Archivo mensual: marzo 2019

Reforma previsional Los jubilados y el impuesto a las Ganancias: precisiones de un fallo limitado

FUENTE: DIARIO CLARIN

La decisión del Tribunal de eximir a una jubilada por ahora no se generaliza.

Ni la Corte ni el Congreso dieron aun soluciones de fondo para los jubilados que pagan Ganancia

Ismael Bermúdez

Ismael Bermúdez

La Corte Suprema en el fallo “García, María Isabel” declaró la inconstitucionalidad “en el presente caso y con el alcance indicado” de los artículos de la ley 20.628 que ordenan deducir el impuesto a las Ganancias del haber jubilatorio, y dispuso reintegrarle los montos retenidos desde que la jubilada inició su demanda.

La ley 20.628 fue sancionada el 27 de diciembre de 1973, durante la gestión de José B. Gelbard, y promulgada el 29 de diciembre de ese año por el entonces presidente Juan Domingo Perón. En los fundamentos del fallo se plantea que esa ley fue aprobada “en un contexto histórico diferente” al actual, “con un marco constitucional anterior a la Reforma Constitucional de 1994”, lo que lleva a la “revisión de la cuestión”.

Del fallo se desprende que la Corte no resolvió que los jubilados y pensionados no deben pagar Ganancias. Ni siquiera recomendó que el Congreso apruebe una ley eximiéndolos. Sólo resolvió “poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con la capacidad contributiva potencial”.

El mínimo no imponible para los jubilados y pensionados es de 6 haberes mínimos —hoy en $62.462—, con ajustes trimestrales.

El fallo menciona que la jubilada tenía 79 años cuando inició el juicio en 2015, padecía problemas de salud y recibía descuentos de Ganancias del orden del 30% del haber.

En consecuencia, dice la sentencia, a la hora del descuento de Ganancias se debe considerar la mayor vulnerabilidad, “producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad” que “permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”. Y agrega que en los casos de envejecimiento, enfermedad o discapacidad, el jubilado debe “contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida”.

Sin embargo, el abogado previsionalista Guillermo Jáuregui dice “García era diputada y docente y cobraba una jubilación especial de $81.503, en mayo de 2015, abonada por la Caja previsional de Entre Ríos. Ahora, a febrero de 2019, cobra $162.875,11 brutos con un descuento de Ganancias de $32.200,62 que no alcanza al 20% del ingreso bruto”. Además puede deducir de Ganancias gastos médicos por más de $8.000 mensuales, lo que reduciría el descuento de Ganancias.

Jáuregui agrega que “si la Corte considera que este caso es digno de estar exento del pago del impuesto a las Ganancias, miles de ciudadanos, trabajadores y jubilados pueden pretender un trato similar y con ingresos muy inferiores a la señora García. El haber mínimo actual es de $10.410 y el haber promedio de $18.000, 9 veces inferior al haber bruto de Garcia . En momentos en que el país está pasando por graves necesidades, jueces que tampoco quieren pagar el impuesto a las Ganancias eximen a otros que pueden pagar”.

No obstante, el fallo así acotado tiene costo fiscal inmediato mínimo porque comprende a la jubilada García y a otros 2.000 casos con fallos ya ingresados en la Corte.

Al declarar la inconstitucionalidad de la norma en un caso particular, el fallo impactará de diferente manera a los 300.000 jubilados y pensionados nacionales y provinciales con descuentos de Ganancias, dice el abogado Adrian Tróccoli: Aquellos que nunca hicieron juicio y tributan Ganancias tienen la posibilidad de esperar que el Congreso cumpla el mandato de la Corte y legisle al respecto o pueden iniciar acciones judiciales para solicitar que cese el descuento.

En los juicios de reajuste avanzados en los que la Cámara ya había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Ganancias es muy probable que se rechacen los recursos extraordinarios, o que se resuelvan en un corto plazo por remisión al precedente “García, María Isabel”.

En los juicios de reajuste menos avanzados en los que se solicitó la inconstitucionalidad de la ley 20.628, o la inaplicabilidad del descuento sobre el retroactivo, este fallo marca el camino de los juzgados de primera instancia que suelen adherir al criterio del Máximo Tribunal.

Aquellos beneficiarios que ya obtuvieron sentencia firme y percibieron un pago de retroactivo por parte de ANSeS en el que le descontaron impuesto a las Ganancias, tienen la posibilidad de solicitar en la etapa de ejecución el reintegro de las sumas descontadas.

En los fundamentos del fallo se dice que, en su origen, la ley de Ganancias estableció categorías con un criterio estrictamente patrimonial, y hoy, en un marco histórico y constitucional diferente, eso resulta insuficiente, para agregar que la Constitución y tratados internacionales vigentes hoy obligan al legislador a ponderar distintos matices de la vulnerabilidad.

Gabriel de Vedia, fiscal federal ante la Justicia Federal de la Seguridad Social, considera que “el voto mayoritario de la Corte se funda en el alcance de los principios y exigencia de constitucionalidad de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria. Ello estriba en que la legislación debe contemplar consecuencias jurídicas distintas ante situaciones desiguales”. Y que si bien los ciudadanos, como miembros de la sociedad deben cumplir con sus obligaciones contributivas, no puede establecerse un criterio general, ya que existen diversas situaciones sociales y económicas que deben considerarse al momento de conformar las categorías tributarias correspondientes”.

En relación a la recomendación al Congreso, de Vedia dice que también en diciembre de 2018, en el caso Blanco (ajuste del sueldo promedio que se toma como referencia para el cálculo del haber inicial) la Corte formuló igual petición y “no se conoce proyecto de ley alguno de acuerdo a los parámetros allí sentados. Es esperable que en esta oportunidad el cuerpo legislativo atienda las exigencias del Máximo Tribunal de la República”.

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Medida de la ANSES

FUENTE; DIARIO CLARIN

Jubilados: extienden plazo para confirmar descuentos en los haberes

Los jubilados y pensionados tendrán tiempo hasta el 31 de septiembre para confirmar las retenciones que les hacen mutuales y cooperativas.

A través de la Resolución 1/2019, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES prorrogó hasta el 30 de septiembre el plazo para que los jubilados y pensionados confirmen los descuentos que les hacen mutuales y cooperativas.

El plazo original vencía el 31 de marzo, pero ahora se extendió seis meses más. Quienes quieran continuar abonando un servicio de terceras entidades a través de su recibo de haberes deberán confirmarlo en http://www.anses.gob.ar/mutuales

Además, quienes consientan el descuento deberán revalidarlo cada 24 meses, sino la ANSES dejará de descontar el importe del recibo y el jubilado deberá regularizar la situación directamente con la mutual o cooperativa.

Para confirmar el descuento, los interesados deben ingresar a http://www.anses.gob.ar, sección “Accesos Rápidos”, opción “Mi ANSES” (con Clave de la Seguridad Social), “Terceras Entidades”, y “Reempadronamiento Mutuales”. Allí, deberán señalar si tienen un descuento de mutual o cooperativa bajo los conceptos de cuota social o servicio especial.

La confirmación también puede hacerse por teléfono llamando al 130 de 8 a 20 horas, opción 5 y luego 6, o también personalmente sin turno en cualquier oficina de la ANSES.

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El fallo de la Corte Para no pagar Ganancias, los jubilados deberán litigar o esperar una ley

FUENTE: DIARIO CLARIN

Tiene efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio y 2.000 casos análogos. Los restantes, por la vía legal. 

El presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.

ISMAEL BERMUDEZ

El fallo de la Corte Suprema tiene un efecto inmediato sobre la jubilada que hizo el juicio – María Isabel García- y sobre unos 2.000 casos análogos con sentencias favorables de segunda instancia –como los de la Cámara de Paraná y la Sala II de la Cámara de la Seguridad- apeladas por el Gobierno ante el Alto Tribunal.

Al resto de los jubilados y pensionados que tienen descuentos de Ganancias –300.000 entre nacionales y pensionados- les seguirán reteniendo el impuesto. Y aquellos que se encuentren en una situación similar al caso testigo, podrían iniciar un juicio reclamando el mismo tratamiento.

Esto se debe a que la mayoría de la Corte declaró la inconstitucionalidad de Ganancias en el caso García con el alcance indicado en el fallo. No tiene un carácter general o colectivo, lo que abre las puertas a una mayor litigiosidad. 

El fallo menciona que la jubilada tenía 79 años cuando inició el juicio en 2015, padecía problemas de salud y recibía descuentos de Ganancias del orden del 30% del haber.

En consecuencia, dice la sentencia de la Corte, a la hora del descuento de Ganancias se debe considerar la mayor vulnerabilidad del peticionante, “producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad” que “permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”.

El fallo objeta el descuento de Ganancias ya que en los casos de envejecimiento, enfermedad o discapacidad  el jubilado debe “contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Con esas consideraciones, el fallo señala que el Congreso debería modificar la actual ley de Ganancias, dando “un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”. No se fija ningún plazo para que el Parlamento considere el tema.

Por esta razón, el abogado y especialista en previsión Guillermo Jáuregui le dijo a Clarín que aquellos “jubilados o pensionados que se consideren en similar situación que García, podrían promover la correspondiente acción judicial”. La litigiosidad es una de las vías de los jubilados para poder llegar al beneficio de no pagar Ganancias. En tanto “el Congreso debería modificar el art. 79, inc. c) de la ley contemplando a contribuyentes de mayor edad o enfermos o discapacitados, y en estos casos cuidando que la escala no supere cierto porcentaje o eximiéndolos”.

Además, a partir de 2017 se elevó el mínimo no imponible para los jubilados y pensionados a 6 haberes mínimos  -hoy en $62.462-, con ajustes trimestrales. “Este cambio puede hacer que la situación actual de García, en cuanto al porcentaje de la retención sea muy diferente. Cada jubilado debe analizar su situación impositiva antes de encarar una demanda por ese tema”.

El abogado Adrián Troccoli reconoce que “el fallo de Corte en principio fija que debe existir una situación de vulnerabilidad para poder estar eximido del pago de Ganancias. Sin embargo no exige en el caso particular pruebas fehacientes, y la doctrina seguramente se extienda a todas las sentencias provenientes de la Cámara de Paraná y de la Sala 2 de la Cámara de de la Seguridad Social”.

En consecuencia “quienes al día de hoy tributan ganancias, tienen dos caminos: esperar que el Congreso siga el pedido del Máximo Tribunal y modifique la Ley de Ganancias o iniciar una acción judicial. Sería ideal que el Parlamento resuelva la cuestión rápidamente para evitar el colapso de los Tribunales”. Y “de tratarse un proyecto de Ley la Corte no le exige que se exima del tributo a los jubilados, pero sí que les de una mayor protección a la actual”.

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Últimos días para aliviar la carga de Ganancias: qué se puede deducir y cómo es el trámite

FUENTE: DIARIO LA NACION

La declaración debe hacerse solo de manera electrónica y hasta la noche del domingo próximo

La declaración debe hacerse solo de manera electrónica y hasta la noche del domingo próximo Fuente: LA NACION – Crédito: Ricardo Pristupluk

S ILVIA STANG

Últimos días para lograr un alivio. El domingo próximo, 31 de marzo, vencerá el plazo para que los empleados y los jubilados alcanzados por la carga fiscal informen deducciones de Ganancias correspondiente al año 2018 y, de esta manera, se reduzca el peso del impuesto sobre los ingresos. El vencimiento es válido también para declarar los datos de pluriempleo, en el caso de asalariados que tienen más de un empleador.

El trámite, tal como recordó la AFIP en un comunicado, se hace solamente de manera online, tras ingresar a http://www.afip.gob.ar y optar por el título “Siradig – Trabajador”. Allí se despliegan diferentes opciones para interactuar: datos personales, información de empleadores y carga del formulario propiamente dicha.

En esta época están disponibles, para ser completados, los formularios de los años 2018 y 2019. El Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (tal es el significado de la sigla Siradig) es el mecanismo para poner a disposición de quienes retienen el impuesto (empleadores u organismos de la seguridad social, según el caso) la información necesaria para hacer el cálculo del tributo.

Las deducciones, que pueden ser familiares a cargo o por determinados gastos hechos por el contribuyente, son montos que se descuentan del ingreso sobre el cual se calcula el impuesto. Las vigentes, en el caso de gastos deducibles, son las siguientes.

Remuneraciones y contribuciones pagadas por el régimen de servicio doméstico. En el formulario se cargan los detalles de los pagos de cada mes a la persona que trabaja y al sistema de seguridad social. Y, más allá del monto total implicado, lo que se toma como deducible tiene un tope anual que por 2018 fue de $66.917,91 y que este año será de $85.848,99.

Alquiler de la vivienda. Deben subirse un archivo con el contrato correspondiente. También rige un tope para el monto que se va a restar del ingreso imponible: de $66.917,91 por todo el año pasado y de $85.848,99 por 2019. Esta deducción es incompatible con la referida a los intereses por un crédito hipotecario para compra de vivienda.

Intereses por crédito hipotecario. En este caso, el tope deducible es de $20.000, una cifra que está congelada desde hace muchos años. Es una deducción incompatible con la correspondiente al alquiler de vivienda.

Seguros de vida. Los aportes hechos a una compañía de seguros por un producto de cobertura ante la eventual muerte de quien contrata, también son deducibles. Hasta 2018, sin embargo, solamente hasta un máximo de $996,23 por todo el año. Para este 2019, y mediante el decreto 59, se dispuso una actualización y se llevó el tope a $12.000 (subirá a $18.000 en 2020 y a $24.000 en 2021).

Gastos de sepelio. Pueden deducirse los costos de este servicio referido al fallecimiento de familiares declarados a cargo. El tope es de solo $996,23.

Cuotas de planes de salud. Lo abonado por la medicina prepaga es un gasto deducible y, en este caso, al calcularse el impuesto se aplica un tope (que está vinculado con el monto de los ingresos del contribuyente). Para cargar la información al formulario hay que tener a mano las facturas correspondientes.

Servicios médicos. Los gastos por la atención de la salud facturados y no reintegrados por la prepaga o la obra social pueden declararse para ser deducidos. El sistema tomará un 40% del total pagado y luego se verificará que no se supere el 5% de la ganancia neta de la persona. También debe tenerse a mano toda la información de las facturas.

Donaciones. Son deducibles las realizadas a determinadas instituciones habilitadas para ello por la AFIP y el pago debe haber sido hecho de manera bancarizada. Se aplica también el tope, para tomar un monto deducible, equivalente al 5% de la ganancia neta del contribuyente.

Con respecto a las deducciones por familiares a cargo, las posibles son:

Hijos. Deben ser menores de 18 años o mayores de esa edad pero incapacitados para el trabajo. No pueden ser deducidos por padre y madre a la vez.. Algo a lo que sí habilita el sistema es a que cada uno declare la deducción al 50% del valor, de tal manera de que se reparta el alivio a la carga impositiva. El monto deducible por todo 2018 es de $31.461,09, en tanto que por este año la cifra asciende a $40.361,43 por cada hijo a cargo.

Cónyuge. La deducción, con montos de $62.385,20 (2018) y $80.033,97 (2019), solo puede aplicarse en caso de que la persona no tenga ingresos o los tenga pero que sean muy escasos. Por todo 2018, por caso, no puede haber percibido más de $66.917,91.

Declarar el pluriempleo

Más allá de las deducciones, una persona que trabaja bajo relación de dependencia para más de un empleador debe declarar esa situación, para que el impuesto a las ganancias alcance a la totalidad de su ingreso asalariado.

Para cumplir con esta obligación hay que ingresar en la solapa “Empleadores” (siempre dentro de “Siradig – Trabajador” y cargar los datos de los salarios pagados, mes a mes, por el empleador que no tiene a su cargo hacer las retenciones. Si no se cumple con esta declaración de “pluriempleo”, la AFIP cruzará luego datos para determinar saldos del impuesto a favor del fisco y hará el reclamo. Al quedar en esa situación, la persona que omitió la información deberá pagar las diferencias más los intereses y, además, inscribirse en el impuesto y presentar declaraciones juradas.

Completar el formulario del Siradig es una tarea que  admite hacer correcciones. Ello, claro, hasta la fecha fijada como límite: la medianoche del domingo 31 de este mes.

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Ganancias y jubilados: la Corte, su argumento de “vulnerabilidad” y el pedido de una nueva ley

FUENTE: DIARIO LA NACION

El efecto concreto del fallo dictado hoy es que dejarán de retenerle Ganancias a la persona que hizo la demanda, hasta que el Congreso apruebe una ley sobre el tema

El efecto concreto del fallo dictado hoy es que dejarán de retenerle Ganancias a la persona que hizo la demanda, hasta que el Congreso apruebe una ley sobre el tema Crédito: Marcelo Gómez

SILVIA STANG

El fallo dictado por la Corte Suprema sobre el pago del impuesto a las ganancias no sienta un precedente que, al menos en la teoría, tenga impacto para todas las jubilaciones gravadas. Los argumentos y las disposiciones del voto mayoritario de los jueces dan a entender que el gravamen es provisoriamente inválido, con determinadas tasas de imposición, para los pasivos que están en una situación de “vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad” (esa vulnerabilidad se define independientemente de cuál sea el nivel de ingresos). Y se sostiene que el estado de cada persona, en cuanto a esas dos cuestiones, es algo que debe tenerse en cuenta, para evitar que la evaluación del tema se limite a observar si la carga fiscal es confiscatoria o no.

En el análisis de otras causas sobre el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones (como el caso Dejeanne, un jubilado al que en 2014 los jueces supremos le negaron un amparo), la Corte había avalado que la eventual confiscatoriedad y no el diseño de la política tributaria (algo que le está reservado al Congreso) es lo que se debe evaluar en la Justicia. Por lo cual, ahora el tribunal agregó un elemento para justificar la decisión tomada por mayoría.

Siguiendo esos criterios mencionados por la Corte, podrían quedar liberados del impuesto jubilados que cobren ingresos más elevados que los de otros que, en cambio, sí quedarían gravados. Todo ello, en razón de la edad y el estado de salud de las personas. Sin embargo, en la práctica, los fallos se dictarían sin contemplar pruebas de “vulnerabilidad”: en el voto de Carlos Rosenkrantz, el único en disidencia, se consigna que en el caso en cuestión (en el que por mayoría se declaró la inconstitucionalidad de la imposición en razón de la vulnerabilidad y aun tratándose de un ingreso elevado), la demandante “no aportó prueba alguna de cuáles serían los gastos normales asociados a los problemas de salud ni indicó qué problema de salud específico la afectaría. De hecho, entendió que no hacía falta hacerlo pues ella misma consideró que la cuestión era de puro derecho”.

En el voto mayoritario, por su parte, no se hace alusión a la cobertura de salud de la persona (no se consigna si, en todo caso, los gastos de un tratamiento están cubiertos y, por tanto, no dependen del ingreso mensual).

Tras reconocer que es el Poder Legislativo el que tiene la facultad de decidir en materia de impuestos, la sentencia resuelve “poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”.

La frase no se refiere expresamente a un pedido de eximición impositiva total para los jubilados (ni para todos, ni para algunos). En otro párrafo, de hecho, se dice que lo que deberían hacer los legisladores es una ley que “identifique situaciones y revise, corrija, actualice o complemente razonablemente el criterio genérico originario” que rige para la imposición.

En concreto, lo dispuesto por el tribunal supremo en la causa “García, María Isabel c/ AFIP ” es que se deje de descontar el impuesto a las Ganancias del ingreso de la demandante (solo del de ella en particular) “hasta que el Congreso Nacional legisle sobre el punto”. Y la sentencia también declara, solo para este caso en particular, la inconstitucionalidad de la ley de Ganancias en la parte que dispone que los haberes previsionales están gravados.

Además, se confirma la decisión que había tomado en su fallo la Cámara Federal de Paraná, respecto de que se le debe devolver a la jubilada García (que fue diputada y docente) todo el tributo descontado desde el inicio del juicio, en 2015.

Según se especifica, la demandante tenía 79 años al momento de litigar (en 2015) y “padecía problemas de salud que no fueron controvertidos”. También se afirma que “los descuentos realizados en su beneficio jubilatorio oscilaron en el período marzo a mayo de 2015 entre el 29,33% y el 31,94%”.

En rigor, después de ese año (2015) hubo una reforma legal que significó un alivio de la carga fiscal cobrada a los jubilados: desde 2017 se diferencia la base imponible respecto de los asalariados (antes era la misma en ambos casos) y se la definió como el equivalente a seis haberes mínimos. Por eso, entre este mes y mayor próximo pagan Ganancias las jubilaciones que superan los $62.462 y las tasas efectivas de imposición resultan, para todos los casos, más reducidas que en los años previos al cambio. El voto mayoritario de la Corte no ignora esa modificación en el sistema, pero aun así los jueces piden otra ley.

La situación planteada por la reforma de fines de 2016 también es recordada en el escrito del juez Rosenkrantz, quien consigna que en 2015, cuando García inició la demanda, su haber jubilatorio era de $81.503,42. Según Rosenkrantz, “la prueba concluyente requerida por esta Corte a los fines de demostrar la confiscatoriedad o irrazonabilidad del tributo no permite admitir la pretensión” de dejar de pagar el impuesto a las ganancias.

Por el contrario, los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron a favor de declarar que la jubilada demandante no debe pagar el tributo. Y entre los fundamentos del voto se encuentran varias frases referidas a la necesidad de diferenciar situaciones: se sostiene, por ejemplo, que “a partir de la reforma constitucional de 1994 cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables”.

Además, y con respecto al trato diferenciado que ya reciben los jubilados en cuanto al impuesto (a partir de 2017), el escrito señala que “corresponde preguntarse si todos aquellos [por los pasivos] se encuentran en las mismas circunstancias -como para recibir un tratamiento fiscal igualitario- o si existen condiciones especiales, basadas en un estado de mayor vulnerabilidad (producto de la avanzada edad u otras situaciones particulares como la discapacidad) que permitirían distinguir algunos jubilados, pensionados, retirados o subsidiados de otros”.

A partir de ahora, la Corte comenzará a emitir sentencias de los casos que están pendientes de resolución. De acuerdo con los criterios del fallo que favoreció a García, se iría disponiendo la orden de no descontar Ganancias, caso por caso, hasta tanto el Congreso apruebe una ley que no necesariamente dispondría que los jubilados dejen de pagar el tributo.

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La Corte eximirá a los jubilados del pago del impuesto a las ganancias

FUENTE: DIARIO LA NACION

El fallo previsto para hoy puede abarcar a unos 300.000 pasivos que pagan el gravamen; los jueces debaten si la AFIP debe devolver el dinero retenido y la mayoría se inclina por pedirle al Congreso que lo regule por ley

La resolución de la Corte Suprema afectará a los jubilados de mayores recursos

La resolución de la Corte Suprema afectará a los jubilados de mayores recursos Crédito: Marcelo Gómez

Hernán Cappiello

n otro fallo que tendrá un alto impacto económico para el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia se apresta a decir que los jubilados están eximidos de pagar el impuesto a las ganancias sobre sus haberes jubilatorios.

La decisión, que se tomaría por mayoría, afecta a unas 400 causas que están tramitando en el máximo tribunal, aunque fuentes de la Corte señalaron que en la Justicia puede haber entre 200 y 600 reclamos similares. Hoy los jubilados que pagan Ganancias sobre sus haberes suman 300.000.

La Corte decidiría que ellos no deben tributar porque se trataría de una doble imposición, pues ya pagaron cuando estaban en actividad y ahora se les vuelve a cobrar.

Los jueces están analizando además enviar un mensaje al Congreso de la Nación para que legisle en la materia, pues es función del Parlamento decidir sobre asuntos tributarios.

No está claro aún cómo serán los votos de todos los jueces, que se conocerán hoy cuando se reúnan en acuerdo, pero fuentes del tribunal señalaron que hay una mayoría conformada, supuestamente por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Estos tres jueces, más Elena Highton, fueron los mismos que fallaron en favor de los jubilados en el caso Blanco que implicó que se aplique un reajuste a los jubilados con el consecuente perjuicio económico para las arcas del Gobierno.

Y esta misma mayoría es la que garantizó que la provincia de San Luis cobrará 15.000 millones de pesos por una mala liquidación de la coparticipación federal. Santa Fe tiene un reclamo similar.

La Corte podría decidir que los jubilados no deben pagar Ganancias, pero ello no implicaría que se devuelva el dinero descontado hasta ahora.

En todo caso podría decidir que de ahora en más no se cobre y que el Congreso apruebe una ley en ese sentido, y luego que la AFIP establezca un sistema de reintegros.

Son muchas las variables que están en juego y que van a incidir sobre la determinación del impacto económico de esta sentencia, una cuestión que los jueces de la Corte Suprema considera ajena, pues entienden que es un problema no jurídico, sino del Ministerio de Economía.

En rigor, la Corte va a decidir sobre el caso de la jubilada de Paraná María Isabel García, pero esta decisión impactará en una familia de casos que se tramitan en el máximo tribunal. García reclamó que sea declarada inconstitucional la ley que obliga a pagar Ganancias a las jubilaciones que equivalen a seis veces el haber mínimo.

Como el haber mínimo garantizado es de 10.410,37 pesos, pagan los jubilados y pensionados que perciben $62.462,22 o más.

El casoEn el año 2015, María Isabel García, que había sido diputada y docente en Entre Ríos y se había jubilado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, inició una acción ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de impuesto a las ganancias.

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 2 declaró que el caso era de puro derecho, es decir, que solo hacia falta interpretar la ley y no producir ninguna prueba e hizo lugar a la demanda. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Paraná.

La resolución de la Corte Suprema afectará a los jubilados de mayores recursos

La resolución de la Corte Suprema afectará a los jubilados de mayores recursos Fuente: LA NACION – Crédito: Marcelo Gómez

Los camaristas sostuvieron que resultaba contrario al “principio constitucional de integralidad del haber previsional” el hecho de que se viera reducido por el descuento de Ganancias. Y puntualizaron que, sobre todo, si se toma en cuenta que el jubilado ya había tributado cuando percibía el salario y estaba activo. El tribunal aludió entonces a una doble imposición.

La cámara afirmó, asimismo, que la jubilación no es una ganancia, sino el cumplimiento de un débito que tiene la sociedad hacia el jubilado que fue protagonista del progreso social en su ámbito y en su época.

Luego, la AFIP apeló mediante un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema. Según la AFIP, el “carácter integral de las jubilaciones” no implica que sean intangibles los haberes y dijo que el derecho de gozar de los beneficios de la seguridad social no excluye la obligación de proveer a los gastos del Estado.

La AFIP dijo que la jubilación de la señora García supera los montos no sujetos a imposición y exceden lo que es considerado necesario para una vida digna.

La Corte deberá analizar entonces diversos aspectos jurídicos de este problema. Por un lado, si la jubilación es una renta y acá puede exigir una definición al Congreso para que delimite qué cuenta como renta en sentido tributario.

Además, la Corte debe determinar si el pago de Ganancias es una doble imposición, lo que es un debate de técnica tributaria.

Para la AFIP no es una doble imposición porque, a su entender, el pago debería coincidir en el mismo período y ser reclamado por dos o más sujetos.

Los jueces deben debatir, además, sobre si el pago de Ganancias sobre las jubilaciones afecta “la integralidad” de la jubilación que está garantizada por la Constitución Nacional. Acá el resultado dependerá de los precedentes de la Corte Suprema y el análisis constitucional que hagan los jueces sobre el texto de la Carta Magna.

Otro problema que plantea el caso es si los jubilados deben tener un tratamiento impositivo diferente de los que quienes no lo son. La cuestión consiste en determinar si la mera pertenencia a una categoría (los ancianos) es suficiente para eximir del pago del impuesto o si, por el contrario, ello depende de las particulares circunstancias de cada uno de los afectados.

Por último, los jueces deben definir si las retenciones por Ganancias son confiscatorias.

Este asunto fue tratado por la jurisprudencia de la Corte en varias ocasiones. Aquí hay que determinar si la situación de la señora García satisface los criterios para considerar que se le ha amputado una parte de su propiedad por encima del límite de su capacidad para contribuir a la cosa común.

La Corte Suprema deberá analizar hasta dónde llega con sus facultades para decidir sobre cuestiones tributarias, considerando que ella no legisla, sino que lo hace el Congreso. Es justamente este poder del Estado el que define qué es lo que se grava y al Poder Judicial le corresponde no sustituirlo, sino establecer que esa regulación no vulnere un derecho constitucional.

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Los números del programa de reparación histórica

FUENTE: DIARIO LA NACION

Cuántos lo cobran y en qué estado está el plan

SILVIA STANG

Por el plan de reparación histórica de la ley 27.260, algo más de 1,35 millones de jubilados y pensionados de la Anses recibieron una mejora en sus haberes. En ese total y según los datos del organismo, están contados quienes tienen ahora dado de baja el aumento (hay más de 204.000 casos). Esas bajas afectan a personas que fueron incluidas en un mecanismo de pago anticipado (no se les pidió hacer trámites previos) y que, al no haber expresado su aceptación al 31 de agosto pasado, con el cobro de los haberes de octubre se les dejó de liquidar (salvo excepciones) el monto del plan. El plus puede ser repuesto -si se decidió avalar el plan y no ir a juicio-, pero antes se debe cumplir con los trámites de aceptación y firma del acuerdo y se debe conseguir la homologación judicial prevista por ley. Hay 60.000 jubilados que están haciendo esas gestiones.

A poco de cumplirse tres años del plan, la Anses informó que hubo 1.474.284 propuestas de pago hechas y que 1.064.485 fueron aceptadas.

Este último número incluye trámites aún sin terminar (hay quienes aceptaron y todavía no cobran). Tras expresar su aval, el jubilado debe firmar un acuerdo con la Anses, que es enviado al Poder Judicial para su homologación. Hasta diciembre, los jueces recibieron 745.559 expedientes, según datos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que revelan que solo 41.315 casos son de personas que tenían un juicio, al que renunciaron.

Mientras que hacia fines de 2018 se habían homologado algo más de 633.000 acuerdos, muchos trámites están ahora demorados, porque desde el Poder Judicial se devolvieron a la Anses más de 44.000 expedientes por errores formales, como la falta de datos. Otras decenas de miles de acuerdos esperan para ser remitidos a sede judicial. Según fuentes del organismo previsional, se están atendiendo las objeciones y reenviando los casos.

Alejo Maxit, secretario general de la Anses, explicó que el pago de las obligaciones que genera el plan de reparación histórica se está afrontando, de acuerdo con lo dispuesto por ley, con fondos provenientes del impuesto especial que pagaron quienes adhirieron al blanqueo fiscal. Este año el organismo recibió, para este fin, cerca de $100.000 millones. “Eso alcanza para 2019 y para principios de 2020, por lo que no será necesario recurrir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, apuntó el funcionario. La ley prevé que, una vez agotados los recursos del blanqueo como fuente de financiamiento, se recurra al fondo previsional, que está integrado en su mayor parte con los saldos que tenían en sus cuentas los afiliados al sistema de capitalización, eliminado en 2008. En primer lugar, según lo establecido normativamente, se prevé recurrir a las utilidades logradas por las inversiones del fondo, y luego, a lo producido por la venta de activos.

La reparación histórica es un plan por el cual el Estado reconoce que, en los últimos años, se les pagó a muchos jubilados menos de lo que correspondía (según lo ya expresado por la Corte Suprema). A partir de ese reconocimiento se hizo un recálculo de haberes, usando índices de actualización diferentes a los que se dispone utilizar cuando se gana un juicio. Los principales fallos del tribunal supremo cuyos criterios fueron atendidos por el plan son:

*Badaro: se declaró que entre 2002 y 2006 los haberes debieron haber subido no menos que la evolución que tuvo un índice salarial (88%).

*Elliff: se ordenó actualizar el valor de los 120 últimos salarios de quien se jubila; el promedio de esos datos integra la fórmula del haber inicial.

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