Archivo mensual: noviembre 2017

Jubilaciones: el embajador argentino en Finlandia desmintió a Basavilbaso

FUENTE: MINUTO1

Facundo Vila aclaró que las pensiones en el país europeo apenas son un poco más bajas que el ingreso por actividad. “Los jubilados acá no tienen dificultades”, sostuvo.”Finlandia tiene una fórmula de movilidad jubilatoria muy parecida a la nuestra”, dijo en los últimos días el titular de Anses Emilio Basavilbaso para justificar la reforma jubilatoria que pretende instalar el Gobierno.

Sin embargo, Facundo Vila, el embajador argentino en Finlandia, explicó cómo funciona el sistema en aquél país. “La jubilación es en función de aportes”, aclaró, y remarcó que “en general quien pasa a la situación de pasivo no tiene un descenso ni siquiera significativo en términos de ingreso”.

“Por supuesto que ganan menos que cuando están en actividad, pero no tienen dificultades”, agregó. En Finlandia, continuó Vila, “por la situación climática, los jubilados optan por ir a otros países más cálidos de Europa, donde, además, el costo de vida es menor, con lo cual están mejor que cuando trabajaban en su propio país”.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social había dicho que las jubilaciones argentinas “son más altas” que las del resto del mundo al defender la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.

“En general nuestras jubilaciones son más altas que las del resto del mundo y de la región. Lo que sucede es que en otros países hay sistemas privados que complementan a estas jubilaciones, del estilo de las AFJP, que son una suerte de ahorro voluntario“, explicó el funcionario.

 

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Jubilaciones de hoy y del futuro: el debate por la reforma recién empieza

FUENTE: DIARIO LA NACION

El proyecto previsional que se discute por estos días es, según el Gobierno, para una ley sólo de “transición”, porque después llegará la hora de una modificación integral; cómo quedó la iniciativa oficial y qué temas entrarán luego en observación

SILVIA STANG

Foto: Vicente Martí

Un nuevo régimen de movilidad de haberes basado en la evolución de los precios y de los salarios, una garantía de ingreso mínimo para algunos jubilados y un cambio a la ley de contrato de trabajo para que, quienes no quieran retirarse de su puesto laboral al cumplir la edad jubilatoria, puedan seguir allí por varios años más.

Esos son los tres temas incluidos en el proyecto de reforma previsional que se debate por estos días en el Congreso. También hay aspectos de la reforma tributaria en estudio que afectan al régimen previsional, porque los cambios acordados entre la Nación y las provincias implican, entre otras cuestiones, una modificación a las fuentes de financiamiento que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para pagar las jubilaciones del sistema nacional (que, dicho sea de paso, convive con varios regímenes provinciales y profesionales).

Hay una aclaración significativa en la que insiste el ministro de Trabajo, Jorge Triaca , respecto de lo que hoy se debate. El proyecto previsional, avisa, es de transición y, por tanto, lo que se disponga no llegará necesariamente para quedarse. El propio Gobierno se comprometió, desde la letra de una iniciativa que el Congreso convirtió en ley el año pasado, a elevar una propuesta para un cambio integral del sistema. Esa iniciativa abarcará los temas contemplados ahora (a futuro podría ratificarse o cambiarse lo que en breve dispondrá una ley) e incluirá aspectos que aún no están en la discusión.

La ley 27.260, que dispone que debe conformarse un Consejo de Sustentabilidad Previsional que funcionará el ámbito de la cartera laboral, pone las bases del sistema: dice que deberá ser “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”.

Entre los grandes ejes de la discusión estarán la forma en que se determina cuánto se cobra de jubilación o pensión; la modalidad de actualización periódica; la edad de retiro; el requisito de una cierta cantidad de aportes, y la forma en que se financian los pagos. En el contexto, factores como el envejecimiento progresivo de la población, la estructura del mercado laboral (hoy, con una informalidad cercana al 50% cuando se considera al conjunto de asalariados y cuentapropistas), la situación fiscal, las expectativas económicas y los objetivos y demandas sociales en cuanto a una reducción de la pobreza y de las desigualdades, irán marcando la cancha.

Especialmente puesta en la mira del Gobierno está la cuestión fiscal presente y futura. Las prestaciones previsionales representan más del 40% del presupuesto nacional. Y las obligaciones de pago se acrecentaron en los últimos tiempos por hechos como el otorgamiento de prestaciones por moratorias a quienes no tenían aportes o los tenían en forma insuficiente, y la implementación del plan de reparación histórica para dar respuesta a las malas liquidaciones de haberes hechas durante años. Vinculado con esto último está la amplia deuda pendiente por sentencias judiciales favorables a jubilados que demandaron al Estado, y que no aceptan las propuestas de pago del plan de reparación (en muchos casos, porque los montos ofrecidos están por debajo de lo que se obtendría con un fallo, dados los índices de actualización que ordenan los jueces).

¿Cómo están hoy los grandes ejes del sistema? ¿Que podría cambiar en lo inmediato y de qué manera se plantearía el debate de fondo?

EL CÁLCULO, ¿CUÁNTO COBRA QUIEN SE JUBILA?

“Es un tema que debería ponerse en discusión”, señala el abogado Jorge García Rapp, asesor en temas previsionales, quien estudió el tema del 82% móvil (el tan citado objetivo de un haber jubilatorio vinculado en esa proporción al salario activo de cada persona), para concluir que “no existe fundamentación actuarial, financiera o jurídica” que sostenga que esa deba ser la promesa del sistema.

Con la fórmula de cálculo actual, agrega, la tasa de sustitución (que indica qué proporción del salario activo representa el primer haber que se cobra) puede llegar a ser de entre 80 y 85% cuando se trata de salarios bajos (en rigor, salarios cercanos al mínimo, con lo cual son en la práctica pocas las jubilaciones con ese nivel de reemplazo), para ir cayendo hasta llegar a alrededor de 40% en el caso de quienes perciben remuneraciones altas. Es una tasa de sustitución medida sobre el promedio de los salarios de los últimos 120 meses trabajados.

Este promedio es la base para calcular el haber inicial (para eso, al valor histórico de esas remuneraciones se lo actualiza siguiendo un índice de salarios). ¿Qué se hace luego? Se calcula el 1,5% de ese promedio y, al resultado, se lo multiplica por el número de años con aportes. Esto implica que, con 30 años contribuidos, se obtiene una cifra equivalente

al 45% de aquel promedio salarial. Y con 35 años, un 52,5%. Por ejemplo, si el promedio salarial de los 10 años resulta de $ 30.000, se llegará, con 30 años de aportes, a $ 13.500. A eso se suma un monto de igual cuantía para todos, la prestación básica universal (PBU), que se ajusta por movilidad y que hoy es de $ 3423,60. Así, con un haber de $ 16.923, la tasa de sustitución sería en este caso de 56,4%.

La explicación al hecho de que a menor salario haya una mayor tasa de reemplazo de ingresos, está en esa prestación de igual monto para todos. También influye que, para las remuneraciones más elevadas rige un tope móvil, hoy de $ 81.918, para calcular el aporte personal con destino al financiamiento de la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que para todos los salarios superiores a ese monto, el descuento jubilatorio siempre es de $ 9011, el 11% de ese salario tope. La reforma tributaria prevé eliminar en forma progresiva esa limitación para el cálculo, lo cual implicaría que, al final del camino, con un sueldo bruto de $ 100.000, por ejemplo, se pase a aportar $ 11.000. Una disposición así llevaría a liberar topes vigentes en las jubilaciones.

Un tema presente en los debates es la posibilidad de promover formas de ahorro voluntario (seguros de retiro, por ejemplo) para mejorar las prestaciones futuras. Hoy, prácticamente no existen incentivos impositivos.

La cuestión de fondo es la posibilidad que tendrá a futuro el sistema de financiar las prestaciones que se comprometa a pagar, sobre todo cuando crecerá el número de personas pasivas en relación con las activas. Esta relación no sólo es importante por los aportes y contribuciones del sistema laboral, que financian una parte de los pagos, sino también por su incidencia en la fuerza y la capacidad productiva del país, cuya magnitud determina cuántos recursos puede obtener el Estado por los impuestos.

El proyecto que se analiza hoy busca garantizar que ningún haber al que se haya accedido habiendo hecho los aportes correspondientes sea inferior al 82% del salario mínimo, vital y móvil. Si la nueva ley empieza a regir en enero próximo, desde ese mes deberá pagarse entonces un plus, para que nadie cobre menos de $ 7790, que es el equivalente al 82% de $ 9500, el salario mínimo que regirá apenas comience 2018. Actualmente y hasta febrero, el haber mínimo es de $ 7246. El complemento sería entonces de hasta $ 544 y su aplicación estaría limitada, según la iniciativa, a quienes hayan hecho 30 años de aportes.

De aprobarse así el proyecto, los términos de esa condición deberían ser aclarados en una reglamentación. Según advierte el abogado Adrián Tróccoli, hay prestaciones a las que sus beneficiarios accedieron habiendo cumplido con todo lo requerido por ley (y no por moratoria) sin que se haya llegado a 30 años de aportes (es el caso de una pensión por el fallecimiento del trabajador).

Un tema a analizar dentro del capítulo de las prestaciones que ofrecerá a futuro el sistema, es el que incluye a autónomos y monotributistas. Hoy, gran parte de quienes están en el primero de estos grupos puede acceder sólo el haber mínimo, igual que los del segundo grupo y pese a que éstos aportan mucho menos y reciben, más allá de si el valor es considerado bajo, una prestación subsidiada.

LA ACTUALIZACIÓN, ¿CÓMO DAR MOVILIDAD?

Es la cuestión central del proyecto actual. Desde 2009 rige un sistema de movilidad que establece dos subas por año, en marzo y septiembre, según una fórmula que contempla, entre sus variables, la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios que van a la Anses.

Si se consideran los índices de precios estimados por consultoras privadas hasta 2015 (cuando el Indec no tenía credibilidad) y los datos oficiales posteriores, puede estimarse que los haberes subieron en la práctica un 20% más, en los últimos 9 años, respecto de lo que se habrían incrementado si sólo se hubiera considerado la inflación. Seguir sólo la evolución del índice de precios minoristas fue la intención del Gobierno, que quedó reflejada en el texto enviado al Congreso. La negociación con la oposición llevó a un cambio en la fórmula, que finalmente combinará la evolución de los precios y de los salarios. Se prevé dar actualizaciones trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Cómo sería la cuenta? Se sumarían el 70% de la inflación trimestral y el 30% de la variación del índice de la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte). Para la suba de marzo se consideraría el tercer trimestre del año previo (para el ajuste de junio, el cuarto trimestre también del año anterior, y para los aumentos de septiembre y diciembre, los trimestres que van de enero a marzo y de abril a junio del año en que se aplican las alzas, respectivamente).

De esta manera, como entre julio y septiembre pasados la inflación fue del 5,1% (el 70% es 3,57%) y la suba del Ripte fue de 7,1% (el 30% es 2,13%), puede estimarse que la recomposición sería de 5,7 por ciento.

Ese índice es mayor que el que habría resultado de considerar sólo la inflación (de 5,1%). Pero mientras que el pacto firmado entre la Nación y las provincias dice que las jubilaciones deberán subir más que la inflación, la fórmula consensuada no garantiza que a futuro se cumpla tal objetivo. En otros períodos, el alza de salarios podría ser inferior al de los precios. Y un punto que hay quienes ponen en debate es si debería existir un índice de inflación referido a los jubilados.

Por lo pronto, la aplicación de la nueva movilidad entraría en juego con la garantía del 82% del salario mínimo. Según el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, quien reciba en enero una mejora para que su haber no sea inferior a $ 7790 (el haber garantizado) no percibiría el ajuste en marzo. Salvo que la aplicación del índice de movilidad (tomando como base el ingreso que cobra ahora) implique llegar a un haber mayor al de la garantía del 82%. Entonces sí se daría la movilidad. “Se considerará la mejor de las dos opciones”, dice el funcionario.

Para el economista y profesor de la UBA Oscar Cetrángolo, la propuesta va en la dirección correcta, porque no se justifica mantener un ajuste de haberes basado en la recaudación. “Los cambios en los sistemas jubilatorios deben evaluarse por su impacto en el mediano plazo”, dice, y agrega que una meta debe ser mantener la tasa de reemplazo con el ingreso activo.

Según recuerda la abogada Elsa Romero, la consideración de que las jubilaciones deben guardar una proporción “razonable” con los salarios es algo dicho por la Corte Suprema en sus sentencias. De hecho, tratar de evitar que un nuevo sistema provoque litigiosidad, es algo que influyó para que el Gobierno aceptara no insistir en su propuesta original.

Para Tróccoli, como primera medida antes de la entrada en vigor de una nueva fórmula de movilidad, debería compensarse la pérdida de poder adquisitivo de 2016, cuando la inflación superó el 40% y la suba de haberes fue de 31,7%. Ese desfase tiene una compensación parcial este año, en el que los ingresos de los pasivos suben un 28% contra una inflación que se ubicaría en 22 o 23%.

EDAD Y APORTES, ¿HASTA CUÁNDO TRABAJAR?

El proyecto oficial prevé que las empresas sólo puedan intimar a sus empleados a tramitar la jubilación y retirarse cuando éstos tengan 70 años. Así, no se modifica la edad mínima para acceder a la jubilación (60 años para las mujeres y 65 años para los varones) pero se promueve que haya un retiro más tardío, lo cual aliviaría las obligaciones de pago del sistema.

Hoy no es obligatorio retirarse apenas se alcanza la edad, pero en el caso de los asalariados, el empleador puede intimar a su empleado a iniciar el trámite para la jubilación. Y a partir de entonces, la empresa está obligada a mantenerlo en la dotación (o a indemnizarlo si lo despide) hasta que obtenga la prestación y hasta un año como máximo. Ahora, la posibilidad de permanencia tras llegar a la edad de retiro se extendería por 10 años para las mujeres y por 5 para los varones. “Esto puede tener un impacto positivo a nivel social y macroeconómico”, señala Rafael Rofman, economista del Banco Mundial, quien explica que estos trabajadores suelen ser de alta productividad. “Este tipo de flexibilidad es común en otros países y permite que el sistema previsional responda mejor a las necesidades específicas de cada trabajador”, agrega.

Un eje de análisis es el impacto que esa prolongación de la vida activa podría tener en un mercado laboral que no logra absorber a quienes se incorporan año tras año. Fue un punto planteado por los sindicalistas en las negociaciones. Y será tema de debate si en la reforma integral se busca modificar la edad jubilatoria, lo cual podría implicar una unificación del requisito para mujeres y varones. Las proyecciones demográficas marcan que, además de jubilarse más temprano, las mujeres tienen, en promedio, más sobrevida que los hombres.

En cuanto a los aportes, el sistema marca un mínimo de 30 años como requisito. Pero desde octubre de 2016 se otorga la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con la única condición de tener 65 años, sin necesidad de aportes. La prestación equivale al 80% del haber mínimo (el monto actual es de $ 5797) y es percibida por unas 20.000 personas.

Hacia adelante, deberá decidirse si seguirá ese esquema. Y, según Basavilbaso, se debatirá también sobre posibles prestaciones proporcionales, en función del número de aportes realizados. Un tema más para una discusión que recién comienza.

 

 

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Con la nueva fórmula, en marzo de 2018 las jubilaciones aumentarían 5,7% en lugar de 5,2%

FUENTE DIARIO CLARIN

Los ajustes se calcularan tomando en cuenta una combinación entre la inflación y la variación de los salarios.

ISMAEL BERMUDEZ

A propuesta del Senador Miguel Pichetto, el Gobierno aceptó cambiar su propuesta de movilidad de jubilaciones y demás prestaciones sociales. Así en lugar de que los aumentos de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales se ajusten cada tres meses por el IPC más el 5% del crecimiento anual del PBI en junio, se acordó que se ajustarán trimestralmente en un 70% por la suba de la inflación y el 30 % restante por el indice RIPTE, que elabora el Ministerio de Trabajo según la variación de los salarios formales. Y se acordó eliminar el plus del 5% de crecimiento real de la economía.

Con este cambio, el próximo primer aumento de las jubilaciones y prestaciones sociales, en marzo, en lugar del 5,2%, será del 5,7%.Representa una mejora de 0,5 puntos. En el haber mínimo la mejora adicional es de $ 36.

e esta manera, el haber mínimo bruto –antes de los descuentos– que cobra más de la mitad de los 6,5 millones de los jubilados y pensionados, en lugar de subir en marzo de 2018 de $ 7.246 a $ 7.623, pasará a $ 7.659. Y la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $ 1.412 en lugar de pasar a $ 1.485, subirá a $ 1.492, un adicional de $ 7 por sobre la fórmula original del Gobierno. .

Así las cosas, esta nueva versión de la fórmula no altera sustancialmente la fórmula original. Es que el problema central es que con la fórmula hoy vigente, en marzo de 2018 el aumentono debería ser inferior al 12%, y la nueva fórmula acordada en el Senado la reduce al 5,7%.

Esto explica la rápida aceptación por parte del Gobierno ya que le permitiría al Gobierno pagar durante 2018, aumentos inferiores en torno de los $ 100.000 millones, un punto central del acuerdo del Gobierno con los Gobernadores.

Para los especialistas, el problema no está solo en los índices de actualización – salarios, inflación o recaudación– sino que se reemplaza en forma retroactiva un indice semestral que debía aplicarse en marzo por otro solo trimestral. Por esa razón y ya devengado el segundo semestre, el especialista Guillermo Jauregui dice que “se reemplaza retroactivamente una fórmula de movilidad que se encuentra vigente por otra que no solo reemplaza el aumento combinado de salarios y recursos tributarios destinados a la Seguridad Social por el Índice de Precios Minoristas sino que cercena un período semestral de referencia (julio/diciembre 2017), ya devengado, por uno trimestral (Julio/septiembre de 2017)”.

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El peronismo presiona para hacer cambios en la ley de reforma jubilatoria

FUENTE: DIARIO CLARIN

El proyecto será tratado hoy en comisión. En el bloque del PJ hablan de mejorar el plus por encima del ajuste por inflación en los haberes. El oficialismo quiere sacar hoy mismo el dictamen.

CARLOS GALVAN

El peronismo presiona para hacer cambios en la ley de reforma jubilatoria

El destino inmediato de la ley de reforma previsional que impulsa el Gobierno quedó momentáneamente en manos de los gobernadores. Hoy fueron invitados a exponer en un plenario de comisiones del Senado y dependiendo del número de mandatarios que asistan, de su relevancia política y de lo que digan, el proyecto podrá, o no, avanzar, según admitían anoche en la aún mayoritaria bancada del PJ-FpV.

Al plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto fueron invitados los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne y todos los gobernadores. En la Casa Rosada aseguraban anoche que tenían confirmada la presencia de 16 gobernadores en total, 13 opositores y 3 oficialistas.

Pero en el peronismo en el Senado manejaban números más modestos. Decían que de la oposición solo tenían confirmados a los peronistas Juan Schiaretti, Gustavo Bordet, Juan Manuel Urtubey y Rossana Bertone y al rionegrino Alberto Weretilneck.

Del oficialismo se esperaba a Gerardo Morales, Ricardo Colombi, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

“Si vienen muchos gobernadores y de los importantes y avalan el proyecto, seguramente le daremos despacho. Ahora si no vienen buscaremos introducir cambios en el proyecto”, confió un senador clave de la bancada del pejota.

Ese senador mencionó puntualmente como “importantes” a la santacruceña Alicia Kirchner, al pampeano Carlos Verna y al formoseño Gildo Insfrán.

En el Gobierno insistían ayer con que buscarán que la ley salga sin cambios ya que así fue acordada con los gobernadores la semana pasada, en el pacto que firmaron con Mauricio Macri.

También mostraban optimismo en que hoy el oficialismo logrará darle dictamen a la iniciativa -y también a la de Consenso Fiscal- para que pueda obtener ya la semana próxima media sanción.

La de Pacto Fiscal, que sí tendría consenso, establece un compromiso de las provincias de bajar el impuesto a los Ingresos Brutos y una solución al conflicto por el Fondo del Conurbano, entre otros puntos.

Se hablaba, incluso, de aprobar ambos proyectos en una sesión de horario bastante inédito: la madrugada del jueves 30. El horario es porque ese jueves se cumplirían los 7 días exactos del dictamen que el reglamento exige para que una norma llegue al recinto.

En la oposición calificaban a la hoja de ruta oficialista de “demasiado optimista”.

El punto más conflictivo de la reforma previsional es el ajuste de los valores de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales de acuerdo con la inflación más un plus relacionado con el crecimiento de la economía.

La propuesta oficial es que ese plus sea del 5% de la evolución del PBI en términos reales. En caso de un crecimiento de 4% implicaría, para un sueldo de $10.000, apenas $ 20.

En el peronismo se hablaba ayer de que se buscaría que ese extra sea del 40% de lo que crezca el PBI. Así, si la economía aumentara un 4%, el plus por encima de la inflación sería del 1,6%. En dinero la diferencia entre uno y otro esquema es ínfima.

La última palabra, sin embargo, la tendrán el Gobierno y los gobernadores. Se espera que las negociaciones continúen durante todo el día, por lo que el oficialismo espera que en caso de que haya acuerdo el dictamen se termine firmando por la noche.

El martes, el presidente de la comisión de Trabajo, el peronista pampeano, había dicho que estaba en contra de un tratamiento exprés de los proyectos. “No veo que estén dadas las condiciones para que este debate pueda darse en un sólo día, no veo cuál es el motivo de la celeridad”, sostuvo.

Hay sectores del peronismo que trabajaban ayer para postergar al menos una semana los dictámenes.

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Desde marzo, la jubilación mínima pasaría a $ 7.623 y la AUH, a $ 1.485

FUENTE: DIARIO CLARIN

Es por el cambio en la fórmula de la movilidad que prevé el proyecto oficialista acordado con los gobernadores. Es una suba de 5,2%.

ISMAEL BERMUDEZ

Desde marzo, la jubilación mínima pasaría a $ 7.623 y la AUH, a $ 1.485

Mauricio Macri firma la semana pasada el acuerdo con gobernadores que prevé cambios en las jubilaciones. Lo acompañan Vidal (Buenos Aires) y Corpacci (Catamarca).

Por el cambio en la fórmula de movilidad que propone el Gobierno, el haber mínimo bruto –antes de los descuentos– que cobra más de la mitad de los 6 millones de los jubilados y pensionados subirá en marzo de 2018 de $ 7.246 a $ 7.623, un incremento de $ 377. Y la Asignación Universal por Hijo (AUH) de $ 1.412 pasará a $ 1.485, un incremento de $ 73.

Estas cifras son porque las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que alcanzan a más de 17 millones de personas se ajustarán en marzo próximo en un 5,2%, si se aprueba el proyecto oficial que ingresó el viernes al Congresoque estipula que el próximo primer aumento se basará en la inflación de julio-septiembre de 2017.

Luego, en junio, esos beneficios se ajustarán por la inflación de octubre a diciembre de 2017, más un 5% de la variación porcentual real del Producto Bruto Interno. Esto significa, por ejemplo, que si la inflación del cuarto trimestre fuese del 4,5% y el crecimiento anual del 4%, el plus por PBI sería de 0,2 puntos y el aumento total sería del 4,7%.

De aquí se desprende que para una jubilación o pensión de $ 10.000, el plus anual por crecimiento sumaría $ 20 más por jubilado o pensionado por mes. En cambio, si se otorgara todo el aumento del PBI, el plus anual sería de $ 400.

Además de cambiar la fórmula de movilidad, el proyecto propone reemplazar el aumento semestral por incrementos trimestrales pero con un desfase de hasta de 6 meses. Esto es así porque, por ejemplo, recién en junio de 2018 los beneficiarios de las prestaciones recibirán la inflación de cuarto trimestre de 2017, de acuerdo al proyecto oficial.

En cambio, con la actual fórmula, en marzo de 2018 las prestaciones deberían aumentar por las variaciones de las variables – salario/recaudación– del segundo semestre de 2017. En septiembre de 2018, se repite el desfase porque el aumento de haberes se basará en la inflación de enero-marzo de 2018, cuando por la actual fórmula deberían aumentar por lo que pasó entre enero y junio de 2018.

El especialista Guillermo Jáuregui insiste en que la fórmula no puede ser modificada en forma retroactiva. Su argumento es que, al votar el Congreso la nueva fórmula, ya estarán devengados los índices de la fórmula actual (salarios/recaudación) que arrojarían no menos del 12% a otorgar en marzo.

El proyecto fija que los “beneficiarios de la PBU (Prestación Básica Universal) tendrán la garantía del 82% del salario mínimo, vital y móvil –una relación que ya rige en la práctica– que acrediten 30 años de aportes efectivos. Expresamente, excluye de esa garantía a los que se jubilaron por moratoria. Pero, según los especialistas, las jubilaciones de regímenes con menos de 30 años de aportes, los que se jubilaron con “exceso de edad” compensando años de aportes y las pensiones por invalidez o fallecimiento (que se calculan sobre el sueldo, y no tienen PBU) quedarían al margen de esa garantía, con lo que habría diferentes haberes mínimos, según el tipo de jubilación o pensión, menores al mínimo universal.

Otro cuestionamiento de los especialistas es que, mientras las jubilaciones y pensiones ya otorgadas se ajustarán por inflación, los haberes de los nuevos jubilados se basarán en el sueldo promedio de los últimos 10 años actualizados por una nueva fórmula que toma en cuenta la variación de los salarios (RIPTE). La falta de uniformidad en los índices de ajustes puede llevar a desfases en el sistema, advierten.

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Congreso: con el aval de los gobernadores, el oficialismo apura la reforma jubilatoria

FUENTE: DIARIO CLARIN

Cambiemos buscará darle dictamen esta semana y aprobarla la próxima en el Senado. No descartan conceder un mayor plus en la fórmula de movilidad, aunque ya tendrían los votos. 

MARTIN BRAVO

CARLOS GALVAN

Congreso: con el aval de los gobernadores, el oficialismo apura la reforma jubilatoria

Cerrado el pacto con los gobernadores y la CGT, el Gobierno decidió acelerar el tratamiento de los proyectos de reforma con un primer raid en el Senado. Los mandatarios provinciales firmaron el acuerdo -todos menos San Luis- para no perder recursos y avalaron el cambio en la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios, una iniciativa ya controvertida que sumó críticas al conocerse los detalles y el carácter mínimo del pluspor encima de la inflación.

El oficialismo no descarta aceptar modificaciones, aunque vislumbra un panorama favorable para tener los tres proyectosingresados en esa Cámara -previsional, cambios laborales y pacto fiscal- aprobados a fin de mes.

El Senado tendrá una actividad intensa de acuerdo con el cronograma diseñado por Cambiemos: este miércoles y jueves debate en comisión y firma de dictámenes, una semana después votación en el recinto. Jorge Triaca -ministro de Trabajo- irá a defender la reforma laboral y un grupo de gobernadores expondrá a favor del pacto fiscal.

El Gobierno buscará así compartir el costo político del cambio de movilidad: aun cuando los mandatarios eviten referirse a ese punto, los proyectos llegaron al Congreso en forma de paquete.

“Trabajamos para tener el apoyo de la CGT y los gobernadores, así que calculamos que el peronismo va a contribuir a que tengan sanción”, dijo Federico Pinedo -presidente provisional del Senado- a Clarín.

Miguel Pichetto, jefe del bloque del PJ y clave para la Casa Rosada, habló en la misma línea de tratarlos en el período de sesiones ordinarias, es decir antes del 30 de noviembre. Ya se había contado uno de los motivos: apurar los debates para terminarantes de que ocupe su banca Cristina Kirchner, para evitar darle un escenario de confrontación aun cuando eso no impidiera la aprobación de los proyectos.

El Gobierno impulsaba ajustar de manera trimestral los valores de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales de acuerdo con la inflación y antes de la firma del pacto incluyó un plus para garantizar un aumento mayor, a pedido de los gobernadores.

Al conocerse la fórmula volvieron las críticas, porque la variación tendrá un desfase de hasta seis meses y el extra en junio será del 5% de la evolución del PBI en términos reales. Este último ítem en caso de un crecimiento de 4% implicaría, para un sueldo de $10.000, apenas $20.

Con la nueva fórmula, el haber mínimo bruto iría en marzo de $7.246 a $7.623 y la Asignación Universal por Hijo de $1.412 a $1.485, un 5,2% basado en la inflación de julio a septiembre de este año. Con la movilidad actual la suba sería de no menos de 12%. Y el texto también extiende de manera opcional hasta los 70 años la edad jubilatoria.

El oficialismo no descarta aceptar alguna modificación al plus, aunque los votos ya le alcanzarían para aprobar el proyecto.

“Está previsto que salga todo porque atrás están los gobernadores. Con la fórmula hay consenso. Si surge alguna propuesta de la oposición, veremos”, adelantó la postura un funcionario encargado de las negociaciones.

Pichetto abrió el camino para avanzar: consideró “realmente equitativo” el ajuste por inflación y crecimiento de PBI. “Hay que ir ordenando el sistema previsional”, dijo a radio Mitre.

Algunos senadores peronistas por lo bajo expresaron críticas, aunque descontaron que el paquete pasará el filtro de la Cámara.

“La fórmula es muy amarreta, pero a los gobernadores les interesa no perder plata y los proyectos van a salir”, estimó uno con buen vínculo con el oficialismo, aunque advirtió: “Va a generar mucha litigiosidad y a necesitar una homologación de la Corte, para evitar una andanada de juicios”.

Otro legislador peronista dio un diagnóstico similar: “La mayoría va a apoyar, no hay margen de maniobra”.

La reforma implicaría un ahorro de unos $ 100.000 millones y para conseguir el apoyo Nación compensó a las provincias con un bono por $ 80.000 millones

Para cerrar filas y reforzar los argumentos para los debates, los ministros de las áreas de las reformas expondrán mañana -sería en la Casa Rosada- ante los diputados y senadores actuales y electos de Cambiemos.

En la Cámara baja el Presupuesto 2018 y la reforma tributaria quedarían para extraordinarias. En ese caso Cristina Kirchner ya sería parte del tratamiento en el Senado: allí llegarían esos proyectos después de la asunción de la ex presidenta.

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Así se calcularán los aumentos jubilatorios si avanza el proyecto de reforma previsional del Gobierno

FUENTE: INFOBAE

La Casa Rosada propuso una nueva fórmula basada en el inflación y la evolución del PBI

Con las firmas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Gobierno nacional envío esta madrugada a la Cámara de Senadores el proyecto de reforma previsional consensuado con los gobernadores que cambiará la forma de aplicar los aumentos jubilatorios a partir del año que viene. Pero también consta de otros agregados, entre ellos, la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años y la fijación del 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima.

La propuesta girada al Congreso plantea importantes modificaciones al núcleo Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siendo el eje de esta revisión el índice de movilidad de los haberes, en la que se incluye, parcialmente, algunos reparos de sectores de la oposición.

Tal como se había anticipado, los incrementos se aplicarán en base a la evolución de la inflación, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), y serán trimestrales, a otorgarse en los meses de marzo, junio,septiembre y diciembre de cada año.

Sin embargo, hay agregados novedosos. La fórmula incluye, además del porcentaje a otorgar vía IPC, una suba en relación al crecimiento de la actividad económica calculado a junio de cada año, por lo que se incorporará a los haberes a partir de ese mes. Este valor se otorgará “en relación al 5% de la variación porcentual real del PBI“.

Según se indica en el proyecto, que ingresó hoy a las 00:51 al Senado, la actualización de los haberes no podrá ser a la baja en ningún caso. Es decir, cuando se produzca el caso hipotético de una caída de la inflación o del PBI, los haberes no disminuirán.

De aprobarse en el Congreso, la nueva fórmula comenzará a aplicarse a las jubilaciones partir del 1 de marzo de 2018. La primera suba se ejecutará tomando como base la evolución de los precios entre septiembre y junio de 2017. En junio de 2018, se fijará en torno a la variación entre diciembre y septiembre del año pasado. En septiembre de 2018, se ajustará en relación a la variación entre diciembre de 2017 y marzo del año que viene; y finalmente, en diciembre de 2018, se pagará en función a la inflación entre junio y marzo.

82% móvil y aumento optativo de edad jubilatoria

En el capítulo para fijar los aumentos jubilatorios mínimos, el Gobierno propone otorgar una Prestación Básica Universal (PBU) que consiste en el 82% móvil del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Con esta medida, “se busca reforzar el principio de proporcionalidad premiando el esfuerzo de cotización realizado, sin perjuicio de tener presente el principio de solidaridad que debe regir para todos los institutos que forman parte de la seguridad social”, destaca el texto.

En tercer lugar, el proyecto modifica la “facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse“, fijando el derecho optativo de cada empleado a extender su edad jubilatoria hasta los 70 años.

“A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes“, se explica en la reforma previsional. Sin embargo, se aclara en el texto que el trabajador no pierde el derecho a solicitar su jubilación antes de cumplir de los 70 años.

Para justificar el aumento optativo de la edad jubilatoria, la Casa Rosada señala en el proyecto que existe “un importante sector de la población con una esperanza de vida superior a la de las generaciones precedentes y con ganas e intenciones de seguir trabajando más allá de la edad de jubilación”.

El debate en torno a la fórmula de actualización

Actualmente, las jubilaciones se actualizan a partir de una ecuación que combina la evolución de los salarios y el incremento de la recaudación, un sistema que rige desde 2009 y que se implementa de manera automática dos veces, en los meses de marzo y septiembre.

Con este esquema, hubo años en que los jubilados perdieron poder adquisitivo cuando la recaudación y los aumentos salariales quedaron retrasados con respecto a la inflación.

“La revalorización automática de las prestaciones a través del índice de precios al consumidor nacional asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas ante la erosión provocada por la variación de precios, preservando su valor en el tiempo“, asegura el texto enviado al Senado.

Sin embargo, voces críticas al Gobierno advierten que con el la nueva fórmula los aumentos para la clase pasiva serán menores al del esquema anterior. La diputada del Frente Renovador y especialista en sistema previsional, Mirta Tundis, consideró que la actualización por inflación “empeora la situación“. “El 76% de los jubilados tienen los haberes por debajo de los 15 mil pesos. ¿Cuánto le va a mover un aumento del 3% trimestral a un jubilado?”, se preguntó la legisladora. El defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, advirtió que ajustar los haberes jubilatorios por inflación sería “ratificar la condena a muerte” de los adultos mayores.

Por su lado, el diputado nacional de La Cámpora, Axel Kicillof alertó que la reforma es “un palazo” para los jubilados, ya que el ajuste de la fórmula “implica que unos 100 mil millones de pesos van a ir una parte a la gobernadora (María Eugenia) Vidal y otra en la reducción de impuesto para los empresarios”.

Sin embargo, la Casa Rosada intenta replicar el argumento de la virtual congelación de los haberes reales con la incorporación de la variación del PBI, lo cual supone “aumentos por encima de la inflación“, según afirmó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió la reforma acordada con los gobernadores al advertir que el objetivo es “dar sustentabilidad” al sistema.

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