Por el pacto fiscal, acuerdan actualizar las jubilaciones y la AUH por encima de la inflación

FUENTE: DIARIO CLARIN

Lo negociaron las provincias y la Nación. Los gobernadores aceptaron un cronograma de rebajas de Ingresos Brutos.

MARTIN BRAVO

El acuerdo fiscal con casi todas las provincias -salvo San Luis- fue celebrado como un hito por el Gobierno, que concedió algunas modificaciones y despejó las trabas que surgieron durante las negociaciones para allanar el escenario en el Congreso y acelerar el paquete de reformas con el apoyo de los gobernadores. Uno de los pedidos de los mandatarios aceptados por Mauricio Macri permitió sumar a la cumbre un anuncio para amortiguar las críticas al cambio del ajuste de los haberes jubilatorios: la nueva fórmula de movilidad tendrá que garantizar un ajuste trimestral por encima de la inflación.

“Este acuerdo es muy importante y es un paso dentro de esto que hemos llamado reformismo permanente y gradualismo“, aseguró el Presidente una vez que se diluyeron las últimas pujas y se sumó al final a la cumbre en el salón Eva Perón, en el primer piso de la Casa Rosada.

Antes, durante una hora y media en la planta baja, Rogelio Frigerio -ministro del Interior-, Nicolás Dujove -Hacienda- y otros funcionarios terminaron de pulir el acuerdo que mantenía entre las principales dificultades la renuncia de las provincias a los juicios contra la Nación, las rebajas en Ingresos Brutos y el cambio en los ajustes de las jubilaciones y otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo. Al final, Carlos Ponce, vicegobernador de San Luis en representación de Alberto Rodríguez Saá, fue el único que mantuvo el rechazo al acuerdo, aunque seguirá negociando. “Son todas cosas importantes. Combina la reducción del déficit, la responsabilidad fiscal y la baja de impuestos. Estamos para cumplirlo”, agregó Macri, antes de hacer circular el texto para las firmas.

En la conferencia de prensa, primero Dujovne confirmó el apoyo de los gobernadores al cambio del cálculo de la movilidad. “Lo que estamos implementando es un sistema equivalente al que existe en todo el mundo, que tiende a preservar el valor real de las jubilaciones. Va a estar basada en la inflación”, aseguró el ministro de Hacienda, y luego intervino Frigerio para aclarar la modificación.

En la redacción del texto quedó el acuerdo de “impulsar inmediatamente” la reforma del cálculo para que “se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”.

Luego se acordaron otros dos puntos, uno para garantizar haberes equivalentes al 82% de la mínima a los que hayan cumplido 30 años de aportes y otro para “impulsar la eliminación de las inequidades” de las jubilaciones de privilegio. “Esto es lo que acordamos Nación y provincias”, remarcó el titular de Interior.

En la previa, los gobernadores habían pedido la inclusión de un adicional a la inflación para dar un mayor argumento al apoyo de los legisladores en el Congreso y a su vez para evitar presentaciones judiciales con destino de Corte Suprema. La propuesta inicial implicaba una pérdida de ingresos para los jubilados estimada en $100.000 millones anuales. Ahora el Gobierno dejó trascender que será menor, con el plus que estaría atado a la recaudación de impuestos.

Otros “compromisos comunes” del pacto también darán forma al paquete de proyectos que el oficialismo buscará sancionar antes de fin de año: la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal; la eliminación del Fondo del Conurbano con la derogación del artículo 104 de Ganancias, con un esquema de compensaciones por las eventuales pérdidas; la prórroga del Impuesto al Cheque hasta 2022, con el 100% de su recaudación para el ANSeS; la aprobación y coparticipación del Revalúo Impositivo.

El texto a su vez confirma las transferencias del Tesoro Nacional a Buenos Aires por $21.000 millones para 2018 y $42.000 millones para 2019 (luego se actualizará por inflación), para llegar con los $20.000 millones estimados que le corresponderá por Ganancias a los $65.000 millones del Fondo del Conurbano. El resto de las provincias recibirá un bono por $5.000 millones en 2018 y $12.000 por diez años a partir de 2019, también como compensación para desistir de los juicios contra la Nación.

Otras concesiones como en Ingresos Brutos, con una baja gradual y sin alcance en algunas actividades, terminaron de empujar a los 23 gobernadores al acuerdo. Tres lo expresaron en la conferencia de prensa encabezada por Marcos Peña -jefe de Gabinete-, uno de cada sector político: Gerardo Morales (Jujuy) de Cambiemos, la peronista Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Hugo Passalacqua (Misiones), de un partido provicial. Bertone fue la más efusiva y escenificó una reconciliación con Dujovne: “No soy resentida en la vida”.

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El bono de fin de año no alcanzará a los jubilados y beneficiarios de AUH

FUENTE: DIARIO CLARIN

Tampoco habrá un plus para los empleados públicos. El beneficio extra sí lo recibirán los trabajadores de la economía popular.

IGNACIO ORTELLI

Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos.

Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes del Gobierno, que recordaron que el año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Fue, remarcan, una situación especial, ya que el vínculo entre el Gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos. Así, esa carta les permitió al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y al ministro de Trabajo Jorge Triaca destrabar las negociaciones.

Pero, según consideran en Balcarce 50, “este año es distinto”. “No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe”, indican.

En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. “Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016″, exponen.

En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre $ 2.000 y $ 3.500.

No obstante, como adelantó Clarín días atrás, sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200 que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular.

Esos $ 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“No vamos a enviar un solo peso más”, avisaron en Casa Rosada. Empoderado, el ex ceo y fundador de Farmacity no hace excepciones ni siquiera con los ministros favoritos de Macri.

¿Cómo se explica el bono para las organizaciones sociales? Se trata, en definitiva, de un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional.

Por lo pronto, los movimientos sociales insistirán con un reclamo emblemático: buscan comprometer al Ejecutivo para que declare la Emergencia Alimentaria. Esa discusión, con desenlace incierto, comenzará este semana: el viernes las organizaciones desembarcarán en Desarrollo Social. Serán recibidos, en principio, por Sofía Torroba, jefa de Gabinete de la Secretaría de Economía Social, la interlocutora con las organizaciones por este tema. Y no descartan que se sume la ministra Stanley.

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La Casa Rosada busca lograr compromisos para la ley jubilatoria

FUENTE: DIARIO LA NACION

LAURA SERRA

Es el corazón de las reformas; dice que los gobernadores deben apoyarlo en el Congreso

La Casa Rosada busca lograr compromisos para la ley jubilatoria

El quid de la cuestión es la reforma previsional del Gobierno: del ahorro que se genere con el ajuste trimestral por inflación de las jubilaciones y pensiones dependerá el éxito de la reforma tributaria, del nuevo pacto fiscal con las provincias y la consiguiente reducción del déficit, la obsesión del presidente Mauricio Macri . El Gobierno buscará que los mandatarios provinciales se comprometan públicamente con los cambios previsionales; sabe que, de lo contrario, su aprobación será más ardua en el Congreso.

La reforma laboral también tendrá un paso complicado por el Congreso si el Ministerio de Trabajo y la CGT no alcanzan un principio de acuerdo. La semana próxima será clave en las negociaciones luego de que la central obrera anticipara, el jueves pasado, su rechazo a varias modificaciones a la ley de contrato de trabajo que pretende el Gobierno. En esta pulseada, la CGT tiene como aliado al jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto , quien aseveró, tajante, que sin el consenso de la central obrera no habrá reforma laboral posible.

Pichetto posee la llave para la aprobación de las leyes en el Senado y hasta ahora, lejos de poner palos en la rueda, ha mostrado buena predisposición hacia las reformas que plantea el Gobierno. Incluso la previsional, aunque no lo dice con todas las letras todavía. Antes esperará que los gobernadores de su partido la suscriban públicamente. El tema no es sencillo: de prosperar el mecanismo de ajuste por inflación de las jubilaciones y pensiones que administra la Anses, los jubilados percibirían un aumento menor al que cobrarían si se mantuviera vigente la actual fórmula de la ley de movilidad jubilatoria. El ahorro estimado sería de unos 50 mil millones de pesos anuales.

La magnitud de este ahorro explica por qué para el Gobierno es absolutamente crucial que el Congreso apruebe la reforma previsional. Los gobernadores, a priori, estarían dispuestos a dar su visto bueno, confirmaron a LA NACION fuentes cercanas a los mandatarios provinciales y del oficialismo. Comprenden que, sin estos ingresos, el Estado no estará en condiciones de realizar las compensaciones a las provincias y a la Anses comprometidas en la reforma tributaria y en el nuevo Pacto Fiscal que negocia con las provincias.

“Esta prórroga del Pacto Fiscal implica la necesidad de modificar la fórmula previsional -admitió Pichetto en TN-. Yo tengo una visión compleja del sistema previsional: hoy la relación de activos y pasivos es totalmente asimétrica en virtud de las sucesivas moratorias y los blanqueos, y este error del Gobierno con la ley de Reparación Histórica, que aumentó en 1,2 % el déficit fiscal. Hoy el sistema funciona sólo con el financiamiento del Estado. La fórmula de la movilidad jubilatoria fue positiva, hay que decirlo, pero hay que evaluar si es sostenible en el tiempo y si los jubilados que aportan toda la vida pueden tener previsibilidad jubilatoria. El tema requiere un abordaje serio, no soluciones facilistas desde lo políticamente correcto, porque así no habrá acuerdo fiscal ni se podrá solucionar el déficit fiscal”.

Los gobernadores, sin embargo, se muestran renuentes a avalar públicamente una iniciativa que, saben, conlleva un alto costo político. No tardarán sus detractores en denunciar que los jubilados serán “la variable de ajuste” de las reformas del Gobierno. Será la bandera que agitarán kirchneristas y massistas en el Congreso.

Las espadas oficialistas ya enviaron un mensaje al Gobierno. “Que los gobernadores firmen la reforma previsional y que también se hagan cargo del costo político. De lo contrario, vamos a tener problemas para sancionar el proyecto. Incluso dentro de nuestro bloque”, advirtieron.

El Gobierno ya tiene decidido enviar la iniciativa previsional al Senado. Confía en que allí, con el aval de los gobernadores, se aprobará sin dificultades. Además, al ser cámara originaria, podrá neutralizar los cambios que eventualmente le introduzca la oposición en la Cámara de Diputados.

Respecto de la reforma laboral, el problema se presenta más complejo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se muestra confiado en las negociaciones que mantendrá con los representantes de la central obrera la semana próxima, anticiparon fuentes oficialistas que hablaron con él.

Tal como adelantó LA NACION, son 14 puntos del proyecto los que más resistencia generan entre los sindicalistas. Algunos de ellos son: la intención de reducir el cálculo para el pago de las indemnizaciones; la modificación del artículo 4 de la ley de Contrato de Trabajo, para establecer un “valor social compartido” e igualar los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado; la creación de la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente”, que preste servicios personales para una empresa o persona física hasta en un 80% de sus ingresos anuales, excluyéndolo del régimen del contrato de trabajo y remitiendo a una regulación estatutaria especial. La CGT también rechaza la exclusión del régimen del Contrato de Trabajo de los “trabajadores independientes y sus colaboradores”, creando una zona de exclusión de la ley laboral para quienes trabajen para otros (alienta a las tercerizaciones, apuntan los dirigentes gremiales).

“Contra lo que nos había prometido el Gobierno, nos encontramos con una reforma integral que modifica la ley de Contrato de Trabajo. Esto no lo vamos a discutir. El Gobierno avanza con una flexibilización con los mismos argumentos de la década de los 90. No vamos a votar nada que perjudique a los trabajadores”, enfatizó el diputado Facundo Moyano (Frente Renovador).

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Buscar quitarle los topes a la jubilación

FUENTE: DIARIO CLARIN

ISMAEL BERMUDEZ

Dos puntas. Buscan quitarle el techo a los aportes jubilatorios de los empleados. También se eliminarían los máximos en los haberes. Será un proceso gradual y de varios años.

Buscar quitarle los topes a la jubilación

El borrador del proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno elimina, con efectos hacia el futuro, el tope de la remuneración máxima, que actualmente es de $81.918,55, sobre el que se realiza el descuento previsional, Así, si se aprueba el proyecto, el descuento de Seguridad Social al empleado se realizará sobre la totalidad del sueldo bruto. En contrapartida, tampoco tendrá un tope el cálculo de la jubilación. Actualmente la jubilación también tiene un tope, que es de $53.090,20. Se estima que poco más de 200.000 personas ganan por encima del tope, el 75% varones y el 25% mujeres.

Ese tope sobre los aportes a la seguridad social no rige para las contribuciones patronales, “por lo que los ingresos fiscales originados en la relación laboral no tenían propiamente un límite, que sí se aplicaba para calcular las jubilaciones y eso lleva a reclamos judiciales”, precisa el abogado Adrián Troccoli.

Ahora, la jubilación se calcula a razón de 1,5% del sueldo promedio de los últimos 10 años por cada año aportado, a partir de los 30 años de aportes. A ese valor se agrega la PBU (Prestación Básica Universal), que es una suma fija hoy de $3.423,58. .

Así, quien aportó sobre un sueldo de $120.000 (promedio actualizado últimos 10 años anteriores al cese laboral), con 30 años de aportes, tendrá una jubilación de $40.286 o 33,5% del sueldo total. Con 40 años de aportes, será de $52.573 o casi el 44% del sueldo bruto promedio. A esos valores hay que descontar el pago de Ganancias.

“Al eliminar tanto el tope salarial para los aportes como el haber máximo jubilatorio, habrá una etapa de transición que combinará hacia el futuro, para el cálculo de la jubilación, la cantidad de meses que hasta ahora tuvieron un máximo de remuneración imponible, con los meses que no tendrán en el futuro ese máximo en el cálculo del haber jubilatorio”, señala el especialista Guillermo Jáuregui.

Tróccoli agrega que “la fórmula propuesta pondera el haber jubilatorio al que accedería el titular sin el límite al ‘sueldo máximo sujeto a aportes’ reduciéndolo en función del tiempo aportado con el sistema ahora vigente”.

Por ejemplo, quien cobra $120.000 (promedio actualizado últimos 10 años) si tiene 35 años de aporte hoy se jubila con $46.430 (38,7% del ingreso bruto). Dentro de 5 años se jubilará con $59.757 (49,8%) y en 10 años, con $66.423 (55,4%)”. Y agrega: “Esto daría una solución a futuro; sin embargo, los que se jubilaron en los últimos años o lo hagan en los primeros próximos años con salarios gerenciales verán rota la relación entre el sueldo en actividad y su jubilación, debiendo continuar con juicios para solucionar la desproporción. Seguramente se multipliquen aquellos que a 5 años de la edad jubilatoria planeen incorporar todos los años y no sólo la mitad”. Y hay que sumar, también, el descuento de Ganancias.

“Teniendo en cuenta que la Justicia previsional y la Corte siempre han anulado la aplicación del tope máximo jubilatorio cuando la quita en el haber sin tope excede del 15%, entendemos que con este cambio se quiere blindar a la futura ley contra impugnaciones judiciales. Si esta intención de reducir la litigiosidad se extiende a otros aspectos de la ley que generan pleitos, suponemos que también habrá novedades sobre otros topes que limitan los haberes para disminuir su incidencia en el haber inicial”, dice Jáuregui.

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Cartas al País

FUENTE: DIARIO CLARIN

Cada vez que hay ajustes se perjudica al bolsillo de los jubilados

Cada vez que hay ajustes se perjudica al bolsillo de los jubilados

Desde chico escuchaba comentarios que decían lo siguiente: “Cuando sea viejo haré tal y tal cosa”. “Cuando sea viejo, ya estaré disfrutando de la jubilación”. “Cuando sea viejo, los jóvenes sabrán apreciar la experiencia de los años”. “Cuando sea viejo, estaré rodeado de mis familiares y amigos apoyándome”….etc, etc. Sin embargo, hoy nos encontramos con un mundo totalmente diferente como fruto de la destrucción permanente de nuestra sociedad a través de la maquinaria destructora de esta política económica neoliberal, destruyendo los valores, principios e instituciones que forman la República Argentina.

Actualmente, aquellos comentarios no son la realidad, ya que si ahora te jubilás, pasás a cobrar casi la mitad del sueldo que tenías y para colmo seguramente te va tocar la obra social del PAMI, que utilizando un médico de cabecera es una máquina de impedir, y peor todavía cuando te falta dinero o estas enfermo… ¿quién te ayuda?

Al contrario, es común ver a los jubilados peregrinar solos en su sacrificado control de salud, pero, sin embargo, a la hora de cobrar la jubilación aparecen todos los que le rodean (salvo contadas excepciones). Y como si fuera poco, cada vez que hay ajustes económicos se termina perjudicando los pobres bolsillos de los sacrificados jubilados que nada tienen con las jubilaciones de privilegio.

Pensar que en las grandes civilizaciones siempre se privilegia y respeta a los ancianos teniendo en cuenta sus opiniones o comúnmente sucede en algunas etnias que todas las decisiones sean tenidas en cuenta por el consejo de ancianos, toda una institución.

En cambio, en la Argentina, llegar a viejo pareciera ser de descarte.

Héctor Montero

monterohh@yahoo.com.ar

Voces, reclamos y esperas de jubilados

Vi en Clarín una foto del ex ministro de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, siendo saludado por una amiga/admiradora. El señor Zaffaroni luce una amplia sonrisa, al mismo tiempo que se da la noticia de que su jubilación es de $ 384.953 mensusales. Debo aclarar que mi sonrisa sería mucho más amplia si después de una actuación profesional tan poco destacada yo también recibiera esa cantidad de dinero.

César Chelala

cesarchelala@yahoo.com

Muchos argentinos entienden las necesidades económicas del Gobierno nacional que provienen de la corrupción y el despilfarro de la década perdida anterior (una década que ha durado doce años).

Pero la resolución de los problemas no debería recaer, una vez más, sobre la clase media empobrecida ni sobre los jubilados de la mínima, a los que nunca se les aplicó la ley del 82% móvil. Antes deberían ajustar la multitud y los enormes sueldos de los funcionarios públicos y las desproporcionadas dietas autoincrementadas de los diputados y senadores nacionales, provinciales y municipales.

Los estudiosos de la economía pública han determinado que cada parlamentario argentino cuesta al bolsillo de la gente más de unos $ 800.000 mensuales, mientras el salario básico ronda los $ 10.000. Los recargados costos de la energía (luz y gas), el triple desembolso en las líneas aéreas (AA y Austral) y los 12 sindicatos de maestros en CABA no tienen porqué pagarlos los esforzados ciudadanos comunes.

El ajuste no debe hacerse al sector privado de la clase media, media baja y baja. El déficit público debe corregirse en el faraónico gasto (no inversión) del ocioso sector público.

Víctor Zajdenberg

viczaj2@yahoo.com.ar

Bendita la Argentina donde el autónomo que aportó para su jubilación durante mas de 30 años, recibe lo mismo que el que requiere de una moratoria para poder jubilarse, o aún peor, al que no tiene ningún aporte lo premian con una jubilación en vez de un subsidio, que tal vez le corresponda.

La jubilación mínima es menor al 50% del importe que fija el INDEC para no caer en la pobreza. El Estado no puede convertir en pobres a los que sostuvimos el sistema solidario con nuestros aportes. Los autónomos no estamos en la consideración de nadie, que hemos pagado cumpliendo con las leyes sin conseguir que alguien nos represente. He recibido como enseñanza de mis mayores que los logros son consecuencia del esfuerzo, el estudio y la constancia, y le transmití a mis hijos ese legado. La realidad no me da la razón.

Es como en el tango … “lo mismo un chorro, que un gran profesor”. Si no cambiamos premiando al que se lo ganó, seguiremos desbarrancando. Hagamos algo para que la lógica y la justicia sean el faro de nuestro futuro.

Eduardo Kuriss

edukuriss@yahoo.com.ar

Quiero hacer una reclamo a la ANSeS por este medio. Tengo 76 años, lleno de achaques y de remedios. Inicié el pedido de ajuste jubilatorio por el Expediente Judicial N° 36.495/16, el cual fue denegado y pasó a la Cámara de Seguridad Social. ¿Es verdad que las autoridades de esa entidad están agilizando los expedientes? ¿O se sigue con la misma lentitud y burocracia de siempre, a punto tal que no se si voy a estar con vida cuando pueda cobrar lo que me corresponde, si es que lo aprueban?

Ricardo Padula ricardopadula@yahoo.es Tengo 88 años, cumplo 89 en enero. Hace más de 10 años hice un juicio por el cobro de haberes míos y de mi difunto esposo, por el caso Badaro. Los abogados intervinientes, aún no pudieron lograr que se me pague lo adeudado. No se cuánto he de vivir, pero quisiera poder disfrutar de ese dinero en vida, aunque sé que el juicio y su sanción son hereditarios. ¿Qué se puede hacer? La Reparación Histórica que ofrece la ANSeS es de migajas y yo ya tengo iniciado este juicio por el se supone que el importe será sustancialmente superior.

Beatriz Schechtmann

bhk@fibertel.com.ar

Con respecto a la carta publicada el lunes 6, “El PAMI autorizó ayer una biopsia que me indicaron hace un año”, quiero aclarar que en realidad el PAMI me asignó una derivación (N° 145874) hacia el HospitalItaliano para el 26 de octubre autorizando la biopsia, pero la orden estaba mal confeccionada y se tuvo que reigresar para su nueva autorización.

Por lo tanto, todavía estoy a la espera de que el Area de Prestaciones Médicas de la Agencia de PAMI 6 me notifique con la nueva orden para poder realizarme el estudio correspondiente.

Mónica Rossi

monicacecilia.rossi@gmail.com

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Jubilaciones: rechazan recursos de la Anses ante la Justicia

FUENTE: DIARIO LA NACION

SILVIA STANG

Jueces de la Seguridad Social dejaron de admitir el pase de causas a la Corte

Jueces del fuero de la seguridad social comenzaron a rechazar recursos extraordinarios que presentó la Anses con la intención de que determinados expedientes de juicios de jubilados lleguen a la Corte Suprema. Este paso prolonga la espera para obtener una sentencia definitiva y poder cobrar lo dispuesto en ella.En una resolución referida al caso del jubilado Narciso Benito Arrieta, que demandó a la Anses para obtener un reajuste de su haber, los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvieron no dar más lugar a los recursos extraordinarios presentados por el organismo oficial para cuestionar el índice de actualización usado para el recálculo del ingreso. En septiembre, los mismos magistrados habían habilitado un recurso de la Anses en la causa promovida por Carmelo Di Mario. Por eso, la decisión sobre cómo se calcularán las jubilaciones al hacerse la liquidación de sentencias ya está en manos de la Corte.

El tema en conflicto se refiere a cómo se ajustan los valores históricos de los salarios usados en la fórmula del haber inicial. La pretensión del Gobierno es que las sentencias dejen de generar reajustes según el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) y se adopten las variables que prevé el plan de reparación histórica aprobado por la ley 27.260 y a las que consideran más ajustadas a la realidad. Según esa normativa, para determinar las propuestas de pago hechas a los jubilados, se utilizan dos indicadores: para los salarios previos a abril de 1995, el Índice de Nivel General de Remuneraciones (INGR), y para las remuneraciones posteriores, la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte).

En la mayoría de los casos, los jubilados consiguen subas mayores con el índice de la Justicia.

El rechazo a que se sigan pasando expedientes al tribunal supremo tiene que ver, según dijo a LA NACION el juez Luis Herrero (quien firmó la decisión con la jueza Nora Dorado), con que el organismo siguió mandando recursos, al punto que se evaluó que eso obstaculiza la “administración de justicia”.

Ante la situación, desde la Anses irán en queja a la Corte.

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Gobierna Cambiemos, pero ANSeS ¿sigue manejada por funcionarios K?

FUENTE: TRIBUNA DE PERIODISTAS

Con fecha 14 de septiembre de 2014, el Sr. Juez de 1ra.Instancia, Juz. Nº 2 de MdP, ordena a la ANSeS que dentro de los 120 días se me abone el Juicio por Reajuste de Haberes. Inmediatamente y como era normativa en la década robada, ANSeS apela la misma para hacer tiempo. Es así que luego de 3 años, el 07 de sep. de 2017, la Honorable Cámara Federal de Mar del Plata, emite Sentencia ordenando que sea aplicada la tasa mínima de “sustitución del 70% del haber inicial reajustado” y rechaza la apelación anterior, reafirmando la Sentencia de 1ra. Instancia, dando por terminado el litigio y “Ordena a ANSeS” que abone mi Juicio.

Al parecer ser dentro de ANSeS, todavía quedan resabios de la década K y por medio de su letrado, vuelve a “apelar” con la presentación de un “Recurso Extraordinario” a la SCJN, incluyendo la “infamia atroz” que “la Jubilación sólo debe servir para cubrir las necesidades alimentarias”. Esta bajeza inmoral de seguir con el Genocidio Previsional, es totalmente inadmisible bajo la Administración de Cambiemos.

¿El Ing. Macri estará al tanto de lo que sigue ocurriendo en ANSeS? Tengo la impresión que el ensañamiento con mi persona, obedece a que he sido, soy y seré anti K por siempre; pero si ANSeS sigue “Decretando mi Sentencia de Muerte”, aun sabiendo de mi delicado estado de salud, seguramente me iré de este mundo con la angustia de haber sido “Estafado por el Estado”, tal como ha ocurrido con miles de Jubilados, con la diferencia que ahora se supone que tenemos otro Estado, pero… ¿El Genocidio K a Jubilados; continúa?

Francisco José Viotti

DNI 4.520.511

Delegado de A.A.J.A. Córdoba

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