Archivo mensual: junio 2017

Un jubilado se suicidó de un tiro en la cabeza en una sede de la ANSES de Mar del Plata

FUENTE: INFOBAE

Una sede de la ANSES de Mar del Plata fue el escenario esta mañana de un hecho terrorífico. Un jubilado de unos 90 años se suicidó al pegarse un tiro en la cabeza delante de todos los empleados y el resto de los afiliados.

El incidente se produjo poco después de las diez y media de la mañana en el establecimiento ubicado en la avenida Independencia al 3100 y fue registrado en video por uno de los testigos.

Según las primeras versiones, el hombre, llamado Rodolfo Oscar Estivill, había acudido al ANSES a primera hora de la mañana junto a una de sus sobrinas para realizar el trámite por el cambio de domicilio. Tenía pensado mudarse a Buenos Aires.

En un instante, el hombre le dijo a su sobrina que debía subir al primer piso para hacer un trámite. Al regresar, sucedió todo. El abuelo empezó a hablar con un tono muy alto. Lanzó el bastón al suelo y sacó un arma que tenía guardada en un bolsillo. Les agradeció a sus sobrinas, que lo acompañaron en los últimos años, pero afirmó luego que había tomado una decisión.

Ya no aguanto más. Dejame solo. Este es mi destino. No puedo seguir viviendo en esta situación“, le expresó Estivill a su sobrina. El abuelo también adujo problemas económicos. Instantes después, todos los presentes le gritaron que no hiciera nada, pero fue en vano: el hombre apretó el gatillo con el arma sobre su cabeza.

Pocos minutos después del incidente, Estivill fue trasladado de urgencia y aún con vida al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fue intervenido por los profesionales. El jubilado murió dos horas después, según confirmaron fuentes sanitarias y judiciales a los medios locales.

Tras el hecho, el titular de la ANSES Emilio Basavilbaso lamentó el hecho y dijo que “esta situación nos afecta a todos”.

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La situación judicial de los jubilados no ha mejorado, dice el juez Luis Herrero

dice el juez Luis Herrero

Alfredo Popritkin

Buenos Aires, Argentina

28 de jun. de 2017 — Entrevista realizada en el programa “Al derecho y al revés”.

Los expedientes siguen paralizados, demoran siete años, pero cuando concluyen no se pagan las liquidaciones.
Audio:
https://www.mixcloud.com/ecomedios/luis-herrero-juez-de-la-camara-federal-de-la-seguridad-social-aldereyalreve-27-6-2017/

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Historia secreta de cómo nos confiscan nuestras jubilaciones

FUENTE: URGENTE24

La Administración Nacional de Seguridad Social no quiere pagar lo que adeuda. No es la 1ra. vez que sucede: desde los días de Raúl Alfonsín hasta la fecha, se suman litigios de los jubilados que le reclaman al Estado que cumpla con pagos que debe reconocer el principio de continuidad jurídica de todo Estado. Es interesante que la cuestión previsional se ha agravado peligrosamente durante la democracia representativa recuperada. Y hay datos llamativos como que la obra social para pensionados y jubilados, PAMI, fue una creación de la Revolución Argentina, corrompida peligrosamente, y hasta quebrada en forma reiterada, por los sucesivos gobiernos populares, que nunca le concedieron la gestión a los interesados, imitando lo que hicieron los administradores ‘de facto’. En cualquier caso, lo más grave es que quien más aporta, no es el que más jubilación consigue; y que todo lo que se hizo mal, se sigue haciendo peor.

Por SEBASTIÁN BOIX MANSILLA

El sistema previsional argentino desde sus génesis fue blanco de todo tipo de confiscaciones y manipulaciones por parte de los gobernantes de turno. Presentamos aquí, brevemente ese derrotero, y una descripción de la situación vigente, que no ha cambiado.

En 1957 los constituyentes incorporaron el artículo 14 bis a nuestra Carta Magna, dando origen a la seguridad social, en su tercer párrafo que reza: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna constitucional.”

Como podemos ver, los constituyentes, conocedores de la historia de confiscación de los aportes jubilatorios, establecieron que la administración de la seguridad social a cargo del Estado sería administrada por los interesados.

Sin embargo, tal cosa no sucedió, y nada logró contener la inclinación de los distintos gobiernos a lesionar los derechos consagrados, en lugar de procurar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones del Estado. Así fue como, a lo largo de la historia del sistema previsional, la sociedad fue transitando a través del espiral vicioso de moratorias impositivas y licuación de los derechos previsionales.

Tanto fue el avasallamiento que son pocos los argentinos que conocen sus derechos, y menos aún los que logran ejercerlos. Que la administración de la seguridad social esté en manos del Poder Ejecutivo en lugar de los interesados –contrariando la letra de la Constitución Nacional- facilita significativamente el analfabetismo legal y fomenta la asimetría de información entre quien opera y otorga el beneficio –el Estado- y quienes los reciben –los individuos-.

Esta asimetría también favoreció la impunidad y las políticas confiscatorias: si quien define el monto de la deuda es el deudor –el Estado-, si el acreedor desconoce su acreencia y sus derechos, y si a esta situación le agregamos la facultad de reglamentar de la ANSeS, que es ejecutora y beneficiaria de la confiscación, habremos logrado un contexto en el cual no existe barrera de contención para los excesos.

Los mecanismos de expropiación siempre fueron los mismos, tanto en la legislación anterior como en la actual: menor haber inicial y movilidad de la prestación respecto de lo que corresponde.

Así fue como, a pesar de que fueron implementados estos dos mecanismos de expropiación de los aportes, ya sea por el aumento de la expectativa de vida, ya sea por la licenciosa política de recaudación fiscal o por algún otro motivo, el Estado consideró inviable la sustentabilidad del sistema previsional y los derechos que otorgaban las leyes 18.036 y 18.037, entre otras, y procuró la sanción de la Ley 24.241.

Las diferencias entre los sistemas anterior y vigente están dadas básicamente por los beneficios que otorgan y los requisitos para acceder al beneficio. De por sí, los beneficios del nuevo sistema son significativamente menores: se pasó de un sistema que abonaba 20 años al beneficiario a uno que le abona sólo 15 como consecuencia de la postergación de la edad jubilatoria. Al mismo tiempo, se pasó de un derecho de recibir una jubilación del 70% del salario de actividad a uno de aproximadamente 50%, como promedio.

El requisito de 30 años de trabajo con un mínimo de 20 con aporte computados y 10 por declaración jurada se cambió a 30 años con aportes computados y registrados. Finalmente, la base jubilatoria que era equivalente a los mejores 3 años dentro los últimos 10 trabajados, ahora es un promedio simple de un salario topeado de los últimos 10.

Todos estos cambios disminuyeron en términos reales los montos de los haberes previsionales.

Tal como si esto no fuera suficiente, también fueron vulnerados los mecanismos de determinación y de movilidad de las prestaciones, es decir, su actualización, claves en un país, como el nuestro, de alta inflación crónica.

La incorporación del AMPO (aporte previsional medio) como la unidad de medida que conjugaba el aporte previsional de actividad con la prestación de pasividad, se proyectaba como el mecanismo justo tanto para la determinación del haber inicial como para su posterior ajuste. La incorporación del concepto de cuota-parte de las AFJP para el ajuste del haber, también agregaba certeza al haber futuro.

Ahora bien, el AMPO fue reemplazado por lo que estableciera la Ley de Presupuesto, lo mismo que su base de actualización, es decir, los salarios de actividad.

Demás está decir que la Ley de Presupuesto jamás actualizó razonablemente los valores de las jubilaciones ni los topes sobre los cuales se aporta. La inflación se comió nuestra jubilación.

Del mismo modo que no actualizar el mínimo no imponible con la inflación provoca que cada vez más trabajadores tengan que pagar impuesto a las ganancias, mantener los topes en los aportes genera que cada vez más jubilados perciban un haber jubilatorio cuyo índice de sustitutividad (relación del salario de la etapa activa con el beneficio de la etapa pasiva) es menor y decreciente. Es decir, menores jubilaciones.

La confiscación no terminó allí. Con la crisis de 2001 y el abandono de la convertibilidad, al no ajustar las jubilaciones el sistema previsional comenzó a ser superavitario. En vez de actualizar los beneficios previsionales, los políticos, con total irresponsabilidad fiscal, decidieron regalar jubilaciones, mediante moratorias que solo exigían cumplir con los requisitos de edad y mediante las cuales los aportes no realizados se debitaban en la propia jubilación futura. Así, se pasó de 3,2 millones de jubilados a más de 7 millones.

Esta mecánica de regalar jubilaciones con fines políticos y electorales sin procurar los mecanismos de financiamiento sustentables, que caracteriza a los regímenes populistas, como el nuestro, condujo a lo obvio: quebró el sistema previsional y motivó al Estado a confiscar distintos nichos de liquidez de aportantes que venían cumpliendo rigurosamente con sus obligaciones. Posteriormente, agotados los recursos, los gobiernos terminaron por restringir todos los derechos, inclusive los regalados.

De esta forma, de la noche a la mañana se llevaron los fondos de las AFJPs que contenían el ahorro personal e individualizado de casi 15 años del 95% de los trabajadores argentinos.

Adicionalmente, y como ya señalamos en un artículo anterior, la Corte Suprema de Justicia avaló recientemente, a través del fallo “Gualtieri”, la confiscación en manos de la ANSeS de miles de millones de pasos de aportes previsionales voluntarios efectivamente realizados por más de 400.000 jubilados y futuros jubilados, que son los que tienen o tuvieron salarios altos, superiores al tope, y que más contribuyen a financiar al sistema previsional, y al Tesoro vía pago de impuestos.

Para completar el modelo esquizofrénico de confiscación y quiebre del sistema previsional por parte del Estado, el Congreso regaló y sigue regalando fondos previsionales sin recursos a sectores organizados y corporativos, que no tienen como contrapartida aportes genuinos. En un artículo anterior publicado en Urgente24 identificamos los 49 regímenes de privilegio; entre los más groseros están los del Poder Judicial: los miembros de la Corte Suprema tienen garantizada una jubilación del 100% de su último salario, y los jueces del 82% (recordemos que, además, no pagan impuesto a las ganancias, a diferencia del resto de los argentinos).

Queda claro porqué la actual Corte Suprema de Justicia avaló que la ANSeS se quedara de manera ilegal e ilegítima con miles de millones de aportes de cientos de miles de argentinos que, por no estar organizados como sindicato o corporación, no tienen vos para la defensa de sus derechos.

Recientemente, Cambiemos, que gobierna el país, ofreció a los empleados de planta permanente del Congreso de la Nación un beneficio similar, que permitirá mejorar la jubilación en un 15% adicional, para los cual los nuevos aportes provendrán, en su mayoría, del Presupuesto Nacional. Es decir, todos los argentinos pagaremos, con nuestros impuestos, las jubilaciones de privilegio de unos pocos.

La conclusión es obvia. Nada ha cambiado. Por el contrario, los impulsos populistas siguen vigentes y avanzan, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría.

Juan B. Alberdi decía: “Los Argentinos hemos sido ociosos por derecho y holgazanes legalmente. Se nos alentó a consumir sin producir… Quieren pan sin trabajo, viven del maná del Estado y eso les mantiene desnudos, ignorantes y esclavos de su propia condición…”.

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Corte Supremo a las jubilaciones “por la mitad”

FUENTE: DIARIO JUDICIAL

La Corte Suprema reabrió el reclamo de un jubilado, que demandó a las ANSES por daños y perjuicios debido a que se reajustó mal su haber y cobraba la mitad de lo que le correspondía. La Justicia de la Seguridad Social había rechazado la acción por cuestiones de competencia. Para los supremos se trató de una “arbitrariedad”.

abuelo

La Corte Suprema de Justicia revocó en autos “Stutz, Jorge Arnoldo c/ Estado Nacional – ANSES s/cobro de sumas de dinero”, una sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había declarado la incompetencia del fuero para atender en un reclamo de un jubilado que demandó a ANSES por los daños y perjuicios que le provocó el mal reajuste de sus haberes.

Jorge Stutz concurrió a la Justicia denunciando que, debido a “un error material” cometido por el organismo previsiónal en la aplicación de los coeficientes y porcentajes de actualización de su haber jubilatorio, que se le había otorgado el 31/10/87, percibía “poco más de la mitad de lo que legalmente le correspondía”. Cuando se dio cuenta,  en el año 2002,  promovió el requerimiento administrativo de lo adeudado, lo que fue “parcialmente reconocido”  ANSES, que “aceptó la existencia de un error en la actualización”, corrigió el haber y “abonó diferencias retroactivas”.

Pero esa circunstancia le causó un daño al jubilado, que presentó ante la Justicia Federal de la Seguridad Social una demanda buscando un resarcimiento “por haberse visto privado de los medios económicos a los que tenía derecho y forzado a limitar el pleno desarrollo de su vida”. Señaló, en su presentación, que lo que hizo ANSES fue una “prestación irregular del servicio público que le fue encomendado”.

Pero en primera instancia, tras haberse “reconfigurado” la acción como una demanda de reajuste de haberes, el reclamo de daños y perjuicios y daño moral fue rechazado, decisión luego confirmada por la Sala II de la Cámara Federal, que coincidió con el criterio de grado en el sentido de que la acción resarcitoria, aunque se basó “en la inobservancia de una obligación previsional”, escapaba “a la competencia del fuero”.  Además, La Cámara entendió que no hubo “ilicitud en la actuación del ente previsional” sino “un mero error”

Para la procuradora Irma García Netto, esto último reveló una contradicción de la Cámara que invalidaba la sentencia “como acto jurisdiccional”. A ese criterio acopló la mayoría de la Corte, integrada por los supremos Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, mientras que Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz declararon inadmisible el recurso del jubilado.

Es que la Cámara, al inicio del proceso, se pronunció sobre la declinatoria de competencia que  la jueza previsional había efectuado, aclarando que el actor reclamaba “una indemnización por daños y perjuicios atento a los errores existentes en la liquidación de su haber jubilatorio, por lo que la pretensión articulada reviste naturaleza previsional y atañe a la justicia foral”

“La decisión cuestionada pone de manifiesto una evidente contradicción en su estructura lógica al denegar la competencia del fuero para conocer en la pretensión resarcitoria y, en el párrafo siguiente, analizar la procedencia del daño moral”, precisa el ministro Rosatti en su voto.

“El vicio señalado se agrava luego pues, tras declarar su incompetencia, la Cámara se ocupó de lo referido al daño moral, rechazando nuevamente la responsabilidad civil, pero esta vez por la inexistencia de un obrar ilícito de la ANSES”, añade el dictamen de la procuración, que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido y resalta: “nos encontramos frente a cuestiones de naturaleza alimentaria, en las que los tribunales deben actuar con la extrema cautela que requiere el tratamiento de solicitudes de esa naturaleza

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Maltrato a ancianos: crece la cifra en el mundo

FUENTE: iPROFESIONAL

Un estudio generado por la OMS revela los últimos resultados

sufrimiento

Alrededor de uno de cada seis ancianos sufre algún tipo de maltrato, una cifra superior a las estimaciones anteriores y que, según las previsiones, aumentará debido al envejecimiento de la población en todo el mundo.

De acuerdo con un nuevo estudio financiado por la OMS y publicado en la revista The Lancet Global Health, cerca de un 16% de las personas de 60 años o más han sido víctimas de maltrato psicológico (11,6%), abuso económico (6,8%), negligencia (4,2%), maltrato físico (2,6%) o agresiones sexuales (0,9%). Esta investigación se basa en los mejores datos procedentes de 52 estudios realizados en 28 países de distintas regiones, entre ellos 12 países de ingresos medianos o bajos.

De acuerdo con Alana Officer, Asesora superior en salud del Departamento de Envejecimiento y Ciclo de Vida de la OMS, «el maltrato a las personas de edad está en aumento, causando graves consecuencias personales y sociales para los 141 millones de ancianos del mundo. Debemos intensificar nuestros esfuerzos para prevenir y combatir las distintas formas de maltrato, cuya frecuencia está creciendo».

El maltrato a las personas de edad y sus efectos en la salud

Aunque, en general, continúa siendo un tabú, este problema empieza a ser mejor comprendido en todo el mundo. El maltrato a las personas de edad puede consistir en actos que les causan daño o sufrimiento, o bien la falta de medidas apropiadas para evitarlos, que se produce en una relación que se supone basada en la confianza. Es importante señalar que todos los tipos de maltrato a los ancianos pueden afectar a su salud y su bienestar.

La forma más habitual es el maltrato psicológico. Puede consistir en actos vejatorios para la persona o que afectan a su bienestar, como las agresiones verbales, las amenazas, las burlas, la destrucción de efectos personales o el confinamiento para impedirles ver a sus amigos y familiares.

En cuanto al abuso económico, es el uso ilegal de fondos, propiedades u otros recursos de la persona mayor. La negligencia es el descuido u omisión en el cumplimiento de las necesidades vitales para la persona, como la alimentación, la vivienda, la ropa y la atención médica.

Las consecuencias para la salud de los ancianos son numerosas: traumatismos, dolor, depresión, estrés y ansiedad, entre otras. Además, es más probable que el afectado sea ingresado una residencia para mayores, requiera ser hospitalizado, necesite ser atendido en un servicio de urgencias o fallezca.

Según indica Alana Officer, «a pesar de su frecuencia y de sus graves consecuencias para la salud, los malos tratos a las personas de edad continúan siendo una de las formas de violencia menos estudiadas en las encuestas nacionales de salud y una de las menos incluidas en los planes nacionales de prevención de la violencia».

De aquí a 2050, el número de personas mayores de 60 años se habrá doblado con creces en el mundo hasta alcanzar los 2000 millones, la inmensa mayoría de los cuales vivirán en países de ingresos medianos o bajos. Si la proporción de ancianos que son víctimas de malos tratos no varía, el número de afectados aumentará rápidamente como consecuencia del envejecimiento de la población y llegará a 320 millones en 2050.

El Dr. Etienne Krug, Director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, Discapacidad, Violencia y Prevención de Lesiones de la OMS, señala: «El maltrato a las personas de edad no suele ser una cuestión que se trate en los círculos de toma de decisiones ni cuyo estudio se considere prioritario. Hay pocas organizaciones que se ocupen de este problema. Los poderes públicos deben proteger de la violencia a toda la población. Nuestra obligación es conseguir que este grave problema social esté más presente en el debate público, que aprendamos a prevenirlo y que se pongan en marcha las medidas necesarias».

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Recorte en el PAMI: echan a 170 empleados de jerárquicos

FUENTE: DIARIO CLARIN

Lo decidió el actual director. Fueron incorporados por este Gobierno durante la gestión de Carlos Regazzoni, recientemente desplazado. Ganan $ 70.000 mensuales. Buscan un ahorro de $ 143 millones al año.

Recorte en el PAMI: echan a 170 empleados de jerárquicos

El desplazado director Ejecutivo del PAMI Carlos Regazzoni.

MARCELA PAGANO

El PAMI comenzó a aplicar un fuerte ajuste en su plantilla: eliminará 170 puestos de empleados de alto rango en los próximos días. Se trata de gerentes, directores y secretarios que fueron incorporados en la gestión de Carlos Ragazzoni. El promedio salarial de esos altos mandos es de $70.000 mensuales. Con el recorte, el director del organismo, Sergio Casinotti, buscará obtener un ahorro de $ 143 millones al año.

Según pudo saber este diario, las nueve secretarías que operaban bajo el mando de Ragazzoni se reducirán a cuatro. Y sólo tres contarán con un secretario a cargo (la restante la ocupará el Subdirector ejecutivo). En esas áreas el ex director del PAMI y candidato a concejal de Cambiemos por Almirante Brown, había incorporado a 250 personas en reemplazo de las que había designado el kirchnerismo.

“Todas las incorporaciones fueron acordadas con Gustavo Lopetegui”, aseguran fuentes cercanas a la gestión anterior. Según aseveran quienes acompañaron a Ragazzoni en el PAMI, por intermedio del coordinador económico de jefatura de Gabinete, a poco de asumir “se pidieron incorporaciones por favores políticos, personas que había que incorporar para cumplir con lo prometido con otras fuerzas políticas como el radicalismo, y también favores que se le debían a gobernadores”, agregan las fuentes.

Esta semana, fueron más de 100 los empleados que recibieron la confirmación de que no permanecerían en sus puestos. En total serán 170 los que se queden fuera. “Son cargos políticos, de ninguna manera estamos removiendo a trabajadores de carrera”, explicó a Clarín una alta fuente de la actual conducción del PAMI.

“Sólo van a quedar 80 cargos jerárquicos”, aseveró la fuente oficial. También confirmó que el promedio salarial de esos puestos es actualmente de unos $ 70.000, y concentran la mayor carga salarial de la plantilla total, compuesta por unos 14.000 trabajadores en todo el país.

Aunque Ragazzoni jamás lo confirmó públicamente, fuentes de la Casa Rosada afirman que en marzo le pidieron la renuncia por mantener “diferencias” con el trío “son yo” como los denominó el presidente Macri, que integran el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los coordinadores Mario Quintana y Lopetegui. “Por negarse a aplicar un ajuste”, fue la respuesta que dieron entonces a Clarin. El recorte en los servicios de la obra social de los jubilados y pensionados que había aplicado Ragazzoni sabía a poco y por eso dieron de baja el acuerdo que había firmado en enero con laboratorios.

Casinotti llegó al PAMI con la consigna de reducir el déficit del organismo que asciende a $10 mil millones. Y su principal frente de batalla, según el mismo informó a gerentes y directores, sería achicar el nivel de robos en la entidad. Casualmente, en el entorno de Casinotti y en el de Ragazzoni coinciden en un punto: creen que hay mafias que se abastecen gracias a los fondos del PAMI. Una de ellas es la que permite la reventa de medicamentos.

Según cálculos de la actual gestión, el organismo pierde $ 120 millones por mes en medicamentos que nunca llegan a manos de los pacientes. “Se trata de remedios que la gente no retira, o bien porque cambio de tratamiento, o porque ya no los necesita, o porque el paciente falleció. Pero el PAMI igual los paga, y las farmacias no los devuelven a las droguerías para su destrucción”, explican en la conducción del organismo. Por eso, el acuerdo que se cerrará el jueves con empresarios del sector de medicamentos prevé la incorporación de la “trazabilidad inversa”, las certificaciones que demuestren que los medicamentos no retirados por pacientes son destruidos y por lo tanto el PAMI no los pagará.

“El problema es que esas mafias sólo se las puede erradicar con cantidad de personal calificado en áreas gerenciales que puedan tomar decisiones y que a la vez que estén bien pagas, para que no haya convivencia de delitos dentro de la entidad”, explican fuentes que trabajaron con Ragazzoni. Casinotti no piensa lo mismo: al llegar a la entidad, que tiene a cargo el quinto presupuesto más grande del Estado, de 120 mil millones de pesos al año, optó por recortar el 10% del salario de todos las áreas gerenciales.

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Un fallo se niega a reducir las subas que la Justicia fijó a jubilados

FUENTE: DIARIO LA NACION

Rechazaron un pedido de la Anses para cambiar un índice de actualización

SILVIA STANG

Un fallo se niega a reducir las subas que la Justicia fijó a jubilados

Un fallo se niega a reducir las subas que la Justicia fijó a jubilados. Foto: Archivo

Un fallo de segunda instancia del fuero de la seguridad social emitido ayer le niega a la Anses un pedido de modificar el índice que las sentencias obligan a utilizar para el cálculo de la actualización de los haberes de los jubilados que ganan juicios contra el Estado. Con su reclamo, el organismo previsional pretendía que las disposiciones judiciales se adaptaran a la manera en que el Gobierno calcula las mejoras de los ingresos que se ofrecen en el plan de reparación histórica, en función de lo dispuesto por ley.

Concretamente, la Anses pidió que se reemplace el Índice de salarios básicos de la industria y la construcción (Isbic) por la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte) para hacer actualizaciones tanto en el cálculo del haber inicial (una parte de la fórmula considera el promedio de los últimos 120 salarios cobrados y esos valores deben ajustarse), como en la movilidad por el período de 2002 a 2006 (mientras había inflación y muchos haberes quedaron congelados), y en la definición de la Prestación Básica Universal (PBU), que forma parte del haber.

En el fallo de la causa “Di Mario Carmelo c/ Anses”, los jueces Nora Dorado y Luis Herrero, de la sala II de la Cámara de Apelaciones, consideraron que “no parece justo ni equitativo sustituir el índice elegido por la Corte (…) como pauta de actualización de los haberes devengados”. Y ratifica el uso de esa pauta en lo que se refiere al cálculo del haber inicial.

En la práctica, y para la gran mayoría de los casos en conflicto, el resultado de usar el Ripte en lugar del Isbic es un reajuste de haberes de inferior cuantía. Por eso, la diferencia entre el ingreso ofrecido en el marco de la reparación histórica y el que se obtendría si se esperara la resolución de una sentencia judicial es uno de los aspectos que, según marcan los previsionalistas, hay que observar a la hora de decidir la adhesión o no a programa oficial de recomposición de haberes.

Hasta ahora, se conocieron fallos de uno de los jueces de primera instancia, Juan Fantini, que sí se alinean con los índices utilizados en la propuesta oficial.

De apelar la Anses este fallo, la resolución del tema quedaría en manos de la Corte Suprema

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