Archivo mensual: mayo 2017

CFK hoy: hipocresía y cinismo en su máxima expresión

ANÁLISIS DE UNA VERGONZANTE ENTREVISTA

POR EDGARDO CIVIT EVANS Delegado de A.A.J.A. en Mendoza

CFK hoy: hipocresía y cinismo en su máxima expresión

Estuve viendo y escuchando por televisión las increíbles y vergonzantes declaraciones de quien fuera presidente hasta hace un año y medio. Obviamente que los preguntadores y el show de preguntas y respuestas estuvieron armados. Como siempre.

Pareciera que ni ella ni su ex marido hubieran gobernado durante 12 años, en los que imperó la corrupción y se cometieron ilícitos, a través de diferentes personajes, como Boudou, Jaime, De Vido, López (el de los bolsos), Cristóbal López (el de los casinos), Lázaro Báez (el de las construcciones hoy preso), Milani (el militar todo terreno), gobernadores, legisladores, sus parientes y amigos, secretarios, hasta el jardinero se hizo rico. Así, centenares o miles de enriquecidos en todo el país que no pueden justificar sus fortunas. Pero además fueron los autores del mayor nivel de concentración económica de la historia, a favor del sistema financiero, de los casinos y el juego, del narcotráfico, etc.

Se fue, dejando al país con una inflación del 40% y un 37% de pobres. ¿Cuánto tiempo costará arreglar sus desaciertos, solo justificados por un aparato tipo geobbeliano? Crecieron la inseguridad con miles de muertos por año; las violaciones; los robos, en síntesis, todo tipo de delitos. Fundieron al país, como hoy le toca a Santa Cruz, de donde desaparecieron 700 millones de dólares. No es verdad que cancelaron la deuda externa. Al contrario. Al final del mandato, se incrementó dos veces. Solo le pagaron U$S 7.000 millones al FMI, para hacer discurso pseudo nacionalista. Pero dejaron un pasivo externo e interno superior a los U$S, 200.000 MILLONES, con más sus intereses. Parece olvidar las deudas con los hold houts, con los bancos privados, con el CIADI, etc.

Dejamos de exportar combustibles para importar, siempre a través de sus amigos o socios, como Antonini Wilson, Claudio Uberti y otros. Llegamos a tener en Venezuela una embajada paralela. Y oscuros acuerdos con Irán, vía el jubilado de privilegio, D Elía, tal vez vinculados con la voladura de la AMIA.

No me olvido del llamativo asesinato del ex fiscal Nisman, horas antes que fuera a declarar al Congreso respecto a las investigaciones vinculadas con el terrorismo internacional, e Irán. Decrecieron las producciones agrícolas, ganaderas, como los tambos de los que cerraron 40.000, y destrozaron a miles de PYMES.

Generaron fusiones y concentraciones que permitieron no sólo el aumento de los monopolios en supermercados, sino en la minería y en cuanta actividad hay en el país. Néstor, mediante la intervención de Oscar Parrilli, luego secretario de Cristina, en la Cámara de Diputados fue el impulsor de la privatización de YPF durante la gestión de Menem.

Luego, cobrados los U$S. 700.000.000. ya en el gobierno, estatizaron YPF en un gran negocio (ado??) que seguimos pagando, como los del agua y cloacas, gas, etc. Es para escribir varios libros sobre el inmenso daño causado a la Nación, y a sus habitantes.

Cabe recordar sólo los millonarios montos extraídos del ANSES y del PAMI, que deberían ser investigados y condenados todos los responsables, porque ahora no hay dinero ni para remedios de los jubilados. He sentido indignación al ver con el caradurismo que se expresa, y pretende ser candidata para tener impunidad. ¿Quién le puede creer que lo hace por el país? ¿Por qué no lo hizo cuando gobernaron 12 años?

En realidad, no debería estar en el Congreso, sino cumpliendo las condenas que la Justicia disponga por todo lo que han saqueado al país, ellos y sus gobernantes aliados. Con un poco de justicia penal que exista en Argentina, como hay en otros países, tendrían que ser procesados y condenados todos los responsables de tanto daño cometido económica y moralmente al país. Entre otros, haber generado la pérdida de la cultura del trabajo, del esfuerzo y la educación.

Espero que este panorama, que le permite hablar y ser candidata confío que algún día no muy lejano cambie en serio. Y se haga justicia como corresponde. Lo reclamamos millones de argentinos por el bien del país.

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Luis D’Elía cobra una jubilación de 78.000 pesos mensuales como docente

FUENTE: INFOBAE

Se lo confirmó a Infobae Emilio Basavilbaso, titular de la Anses

Por

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IMPUESTO A LAS GANANCIAS, Reclamo a los legisladores de ambas Cámaras

La Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, reclama a los legisladores de ambas Cámaras que se eleve a consideración la derogación del actual decreto que impone el pago del impuesto a las ganancias a los jubilados y pensionados, porque incluso hay un fallo de la Corte Suprema que dice que este descuento es anticonstitucional y los gobiernos no le hacen caso”

Este impuesto nacional se aplica a los haberes jubilatorios, sobre aquellos que mas aportaron durante su vida laboral, habiendo durante la misma tributado importantes cantidades de dinero al Estado, deformando la contraprestación que reciben en sus actuales haberes, por lo que es imperioso y mas que necesario anular este impuesto.

No nos parece correcto, que con el afán de aumentar la recaudación a cualquier precio intenten someter a los jubilados aportantes que fueron los generadores de mayores recaudaciones para el fisco, a una especie de incursión despiadada, arbitraria y desmedida en sus remuneraciones actuales, si solo el trabajo personal está gravado en la Argentina, con que argumento y razón se aplica a aquellos que en la actualidad no son mas trabajadores en actividad.

No basta con modificar el piso, es necesario legislar a futuro y dar una solución definitiva a este tema teniendo en cuenta que no son los trabajadores los sujetos pasivos a los que este impuesto debe alcanzar, no es el salario del trabajador una ganancia pasible de abonar impuestos el salario no es ganancia y tampoco lo son las jubilaciones y pensiones en tanto sustitutivos del salario del trabajador en actividad.

Omar Martínez

Presidente Asoc. Arg. De Jubilados Aportantes

jubiladosaportantes@fibertel.com.ar

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Abad reivindicó el reintegro por compras con débito para jubilados

FUENTE: AMBITO.COM

Al exponer en Diputados

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, reafirmó en el Congreso Nacional que el Estado continuará en el camino para que, antes de fin de año, se bancaricen todas las ventas y estimó en el 22 % de los jubilados y pensionados cobraron el reintegro por compras con tarjetas de débito.

Al exponer ante la comisión de seguimiento de las normas tributarias y previsionales, Abad informó que desde que se aplicó esta ley en julio del año pasado se devolvieron unos 1.500 millones de pesos por compras realizadas con débito por jubilados que perciben el haber mínimo y titulares de planes sociales.

El titular de la AFIP trazó un panorama ante la Comisión, que conduce el kirchnerista Juan Manuel Pedrini, sobre la aplicación de la ley que reintegra el 15 % del valor de las compras con tarjetas de débito y que preveía devolver 300 pesos a cada integrante de un universo de 6,2 millones de personas.

En su exposición, el jefe de la AFIP defendió este sistema -cuestionado por el kiirchnerista Axel Kicillof- que apunta a lograr una formalidad de todos los sectores y dar un beneficio a los más vulnerables pero señaló que “se requiere tiempo para cambiar una cultura de informalidad”.

En ese marco, Abad recordó que cuando se instrumentó el sistema para las empleadas domésticas solo había 50.000 en blanco “y ahora son 550 mil y eso demoró mucho tiempo pero finalmente se pudo imponer”.

Además, ante una consulta, Abad defendió la decisión de eliminar el reintegro del 5 % que existía hasta el año pasado con todas las compras con tarjeta de débito, al afirmar que “se decidió priorizar a este beneficiario específico”, en relación a los jubilados, pensionados de haber mínimo y titulares de planes sociales.

Kicillof había planteado previo al informe de Abad que el sistema “fracasó y tuvo magros resultados y que lo mejor hubiera sido dar esos 300 pesos a los jubilados en lugar de destinar 17.500 millones de pesos para este sistema”.

Empero, admitió que “acompañamos esta ley porque era una buena idea que se debe mejorar”.

Abad dijo que se plantearon dos fases, la primera fue la devolución del 15 por ciento en los comercios que ya operaron con tarjeta de débito y una segunda parte donde se exige la obligatoriedad de utilizar un sistema electrónico a los comercios, hoteles, restaurante y profesionales.

El funcionario dijo que desde que se implementó el sistema se subió del 8 al 22 por ciento la cantidad de beneficiarios que realizaron sus compras con tarjetas de débito y que en abril ” 1.350.000 personas realizaron alguna compra con ese medio de pago, pero se mostró optimista en que se va a ampliar este universo cuando todos cumplan las disposiciones para que todas las ventas se realicen por tarjeta de débito.

En ese marco, el funcionario destacó que, como las nuevas medidas que obligan a comercios, restaurantes, hoteles, kioscos y hasta profesionales a tener sistemas de cobro electrónico, se ampliará la cantidad de beneficiarios que accederán a este reintegro previsto en la ley.

Abad detalló que los comercios que “hayan tenido una facturación superior a 4 millones anuales ya tienen que tener el posnet” dado que el 30 de abril venció el plazo para instalar este sistema de cobro, mientras que aquellos que tienen una facturación anual entre un millón y cuatro “tendrán plazo hasta el 31 de mayo”.

El funcionario recordó que quienes facturaron en el 2015 montos menores al millón de pesos por año lo “tendrán que instalar hasta el 30 de junio” y señalo que los profesionales, centros de salud de cultura con una facturación anual de 4 millones tendrán plazo hasta fines de julio.

Ese mecanismo será obligatorio para profesionales que facturen entre un millón y cuatro millones de pesos desde el 31 de agosto y desde fines de septiembre para el resto que facturen menos de un millón de pesos.

Sobre los montos de reintegros realizados desde que se aplicó la ley, Abad detalló que en el trimestre de julio-septiembre la devolución “rondó los 118 millones de pesos mensuales”, mientras que en el trimestre octubre-diciembre 148 millones de pesos mensuales y en los primeros tres meses del año 146 millones, y agregó que “en abril fue de 152 millones de pesos”.

El funcionario dijo que en estos meses realizaron una tarea junto a otros organismos para “lograr confianza para que usen las tarjetas de débito los jubilados” y “con los pequeños comercios para que pongan los posnet y para esto realizamos conversaciones con las cámaras de tarjetas y bancos”.

En ese sentido agregó que “la formalización no es un objetivo menor cuando existe el convencimiento de bajar la presión tributaria pero esto implica ampliar la base para lograr ese objetivo”.

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Jubilaciones, informalidad y gasto público

FUENTE: DIARIO CLARIN

Jubilaciones, informalidad y gasto público

Autor: Marcelo Garriga

Director de la Maestría en Finanzas Públicas de la FCE-UNLP

El país enfrenta un nivel de gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios) difícil de sostener en el tiempo. Alcanza el 47% del PBI, superando el gasto de países desarrollados como Gran Bretaña (42%), España (44%), Alemania (44%), Holanda (45%), Estados Unidos (38%), con un producto per cápita muy inferior.

Este nivel de erogaciones no es cuestionable si los ciudadanos que demandan estos gastos están dispuestos a pagar los impuestos necesarios para financiarlos. Países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, entre otros, presentan niveles de gastos que superan la mitad del PBI (además los bienes y servicios prestados por el Estado son satisfactorios): demandan un alto gasto y tienen disposición a pagar por él. Argentina parece un caso distinto: el gasto público es elevado (e ineficiente) y la población no está dispuesta a pagar los impuestos para sostenerlo.

El sistema previsional

Son muchos los factores que explican este elevado gasto público. Esta nota se concentra en el sistema previsional, que representa casi el 35% del gasto que realiza el Gobierno nacional y alcanza a más de 13 puntos del PBI.

El envejecimiento de la población es y ha sido un problema clave para explicar el desempeño del régimen previsional: baja tasa de natalidad y aumento de la esperanza de vida, lo que reduce la población económicamente activa y aumenta la cantidad de jubilados. Sin embargo, Argentina se encuentra en un período particular, en el cual la tasa de dependencia (población mayor de 65 años con relación a la población de entre 15 y 65 años con capacidad de trabajar) es la más baja por los próximos 30 años (Banco Mundial). Es lo que se denomina “bono demográfico”, transcurrido este período la población pasiva comenzará a crecer rápidamente. Esto quiere decir que se está en un período de 30 años en el cual la población en condiciones de trabajar es la más alta. Para aprovechar este incremento de la población activa las políticas públicas y las instituciones deben acompañar este proceso. Como se tratará de demostrar a continuación, el país no está sacando el debido provecho a tal situación.

En 2008 Argentina promulgó la ley 26.425 que crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta ley retrotrajo a la situación del régimen existente antes de 1994, que tuvo innumerables problemas de evasión, laxitud en el otorgamiento de beneficios jubilatorios, moratorias previsionales, enormes deudas por juicios previsionales y, finalmente, el quiebre del régimen y la necesidad de su reforma.

Moratorias previsionales

El camino anterior parece repetirse con la reforma del 2008 y las acciones previas a la misma. Entre los años 2006 y 2014, el Poder Ejecutivo declaró dos moratorias previsionales que incorporaron 3,1 millones de personas en edad de jubilarse que no habían realizados los aportes suficientes, o ningún aporte. Esto significó que de aproximadamente 4,8 millones de jubilados se pasó a casi 8 millones. ¿Cómo se pensaba financiar este aumento en la cantidad de jubilados?

Además, esta moratoria no tuvo un sentido redistributivo. Más de la mitad de los beneficiarios de las moratorias pertenecían a la clase media y media alta. La tasa de sostenimiento del sistema (cantidad de trabajadores activos formales por cada jubilado) descendió a 1,3. Es decir, para pagar los haberes de un jubilado solo se cuenta con los aportes de 1,3 activos. ¿Cuánto debería ser el aporte de cada activo para poder pagar un haber jubilatorio digno? Una relación sostenible es aquella en que por cada jubilado haya al menos 3 trabajadores activos que aportan.

Déficit del sistema

El déficit contributivo (la relación entre lo que aportan los activos y los gastos en jubilaciones y pensiones) pasó de un déficit del 2,9 % del PBI en el 2009 a un 6,7% en el 2016 (casi equivalente al déficit del sector público). Como se observa, el déficit previsional creciente da cuenta de un problema a mediano plazo. Esta brecha se cubre con otros impuestos (IVA, ganancias, coparticipación, blanqueo impositivo, entre otros) que se dejan de asignar a salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros. Más de la mitad del gasto previsional se financia con recursos que no provienen de los aportes de los trabajadores.

Reforma, costo laboral e informalidad En 2016, el Poder Ejecutivo promulgó la ley aprobada por el Congreso de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, por la cual, entre otras reformas, otorga una pensión universal a la vejez a toda persona mayor de 65 años, aunque no haya realizado aportes. Recibirán el 80% de la jubilación mínima. Estas pensiones serán financiadas con recursos del Tesoro Nacional. Es decir, en la actualidad coexisten dos regímenes: uno para aquellos que realizaron aportes previsionales y otro para los que no aportaron. Así, ¿cuál es el incentivo a realizar aportes previsionales de aquellos que ingresan al mercado laboral y saben que igual van a obtener una pensión aun en el caso de que no hayan realizado aportes? Este problema se agrava al considerar que los aportes patronales y personales destinados al sistema previsional son el 27% del salario, encareciendo fuertemente el costo laboral y generando incentivos a que haya acuerdos entre empleados y empleadores para operar en la informalidad.

Por lo tanto, en este marco, no sorprende que el mercado de trabajo muestre un nivel de informalidad del 35%.

En resumen, el sistema previsional es el gasto público más importante: 13% del PBI, sólo un 45% del gasto se financia con los aportes de los empleadores y trabajadores formales, la relación entre trabajadores formales y jubilados es de 1,3, las contribuciones patronales y personales son del 27% del salario y la informalidad laboral es del 35%: un combo complicado.

Técnicamente podría señalarse que el sistema previsional es insostenible. Se requiere urgente una reforma que haga sustentable el sistema. Si el régimen no se reforma, ¿cuál será el haber de los futuros jubilados? ¿Qué sentido tienen los impuestos al trabajo del 27% con un mercado laboral con 35% de informalidad y un sistema previsional actualmente quebrado? ¿Qué joven que ingrese al mercado laboral tendrá incentivos a formalizarse, y pagar 27% de impuestos, si de todas maneras obtendrá una jubilación del 80% de la mínima? ¿Pueden coexistir un sistema de reparto contributivo (hay que realizar aportes previsionales) con otro en el cual se obtiene una pensión sin realizar aportes (no contributivo)?

En el contexto de un elevado gasto público, repensar el sistema previsional y sus efectos sobre el mercado de trabajo se transforma en un tema impostergable, más aún en un período en el cual la demografía beneficia al país.

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Se garantizan los medicamentos-PAMI: Laboratorios podrían no dar más descuentos a partir del 29 de junio

FUENTE: EL ONCE

La industria culpa a la obra social de los jubilados y pensiones de rescindir el acuerdo que habían firmado a fines de enero pasado. El instituto afirmó que la cobertura “está garantizada”.

Tras varias idas y venidas, finalmente la industria farmacéutica pateó el tablero. A partir del 29 de junio, advirtió, los afiliados de PAMI seguirán teniendo disponibles todos los medicamentos, pero ya no los tendrán con descuento. Desde el instituto que provee servicios de salud a casi 5 millones de jubilados y pensionados, sin embargo, aseguraron que “la cobertura está totalmente garantizada y con los mismos beneficios conocidos hasta hoy”.

La industria culpó a la obra social de los jubilados y pensiones de rescindir el acuerdo de medicamentos que habían firmado a fines de enero pasado, y tras un encuentro hoy con los responsables de PAMI, difundió un comunicado para informar que “el PAMI rescindió de manera unilateral el convenio con la industria farmacéutica de dispensación de medicamentos a partir de las 0 horas del próximo 29 de junio”.

“Dejamos constancia que este es el cuarto contrato firmado durante los últimos dieciséis meses que PAMI no cumple, en los que la industria farmacéutica puso su mayor esfuerzo para evitar que una alteración del convenio terminase afectando la prestación a los jubilados”, asegura el texto que lleva la firma de tres cámaras del sector, Cilfa, Caeme y Cooperala.

“Ante la incertidumbre generada por la decisión del PAMI, aclaramos que los medicamentos seguirán disponibles en todas las farmacias del país a partir del 29 de junio”, concluye.

Aunque el texto evita hablar del final de los descuentos, en la industria admiten que finalizar el convenio con PAMI significa, en definitiva, que se dan de baja todos los descuentos que hasta ahora los laboratorios hacían para los jubilados y pensionados afiliados.

Consultados al respecto por LA NACION, no obstante, desde el PAMI aseguraron que “el diálogo está abierto”. En un comunicado difundido a última hora, el instituto buscó traer calmaa sus afiliados y afirmó que las negociaciones que mantendrá con los sectores “no afectarán en absoluto la normal dispensa para los casi 5 millones de afiliados”. “Como ocurrió desde un primer momento, la mesa de diálogo sigue vigente con el único fin de alcanzar un convenio que permita salvaguardar las finanzas del instituto sin afectar las prestaciones que brinda PAMI a sus afiliados”.

Quienes siguen de cerca el conflicto, aseveran que el comunicado de prensa que difundieron los laboratorios no difiere demasiado de la nota que hace algunos días también le hicieron llegar a los responsables de la obra social. Aunque el PAMI sabe que, finalizado el convenio, podría perder el precio preferencial que recibe por una cantidad de remedios, su estrategia pasaría luego por renegociar sector por segmento: con los laboratorios que ofrecen remedios ambulatorios por un lado, luego con los que tienen medicamentos oncológicos, y así.

“Es muy complicado el tema”, admitió el presidente de un laboratorio local, con la condición de no ser identificado. “El tema es que quieren regalar los remedios pero no pagarlos!!, dijo, en referencia al PAMI.

El nuevo titular del PAMI,Sergio Cassinotti, les había enviado cartas documento a las cámaras a fines de abril informándoles que daba de baja el acuerdo que, tan sólo a fines de enero, había firmado por la obra social su antecesor Carlos Regazzoni. Cassinotti había explicado entonces en una entrevista a LA NACION, que la obra social tenía un rojo de entre $ 850 millones y $ 900 millones mensuales, que esperaba poder equilibrar en un año. Sólo en medicamentos, dijo, el instituto que provee servicios a los jubilados y pensionados estaba gastando $ 3000 millones mensuales, o cerca del 30% de su presupuesto, y con un nuevo convenio con la industria, la idea era bajarlo al 25 por ciento.

Pero no bien arrancaron las negociaciones, la industria asumió una postura tal vez mucho más dura de la que esperó encontrar el PAMI. Ante el planteo de recorte del PAMI, la industria no sólo anticipó en una carta dirigida a Cassinotti que no aceptaría la rescisión del acuerdo, sino que además lo conminó a saldar la deuda que tiene con los laboratorios. De no hacerlo, disparó, responsabilizaba al PAMI de todos los inconvenientes que pudiera generar la finalización del convenio, entre ellos, la falta de provisión de medicamentos con descuento para los afiliados.

El convenio que cada año firma el PAMI es, tal vez, el más importante que tiene la industria farmacéutica con una obra social. El instituto financia entre el 50% y hasta el 100% del precio de venta de los medicamentos que consumen sus afiliados. Pero además, bajo la resolución 337, el PAMI llega a dar un 100% de descuento para todos aquellos afiliados que estén en situación de vulnerabilidad social.

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Lo que viene: estos son los cambios que ya evalúa el Gobierno en las jubilaciones para bajar el rojo fiscal

FUENTE iPROFESIONAL

En un equipo económico obsesionado por encontrar lugares en los que recortar gasto, el sistema de seguridad social aparece como un candidato de primer orden. Entre las opciones que barajan los funcionarios figura un retoque en la fórmula de cálculo jubilatorio y la venta de acciones de las ex AFJP

Por Claudio Zlotnik

os empresarios que acompañaron a Mauricio Macri durante su extensa gira por Oriente lo notaron muy entusiasmado.

Se lo vio muy convencido de que, por fin, la Argentina será capaz de atraer las inversiones que garanticen el despegue. Tal es así que se animó a calificar de “revolucionario” a este viaje.

Esos mismos ejecutivos, representantes de los sectores más dinámicos de la economía argentina, escucharon a un Presidente persuadido de que la inflación se va a pinchar en los próximos meses.

Y, acaso lo más novedoso, lo notaron firme en la idea de que “algo hay que hacer” en materia fiscal, y de que el ordenamiento de las cuentas públicas le permitirá lograr un crecimiento económico perdurable.

Los últimos trabajos que le acercaron tanto Nicolás Dujovne como desde la Jefatura de Gabinete señalan que en este 2017 se podrá cumplir con la meta de un déficit equivalente al 4,2% del PBI.

No obstante, los funcionarios le advirtieron de que “algo hay que hacer” para lograr la baja desde ese porcentual al 3,2% que fija la meta de rojo fiscal presentada por el equipo económico. Ese es el latiguillo que Macri repite cuando se junta con empresarios que le sugieren, justamente, que los mercados dudan sobre el cumplimiento de tal objetivo.

Sabe que, aun cuando el Banco Central persista en su meta inflacionaria del 17% para este año, nadie le va a cuestionar un exceso de algunos puntos. También está al tanto de la preocupación que genera el déficit de las cuentas públicas, afirman quienes dialogaron con él en estas últimas semanas.

Algo vamos a hacer“, es lo que señala, a secas y sin mayores precisiones, entre el denominado “círculo rojo”.

¿En qué está pensando para alinear la pauta fiscal? Desde el entorno de Dujovne dan una pista: “El 56% del gasto público son jubilaciones y el presupuesto del PAMI”.

“Ya se notificaron los próximos aumentos en las tarifas de luz y gas. Falta definir los del transporte. Pero la verdad es que ahí, en el renglón de los subsidios, ya no queda demasiado por recortar“, confiesa un funcionario de Hacienda, en diálogo con iProfesional.

Acciones empresas de ex AFJP, caja tentadora
De las medidas que el Gobierno pondrá en ejecución después de las elecciones, algunas ya se dan casi por descontadas. Entre ellas, el convenio con los gobernadores (en el que ya se está avanzando) para ponerle claros límites al giro de fondos.

Entre aquellas otras que están en carpeta figura una que, ya se anticipa, suscitará controversias políticas.

Según pudo saber iProfesional de importantes fuentes, se trata de la venta de las acciones de gran cantidad de importantes empresas que el Estado posee tras la eliminación de las AFJP.

Es una caja siempre apetitosa, que actualmente asciende a unos $180.000 millones, según los valores de mercado que tienen los diferentes papeles que componen “la canasta”.

Por ahora, en la Casa Rosada evitan este tema, pero en la city porteña ya le asignan altas chances a que el macrismo eche mano a este gran “portafolio”.

En cuanto a la poda de gastos, varios funcionarios estarán abocados en los próximos “largos” meses a un relevamiento –renglón por renglón– de las erogaciones estatales.

En rigor de verdad, algunos integrantes del Palacio de Hacienda ya han comenzado con esta tarea. Como, el viceministro, Sebastián Galiani, que le dedica la mayor parte de su tiempo. Desde Jefatura de Gabinete, un ex JP Morgan, Vladimir Werning, lo complementa.

Por lo pronto, los funcionarios detectaron que hay erogaciones que vienen duplicadas y hasta triplicadas desde épocas del kirchnerismo.

La mira en las jubilaciones
Con suma cautela, pero sin quitarle la atención, en distintas reparticiones pusieron en marcha un plan que podría derivar en una amplia reforma del sistema previsional.

El primer paso en este sentido ya fue publicado en Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Trabajo, Jorge Triaca: la convocatoria a una comisión interdisciplinaria para la transformación del sistema jubilatorio.

La Resolución 188-E/2017 planteó la redacción de un nuevo Código de la Seguridad Social. Anticipa que “se requiere de modificaciones profundas“, que deben abarcar a todas las prestaciones (jubilaciones y pensiones, por ejemplo).

Para redactar la reforma previsional, la comisión tendrá 180 días. Este tema es particularmente sensible: la última vez que el Gobierno pretendió un cambio en materia jubilatoria se vio forzado a una marcha atrás en medio de un escándalo político.

Ese paso en falso -que aún muchos recuerdan- tuvo que ver con un retoque en la fórmula que se utiliza para el cálculo de la actualización semestral de los haberes.

Este retoque formó parte de la lista de recomendaciones que el FMI había dejado en su última revisión de la economía. Por cierto, Dujovne está en línea con la posición del organismo.

Juan Carlos Paulucci, secretario de Seguridad Social, aportó algunos datos que permiten anticipar la reforma que se viene:

– Habrá una modificación para quienes se quieran jubilar sin contar con los 30 años de aportes al sistema

– Para ellos, en lugar de la actual “moratoria”, habrá una pensión por vejez a los 65 años

– Esto abarcará, entre hombres y mujeres, a un equivalente al 80% de la jubilación mínima

– Este cambio tendrá un inocultable ahorro fiscal por doble vía: contempla un diferimiento de cinco años en la edad de las mujeres y un menor reconocimiento en los haberes

No es, por cierto, lo único que está bajo el análisis y la lupa de los funcionarios.

En el primer piso de la Casa Rosada, donde atienden los ministros coordinadores-Gustavo Lopetegui y Mario Quintana-existe el borrador de una fórmula de actualización de las jubilaciones “de emergencia” que podría aplicarse solamente en 2018.

Algunos detalles:

– El cambio, “por única vez“, respondería a la necesidad de achicar el rojo fiscal con un argumento económico

– La idea es plantear que los jubilados, bajo la actual metodología, obtendrían un incremento muy superior a la inflación

– Como el índice inflacionario 2018 será inferior al de 2017 y la fórmula actualiza con un semestre de atraso, la única manera de “empardar” ambas variables (suba de precios y haberes) es retocando el cálculo

– De acuerdo con las planillas oficiales, el gasto asociado a “Jubilaciones y Pensiones contributivas” asciende a $61.000 millones

– En el primer trimestre, esas erogaciones fueron 44% superiores a las del año pasado: crecieron casi 20 puntos por encima de la inflación interanual

– Una parte (de ese 44%) se debe a que cada año hay más beneficiarios. Pero la mayor proporción se debe a la fórmula que se utiliza para la actualización de haberes.

Por este motivo es que el Gobierno tiene en la mira a la actual metodología.

El impacto de la reparación histórica
Cuando Dujovne aún era uno de los consultores más exitosos de la city, solía criticar sin contemplaciones la “reparación histórica” a los jubilados anunciada por Macri. En sintonía con la misión del FMI que visitó Buenos Aires el año pasado, el actual ministro también cree que esa medida impactó notablemente en las cuentas del fisco.

De acuerdo con la consultora MacroView, en base datos oficiales, ese ítem insumirá unos $190.000 millones en los primeros tres años de gestión macrista (2 puntos del PBI).

Las críticas no van dirigidas a los pagos de las deudas por las sentencias judiciales favorables ($90.000 millones) sino a los otros $100.000 millones que deben abonarse -entre 2016 y 2018- por actualización de haberes a beneficiarios que no disponen de fallos a su favor.

Pasando en limpio:

– Hay $90.000 millones que el Estado, más temprano que tarde, iba a tener que cancelar, en virtud de todas las sentencias judiciales dictadas en los últimos años. Esto fue costeado con el blanqueo de capitales

– Los restantes $100.000 millones corresponden a reclamos, muchos ni siquiera planteados en los tribunales, vinculados con la actualización de esos haberes

Así lo dice la ley: “Los acuerdos entre el Estado y los jubilados podrán celebrarse en los casos en que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los que no hubiera juicio iniciado”.

Estos reajustes implican un gasto previsional incrementado en forma permanente. Es decir, un reconocimiento de mejores ingresos que se tendrán que seguir abonando a lo largo del tiempo.

De acuerdo con MacroView, este año se destinarán $45.000 millones a la actualización de haberes que venían liquidándose por debajo de lo que correspondía. El año próximo corresponderá otorgar otros $40.000 millones.

De acuerdo con los especialistas en temas previsionales consultados por iProfesional, el Gobierno no tiene manera de achicar este flujo de fondos (ya que la ley les otorga derechos a los jubilados) salvo mediante una revisión de la fórmula.

Más allá del anunciado reacomodamiento tarifario, el Gobierno quiere evitar que, en medio de la campaña electoral, se instale la idea de un próximo ajuste.

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