienes Personales, menor a $ 2.274.864.
  • Tenencia de un auto valuado por debajo de los $ 853.074 y no tener embarcaciones o aviones.
  • Gastos y consumo con tarjeta de débito y crédito por debajo de los $ 739.330,80 anuales (un promedio mensual inferior a $ 61.610,90).

Así, en caso de no cumplir una de esas condiciones, la persona no puede acceder a las moratorias.

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Las moratorias vigentes que ahora tienen el requisito de “vulnerabilidad social”, son:

  • La de carácter permanente (ley 24.476), que permite regularizar aportes anteriores a septiembre de 1993. Así, este año una mujer de 60 años, puede regularizar 17 años y 5 meses anteriores a septiembre de 1993. Y un varón de 65 años puede regularizar 22 años y 5 meses. Y deben contar con la diferencia hasta 30 años con aportes ingresados después de esa fecha. Así, los años a regularizar disminuyen uno por año.
  • Varones mayores de 79 años (nacidos antes de 1939), y por el término de un año, pueden regularizar períodos hasta diciembre de 2003.
  • Las mujeres de entre 60 y 65 años hasta el 23 de julio de 2019 pueden regularizar aportes anteriores a diciembre de 2003.

En cambio, quienes tengan ingresos, gastos con tarjetas o patrimonios superiores a esos valores, deberán seguir trabajando para completar los años de aportes.

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En ese caso, el empleador no puede intimarlo a que se jubilehasta que complete esos años pendientes. Y para completarlo hay un efecto compensación: cada dos años por encima de los 60 las mujeres, o de los 65 años en el caso de los varones, disminuye un año el requisito de aportes. Así, con 62 años las mujeres o 67 años los varones pueden jubilarse con 29 años de aportes. Con 64 años las mujeres y 69 los varones, se requieren 28 años de aportes. Y así en adelante.

No obstante, a los 65 años, tanto mujeres como varones pueden pedir la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que otorga un haber del 80% del haber mínimo (hoy, $ 6.328) y seguir trabajando hasta completar los años de aportes. Luego, cuando se jubila, pasa a cobrar la jubilación y deja de percibir la PUAM. Pero con un aclaración: los años trabajados desde que cobra la PUAM se computan para alcanzar los años requeridos para obtener la jubilación, pero no se consideran para el cálculo del haber jubilatorio.

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