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Jubilaciones: la importancia de cumplir las promesas

FUENTE: INFOBAE

Por Vanesa D’Elia

El presidente electo Alberto Fernández (REUTERS/Mariana Grief)

El presidente electo Alberto Fernández (REUTERS/Mariana Grief)

Uno de los primeros desafíos que deberá enfrentar el gobierno de Alberto Fernández se vincula a su promesa de recomponer los haberes jubilatorios. Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones perdieron un 20% de poder de compra. Más precisamente, la jubilación mínima alcanzó los $12.937,21 en octubre de este año mientras que si se hubiese ajustado por inflación el valor sería de $ 16.153,68. Este resultado lleva a pensar en dos puntos centrales: el primero, de más corto plazo, tiene que ver con cuánto se propone recomponer, a quiénes, y cómo hacerlo. El segundo, más estructural, se relaciona con la fórmula de movilidad.

En cuanto al primer punto, cabe recordar que no solamente las jubilaciones se actualizan con la movilidad previsional, sino también la asignación universal por hijo (AUH), las asignaciones familiares de los trabajadores formales y jubilados, las pensiones no contributivas y las pensiones a los excombatientes de Malvinas. Si la nueva administración decidiese otorgar un aumento del 20%, se debería definir si dicha recomposición alcanzará a todos las prestaciones que se ajustan por movilidad o a un grupo determinado, como por ejemplo, a las jubilaciones mínimas. Si se incluyen más prestaciones en la recomposición, hay que tener en cuenta que los beneficiarios de la AUH recibieron en marzo pasado gran parte de la movilidad de todo el año por adelantado, por lo que podría analizarse una recomposición diferenciada para este grupo de beneficiarios.

Una vez definido lo anterior, hay que precisar cómo recomponer: bono por única vez o aumento permanente. Partiendo del supuesto de mínima, el impacto presupuestario de otorgar un bono sólo a las jubilaciones mínimas (3,6 millones de casos) equivalente al 20% del haber de diciembre implica un gasto adicional mensual de $10.100 millones. La principal restricción para elegir qué camino seguir viene dada por la disponibilidad de fondos en un contexto de déficit fiscal. Si bien existe una herramienta creada para financiar medidas como éstas que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al tener tan poca liquidez, el margen de acción es prácticamente nulo.

En cuanto al segundo punto, una de las alternativas planteadas es la de volver a la fórmula anterior donde las jubilaciones se actualizaban semestralmente con un método que combinaba la variación de los recursos tributarios de ANSES por beneficio y el cambio en los salarios. Con este cálculo, vigente desde 2009 a 2017, las jubilaciones perdieron poder adquisitivo en 2014 y 2016, mientras que le ganaron a la inflación en el resto del período.

Otra alternativa podría ser reformular el mecanismo actual. Una de las ventajas es que su cálculo es simple y que los datos necesarios para su construcción son públicos. Sin embargo, el mayor problema reside en el rezago de las variaciones. Por ejemplo, para la movilidad de marzo 2020 se toma el 70% de la inflación durante julio-septiembre 2019 y el 30% de la variación de los salarios en ese trimestre. Este rezago de seis meses perjudica a los jubilados en épocas inflacionarias porque el aumento otorgado va detrás del aumento del costo de vida y perjudica a las cuentas públicas en épocas de desaceleración de la inflación porque el mayor gasto genera mayor presión sobre el desequilibrio fiscal. Cumplir las promesas es importante, pero hacerlo con responsabilidad es lo que va a marcar la diferencia entre una buena y una mala administración.

Dra. en Economía, Profesora de Economía, UCEMA

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.

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Anses publicó nuevas fechas de cobro

FUENTE: DIARIO FORTUNA

La Administración Nacional de Seguridad Social dio a conocer los días para ir a cobrar en la última semana del mes. 

Anses publicó nuevas fechas de cobro

ANSES informó el calendario de pagos para los próximos cincos días.

Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) publicó el cronograma de pago para la última semana de noviembre.  

En los próximos días, recibirán sus haberes los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones que superen los $ 14.705. También, terminarán de cobrar las personas que pertenezcan a la Prestación por desempleo-Plan 1-.

De acuerdo al número final de su DNI, al beneficiario le corresponde  una determinada fecha. De esta forma las personas podrán saber con anticipación cuándo cobrarán.

Lee también: Nuevo aumento de la jubilación en diciembre

En primer lugar, a los pensionados y jubilados que superen los $ 14,705, ANSES informó que se cobrarán los siguientes días.  

DNI     Fecha de Pago

0 y 1   25 de noviembre

2 y 3       26 de noviembre

4 y 5   27 de noviembre

6 y 7       28 de noviembre

8 y 9       29 de noviembre

En cuanto a la prestación por desempleo- Plan 1-, este lunes 25 y hasta el jueves 28 cobrarán las personas cuyos DNI finalicen en 2 y 9.

DNI     Fecha de Pago

2 y 3     25 de noviembre

4 y 5    26 de noviembre

6 y 7     27 de noviembre

8 y 9     28 de noviembre

Cabe señalar que, la fecha límite para ir a cobrar es el día 11 de diciembre del 2019.

ANSES recuerda que el próximo 31 de diciembre es la fecha límite para que los apoderados de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) registren su huella dactilar en la entidad bancaria donde perciben los haberes. En la actualidad, ya se encuentran registrados bajo esta modalidad 1.617.394 apoderados.

A aquellos que no realicen el trámite antes de esa fecha se les suspenderá el poder para cobrar, que podrá renovarse una vez que se cumpla con lo dispuesto por la presente resolución.

 

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Renunció Luis Herrero, el juez que hizo lugar a miles de denuncias de jubilados contra el Estado por el ajuste de los haberes

FUENTE: INFOBAE

El magistrado de la Cámara Federal de la Seguridad Social decidió jubilarse

Luis Herrero (Foto: Santiago Saferstein)

Luis Herrero (Foto: Santiago Saferstein)

El titular de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Luis Herrero, presentó su renuncia ante el ministro de Justicia de la nación, Germán Garavano, por lo que dejará su cargo a partir de enero de 2020.

Integrante de la Cámara Federal de la Seguridad Social desde 1989, Herrero es conocido por su rol en las decenas de miles de juicios iniciados por jubilados y pensionados contra el Estado Nacional en los que reclamaban por el ajuste en sus haberes.

“Tengo el honor de dirigirme a V.E. a fin de presentarle mi renuncia al cargo de Juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social que vengo desempeñando desde el 14 de febrero de 1989 a partir del 1° de enero de 2020; en atención en que me ha sido concedido el beneficio jubilatorio”, sostiene la misiva que Herrera le envió a Garavano este jueves.

En 2011, se registró uno de los momentos más tensos entre Herrera y el entonces gobierno de Cristina Kirchner. Es que en julio de ese año, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) anunció que llevaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la recusación “sin causa” contra el juez de la Cámara de Seguridad Social.

El organismo que en ese momento dirigía Diego Bossio había recusado al camarista Herrero en casi 100 causas sólo en un día debido a que el magistrado jugaba un rol clave en el ingreso de unas 1.500 apelaciones por mes en juicios iniciados por jubilados contra la ANSeS, en su mayoría por reajustes por movilidad previsional.

El embate del organismo previsional contra Herrera escaló hasta llegar al Consejo de la Magistratura, que en noviembre de 2014 archivó el pedido de juicio político contra Herrero y otro juez del fuero de la Seguridad Social, Emilio Fernández, los dos acusados de hacer lugar a varias medidas cautelares a favor de reclamos de reajustes de haberes de jubilados y pensionados. La acusación había sido por presuntas irregularidades en dos expedientes que terminaron favoreciendo a los jubilados.

En el plenario se sometió a votación el dictamen del juez Ricardo Recondo, quien aconsejaba desestimar la denuncia; y otro del viceministro de Justicia, Julián Alvarez, que proponía el archivo del expediente por el transcurso del tiempo. Por mayoría, el organismo votó por archivar la denuncia contra Herrero y Fernández, y así ambos siguieron integrando la sala II de la Cámara de la Seguridad Social.

El año pasado, en una entrevista con el sitio Parlamentario, Herrero aseguró que lo que sucedió en 2011 empezó “una nueva ofensiva del Poder Ejecutivo justo cuando la ex presidenta Cristina Fernández obtuvo más del 50% de los votos en su segundo mandato y en junio de 2011 se tomó la decisión de ‘excluirme’ del Poder Judicial en una campaña durísima que soporté durante cinco años que cesó en noviembre de 2015, cuando el Consejo de la Magistratura en el plenario rechazó en forma unánime todas la denuncias que quedaban pendientes en mi contra”.

Además, Herrero explicó que sus decisiones no eran “contra la ANSeS”, sino que “le hacíamos lugar a medidas cautelares que obligaban al director ejecutivo, Diego Bossio, a cumplir con fallo Badaro en el plazo de 30 días bajo apercibimiento de una multa personal a él”.

El propósito de la medida era evitar que los jubilados realizaran miles de juicios en perjuicio del Estado que somos todos, perdiendo el tiempo y los pocos dineros de sus haberes míseros y llenando los juzgados de trabajo infructífero. Las cautelares eran medidas protectorias que apuntaban al cumplimiento del fallo de la Corte y generó la reacción política de parte de ANSeS y del Poder Ejecutivo que explica la persecución que sufrí”, detalló.

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Alberto prepara suba generalizada de sueldos bajos, jubilaciones y planes

FUENTE: AMBITO.COM

El futuro ministro de Trabajo le transmitió a la CGT la intención de apuntalar los ingresos como paso previo al llamado de un pacto social.

Alberto Fernández analiza una suba generalizada de ingresos para los sectores más postergados para el arranque de su mandato. La medida, que su equipo comenzó a gestionar con sindicalistas y empresarios, aparece como condición previa a la instauración de un Consejo Económico y Social y tendrá como propósito dinamizar el consumo en una primera etapa. La planificación del aumento contempla desde trabajadores en relación de dependencia hasta jubilados y beneficiarios de planes sociales.

El incremento en el piso de ingresos se parece más a las sumas no remunerativas que las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner aplicaron sobre los salarios de los trabajadores del sector privado para después incorporarlas a los haberes formales que a los bonos de $5.000 que impulsó Mauricio Macri en 2018 y este año. La clave es que en este caso los montos apuntarán a integrarse a sueldos, jubilaciones y valores de los planes sociales.

Con el sindicalismo el plan comenzó a discutirse en profundidad el martes durante una reunión que mantuvo Claudio Moroni, nominado para ser el próximo ministro de Trabajo, con la mesa chica ampliada de la CGT en la sede del gremio de Sanidad. Los interlocutores coincidieron en marcar la necesidad de evitar el traslado de esa suba a los precios para convertir la medida en una mejora efectiva en el poder adquisitivo.

Hasta ayer existía apenas un diseño preliminar del plan pero con el aval explícito de la central obrera, impulsora de una compensación para los sectores más golpeados por la devaluación de este año y la inflación acumulada. El equipo del próximo gobierno deberá, en los próximos días, establecer el mecanismo para la consagración de las subas: una opción era la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo,e Por lo pronto, Moroni transmitió la intención del presidente electo a una comitiva encabezada por Héctor Daer, cotitular de la CGT y el hombre del sector que goza de la mayor confianza de Alberto Fernández. Participó del encuentro una quincena de dirigentes entre los que se encontraban Carlos Acuña, el otro cosecretario general, Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Roberto Fernández (colectiveros, UTA) y Omar Viviani (taxistas), entre otros.

Como había adelantado este diario, apenas consagrado el triunfo del Frente de Todos el 27 de octubre la CGT ya avisaba sobre la necesidad de apuntalar la pirámide de ingresos. En la central de Azopardo contabilizan apenas ocho sindicatos con convenios colectivos de trabajo firmados este año con la garantía de que los salarios de sus respectivos sectores subirán al ritmo de la inflación y no perderán poder adquisitivo. Para el resto, la medida en carpeta del nuevo gobierno prevé un empujón hacia arriba al menos para las categorías más bajas de cada rubro.

Sin un monto definido, una de las certezas sobre la implementación del aumento pasará por hacerlo complementario de las paritarias 2020. Es decir que en función de la evolución de los valores de la canasta básica de bienes y servicios, los eventuales montos incorporados como arranque de la gestión de Alberto Fernández computarán como parte de las nuevas discusiones salariales. Moroni les dijo a los gremialistas, además, que buena parte del foco de la medida pasará por los jubilados, a quienes el futuro presidente ya les había prometido la restitución de los medicamentos que el PAMI proveía de manera gratuita hasta el año pasado.

Entre los empresarios el proyecto tuvo hasta ahora una circulación más acotada. Santiago Cafiero y otros referentes del futuro Gabinete comenzaron en los últimos días a tomar contacto con referentes de cada sector pero sin el nivel de precisión que expuso Moroni en su encuentro de este martes con la CGT. Ese capítulo será decisivo para evitar la traslación a precios de las eventuales subas dispuestas en el arranque de la gestión. Sobre todo, en vista de la experiencia negativa de los “acuerdos de caballeros” impulsados por Macri en los últimos años.

La novedad expuesta por el futuro ministro de Trabajo a los gremialistas remite a una declaración impactante de Roberto Fernández, que días atrás había instado al presidente electo a “darle a la maquinita” para “meter plata en el mercado”. Los dirigentes que escucharon a Moroni interpretaron que la medida alcanzará también a los trabajadores estatales.

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Jubilaciones: la importancia de cumplir las promesas

FUENTE: INFOBAE

Por Vanesa D’Elia

Uno de los primeros desafíos que deberá enfrentar el gobierno de Alberto Fernández se vincula a su promesa de recomponer los haberes jubilatorios. Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones perdieron un 20% de poder de compra. Más precisamente, la jubilación mínima alcanzó los $12.937,21 en octubre de este año mientras que si se hubiese ajustado por inflación el valor sería de $ 16.153,68. Este resultado lleva a pensar en dos puntos centrales: el primero, de más corto plazo, tiene que ver con cuánto se propone recomponer, a quiénes, y cómo hacerlo. El segundo, más estructural, se relaciona con la fórmula de movilidad.

En cuanto al primer punto, cabe recordar que no solamente las jubilaciones se actualizan con la movilidad previsional, sino también la asignación universal por hijo (AUH), las asignaciones familiares de los trabajadores formales y jubilados, las pensiones no contributivas y las pensiones a los excombatientes de Malvinas. Si la nueva administración decidiese otorgar un aumento del 20%, se debería definir si dicha recomposición alcanzará a todos las prestaciones que se ajustan por movilidad o a un grupo determinado, como por ejemplo, a las jubilaciones mínimas. Si se incluyen más prestaciones en la recomposición, hay que tener en cuenta que los beneficiarios de la AUH recibieron en marzo pasado gran parte de la movilidad de todo el año por adelantado, por lo que podría analizarse una recomposición diferenciada para este grupo de beneficiarios.

Una vez definido lo anterior, hay que precisar cómo recomponer: bono por única vez o aumento permanente. Partiendo del supuesto de mínima, el impacto presupuestario de otorgar un bono sólo a las jubilaciones mínimas (3,6 millones de casos) equivalente al 20% del haber de diciembre implica un gasto adicional mensual de $10.100 millones. La principal restricción para elegir qué camino seguir viene dada por la disponibilidad de fondos en un contexto de déficit fiscal. Si bien existe una herramienta creada para financiar medidas como éstas que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al tener tan poca liquidez, el margen de acción es prácticamente nulo.

En cuanto al segundo punto, una de las alternativas planteadas es la de volver a la fórmula anterior donde las jubilaciones se actualizaban semestralmente con un método que combinaba la variación de los recursos tributarios de ANSES por beneficio y el cambio en los salarios. Con este cálculo, vigente desde 2009 a 2017, las jubilaciones perdieron poder adquisitivo en 2014 y 2016, mientras que le ganaron a la inflación en el resto del período.

Otra alternativa podría ser reformular el mecanismo actual. Una de las ventajas es que su cálculo es simple y que los datos necesarios para su construcción son públicos. Sin embargo, el mayor problema reside en el rezago de las variaciones. Por ejemplo, para la movilidad de marzo 2020 se toma el 70% de la inflación durante julio-septiembre 2019 y el 30% de la variación de los salarios en ese trimestre. Este rezago de seis meses perjudica a los jubilados en épocas inflacionarias porque el aumento otorgado va detrás del aumento del costo de vida y perjudica a las cuentas públicas en épocas de desaceleración de la inflación porque el mayor gasto genera mayor presión sobre el desequilibrio fiscal. Cumplir las promesas es importante, pero hacerlo con responsabilidad es lo que va a marcar la diferencia entre una buena y una mala administración.

Dra. en Economía, Profesora de Economía, UCEMA

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.

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La jubilación máxima, cada vez más lejos

FUENTE: DIARIO CLARIN

El problema está en la forma en que se actualizan las remuneraciones con la “nueva” formula de movilidad

Por Adrián Tróccoli

Experto en temas previsionales

Cada vez se necesitan más años de aporte para cobrar el haber jubilatorio máximo. Hasta hace 2 años, para poder jubilarse con el haber máximo (7,3 veces el mínimo) había que trabajar por 41 años y tener durante los últimos diez de aporte el sueldo máximo reconocido por la Anses. Ahora se necesitan 44 años.

El problema está en la forma de actualización de las remuneraciones de la “nueva” formula de movilidad, sancionada en diciembre de 2017. Esta fórmula conllevó un aumento de las jubilaciones de 78,5% hasta septiembre; sin embargo, reconoce sobre las remuneraciones tomadas para el cálculo sólo un 65,6%.

Esto produce que a quien aportó siempre por el salario máximo se le reconozca sólo el 85% de ese valor actualizado, y sobre ese promedio de sueldos devaluados se calcule su jubilación. En rigor, todas las jubilaciones actuales parten de un promedio de remuneraciones depreciado, que en definitiva no reconocen el esfuerzo contributivo del jubilado. Solo que en los salarios más altos es más sencillo de visualizar y surge la siguiente pregunta: ¿por qué si los últimos 10 años aporté por el salario “máximo”, mi promedio da menos que el salario máximo actual?

En el primer proyecto del Poder Ejecutivo, que luego de ser modificado en la Cámara de Senadores devino en ley, se usaba el Índice de precios al Consumidor (IPC) del INDEC para la movilidad. Si para calcular el promedio usamos ese criterio salido de la Casa Rosada, el haber original resulta un 22% mayor. Y esto es lo que ha producido una nueva ola de reclamos judiciales.

El error de diseño no solo genera una caída en general de las nuevas jubilaciones sino una discrepancia importante para casos idénticos, pero con distinta fecha de jubilación. Si comparamos dos personas que trabajaron durante los mismos 35 años hasta 2017, con la misma ley uno jubilándose antes (por una diferencia de edad), el que se jubiló en marzo de 2018 cobra un 18% más que el que se jubila hoy, con los mismos sueldos.

Los trabajadores autónomos actualizan su base jubilatoria con el mejor índice, lo cual hace la contradicción aún más evidente.

Es un error de técnica legislativa, dos personas con la misma historia laboral deben cobrar igual, sin importar cuándo soliciten su jubilación.

Esto es irrazonable y debe ser corregido, no solo para el futuro, sino para los que ya están jubilados. De otra manera seguimos generando litigiosidad y abarrotando tribunales por errores de diseño de la ley, que ha logrado que algunos de los nuevos jubilados cobren mal y otros aún peor.

La situación es aún mucho más grave para los recién jubilados que no tienen aportes en relación de dependencia durante los años inmediatos anteriores a la edad jubilatoria. Hemos revisado casos que no trabajaron en relación de dependencia después de los 55 años en donde el criterio reconocido en tribunales arroja diferencias similares a la época en la que no teníamos una ley de movilidad.

Durante el debate en la Cámara de Diputados no hubo voces que propusieran una corrección sobre este punto, un proyecto alternativo o una modificación del articulado en la votación en particular que contuviera un índice único para la movilidad y la actualización de las remuneraciones. Simplemente se estaba a favor o en contra según el color de las banderas enarboladas, sin espacio para mejorar un texto muy mejorable. Todo a pesar de que fuera propuesto desde distintas columnas de opinión, la política dejó fuera a los técnicos y a los jubilados.

Estos jubilados tienen un error de cálculo en su primer haber de jubilación que tampoco figura en los papers de trabajo que han visto la luz en los últimos días. Las mejoras a futuro no alcanzan si dejan a algunos en el camino.

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El primer aumento a los jubilados en 2020 llegará en marzo y será de 11,56%

FUENTE: DIARIO CLARIN

Hay otro previsto para diciembre, de 8,74%. Será para jubilados, asignaciones familiares y beneficiarios de AUH.

  • Ismael Bermudez ibermudez@clarin.com

Balance. Como los salarios, las jubilaciones pierden con la inflación.

Durante diciembre, los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social cobrarán sus haberes con un aumento del 8,74%, el último de la gestión de Mauricio Macri. Y ahora se sabe que, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad, en marzo del año próximo el aumento debería ser del 11,56%. En total, esos aumentos comprenden a 18 millones de beneficios.

El interrogante que surge, a raíz de las declaraciones del Presidente Alberto Fernandez durante la campaña electoral, es si el nuevo Gobierno mantendrá esa fórmula, si impulsará alguna modificación de la ley previsional u otorgará antes un aumento de emergencia adicional a cuenta o no de ese aumento.

Además, la Corte Suprema deberá pronunciarse respecto a si la aplicación retroactiva de la formula de movilidad es inconstitucional, según el fallo de la Sala III de la Camara de la Seguridad (caso Miguel Fernández Pastor), y si su vigencia también lo es porque perjudicó a los jubilados, como reclama el demandante Fernández Pastor.

Una variante que impulsa el ex Ministro de Trabajo Carlos Tomada es reemplazar la actual fórmula por otra que tome en cuenta, alternativamente, la evolución de la inflación (IPC del INDEC) y el RIPTE (salarios de los trabajadores formales). De ambos índices prevalecerá el que sea más favorable a los jubilados, con la condición de que el RIPTE sea consistente con la evolución de la recaudación del sistema de Seguridad Social. Si no cumple ese requisito, los haberes se ajustarían por la inflación.

La propuesta también modificaría los plazos para cobrar los aumentos: en lugar que la movilidad se aplique cada tres meses con un rezago de seis meses, se mantendría la suba trimestral pero en función de la variación del IPC o RIPTE de los dos meses anteriores.

En ese caso, en el primer aumento el empalme de ambas fórmulas deberá sumar el ajuste de la anterior fórmula y el primero de la nueva fórmula. Mientras tanto, el nuevo incremento de las prestaciones que debería aplicarse en marzo –y que se conoce con más cuatro meses de anticipación– surge en un 30% de la evolución de los salarios formales según el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y del 70% de la inflación entre julio y septiembre pasados, según la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, con retroactividad a septiembre de 2017.

Con el incremento del 8,74% en diciembre la jubilación mínima alcanzará los 14.068 pesos. Y en marzo a 15.694 pesos. En tanto, las pensiones no contributivas se reducen al 70% del haber mínimo y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) al 80% de esos valores.

En estos cuatro años, con la anterior y la nueva fórmula de movilidad, la evolución real de las prestaciones fue la siguiente:

• En 2016, con una inflación del 40,7%, bajo la fórmula anterior, los haberes subieron el 31,7%: 10 puntos menos.

• En 2017, la movilidad arrojó un 28% contra una inflación del 24,8%; una mejora de 3,2 puntos.

• En 2018, ya con la nueva fórmula, la suba de los precios ascendió al 47,6%, y los haberes aumentaron el 28,5%: un retroceso de 19,1 puntos.

• En 2019, los haberes subirán 51,1%, con una inflación estimada de 55,6%, según consultoras y entidades privadas. Sería un retroceso de 4,5 puntos. En resumen: a fin de 2019, las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán una caída en términos reales del poco más del 20% con relación a fines de 2015.

El resultado real del 11,56% de marzo dependerá de que pase con los precios en el primer trimestre del año próximo. ■

 

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