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La otra bomba fiscal que teme el Gobierno: nueva ola de reclamos judiciales de jubilados amenaza a la ANSES

FUENTE: iProfesional

El sistema jubilatorio argentino está al borde del colapso y los juicios contra la entidad, basados en distintas leyes, aumentan cada día. Hay varios frentes y el órgano previsional apela para demorar el pago y lograr que resuelva la Corte Suprema 

Por Sebastian Albornos

El tema jubilatorio está escalando posiciones en el ranking de preocupaciones del Gobierno.

Además del costo adicional que supondrá la inflación para el sistema, según la nueva fórmula de ajuste, hay otro factor que promete tener mayor impacto: la ola de juicios por parte de jubilados que están teniendo fallos a favor.

De hecho, para el macrismo se puede transformar en “la tormenta fiscal perfecta“.

Justo en un momento de enfriamiento de la economía, y cuando se está comprometiendo con el Fondo Monetario Internacional a endurecer la disciplina fiscal, aparece la posibilidad de que la ANSES deba verse obligada a reconocer niveles jubilatorios muy superiores a los determinados en la “reparación histórica” y a los contemplados por la flamante ley de movilidad.

Según el consenso de especialistas, el sistema jubilatorio es la causa más importante de aumento del déficit y ese gasto crece a una tasa cuatro veces superior al aumento del resto de las erogaciones.

Además, el cambio de fórmula de fines del año pasado hace más difícil la estimación sobre cuántos miles de millones podría terminar costándole al Estado, porque el nuevo cálculo lleva a que los haberes se ajusten en consonancia con la inflación, que terminará muy por encima de las proyecciones oficiales que se trazaron en un inicio.

Así, el impacto de la devaluación de abril y mayo jugará en contra de la estrategia trazada por el macrismo ya que, al implementarse esta fórmula el incremento terminará siendo mayor al que hubiese surgido si se seguía tomando en cuenta sólo el crecimiento del PBI (como lo establecía la norma vigente hasta fines del año pasado).

Ahora, la fórmula pasó a tener en cuenta el 70% de la evolución trimestral de los precios y el 30% de la variación del índice salarial que se desprende de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En paralelo, el Gobierno enfrenta tres potenciales focos de conflicto: 

-Por un lado, cada vez hay más casos en que los tribunales hacen lugar a reclamos de jubilados que les permiten cobrar los montos otorgados por la denominada Reparación Histórica, al tiempo que realizan el juicio por reajuste de haberes.

-La Justicia, en tanto, intimó a la ANSES para que vuelva a liquidar un trimestre en el que se había generado un aumento y no se había pagado cuando se cambió la fórmula, una decisión que podría significar una erogación de miles de millones de pesos y que  ahora debe confirmar la Corte Suprema.

-Además, quedan por resolverse aproximadamente 150.000 juicios por recomposición basados en dos fallos de la Corte Suprema, dictados hace poco menos de 10 años.

Primer frente
Hace unos días, la sala I de la Cámara de Seguridad Social, integrada por la camarista Victoria Pérez Tognola y la titular del juzgado 10 del fuero que actuó como subrogante Adriana Lucas, ordenó en el caso “Guarco, Oscar” -a través de una medida cautelar-, que el monto recibido por el programa de Reparación Histórica sea tomado a cuenta del mayor valor.

En los fundamentos, indican que el pago por Reparación Histórica significa que la ANSES reconoce una deuda que “se origina en idéntica causa que la que motivó que el jubilado promoviera el juicio de reajuste de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor”.

Y que ese pago se hizo “unilateralmente” sin que el jubilado diera su consentimiento a la propuesta del organismo.

En los hechos, si el caso es confirmado por la Corte Suprema, el mencionado reajuste se convertiría en un pago a cuenta y habilitaría a cientos de miles de jubilados que se acogieron a ese plan a reclamar las diferencias.

En enero, la Cámara Federal de La Plata admitió una medida similar en el caso “Bertrán, María Cristina”.

La resolución de este caso es determinante para más de un millón de personas que se adhirieron al plan de “Reparación Histórica”, que verían abierta las puertas para un eventual reclamo judicial, ya que tomarían los montos obtenidos como “pagos a cuenta”.

Segundo frente
La sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa “Fernández Pastor, Miguel c/ ANSES”, declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de acuerdo a la nueva ley de movilidad. Y ordenó que se aplique la fórmula anterior, que se calculó en el 14,5%.

A fines del año pasado, el Congreso aprobó la Ley 27.426, que cambió la fórmula jubilatoria, la cual pasó a estar conformada en base a un índice que toma el 70% de inflación y 30% de la evolución de los salarios.

El cuestionamiento sobre la retroactividad se originó porque para el primer aumento de la nueva ley se tomó en cuenta solo el cuarto trimestre de 2017.

En cambio, la norma anterior tomaba todo el segundo semestre. Así las cosas, lo que al no considerarse para los cálculos del ajuste los índices de esos tres meses, el aumento terminó siendo menor y perjudicando a los jubilados. 

Puesto en cifras, con el primer aumento trimestral dispuesto por la nueva ley, el haber mínimo en marzo de 2018 pasó a ser de 7.660 pesos.

En cambio, si se hubiera aplicado la vieja fórmula, como reclamó Fernández Pastor, la mínima en marzo hubiese alcanzado los $8.303.

Esto significa que, durante el segundo trimestre de este año, los jubilados cobraron, en el acumulado de los tres meses, casi $2.000 pesos menos que con el cálculo anterior.

En caso de confirmarse la inconstitucionalidad, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales podrán reclamar la diferencia de haberes.

El organismo previsional ya apeló ante el máximo tribunal. Pero si la Corte valida el fallo “Fernández Pastor”, esto implica que la ANSES deberá desembolsar ese 9% de diferencia a favor de 17 millones de beneficiarios, sólo hasta marzo.

Cabe destacar que el cambio de fórmula que pasó a incluir al IPC y a la RIPTE suponía para el Gobierno un ahorro inicial para el fisco de entre 50.000 y 60.000 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones privadas, podría evaporarse buena parte de dicho ahorro proyectado si la Corte Suprema finalmente ordena reponer el trimestre “borrado”.

Un detalle que hizo respirar un poco más aliviado al macrismo es que los camaristas declararon constitucional el cambio de la fórmula de movilidad. Sólo que la misma debe aplicarse hacia el futuro y no afectar derechos ya adquiridos.

Tercer frente
A pesar de las situaciones mencionadas, el frente de tormenta más importante que tiene la ANSES es la enorme cantidad de juicios por reajuste de haberes que existen en los tribunales de la Seguridad Social.

Hay aproximadamente 150.000 casos que esperan resolución o que ya la tienen, pero los montos surgidos en los distintos reclamos aun no fueron cancelados por el organismo previsional.

Si bien la ANSES, al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, se había comprometido a no apelar las sentencias en contra para evitar dilaciones y perjuicios a los reclamantes (muchos de ellos de edad avanzada o que sufren un estado de salud vulnerable), esto no se terminó plasmando en la realidad.

Se estima que la cantidad de recursos de queja para que la Corte Suprema se expida supera los 1.000 casos por semana.

El más emblemático es el caso “Elliff”, dictado en agosto de 2009, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.

En tanto, la Corte Suprema espera analizar el caso “Di Mario Carmelo c/ ANSES”, en el que el organismo previsional pide que reemplace el Isbic por el Ripte para actualizar el haber inicial, porque un fallo de segunda instancia se negó a modificar los índices por los de la Reparación Histórica.

El organismo previsional pretendía que las disposiciones judiciales se adaptaran a la manera en que el Gobierno calcula las mejoras de los ingresos que se ofrecen en el plan de reparación histórica, en función de lo dispuesto por ley.

Pero las salas de la Seguridad Social consideran ilegal el índice de ajuste que aplica ANSES para los juicios vigentes por reajuste, basado en la RIPTE y ordenan reemplazarlo por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) que supera ampliamente porcentaje de movilidad y retroactivo a calcular.

La diferencia entre ambos porcentajes es muy importante ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC fue del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%.

Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.

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Asesoran a jubilados en los barrios

FUENTE: EL TRIBUNO

                                Saldrán a los CIC para que los abuelos hagan el trámite para refrendar o rechazar la Reparación Histórica.

Cuando falta menos de un mes para refrendar o rechazar la Reparación Histórica para los jubilados, la Defensoría del Pueblo de la ciudad trabajará en conjunto con la Subsecretaría de Centros Integradores Comunitarios para llevar la asesoría a los barrios.

Mañana, a las 9.30, se llevará a cabo una conferencia de prensa en el despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, en el CCM. Allí estará la comisionada defensora del Pueblo, Frida Fonseca, y el coordinador de los Centros Comunitarios, Christian Abdenur.

En la misma se darán a conocer los detalles de las acciones que se llevarán a cabo para garantizar el acceso de los adultos mayores a la Reparación Histórica.

De la reunión, también participarán los encargados de los 6 centros integradores comunitarios y el equipo de abogados del Asesoramiento Municipal Itinerante.

A tales fines, el equipo de letrados de la Defensoría del Pueblo se instalará en los CIC y patrocinará en forma gratuita el trámite de la Reparación Histórica, haciendo extensivo de esta manera el beneficio a todos los jubilados de cada barrio de la ciudad.

El vencimiento del plazo para realizar el convenio con el patrocinio letrado está previsto por Anses hasta el 30 de junio. Durante la conferencia de prensa se darán detalles de cómo se llevara a cabo la actividad, como así también los requisitos que tienen que contar los beneficiarios de la tercera edad para agilizar la gestión previsional.

Beneficiarios

Hasta fines de abril pasado la Anses ya había dictaminado sobre 28 mil reparaciones históricas a jubilados y pensionados de Salta. En ese momento, desde la dirección de la Anses en la provincia señalaron que las personas que accedieron a la reparación histórica en Salta tuvieron un aumento, promedio, del 35 por ciento. Eso significa 3.931 pesos de mejora en sus haberes.

A mediados de 2016 comenzó a regir la ley de reparación histórica para jubilados y pensionados. Esta norma tiene por objetivo implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales.

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Cartas al País

FUENTE: DIARIO CLARIN

Que a los jubilados nos saquen de esta morgue tributaria

OTRA CARTAS. Voces, reclamos y esperas de jubilados

Vior

Los jubilados (no de privilegio), que somos incomprensibles rehenes del Impuesto a las Ganancias, resultado de los voluminosos aportes en blanco realizados en nuestra muy extensa vida laboral, hace diez (10) años que estamos en lucha con los diputados de las comisiones de Previsión y la de Presupuesto, para modificar esta disparatada injusticia legal.

Sabemos que somos una minoría dentro del universo de millones de pasivos y, por tal motivo, en agosto del 2017 bajo el expediente N° 22.1276, solicitamos a la Dirección General de la ANSeS, información sobre la cantidad de personas involucradas y los montos mensuales o anuales retenidos como “Ganancias”, para saber con certeza cuál es la incidencia de los mismos sobre el multimillonario presupuesto nacional, que por la experiencia vivida en tanto tiempo transcurrido, suponemos que se trata es de un soporte fundamental del mismo.

Finalmente, y como consecuencia de nuestra insistencia, en el mes de mayo nos dieron una Increíble respuesta, mencionando que esa administración “no brinda este tipo de información atento al concepto de tutela de habeas data”, (sic).

A pesar de todo, y como lo venimos haciendo en el transcurso de esta década, continuaremos reiterando a nuestros representantes y funcionarios nacionales que cumplan con el cambio mencionado en sus prometedores discursos electorales, sacándonos de la morgue tributaria tal como lo ejemplificó en su momento el ex titular de la AFIP, Alberto Abad.

Enrique Eckert

ejpeckert@yahoo.com.ar

Voces, reclamos y esperas de jubilados

Vengo soportando desde hace muchos años la mala atención que brinda a los jubilados el personal del Banco de la Nación, sucursal Liniers. Mucho antes de ser jubilada concurría a esa sucursal acompañando y luego como apoderada de mi madre.

El tiempo que uno pierde por un simple tramite, no digo cobrar, sino presentar un certificado de supervivencia o hacer la propia es insoportable, esto agravado porque a partir del mes pasado, por “decisión de la entidad bancaria”, el trámite debe ser mensual, antes era trimestral como lo exige la ANSeS. Salvo honrosas excepciones, la displicencia, abulia o ineptitud del personal, es exasperante. Personalmente no me habilitaron los haberes de mayo porque el empleado que me tomó la supervivencia se olvidó, puso mal el dedo o no se qué problema tuvo. Así que nuevamente perdí dos horas y media para que otro buen señor se dignara hacer bien su trabajo.

Ahora promueven que utilicemos la tarjeta para efectuar compras y así evitar el trámite, pero un señor que había realizado sus compras tampoco estaba habilitado para cobrar por no haber hecho su supervivencia, explicación: “No se había recibido ningún comprobante”, sin embargo el débito figuraba en su cuenta, es decir, seguimos siendo rehenes de la “buena voluntad” de los que atienden.

A medida que pasan los años uno tiene menos capacidad de resistencia a esta generalización del destrato.

Si desde las autoridades no bajan líneas claras de cómo se debe proceder y todo da lo mismo, estamos en el horno.

Raquel Conconi

raquelconconi@hotmail.com

El PAMI es un desastre, y la “labor” de la UOM completa el cuadro nefasto que acosa a todos los jubilados que reciben la atención de dicho lugar. En PAMI los empleados no saben cómo atender ni qué hacer, y para mejor ponen “ñoquis”, a los que no han preparado para su función. En ese medio son atendidos los abuelos y si el personal no sabe atender, los jubilados no saben cómo hacer cada trámite. Les explican mal, con mala voluntad, y los pobres no saben a dónde correr.

¿Qué intención tiene el Gobierno? ¿Cuáles son los nuevos beneficios que íbamos a tener? ¿Estos ? No se si reír o llorar. No sé si el Presidente sabe lo que sucede, pero el PAMI así no sirve. Hay algunos empleados que están desde hace tiempo y saben ingeniárselas para salvar ciertas situaciones escabrosas que caen en sus manos, pero son los menos.

Los prestadores no han cambiado, y dan un servicio de cuarta, parece que la orden fuera que nada sea sencillo para los jubilados, y los pobres abuelos ahí van, con los últimos esfuerzos que les quedan, boyando de sitio en sitio, flotando como latas viejas en zanjas de agua podrida. Yo me pregunto, ¿en su casa, señor Presidente, cada cual ocupa el puesto que debe o cualquiera hace la función de otro?

María Zukowski

mcris1944@gmail.com

La Suprema Corte de Justicia declaró Constitucional el tope máximo establecido (Ley 24.241) para el cobro de las jubilaciones ordinarias.

Este tope, no actualizado en los últimos años, provoca que los que aportaron 30 o más años y llegan a ese el tope, vean congelados sus haberes jubilatorios. De esta manera se va produciendo la meseta que igualará los haberes de los que aportaron al sistema jubilatorio sumas considerables, con los que nunca aportaron. Por supuesto, para el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el los funcionarios públicos no existe el citado tope.

Otra injusticia más para los que el Gobierno llama “nuestros queridos abuelos”.

Fernando Martinod

fernando.martinos@gmail.com

Hace unos días volvió a tomar relevancia el Hospital Bicentenario Ituzaingó, ubicado sobre Brandsen y Roca. El proyecto iniciado en 2011, en la actualidad sigue sin inaugurar. El asunto más grave es que nuestros jubilados son derivados hacia las distintas localidades vecinas para realizarse estudios, en algunos casos los envían hacia la zona de Merlo, lo cual resulta lejos y contramano para alguien que vive en la zona de Martín Fierro, por ejemplo.

Este hospital no solo centraría la atención, es un sólo lugar para nuestros jubilados, sino que con la propuesta inicial de equipamiento para seis quirófanos, lugar para 120 camas de internación general, 8 de Terapia Intensiva y otras 12 para Terapia Intermedia, permitiría además mejorar la calidad de vida de los ituzainguenses. El Hospital Bicentenario de Ituzaingó sólo cuenta con reiteradas inauguraciones por parte de la presidencia anterior y del eterno intendente Descalzo, pero hasta ahora no recibió ningún paciente en estos años.

Vargas Germán

Vargasgerman1985@hotmail.com

No puedo comprender cuáles son las razones por las cuales los jubilados estamos obligados a aportar un porcentaje de nuestro pobre haber al PAMI, si estamos pagando una prepaga que teníamos antes de jubilarnos y que la necesitamos, pues desde hace años nos atendemos por problemas de salud con médicos de la prepaga.

El aporte al PAMI, que por supuesto no utilizo y aunque me lo descuentan no estoy afiliado, no lo puedo derivar a mi prepaga como si lo pueden hacer los monotributistas no jubilados con el aporte a la obra social. Se tendría que modificar esta obligada afiliación y ser optativa para el jubilado que quiere seguir con su prepaga o bien derivar el importe que se retiene a su prepaga. También sería importante que la ANSeS, en su página Web, en donde informa las liquidaciones previsionales, indique claramente el porcentaje que retiene para el PAMI, pues en esa página se indica una retención del 3% sobre los haberes, pero cuando uno consulta con la ANSeS, este le indica que es la sumatoria del 3% sobre el haber mínimo, más el 6% sobre la diferencia del haber real con el mínimo.

Para los que prefieran afiliarse al PAMI, éste tendría que enviarle el carné de afiliado, llenando por Internet un formulario y que se podría realizar en la página de la ANSeS, con la clave fiscal. Es hora que no sólo piensen como pagarnos menos sino como facilitarnos los trámites.

Eduardo Torreiro

eftorreiro@gmail.com

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¿Por qué se celebra el Día del Padre en Argentina?

FUENTE: CADENA 3

Inicialmente la fecha se conmemoraba en agosto. Sin embargo, desde 1966 se festeja en junio, alineado a los países americanos. 

 

Hoy se festeja en varios países de América

En Argentina, el primer festejo del Día del Padre se realizó un 24 de agosto de 1958.

Ese día, pero en 1816, nacía Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, única hija del General Don José de San Martín, y por tal motivo el homenaje se extendió a todos los padres.

Sin embargo, en la década del ’60, por razones de índole comercial, el festejo en nuestro país se alineó con una fecha estadounidense, que también se replica en la mayor parte de Latinoamérica y en varios países europeos.

El origen de la misma se remonta al siglo XX, cuando la hija de un veterano de la guerra civil estadounidense, quiso homenajear a su padre por haber criado él solo a sus seis hijos con total amor y dedicación, luego de que su esposa falleciera en el transcurso del sexto parto.

En 1909, tras escuchar un sermón del Día de la Madre (que por entonces ya se celebraba), la promotora propuso instalar esta festividad el día del cumpleaños de su padre, 5 de junio.

La fecha no prosperó, pero sí la intención de celebrar a todos los padres: en 1924 el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de hacer este día nacional, y en 1966 el presidente Lyndon Johnson finalmente declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos.

Por otra parte, en España, el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, por la Festividad de San José, padre de Jesús de Nazaret. Mientras tanto en Rusia, se estableció el 23 de febrero, Día de los defensores de la Patria. En Rumania en cambio, es el segundo domingo de mayo y en Australia y Nueva Zelanda, el primer domingo de septiembre.

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Que los jueces no inventen cálculos de reajuste

FUENTE: DIARIO JUDICIAL

El Máximo Tribunal dejó sin efecto una sentencia de reajustes que calculo el haber de acuerdo a una tasa de sustitución salarial. Los supremos cuestionaron que se haya declarado “la existencia de un supuesto no contemplado en la ley 24.241”.

Que los jueces no inventen cálculos de reajuste

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto un fallo judicial que fijó una pauta para reajustar la jubilación de un empleado jerárquico sobre un guarismo no previsto en la Ley 24.241 de jubilaciones. Así lo entendieron los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

De esa forma el Máximo Tribunal hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por ANSES en el marco del expediente “Benoist, Gilberto c/ ANSeS s/ previsional ley 24.463” en el cual el actor, jubilado en el año 2000 tras haberse desempeñado como jefe en el Banco del Chaco, inició demanda de reajuste porque entendió que no guardaba la debida relación con los ingresos en actividad.

Según refleja el fallo, el Juzgado Federal de Resistencia hizo lugar a la acción, tras interpretar que la recomposición del haber inicial había sido resuelta favorablemente en sede administrativa y aplicó la pauta de movilidad en los términos del fallo Badaro

ANSES denunció que la Cámara excedió sus facultades jurisdiccionales y atentó “contra las bases del sistema previsional

La sentencia cuestionada fue dictada por la Cámara Federal de Resistencia, que modificó el fallo apelado en lo que hacía al cálculo del haber de alta, ya que no había constancias “de que la corrección prevista por la ANSeS se hubiera cumplido”, por lo que ordenó que las remuneraciones se actualizaran conforme o resuelto en la causa “Elliff”.

La Alzada, además, admitió los planteos del jubilado referentes a la insuficiencia de su primer haber, que era una lesión que “no podía repararse mediante las soluciones adoptadas”.

Por ello consideró que la ley 24.241 “no fijaba para las prestaciones ordinarias, una tasa de sustitución entre el monto de la jubilación y el promedio de las remuneraciones de los últimos años de actividad, como lo había hecho para el retiro por invalidez y la pensión por fallecimiento, para los cuales previó una pauta del 70%”.

El Tribunal de Apelaciones también estimó que la omisión debía suplirse, mediante la “integración normativa” del artículo 156 de la ley 24.241, y dejó establecido que el beneficio “no podía ser inferior al 70% del promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos diez años a computar”. La misma tasa que se había previsto en el artículo 49 de la ley 18.037, resaltando que “un guarismo inferior resultaba insuficiente y confiscatorio”.

ANSES cuestionó ese temperamento al considerar que la Cámara excedió sus facultades’ jurisdiccionales y atentó “contra las bases del sistema previsional” cuya “más importante innovación ha sido la eliminación de la tasa de sustitución salarial, complementada con la prohibición de toda referencia a una relación fija con las remuneraciones”.

“No cabe presumir que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes”.

Para los supremos el Tribunal inferior declaró la existencia “de un supuesto no contemplado en la ley 24.241” sin realizar “el análisis exhaustivo de la normativa en juego que lo hubiera llevado a una conclusión opuesta”. El Máximo Tribunal reiteró en este aspecto su doctrina sobre que “no cabe presumir que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes”.

La Corte le dio la razón al argumento de ANSES relativo a que el sistema previsional “ha sido concebido como una herramienta de redistribución”.

“Ello es así por cuanto uno de los componentes de la jubilación, la prestación básica universal, es una suma fija independiente de las remuneraciones individuales de los afiliados, que adquiere mayor relevancia en los sectores de menores ingresos hasta hacerlos alcanzar tasas de sustitución considerablemente superiores al porcentaje al que alude la sentencia apelada, y resulta de menor significación para quienes han percibido remuneraciones elevadas, que ven reducido el porcentual de sustitución en cuestión” apunta el fallo.

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La Corte Suprema bajo el peso de las jubilaciones

FUENTE: DIARIO CLARIN

Juicios. Para la Justicia, la nueva fórmula para actualizar los haberes es inconstitucional. Además, otros juicios aseguran que la ANSeS no ajusta de manera correcta los haberes 

Los expedientes judiciales por demandas cruzadas entre jubilados y la ANSeS. La Corte ahora deberá decidir sobre un ajuste que le pegaría de lleno al ajuste del gobierno.

Los expedientes judiciales por demandas cruzadas entre jubilados y la ANSeS. La Corte ahora deberá decidir sobre un ajuste que le pegaría de lleno al ajuste del gobierno

ISMAEL BERMUDEZ

La Corte Suprema tiene en sus manos decidir sobre un tema previsional fundamental: qué índices de reajuste aplicar en los juicios de reajuste de haberes: el que viene aprobando la Justicia con el aval de la tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social o el que propone la ANSeS .

Esta trascendente decisión se enmarca en una historia del sistema previsional plagada de malas liquidaciones y pago de haberes, juicios, pago en bonos, quitas, evasión de aportes, blanqueos, veto de leyes favorables a los jubilados, moratorias, desvíos y hasta manejos sospechosos de sus fondos.

En parte, esta historia pareció que iba a pegar un giro. Luego del blanqueo de capitales y la puesta en marcha del Programa de Reparación Histórica, aprobados en 2016, la ANSeS se comprometió a pagar los juicios y no apelar más las sentencias favorables a los jubilados. También a calcular y pagar correctamente los haberes de los nuevos jubilados.

La realidad es diferente. Como señala el especialista Guillermo Jaúregui, “la litigiosidad previsional es un invento argentino y no conozco otro país que lo lleve a la práctica en forma similar. Consiste en condenar a todos los jubilados a iniciar un juicio para cobrar correctamente su beneficio”. Asegura que el proceso tiene tres etapas, y describe etapas y procedimientos: * 1983-2002: los juicios se generaron porque el Estado falseó los aumentos que determinaba la Encuesta General de Remuneraciones; * 2002-2006: la incorrecta movilidad oficial no refleja los aumentos de los activos (Caso Badaro).

* 2017-2018Ahora se genera porque el Estado impone modificaciones retroactivas en la movilidad, que es una garantía constitucional.

Como telón de fondo, que abarca los tres períodos, “la ANSES alarga el pago llevando todas las sentencias de la Cámara ante la Corte, con el objeto de que el jubilado muera en el intento de obtener justicia, violando compromisos internacionales”.

Con la Reparación Histórica hubo un reajuste de haberes de quienes aceptaron dicho programa, en su gran mayoría jubilados que no hicieron ningún reclamo ante la Justicia. Pero los juicios de los jubilados que no lo aceptaron –porque el reajuste ofrecido es inferior en promedio en un 50% al que marca la Justicia— fueron y están siendo apelados por la ANSeS ante la Corte Suprema.

Se calcula que hay unos 150.000 expedientes de juicios iniciados a partir de 2004 de jubilados que corresponden al llamado caso Elliff que sentó jurisprudencia, en agosto de 2009, por parte de la Corte, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.

Las tres Salas de la Cámara ajustan los reclamos por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) y lo reemplazan por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La diferencia no es menor ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC es del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%. Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes. El RIPTE es el índice que ANSeS efectiviza para la Reparación Histórica para quienes lo aceptan en forma voluntaria por lo que no puede aplicarse a quienes, con sentencias favorables, rechazan dicho programa, sostienen los jueces.

La abogada Elsa Rodriguez Romero sostiene que como “la ANSeES viene perdiendo los juicios, ahora pretende cancelarlos por un monto menor a través de una sentencia de la Corte Suprema que modifique el indice de ajuste que no solo aplican los Tribunales de todo el país sino la propia ANSeS, como lo vino haciendo hasta ahora”. Por ejemplo, agregó, “hay unos 700.000 jubilados que cobraron sus sentencia con el indice ISBIC, pero ahora ANSeS pretende que los nuevos juicios se cancelen con otro indice de ajuste menor (RIPTE). ¿Entonces, si se aceptara la postura de ANSeS, los que ya cobraron sus sentencias con ISBIC tendrán que devolver lo que “cobraron de más”? ¿ANSeS denunciará penalmente a los funcionarios que ordenaron pagar las sentencias con ISBIC?”.

En la semanpasada, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, con el voto favorable de los camaristas Rodolfo Milano y Martín Laclau y la disidencia de Nestor Fasciolo, declaró inconstitucional la aplicación retroactiva de la nueva fórmula previsional que comenzó a aplicarse en marzo pasado a 17 millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. Esto significa que en lugar del aumento del 5,71% vigente desde ese mes, debió aplicarse el 14,5% según la fórmula anterior. La Sala III ordenó devolver la diferencia y de esta manera sentó un precedente para que se inicien nuevas demandas. ANSeS adelantó que apelará a la Corte Suprema.

Por su parte, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que abrirá nuevos pleitos “por discriminación” la reciente garantía del 82% del salario mínimo a un segmento de jubilados –1,3 millón—excluyendo a 3 millones que cobran la mínima porque completaron sus aportes por moratorias.

También todavía está pendiente el reclamo de los que se jubilaron a través de las AFJP y cobran sus haberes –“rentas vitalicias” pagados por compañías de seguros- en montos inferiores al haber mínimo. En 2015, la Corte Suprema, por unanimidad, reconoció el derecho quienes cobran sus haberes a través de ese sistema, a percibir de la ANSES las sumas necesarias para que su renta vitalicia previsional alcance el importe del haber mínimo legal.

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Jubilados: pese a las promesas, ANSeS sigue apelando 90% de las sentencias

FUENTE: DIARIO CLARIN

Es por la forma de actualizar los últimos 10 años de trabajo, que son los que se toman para calcular el haber.

ISMAEL BERMUDEZ

A pesar de la promesa inicial de no hacerlo, la ANSeS está apelando a la Corte Suprema entre 1.000 y 1.500 sentencias por semana de juicios favorables de los jubilados. Son fallos de las tres Salas de la Cámara de la Seguridad Social, que rechaza esas apelaciones, pero la ANSeS interpone “recursos de queja” para que la Corte revea las decisiones de la Cámara.

Fuentes de la Justicia le dijeron a Clarín que la ANSeS está apelando de ese modo entre el 80 y 90% de las 6.000 sentencias mensuales que ordena la Cámara.

Los juicios en cuestión corresponden al llamado caso Elliff que sentó jurisprudencia, en agosto de 2009, por parte de la Corte, por la falta de actualización adecuada de los sueldos de los 10 últimos años anteriores al cese laboral que se toman como referencia para calcular el valor mensual de arranque de quienes se jubilan.

El pedido a la Corte busca reducir, en la mayoría de los casos, en promedio un 50% los valores de unos 150.000 juicios en curso o ya aprobados por los jueces en primera o segunda instancia yachicar los montos de los haberes mensuales corrientes.

Esto pasaría si la Corte modifica la doctrina que vienen aplicando las tres Salas de la Cámara que ajustan los reclamos por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) y lo reemplazan por el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La diferencia no es menor ya que, por ejemplo, entre 1995 y febrero de 2009 el incremento del ISBIC es del 435%; mientras el RIPTE da un incremento del 178%. Esa diferencia altera los cálculos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.

Con el rechazo de la apelación de la ANSeS por parte de la Cámara, el expediente vuelve al Juez de primea instancia para que se pague la sentencia dentro del plazo de 120 días que ordena la ley previsional. Pero al existir un recurso de queja a la Corte, la sentencia técnicamente no está firme y no “corre” el plazo de 120 días para el pago. Así, dicen los abogados previsionalistas, “no tendríamos más sentencias firmes porque casi todas quedan recurridas”.

Actualmente la ANSeS está pagando sentencias firmes del stock de juicios resueltos en favor de los jubilados de meses y hasta de años anteriores.

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