Archivo mensual: febrero 2020

Demanda colectiva por los aumentos en las jubilaciones: qué plazos se esperan para su avance en la Justicia

FUENTE: INFOBAE ECONOMICO

La resolución no tendría un efecto en el cobro de los haberes durante el mes de marzo. Según los especialistas, el tema se resolverá en la Corte Suprema de Justicia

La semana pasada, con la firma de cerca de 7.000 jubilados y el patrocinio de la Defensoría de la Tercera Edad, se presentó en la Justicia una demanda colectiva para suspender la aplicación del decreto 163/2020, donde el Gobierno estableció una suba de las jubilaciones y pensiones (de 2,3% más una suma fija de $1.500) luego de la suspensión de la fórmula movilidad, por la que hubiese correspondido un aumento de 11,56% a partir de marzo y de 10,9% desde junio.

Con el aumento por decreto, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo se verán beneficiados por un aumento cercano al 13%, unos $197 más que con la fórmula anterior. Sin embargo, los que cobran haberes por encima de los $16.200 verán recortados sus ingresos.

 Fuentes judiciales señalaron que hay varios escenarios, pero que el más probable es que la demanda se termine resolviendo en la Corte Suprema de Justicia

¿Qué posibilidades y en qué tiempos puede avanzar esta demanda en la Justicia? Fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que hay varios escenarios, pero que el más probable es que la demanda se termine resolviendo en la Corte Suprema de Justicia. Y también señalaron que por los plazos de la Justicia y de la liquidación de los haberes de jubilados y pensionados para el mes de marzo, cualquier resolución no llegaría a ser aplicable durante el mes próximo.

La demanda colectiva recayó en el juzgado de la Seguridad Social N° 9, a cargo de la subrogante Silvia Saino. “No es materialmente posible que una resolución favorable llegue a aplicarse a partir de marzo. Los haberes comienzan a abonarse el próximo lunes. Hay una cantidad de pasos procesales que tardan un par de semanas por lo menos. La demanda pasó el mismo viernes pasado, que la iniciamos, al Ministerio público y regresará al juzgado la semana próxima”, detalló Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.

Hasta este miércoles por la mañana, además, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no había recibido la notificación de la demanda. Pero desde el organismo anticiparon que “se va a defender la legalidad y pertinencia de la Ley de Emergencia económica en un contexto de crisis. Por la Ley 27.541 se suspendió la actualización de las jubilaciones por 180 días. “Somos respetuosos de la justicia y del derecho peticionar”, agregaron.

“Ningún juez de primera instancia va a sacar un fallo de ejecución inmediata que pueda complicar la negociación de la deuda o que pueda limitar al Poder Ejecutivo el manejo del presupuesto nacional. Aun teniendo una sentencia favorable de primera instancia es muy probable que salga con alguna limitación temporal que permita que no obligue a pagar de un día para el otro $5.000 millones porque tiene consecuencias para el país, más allá de los jubilados“, estimó una de las fuentes.

 Una medida favorable, que apoye la moción de los jubilados, no tendría efectos inmediatos en una sentencia de primera instancia

“Recién la semana que viene vamos a ver algún movimiento. Pero una medida favorable, que apoye la moción de los jubilados, no tendría efectos inmediatos en una sentencia de primera instancia. Es imposible que sea una medida blanca o negra, tiene que ser un gris. Por ejemplo puede haber un rechazo formal y pasar a la Corte. Cualquiera de las dos posturas, a favor o en contra tendría una pequeña dilación en el cumplimiento”, agregó.

Otros abogados son menos optimistas sobre una resolución favorable. “La demanda colectiva es un modo de manifestar el desagrado de mucha gente, pero no es la Justicia en este momento en lugar donde se deba manifestar el descontento por lo que se suspendió. Estamos en el marco de una emergencia decretada, si no se pide la declaración de inconstitucionalidad de la emergencia no es posible que avance. Es evidente que una emergencia disminuye derechos”, destacó la abogada y docente Elsa Rodríguez Romero, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

“Pero supongamos que pase el dictamen del fiscal, que la doctora Saino le dicte una sentencia definitiva acorde con lo que se midió y que después en Cámara, porque Anses va a apelar. Se ha informado que el dinero no está por lo tanto el cumplimiento tampoco es muy probable. ¿Y cuándo tiempo va a tardar todo? En el interín ya va a haber salido la ley de movilidad definitiva”, advirtió Rodríguez Romero. Y recordó que las demandas colectivas por temas previsionales no suelen prosperar en la Justicia.

Si la demanda llega a la Corte Suprema de Justicia, otros especialistas estiman que el tema se podría revisar recién una vez que haya terminado el plazo de la emergencia económica, que vence a fines de junio de este año. Aunque, por ahora, se trata solo de especulaciones.

 Estamos en el marco de una emergencia decretada, si no se pide la declaración de inconstitucionalidad de la emergencia no es posible que avance

El pedido de amparo colectivo reclamó que se declare inconstitucionalidad del decreto de movilidad jubilatoria y solicitó que para el aumento de marzo se reconozca como mínimo el 11,56%, de acuerdo al período devengado en el tercer trimestre del año pasado por la Ley de movilidad suspendida. Esta acción se limitó a pedir la inconstitucionalidad del decreto con el incremento designado para marzo pero no suplanta o invalida otras acciones individuales de los jubilados.

Entre los fundamentos del reclamo, se incluyó el principio de igualdad ante la Ley, la progresividad de los derechos fundamentales y la irretroactividad de las leyes y tutela efectiva de los derechos adquiridos.

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“Es mi plata”. El peregrinar de los jubilados que quieren demandar al Gobierno

FUENTE: DIARIO LA NACION

La Defensoría del Pueblo recibió alrededor de 2000 adhesiones en dos días para sostener una demanda colectiva contra los cambios previsionales.

La Defensoría del Pueblo recibió alrededor de 2000 adhesiones en dos días para sostener una demanda colectiva contra los cambios previsionales. Crédito: Ignacio Sanchez

Delfina Torres Cabreros

A las 8.30 de la mañana del miércoles, las hermanas Rosa y Susana Arslanian tomaron el colectivo 169 que las llevó desde San Martín hasta la estación Juan Manuel de Rosas del subte línea B. Combinaron luego con la línea C para llegar al edificio central de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A las 10 de la mañana ya eran unas de las tantas personas que esperaban sentadas en las tres filas de sillas ubicadas en la oficina del centro porteño. Estaban ahí, como los demás, para dejar su firma y sumarse a los alrededor de 1000 jubilados que, diariamente y desde el lunes pasado, le agregan volumen a una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de actualización de haberes.

“Según mis cálculos, en marzo debería cobrar $64.000 y me van a pagar $60.000”, dice Susana, que se jubiló en octubre pasado, a los 65 años y con 45 años de aportes. Al igual que su hermana, se desempeñó durante décadas como personal no docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Tal como se anunció el viernes pasado y se confirmó ayer con la publicación del decreto 163/2020 en el Boletín Oficial , las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en marzo una suba de 2,3% más un monto fijo de $1500.

 

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, junto a jubilados que se acercan a firmar

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, junto a jubilados que se acercan a firmar Crédito: Ignacio Sanchez

De esta manera, el haber mínimo -que cobran alrededor de 3,5 millones de jubilados- se ubicará en $15.891,5, lo que significa un aumento de 12,96%. Pero ese porcentaje efectivo de incremento será más reducido cuanto mayores sean los ingresos. Por ejemplo, para un haber de $25.000 pesos será de 8,3% y para un ingreso de $50.000, de 5,3%. De no haber sido suspendida la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, el aumento hubiera sido de 11,6% para todas las prestaciones.

El planteo judicial colectivo es una iniciativa del director de la Tercera Edad de la Defensoría, Eugenio Semino, y la mayoría de los que se sumaron se enteraron de la convocatoria por él: lo escucharon en la televisión o en la radio. “Yo googlé ‘doctor Semino’, me apareció esta dirección y me acomodé la mañana para poder venir. Traje DNI, último recibo de jubilación y si necesitan algo más iré a buscarlo. ¿Por qué voy a perder dinero? Trabajé en relación de dependencia desde que terminé el secundario. No quiero. Es mi plata“, dice Adela, licenciada en Psicología, que prefiere no dar su apellido.

La recepcionista de la oficina está sorprendida por la cantidad de gente que se acercó desde el lunes. “Esto es la Defensoría del Pueblo, viene gente todo el tiempo, y sin embargo por este motivo tuvimos que empezar a derivar gente a la otra sede de la calle Venezuela. Y mirá que esto es grande”, dice.

La sede central de la Defensoría es un amplio salón con tres filas de 15 asientos y siete puestos de atención. Por estos días, casi todos ocupados por gente con la intención de sumarse a la demanda colectiva. Banderas de gremios estatales cuelgan de las barandas del entrepiso y le dan un clima de oficina estatal a un espacio blanco y luminoso. Para amenizar la espera, las personas se levantan y se sirven café de un termo, inician conversaciones esporádicas sin perder de vista la pantalla que indica quién será el próximo en firmar.

Según los empleados, la actividad decae en las horas del mediodía

Según los empleados, la actividad decae en las horas del mediodía Crédito: Ignacio Sanchez

La recepcionista se precipita a la puerta de ingreso para despejarle el paso a un hombre que entra en una silla de ruedas eléctrica. Es Ernesto Cavallo, de 69 años, que decidió dejar por un momento la oficina del sindicato en el que todavía trabaja para ir a reclamar por su jubilación. “Yo estoy perdiendo casi $1300 por mes”, asegura.

En medio de la conversación, un hombre de chomba verde gira sobre su silla y le habla a LA NACION. “¿Sabés lo que pasa? -interviene sin disimular la furia-. Los gobiernos sólo se meten con nosotros. Acá no interesa si te sacaron $4000, $10.000 o $10; la plata es tuya”. Es Carlos Durán, jubilado de comercio de 75 años. Dice que su “bronca” es el resultado de haber aportado 35 años y no recibir el mismo trato que los jubilados que cobran la mínima. Además, considera que quienes no forman parte de ese grupo están invisibilizados en el discurso público, aun cuando muchos de ellos no tienen haberes muy superiores a la mínima, sino de $18.000 en adelante.

“Se acercó muchísima gente en Capital y en el interior. Solo en nuestras oficinas recibimos 2000 firmas en los primeros dos días”, asegura Semino a LA NACION. El defensor aclara que, en términos de la legitimación, con el respaldo de un solo jubilado alcanzaría para iniciar la acción legal. “Lo que queremos es también responder a la expectativa de la gente. Vemos que hay una necesidad de expresar la preocupación y el temor a que le confisquen su derecho”, dice.

El planteo de inconstitucionalidad pretende evitar que se desate una nueva ola de juicios previsionales por acciones individuales de los alrededor de dos millones de afectados y que se restablezca momentáneamente la fórmula de movilidad de la ley 24.426 para aquellos jubilados que no cobran la mínima. “Después, si quieren, se puede derogar y discutir una nueva fórmula”, señala Semino. Según detalla, seguirán juntando firmas hasta la presentación de la demanda, que podría ser mañana viernes o la semana próxima.

La constancia entregada una vez que se finaliza el trámite

La constancia entregada una vez que se finaliza el trámite

Para Semino, el beneficio otorgado por el PAMI para acceder a 170 medicamentos gratuitos, así como las sumas fijas y el congelamiento de tarifas “son maravillosos”, pero no tienen que ver con el haber. “Todo lo que beneficia a los jubilados lo apoyamos, pero el haber es un derecho adquirido y está en relación con lo que cada persona aportó durante 30 o 40 por su trabajo”, apunta.

Al terminar el trámite en la oficina de la Defensoría, las hermanas Arslanian muestran la constancia que les entregaron, satisfechas de haber completado la misión. “Nosotras queríamos hacer algo. No sabemos si servirá o no, pero por lo menos la queja no queda entre nosotras“, dicen, y emprenden el regreso a San Martín.

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El robo del siglo

FUENTE: INFOBAE

por WALDO WOLF

Alberto Fernández (Prensa Presidencia)

Alberto Fernández (Prensa Presidencia)

Todo estuvo perfectamente planeado. El 20 de diciembre votaron la emergencia económica que le daba poder al Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias entre otros múltiples atributos discrecionales. Nobleza obliga, debo decir que se ganaron el derecho a hacerlo a fuerza de legítimos votos.

Pero la planificación del robo siguió con la forma y el fondo del anuncio. Como primera medida les sacó a los jubilados -quienes no tienen obligación de votar-, una estrategia perversa, si las hay. Si bien el aumento se cobrará en marzo, fue anunciado ahora para que los jubilados no se movilicen en este momento. Ante todo es necesario destacar el día y la hora: viernes 14 de febrero –Día de los enamorados- a las 18 y previo al cambio de quincena. Hay que reconocerles picardía criolla para que semejante misil al bolsillo de 2.5 millones de jubilados se diluya además con la complicidad de múltiples espacios de propaganda partidaria disfrazados de comunicadores.

Pasemos en limpio el despojo en números: les sacaron a 2.5 millones de jubilados $4.451.000.000 para darle $924.000.000 a 4.3 millones de ellos. En el medio manotearon del sistema previsional $3.527.000.000. En promedio, los jubilados que percibían por arriba de la mínima perdieron el 52% de lo que debían percibir con la fórmula anterior. Todo esto solo dos meses después de que el presidente anunciara en campaña que licuaría Leliqs para garantizarle poder adquisitivo a los jubilados mientras pagó estas letras y les recortó a los pasivos. Todos los políticos en campaña prometen cosas que después, cuando ejercen el poder, resultan difíciles de cumplir, pero pocas veces se vio un presidente que desnude sus mentiras de manera tan grosera y tan rápidamente.

Pero vayamos a los robos más perversos y nefastos que esta acción nos deja:

-En primer lugar, nos robaron la cultura del trabajo a millones de argentinos que mamamos en nuestra educación el simbolismo del sacrificio y su contrapartida traducida en los resultados del esfuerzo. Políticos millonarios que no pueden justificar sus propiedades en Puerto Madero y que se perpetúan en el tiempo nos conminan a un despojo por decreto de lo aportado por ley llamándolo “solidaridad”. La solidaridad es voluntaria. Si es compulsiva, en mi barrio, le dicen robo. Pero además inoculan, en gran parte de la población, un resentimiento que viene a alimentar este círculo defectuoso en el cual muchos le sugerirán a sus hijos que se registren por el mínimo y perciban algún excedente -si lo hay, en negro- ya que la resultante de su trabajo será expropiada por el líder populista de turno. Ergo, más marginalidad y más populismo que entronará a iluminados de turno que repartirán nuevamente a discreción.

-En segundo lugar, nos robaron la palabra. Así los medios oficialistas titularon “Las nuevas jubilaciones o el rompecabezas de un aumento con matices” y el gremialista militante del ajuste, Hugo Yasky, consideró que la cláusula gatillo es indexatoria y genera inflación mientras la otrora defensora de los jubilados, la diputada Mirtha Tundis, quien lloraba desconsolada por los canales de televisión durante la gestión pasada, hoy tiene paradero desconocido.

-Por último, el presidente Fernández que salió a decir en los medios: “Algunos opositores y algunos medios quieren hacerle creer a la gente que estamos haciendo un ajuste”. Yo me anoto en esa lista, presidente. En los que llaman las cosas por su nombre. Fui diputado de Cambiemos cuatro años y puse la cara en cuanto programa de televisión hubo sin usar ninguna metáfora. Recompusimos el Indec y cuando la inflación nos golpeaba ahí estábamos sin robarle el significado a las cosas. Estuve al lado del presidente Macri cuando tuvo que anunciar retenciones y dijo, con todas las letras, que era una mala medida y que tenía que hacerlo temporalmente para preservar el bien general al igual que cuando instauró el cepo luego de perder las elecciones y de que el mundo se diese cuenta de que otra vez corríamos el riesgo de regresar al relato, el reto y la mentira.

Entiendo las responsabilidades del poder y aporto desde los 18 años al sistema previsional. Puedo y debo discutir las imperfecciones del sistema y tengo la obligación de colaborar para que este armado populista que colapsó con la incorporación de más de 3.600.000 nuevos jubilados sin aportes durante el último gobierno kirchnerista sin que nadie explique de dónde sacar la contrapartida presupuestaria y la duplicación del peso del Estado sobre el PBI del 21% al 42% durante el mismo lapso, se recomponga y nuestro país deje de estar lógicamente estancado ante tan desequilibrado ecosistema insostenible.

Pero no nos robe la racionalidad. No nos robe la palabra. No nos robe el sentido común. No nos robe la cultura del trabajo. No nos robe la historia del esfuerzo.

Y por último que no le roben a usted la posibilidad de lograr el apoyo de los que, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a acompañar los sacrificios que haya que hacer, pero nunca a costa de otra vez relato, reto y mentira.

El autor es diputado nacional (Cambiemos)

 

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La Defensoría porteña se despegó del amparo de 7.000 jubilados

FUENTE: DIARIO CLARIN

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del peronista Alejandro Amor, salió a despegarse de la acción colectiva contra el aumento a los jubilados por decreto que inició la Asociación Civil Años, con patrocinio de Eugenio Semino, funcionario de carrera del organismo, junto a los abogados Adrián Tróccoli y Andrés Gil Domínguez.

A pesar de la desmarcación política del ombudsman, la denuncia -que busca restablecer la Ley de Movilidad anterior- sigue su curso en la Justicia. Según explicó Amor, la Defensoría tiene la obligación legal de recibir todos los reclamos. Pero no tiene legitimación federal para hacer presentaciones judiciales”. Con lo cual, “la institución no es la que va a hacer la presentación”, aclaró.

El ombudsman explicó, en una entrevista radial, que tiene una “opinión distinta”, sobre el tema. “Entiendo que el Gobierno no puede contestar todas las demandas , en particular en esta situación en que se está renegociando la deuda. Yo no creo que sea la Justicia la que pueda resolver estas cuestiones”, opinó. “Cuando se discute esto en la Justicia se resuelve lo individual pero no se resuelve el conjunto del conflicto de la sociedad. Por eso el Estado, en un sistema de seguridad social es, según mi opinión personal, quien debe administrar los recursos de los trabajadores”, dijo tomando distancia de la embestida judicial.

“Hay una persona que siempre se ocupó de eso, Eugenio Semino quien es el titular del área de la Tercera Edad y lo va a llevar adelante individualmente como una acción colectiva pero no es la Defensoría del Pueblo”, remarcó.

La presentación judicial para que se declare inconstitucional el aumento a los jubilados por decreto corrió por cuenta de una jubilada afectada y por la Asociación Civil Años, además de recibir la adhesión de unos 7000 jubilados. Esta asociación fue constituida hace 30 años, está integrada por trabajadores profesionales de la geriatría, le dijo Semino a Clarín. Y agregó que “en los próximos días se sumarán otras entidades”.

En el caso de los patrocinantes, se aclaró que no cobran por llevar adelante la acción colectiva que fue presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°9, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante. Sobre el futuro de la presentación, Gil Domínguez se mostró optimista y dijo a este diario: “Ahora la jueza deberá resolver si le da trámite al amparo colectivo y si otorga o no la medida cautelar”. Y resaltó que la acción judicial busca “que se aplique la fórmula que sea más conveniente para los jubilados”.

Según Semino, en el caso de no tener obtener una resolución favorable, se pedirá un recurso “per saltum” para llegar a la Corte Suprema. La idea es volver a la movilidad anterior, hasta que se fije otro tipo de movilidad. “Lo que estamos tratando es de evitar es que no haya una nueva ola de litigiosidad”, explicaron. La polémica se desató por el aumento que el Gobierno otorgó a partir de marzo: 2,3% para todos y una suma fija de 1500 pesos que achata las escalas. ■

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Cartas al País

FUENTE: DIARIO CLARIN

Señores políticos, las jubilaciones no son un gasto del Estado

El dinero de las jubilaciones fue aportado durante la vida laboral y “esta recaudación pertenece al que se jubila”, enfatiza la lectora.

El mayor problema es que la administración de la Nación es injusta, es deficiente, es confiscatoria. Muchos dirigentes, jueces, etc., no pagan impuestos (por ejemplo Ganancias), así que como no les cuesta obtenerlo, es sólo recaudar y manejan dinero que no aportaron, no son austeros al administrar. Además, siempre nos sacan los impuestos a los mismos, a la clase media y a los jubilados, y los servicios derivados de los impuestos son cada vez peores y tienen menores recursos: educación, seguridad, salud.

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Presentaron el primer amparo judicial contra el último aumento para los jubilados

FUENTE: AMBITO.COM

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó el primer amparo judicial contra el nuevo aumento de las jubilaciones ordenado por un decreto de Alberto Fernández.

La demanda colectiva contra el último aumento a los jubilados recayó en el juzgado de la Seguridad Social N° 9

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó el primer amparo judicial contra el nuevo aumento de las jubilaciones ordenado por un decreto de Alberto Fernández.

La demanda colectiva a la que tuvo acceso Ámbito reclama que se anule la suba de hasta 13% otorgada a partir de marzo próximo y solicita que reconozca como mínimo el 11,56% para todos los jubilados, de acuerdo al período devengado en el tercer trimestre del año pasado por la suspendida ley de movilidad jubilatoria de Mauricio Macri.

La acción es colectiva y cubre a todos los jubilados afectados por el decreto de 163/2020 firmado por Alberto, pero no suplanta o invalida las acciones individuales de los jubilados, que pueden reclamar situaciones más complejas o la pérdida de poder adquisitivo por períodos anteriores.

En los fundamentos, Semino -y su asesor legal Andrés Gil Domínguez– apelaron a al principio de igualdad ante la ley, la progresividad de los derechos fundamentales, irretroactividad de las leyes y la tutela efectiva de los derechos adquiridos.

Según explicaron, el amparo no es una acción política partidaria o en contra del Gobierno, sino solo una cuestión técnica tendiente a que se garanticen condiciones mínimas para todos los jubilados.

Gil Domínguez consideró que ese incremento deja afuera a miles de jubilados. “El Gobierno realiza un ajuste contra los jubilados, la medida es inconstitucional”, afirmó esta semana. El constitucionalista advirtió que todos los abuelos que cobren más de $17.000 por mes van a cobrar menos que lo que correspondería.

Para Semino, la suspensión de la movilidad jubilatoria “vulnera derechos adquiridos” y tiene la intención de “pagarle menos a los jubilados“. “El aumento del 13% lo va a cobrar el 50% de los jubilados”, alertó el ombusman de la tercera edad.

Desde el Gobierno admiten que sólo el 27% percibirá menos haciendo la comparación entre los dos cálculos y recuerdan que la medida es “temporal”.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el aumento anunciado no es “un ajuste” y apuntó que algunos medios de comunicación “desinforman” al intentar “imponer esa falsa idea”.

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Sin lucha, no habrá victoria…

Si tuviéramos que calificar a nuestros jubilados, los definiríamos, como dóciles corderos camino al matadero, mientras el gobierno en muchos casos continúa la vieja política de los gobiernos populistas con respecto a la situación desesperante de los jubilados.

Por su comportamiento, podríamos decir que están insensibilizados o aletargados, que miran y callan en su gran mayoría, como si alguien se hubiese apoderado de su personalidad, pues es verdaderamente llamativo ver a esos conformistas, callados y temerosos de exteriorizar su descontento, al no poder o no querer manifestarse como lo harían los activos con huelgas o piquetes.

Quizás la respuesta haya que buscarla, en muchos casos en la decadencia corporal, o a la resignación a esperar pasar a mejor vida, mientras otros continuarán esperando el milagro de que pasados muchos años de juicios adormecidos por el tiempo en las instancias judiciales llegue a su fin, mientras la ANSeS continúa dar tiempo al tiempo para que nuestros abuelos terminen su vida terrenal.

Es hora de reaccionar como una verdadera sociedad y no seguir pensando que solo nos basta con hacer catarsis, sino participar activamente para lograr una mejor República. Un jubilado no puede vivir con una futura jubilación minina de $ 15.892,00 cuando se espera una inflación mayor al 42,2%, lo que representa una pérdida del poder de compra del 37%. No olvide Sr. Presidente que muchos jubilados mayores de 70 años, que no tenían obligación de votar, se acercaron con todas sus dolencias a poner su voto para que hoy dirija los destinos de nuestro País y lamentablemente Sr. Presidente usted nos engañó, cuando dijo en campaña que los jubilados recibirían una suma del 20%, sin hacer ninguna distinción por rango de haberes y no un bono por única vez a una fracción.

Hoy, A.A.J.A. y los jubilados y pensionados damnificados podrían expresar su clamor con todo rigor y derecho, precisando cada una de las irregularidades, omisiones y despojos incurridos a los que fueron y son sometidos por el Estado, mientras se les miente con descaro e hipocresía y se los distrae con dádivas que humillan y que dilatan perversamente el reconocimiento de sus derechos.

Ciudadanos de experiencia acumulada por no denominarlos como tercera edad o adultos mayores, no se dejen vencer, debemos buscar una forma pacifica para reaccionar y poder cambiar esta situación de engaño y abandono antes de que no haya mas tiempo ni solución, luchen, asómense a la vida, reclamen por sus derechos adquiridos, no se lamenten, porque sin lucha, jamás conocerán la victoria.

Omar Martínez  

Presidente

Asoc. Argentina de Jubilados Aportantes

 

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