Archivo mensual: marzo 2017

Blanqueo: Gobierno ya pagó u$s7.750 millones a jubilados

FUENTE: AMBITO.COM

 EN JUNIO SE SUPERARÍA EL MILLÓN DE PERSONAS.
• ASEGURAN QUE TERMINA LA AMENAZA DEL CASO “BADARO”.
Son unos 894.668 beneficiados que se habían anotado en el plan de Reparación Histórica y que renunciaron a continuar con los juicios al Estado. El dinero para cumplir con la deuda provino de los fondos obtenidos por el sinceramiento de capitales.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

Objetivo. El organismo que maneja Emilio Basavilbaso quiere terminar antes de fin de año con los efectos del “caso Badaro”.

El Gobierno, hasta ahora, cumplió en gran parte con la promesa de destinar lo obtenido fiscalmente en el blanqueo de capitales para pagar a los jubilados dentro del plan de Reparación Histórica (RH) sancionado por el Congreso como destino obligatorio del resultado del sinceramiento que termina este viernes 31 de marzo. Según los datos oficiales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), obtuvo hasta la semana pasada unos 122.230.445.775,30 pesos, lo que representa unos 7.750 millones de dólares. Este dinero sirvió para cumplir con la RH a unos 894.668 jubilados que aceptaron la propuesta oficial, y que renunciaron a continuar litigando contra el Estado. El Gobierno estima que entre mayo y junio la cantidad de jubilados beneficiados superaría el millón de personas; y que una vez terminado el período de reconocimiento de beneficiarios, se terminará con la amenaza de juicios contra el Estado de parte de unos 2 millones de jubilados y pensionados.

El dinero para cumplir con estos pagos corresponden a los recursos obtenidos por el fisco nacional por el impuesto especial del 5, 10 o 15% (según el bien declarado y el momento de acceder al plan), por el valor de los activos que se fueron exteriorizando desde que comenzó el llamado. Por el mandato de la Ley 27.260 de Reparación Histórica a los Jubilados y Pensionados, ese dinero sólo puede ser destinado a cancelar las deudas declaradas y reconocidas por el organismo que maneja Emilio Basavilbaso; a jubilados y pensionados, acumuladas por errores reconocidos judicialmente en la liquidación mensual de haberes. Los fondos deben servir además para subir los haberes actuales de los jubilados beneficiados con el pago de la deuda previsional, más allá de la actualización semestral correspondiente a la movilidad jubilatoria.

Los beneficiarios fueron, en su totalidad, jubilados y pensionados que se anotaron voluntariamente en los listados de la ANSES, y cuyo reclamo fue avalado por el organismo previsional. Los 894.668 beneficiados renunciaron además a continuar con los juicios contra el Estado a futuro; y, en más de un 45%, dejaron ya de pertenecer a la categoría de jubilación mínima de 6.377 pesos; mientras que un 25% ya supera los 14.500 pesos mensuales de retribución previsional.

Con esto el Gobierno de Mauricio Macri apunta a terminar con los más de 450.000 juicios que a junio del año pasado había iniciados contra la ANSES con sentencia firme en contra del Estado nacional; provenientes de la jurisprudencia del caso “Badaro, Adolfo Valentín”, que obtuvo sentencia el 26/11/2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que obliga a la ANSES a ajustar 88,6% la jubilación por el período enero 2002 y diciembre 2006, según la evolución de los salarios. La cantidad de reclamos podría haber ascendido con el tiempo a más de 2 millones de casos; lo que hubiera sido fiscalmente insostenible en el tiempo.

El dinero para cumplir con la deuda proviene del blanqueo de capitales que vence el próximo viernes, aunque los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 17 de abril próximo para completar la documentación necesaria. Para ingresar al régimen se deberá pagar las multas correspondientes hasta el viernes, pero luego habrá tiempo hasta el 17 de abril para cumplir el trámite. Hasta el viernes 31 d e marzo se deberá abonar la totalidad del impuesto especial que corresponda a la declaración de bienes, o modificar el pago con BONAR 2023. Vencido este plazo, no se podrá ampliar el valor de lo declarado y habrá que pagar el 5% del impuesto especial para los inmuebles y del 15% para el resto de los bienes, siempre y cuando se abone mediante transferencia bancaria nacional o internacional. Cuando la opción sea la suscripción del BONAR 2023, deberán hacerlo por un monto equivalente a un tercio del total de fondos a sincerar. Luego del pago, la resolución de AFIP establece que hay tiempo hasta el 17 de abril para incorporar las tasaciones en el caso de inmuebles a través del sitio web del organismo.

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Vuelve el jubilado arrepentido

FUENTE: DIARIO JUDICIAL

El juez previsional Juan Fantini rechazó la homologación de un acuerdo transaccional en el marco de la Ley de Reparación Histórica. Fue en el caso de un jubilado que había iniciado un juicio de reajuste y que contaba con una sentencia a favor, aunque luego de firmar el acuerdo se retractó. El rol de su abogada será investigado. 

La Corte no ampara las Ganancias de los jubilados

Un jubilado con sentencia de reajuste en Primera Instancia suscribió un acuerdo transaccional con ANSES en el marco del Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados para zanjar la disputa, antes de que la Cámara Federal de la Seguridad social se pronunciara.

Sin embargo, a la hora de homologar el acuerdo el jubilado se retractó y pidió expresamente continuar con el proceso de reajuste judicial que se encuentra tramitando ante la Sala II de la Alzada. Ante esa disyuntiva, el juez federal de la Seguridad social Juan Fantini hizo lugar al pedido y rechazó la homologación del convenio de autos “Lagraña, Amancio c/ ANSES s/ Incidente”.

Pese a que la causa continúa en trámite, Fantini aceptó la competencia en virtud de lo que dice la Acordada 38/2016 de la Corte Suprema, que indica que los acuerdos con causa judicial previa “serán enviados para su tramitación ante el juzgado de primera instancia donde se encuentra radicada”.

El caso contiene aún más particularidades, el beneficiario se presentó con diferente asistencia letrada en la actuación digital y en la causa principal, y el magistrado tuvo contacto con aquél, lo que, reconoció, es una cuestión “totalmente prescindible desde la óptica de la solución dada por el legislador –cfr. art. 1, 3r párrafo, de la Ley 27.260- para la tramitación del convenio”.

Otro detalle: la reglamentación de la Ley dispuesta por la Cámara Federal de la Seguridad Social estipula una notificación automática para que dentro del tercer día el beneficiario “ratifique o rectifique el contenido del convenio”. El juez Fantini denunció un “vacío legal” en esa apartado:  la normativa complementaria y reglamentaria aplicable “no prevé específicamente cómo instrumentar dicho procedimiento” en supuestos como el del caso, donde el beneficiario se ‘arrepiente” de su adhesión al Programa de Reparación Histórica.

Como si esto fuera poco, en el expediente la disconformidad fue manifestada en “soporte papel” y no en “formato digital”, con la asistencia de la anterior letrada apoderada del beneficiario y no de “su patrocinante actual”, lo que implicó también la remisión de testimonios para que actuara el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En relación a esto último el magistrado realizó la comparación con el sistema de presentaciones digitales que funciona en la Provincia de Buenos Aires, donde los letrados cuentan con firma digital. Por lo que, aun cuando la presentación se hiciere de forma “digital”, para Fantini  “no existe respaldo normativo respecto de dicho accionar”. Es más, “aun en dicho caso – subraya el juez- se presenta una problemática para los letrados patrocinantes al carecer los justiciables de firma digital”.

Como agregado, el titular del Juzgado n° 6 resaltó que tampoco cuenta con un “código procesal digital” y que  las disposiciones que hacen a la admisibilidad de presentaciones en formato papel respecto de expedientes digitales “nada disponen sobre cómo proceder en estos supuestos”.

En lo que constituyó otra crítica al actual funcionamiento del expediente digital, Fantini se resignó: “sin recursos humanos y tecnológicos, además de los reglamentarios antes señalados, y toda vez que aún no se ha materializado pago o mejora del haber para el aquí actor, habré de acceder a su solicitud”.

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La reparación a los jubilados se anticipó para algunos, pero se demora para otros

FUENTE: DIARIO LA NACION

Unos 600.000 pasivos están a la espera de la oferta, que les llegaría hacia mitad de año; hay 8000 acuerdos homologados y la Anses pagaría más reajustes anticipados

Silvia Stang

Expedientes en los juzgados previsionales, la postal que es reflejo de los cientos de miles de reclamos

Algunos vieron rápidamente más dinero en sus bolsillos. Para otros, lo anunciado y lo dispuesto por ley el año pasado no se tradujo todavía en una mejora del ingreso mensual, y para cientos de miles aún no hay siquiera una propuesta oficial de recomposición del haber, para poder analizarla y evaluar si se la acepta o no.

El plan de reparación histórica, que alcanzará a unos 2 millones de jubilados, corre a diferentes velocidades. Hay 894.668 personas incluidas en los procedimientos de pago anticipado, que ya cobran la mejora. En los próximos dos meses se sumarán al menos otros 8000, que son quienes tienen hasta ahora su acuerdo firmado con la Anses y homologado por un juez, según dijo a LA NACION Gonzalo Estivariz, secretario Legal y Técnico del organismo previsional. Según agregó, algunos verán la mejora en sus haberes de abril, aunque la mayoría percibirá el reajuste en mayo.

Pero además, y según anticipó a este diario el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, se evalúa pagar en forma anticipada a un grupo de quienes esperan la homologación de su acuerdo. Desde el Poder Judicial, en tanto, los magistrados señalan que persisten dificultades para hacer dinámico el trámite de las homologaciones de acuerdos firmados entre jubilados y el Estado (que suponen la renuncia a acciones judiciales presentes o futuras), por falta de estructura y por fallas en el sistema informático.

Además de analizar el anticipo de pagos, la Anses dispuso liberar a un grupo de jubilados de los que ya cobran una suba, de la obligación de firmar el acuerdo transaccional previsto en la ley, al menos por ahora.

Basavilbaso también sostuvo que días atrás se subieron a la web de la Anses las propuestas de pago para 95.000 casos que estaban pendientes. En total, dijo, hay hasta ahora 1,35 millones de jubilados que conocen cuánto se les ofrece. Y según estimó, sólo hacia mediados de año la totalidad de quienes están alcanzados por el plan tendrán su oferta correspondiente. Así, para unos 600.000 jubilados, entre ellos muchos que tienen juicios iniciados -en algunos casos, incluso con sentencia firme-, el plan se demora varios meses respecto de lo que se había previsto.

El programa de la ley 27.260 se propone poner en línea los haberes jubilatorios con los criterios dispuestos por la Corte Suprema, principalmente respecto de dos temas: la movilidad de los ingresos por el período de 2002 a 2006 (fallo Badaro) y el cálculo de los haberes iniciales con actualización de los salarios que forman parte de la fórmula (fallo Elliff). Se contempla no sólo a quienes iniciaron litigios, sino también a quienes no reclamaron pero se les pagó de forma incorrecta en los últimos años, según el plan admite.

El grupo de quienes cobran ya el aumento (sin haber firmado acuerdo) está integrado por quienes no habían hecho juicio y, además, cumplen con otras condiciones (una es que el ingreso ya reajustado no supera el equivalente a dos veces y medio el haber mínimo). Inicialmente se había dispuesto que estas personas tendrían seis meses para aceptar y firmar el acuerdo transaccional, y que de no hacerlo se caería el beneficio. Para quienes comenzaron a cobrar el reajuste en septiembre, el plazo vencería este mes.

Sin embargo, Basavilbaso afirmó que se decidió flexibilizar esa exigencia: según la resolución 17 del organismo, quienes sí quedan obligados a cumplir con tal trámite son los que recibieron una mejora superior a un haber mínimo. Ese ingreso básico fue de $ 5661 hasta febrero y, por tanto, están exentos del trámite quienes hayan recibido, en concepto de suba por la reparación histórica, una cifra inferior a esa. Y sí deberían hacerlo los que percibieron más.

Estivariz aclaró, sin embargo, que en todos los casos debería aceptarse la oferta (si así se lo decide) clickeando esa opción en la web, dentro de los 6 meses de recibido el nuevo haber. De todas maneras, en la Anses analizan prorrogar ese plazo.

Por estos días, la Anses está enviando unas 300.000 comunicaciones (vía mail, mensajes de texto, llamadas telefónicas o correo convencional) a jubilados que reciben el reajuste anticipado, pero que aún no indicaron si lo aceptan o lo rechazan. El rechazo debería consignarse en caso de que la persona prefiera continuar o iniciar un juicio, por considerar que así obtendría una mejor recomposición. Para hacer la opción hay que ingresar en la página http://www.anses.gob.ar con la clave personal de la seguridad social.

Por ahora, según la Anses, hay 450.000 aceptaciones y 165.000 acuerdos firmados que van siendo remitidos al Poder Judicial.

La firma del acuerdo

¿En qué consiste la firma del acuerdo? Un primer requisito es que se debe haber registrado previamente la huella dactilar, algo que hoy sólo puede hacerse en una oficina de la Anses, con turno previo. El acuerdo debe ser firmado por el jubilado y un abogado, utilizando la huella. Puede ser en una oficina de la Anses (con turno) o en alguna sucursal bancaria que disponga de un tótem o terminal que lea datos biométricos. Entre la firma del beneficiario y su abogado -cuyos honorarios estarán a cargo del Estado- no deben pasar más de 30 minutos.

Ese acuerdo, siempre por vía digital, llega luego a la Anses, donde debe ser suscripto por el director ejecutivo y un abogado. Y posteriormente es remitido a la Justicia para su homologación. Los expedientes deberían llegar a un juzgado o a otro según el domicilio de pago de haberes (o, en el caso de quienes tengan juicio, van al juzgado que lo está tramitando). En la ciudad de Buenos Aires, los acuerdos llegan a la Cámara Federal de la Seguridad Social y se distribuyen entre los diez juzgados de primera instancia.

Según varias fuentes judiciales consultadas por LA NACION, si bien ya hay homologaciones y las condiciones para hacer el trabajo en algo fueron mejorando, persisten dificultades para que los casos se tramiten de manera dinámica y rápida. “Hay fallas técnicas en el programa y errores en las presentaciones de la Anses”, señaló el juez Luis Herrero, de la sala II del fuero previsional.

La jueza Alicia Braghini, del juzgado 7 de primera instancia, explicó que, una vez llegado un acuerdo para su homologación, se notifica a las partes, que tienen tres días hábiles para rectificar eventualmente lo firmado (si no lo hacen, queda ratificado). En la práctica, y según dijo en coincidencia con otros jueces, existen problemas de capacidad de los juzgados (cantidad de personas, de computadoras, espacio físico) y dificultades con el sistema informático.

Tras un pedido hecho por la cámara, el mes pasado la Corte Suprema habilitó 39 nuevos cargos para la Capital Federal (30 en primera instancia y 9 en las salas de apelaciones) y otros 60 para juzgados del interior que trabajan en la reparación histórica, según consignó Néstor Fasciolo, juez camarista de la sala III. Pero, según advirtió, hay que tener en cuenta que se requiere adecuar desde los cableados hasta los espacios de trabajo. Por otra parte, esa cantidad de cargos es inferior a la que el fuero consideraba necesaria.

“El plan de reparación histórica es favorable y su objetivo es fantástico; nosotros tenemos continuamente reuniones con la Anses y con el área de informática de la Cámara [Federal de la Seguridad Social]”, sostuvo Braghini, respecto de la voluntad por tratar de solucionar las trabas. Lo cierto es que, mientras no llegan más recursos, el trabajo que llega se suma al que ya tienen los juzgados: el estudio de los juicios en trámite.

Por ahora no se logró una caída de la litigiosidad. Según Braghini, una de las razones es que, como ir a la justicia requiere pasar antes por una instancia administrativa (concretamente, hacer el pedido de reajuste en la Anses), hoy todavía llegan causas que dieron su puntapié inicial antes del anuncio de la reparación. Por otra parte, y según algunos abogados, hay jubilados que pueden decidir iniciar un reclamo tras rechazar la oferta del Gobierno, por considerar que obtendrían por ese camino un ingreso más alto. La posibilidad de que eso ocurra depende en buena medida de la fecha de la jubilación, porque si bien el plan sigue los criterios de la Corte para el cálculo y la movilidad del haber, no usa los mismos índices para las actualizaciones en juego.

¿Podrían los jueces no homologar un acuerdo por razones como la diferencia entre lo ofrecido en el plan y lo que podría conseguirse en un fallo? En el Poder Judicial no descartan evaluar tal posibilidad. “Podría haber un llamado a audiencia a las partes”, afirmó un juez.

Los expedientes que llevarían más tiempo son los de quienes tienen juicios; en tal caso, con el acuerdo se renuncia al reclamo hecho.

En estos casos (con juicio iniciado antes del 30 de mayo de 2016 y aún en trámite), un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar la propuesta oficial es que la reparación histórica contempla el pago de retroactivos (diferencia entre el haber que debió haberse cobrado y el que efectivamente se cobró), pero sólo hasta un tope de 48 meses, lo cual -dependiendo del tiempo que lleve el litigio- puede representar una quita. Si hay sentencia firme previa a junio de 2016, el retroactivo no tiene límite temporal.

La huella digital y los casos de excepción

El plan de reparación histórica trajo como novedad que se gestiona a través de expedientes digitales. Y la identidad de la persona que adhiere, de su abogado y de los representantes del Estado queda corroborada con el uso de la huella dactilar, que debe ser previamente registrada; muchos jubilados ya habían hecho ese trámite para el cobro regular de sus ingresos.

La excepción fue dispuesta para el caso de los jubilados que estén incapacitados para hacer ese registro de su huella. Entonces, quienes acepten el plan podrán suscribir el acuerdo con su firma manuscrita y el trámite deberá realizarse ante un escribano público. En forma previa debe gestionarse en la Anses el certificado de exención del llamado programa Mi Huella. Estas situaciones se dan, por ejemplo, con personas que están internadas en instituciones o residencias de adultos mayores o en hospitales

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El huevo de la serpiente

por  Omar López Mato

Los argentinos nos quejamos de la inseguridad.

Los argentinos nos quejamos de la pobreza.

Los argentinos nos quejamos del costo de vida.

Los argentinos nos quejamos del tráfico.

Los argentinos nos quejamos de la educación y la salud que ofrece el Estado.

Los argentinos nos quejamos a pesar de tener la solución al alcance de la mano, pero hay fuertes intereses que conspiran contra la resolución de estos problemas, cuya raíz es la falta de trabajo legítimo.

Cuando hay trabajo disminuye la pobreza.               

Cuando hay trabajo digno, las enfermedades disminuyen y la gente busca educarse para poder prosperar en su actividad.

El empleo es la clave del crecimiento económico, de mejores servicios, de mejor salud, de mejor educación.

Es simple, es lógico, es así, pero en la Argentina es muy difícil.

Crear trabajo legítimo (y no el invento de los subsidios, ni los ñoquis, ni llenar al Estado de burócratas que aumentan el gasto público, como lo hizo el kirchnerismo) es caro, requiere esfuerzo, estudios e inversiones. Y nadie, nadie va a poner un mango mientras los sindicalistas no terminen con su lista de reclamos y su beligerancia.

¿Por qué Argentina llegó a este nivel de empobrecimiento? Por la conflictividad sindical. No es esta la única razón, seguro, pero todas están hermanadas: corrupción, ineficiencia, vagancia, etc., ponga usted lo que quiera, en el fondo el problema es el corporativismo sindical, que de la mano de un peronismo prebendario, ha espantado la inversión en la Argentina. Ya lo decía la marchita, “combatiendo al capital”, y lo han hecho con éxito. Por esta razón se fueron del país empresas de todo el espectro económico mundial y la mayor multinacional de capital argentino.

¿Por qué los argentinos no invierten en el país? El último blanqueo demuestra que había 100.000 millones de dólares en el exterior. Y eso es solo es la punta del iceberg. Hay más plata de argentinos afuera que aún no ha vuelto, justamente por la conflictividad sindical. ¿Para qué invertir en Argentina? Si después del esfuerzo y la inversión, un grupo frena la actividad laboral por cuestiones que a veces son muy difíciles de dilucidar y en última instancia podría no ser el problema de la empresa sino fruto de conflictos macroeconómicos entre los que se destaca la inflación.

Tenemos un sindicalismo retrógrado que conduce el país, bajo intereses mezquinos, cuidando su quintita, a expensas de la salud de sus afiliados. ¿A quién se le ocurre darles el control de la salud de los trabajadores a los sindicalistas? En ningún país del mundo pasa esto. Y el gran negocio de la salud les ha permitido a los sindicalistas tener los medios para eternizarse en el poder. ¿En qué otro país hay líderes sindicales que mantienen la conducción por 20/30/40 años? NO EXISTEN, solo acá. ¿Dónde en este mundo se heredan los títulos sindicales, como si tratase de una rancia aristocracia? Solo acá, en los reinos de Perón.

¿Quién mierda va a poner plata en un  país dónde te paran los subtes por “prevención”? ¿Por qué poner plata cuando de un minuto a otro paralizan el transporte sin aviso? Esto afecta a los trabajadores, que deben viajar hacinados, sin saber si van a poder volver a su casa. Todo ayuda a desestabilizar y crear mal humor.

¿Quién va a poner un mango dónde nunca pueden comenzar las clases en fecha y forma? ¿Y a quien afecta esto? A los hijos de los trabajadores. Creamos pobres y creamos burros. Un resultado genial.

¿Por qué poner plata en un país donde la cúpula sindical que fue funcional al latrocinio más vergonzoso de nuestra historia, espera que solo en un año se arregle el desbole infinito que ellos asistieron a crear?

Necesitamos empleo para sacar a la gente de la pobreza, de la inseguridad y mejorar la salud de los argentinos, pero estos gordos impresentables espantan a los inversores, argentinos o del exterior.

La causa del deterioro como país en los últimos 70 años de la Argentina se debe, sin lugar a dudas, al poder que Perón le otorgó a los sindicatos, siguiendo las enseñanzas de su maestro Mussolini (después Onganía, que soñaba con ser otro Perón, le dio la salud a los sindicatos). Ese fue el huevo de la serpiente, el principio del fin, la muerte de la república, la estampida de los empresarios que prefirieron sacar sus ahorros del país para ponerlos a salvo de la voracidad fiscal (que también es secundaria a la ineficiencia productiva por el reclamo sindical inconducente). Se produce menos, se invierte menos, se recauda menos, por lo que el Estado debe endeudarse más, este es el espiral poco virtuoso que caracteriza un país acostumbrado a las llamadas “conquistas sociales”, que solo condujeron a la pobreza de casi la mitad de la población.

Obviamente no estamos en contra de los reclamos por situaciones concretas, pero la legislación argentina es muy receptiva en cuanto a conflictos entre patronal y obrera. No necesitan paros, cortes, huelgas y manifestaciones para ser escuchados.

Este ejercicio de la fuerza política del paro es la forma en que los sindicalistas llevan agua (y plata) a su molino. Les conviene el disenso y la confrontación para hacerle creer a las bases que ellos son imprescindibles. Y nosotros somos sus rehenes.

En su cortedad de miras los gordos (que no ven más allá de su ombligo), no se percatan que si crece el país, el trabajo y la inversión, habría más afiliados a sus sindicatos y redundaría en beneficios para todos… pero no, prefieren ese status quo peronista que les ha sumado hasta el momento muchos millones a sus cuentas.

Tampoco tienen la astucia de dejar que otros (que no sean peronistas) saquen al país de este marasmo.

Si este gobierno no arregla las cosas ¿quién hará el ajuste? ¿Scioli? ¿Massa? ¿Quién va a sacar este país del barro en que ellos mismos lo hundieron? ¿Quién tiene las llaves del cielo? ¿Y por qué nos llevaron al infierno?

La eternización en el poder les ocasiona problemas a los gordos, la presión de los de abajo les está pasando la cuenta. Otra vez más vemos como el enfrentamiento entre el peronismo de “derecha” y de “izquierda” desemboca en violencia… (Como en los ’70, en los ’80 y en el 2001). ¿Es el ataúd de Iglesias? ¿Es el conmigo o sinmigo de Herminio? ¿Es la plaza de los mocosos imberbes? Hay que tener cuidado porque se matarán entre ellos y después son capaces de tirar el cadáver y decir que es culpa de la represión estatal y así aumentar el descontento social. Ya lo han hecho.

Lo que pasó en la marcha del martes es el sindicalismo que se viene, un grupo de fundamentalistas filo-trotskistas, dispuestos a todo, aún a la violencia extrema para mantener “la lucha permanente”. Este es el sindicalismo más refractario. Que de acá en más duplicará la apuesta. Hay que evitar el adoctrinamiento que está impartiendo, o crear un nuevo sindicalismo que lo enfrente en su ideología perimida.

También el gobierno debería ser menos inocente. Si los gordos se ponen en “machos”, ataquen sus bases: Manden una inspección  de la AFIP o de la Superintendencia de Salud a las Obras Sociales, revisen los medicamentos truchos, los manejos de las drogas oncológicas, los gastos administrativos y estarán abriendo otra cloaca hedionda… A ver cómo pueden justificar esa plata… y después de revisar todos los papeles siéntense a dialogar en Comodoro Py.

Algún día ¿podremos trabajar en paz?

Omar López Mato

Médico y escritor  

omarlopezmato@gmail.com   

www.facebook.com/olmoediciones 

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Paros y piquetes que agigantan la anomia

FUENTE: DIARIO LA NACION

Tomar la calle en lugar de confiar en la negociación civilizada perjudica a todos los argentinos

Marcos Aguinis LA NACION

Los gobiernos (y también la sociedad) desconfían cada vez más de la racionalidad de los paros, que pretenden consolidarse como expresión de reclamos cada vez más legítima. Esta y otras formas de protesta, como los llamados piquetes, se caracterizan por perturbar a quienes no suelen tener arte ni parte en la causa de esas manifestaciones. En la medida en que no se satisfacen ciertas demandas, alcanzan irritante carga política, multiplican su frecuencia y su agresividad. Muchas veces la rendición a sus reclamos tampoco alcanza, porque el reclamo se multiplica para obtener cada vez mayor rédito político. En otras palabras, es una calesita con sesgo infernal, porque perturba y no arregla sino cuestiones coyunturales (cuando las arregla). Es triste corroborar un absurdo: criticar estas protestas entraña pasar al bando reaccionario. Pero también era reaccionario criticar a Stalin o a Fidel Castro. Se los consideraba la guía del progreso, prevalecía la ilusión de que nos llevaban hacia un mundo mejor.

Los cortes de calles y las trabas a la libre circulación van estableciendo la certeza de que no importa perjudicar a terceros. Hacen crecer un “vale todo” que agiganta la anomia. Pero no vale todo.

Hace unos días, como si fuese un periodista curioso, me sumé a una manifestación por la avenida 9 de Julio. Una mujer empujaba un precario coche con un niñito. Le pregunté por qué había venido. Con ojos serenos respondió: “No sé”. “Pero usted llegó hasta aquí empujando este coche, no debe vivir cerca.” “Me pagaron 400 pesos y dos sándwiches.” Cerca abrían una gran parrilla sobre el pavimento. Con el arribo de un nuevo contingente, se incorporaron hombres con robustos bastones, gorros y barbijos (para llamarlos de un modo amistoso). Resultaba obvio que los bastones sirven para amenazar y también para golpear. En el fondo se trata de la violencia.

En los últimos tiempos el justo reclamo gremial se asocia con objetivos político-ideológicos. A menudo queda perdida en una nebulosa la razón estricta del reclamo y sólo se destaca su color político, de bajo valor o practicidad. Es frecuente el vandalismo contra la propiedad pública o privada. La violencia casi siempre es negativa. Pero ponerle límites, aunque suenen muy justificados, se interpreta como represión.

En muchos países los piquetes están regulados por la ley. Sus integrantes no pueden enmascarar sus rostros. Tampoco, exceder el espacio donde formulan la protesta. No pueden ir armados, ni siquiera con bastones. Se entiende que su propósito es exhibir un reclamo, no dañar la salud ciudadana. En consecuencia, resulta ilegal perturbar el tránsito público o privado, complicar la asistencia a clases, bloquear los accesos al trabajo. Y ni que hablar de los daños que en ocasiones estos piquetes producen en plazas, edificios, templos u oficinas públicas. Son responsables. Y la irresponsabilidad tiene sus debidas penas. En la Argentina suena irreal. Pero nos hemos venido acostumbrando a los piquetes que proceden al margen de las normas. Ponerlos en vereda aún no generaría una clara y mayoritaria adhesión. Aunque con el avance de sus abusos, quién sabe…

Los paros tienen malos efectos, en general. A veces se centran en demandas razonables. Pero en ocasiones las exceden. Ni que hablar de los paros generales, cuyo objetivo es, por lo general, político. Se realizan desde hace mucho más de medio siglo. Perón fue el único presidente que no los sufrió, aunque sí debió enfrentar algunas huelgas sectoriales. Las más importantes fueron las de los gráficos, los azucareros y la Unión Ferroviaria. En todos los casos, Perón procedió de forma expeditiva: las declaró ilegales e intervino los sindicatos rebeldes. Quitó a los sindicalistas las ganas de repetirlas. Pero su viuda sufrió el primer paro general contra un gobierno peronista. Histórico. Se había producido una devaluación del 150%. El cóctel de ajuste y protestas terminó con la renuncia del ministro de Economía, Celestino Rodrigo (inolvidable Rodrigazo), y de su par en Bienestar Social, el “brujo” José López Rega.

Tras la recuperación de la democracia en 1983, la simbólica incineración del féretro que realizó Herminio Iglesias fue continuada por una acción nada simbólica, sino deletérea, a cargo de una CGT sometida a Saúl Ubaldini. Produjo 13 venenosos paros generales, que tuvieron una clara repercusión en la gobernabilidad y el proceso económico. Incluso logró destruir el Plan Austral, que dibujaba una tendencia exitosa. Esos insistentes paros no derivaron en una mejora de la economía, ni de los salarios, ni de las inversiones, ni de la ocupación, ni redujeron la inflación. Al contrario, aumentaron los males. La gran pregunta que se debe formular es si de veras fueron necesarios. O si, en lugar de proponer como métoco esa violencia paralizante, no hubiera sido mejor proponer negociaciones civilizadas.

La respuesta es obvia. Pero aquí viene la siguiente cuestión: si esos paros resultaron dañinos para el país, ¿no correspondía que los sucesivos mandos de la CGT (y el Partido Justicialista, que los fogoneaba sin disimulo) hubieran hecho una autocrítica? Y con la autocrítica, ¿un pedido perdón? Y tras el perdón, juramentarse no volver con esas andadas, a menos que sea muy necesario.

Esa falta de autocrítica ha privado al poderoso movimiento sindical argentino de un instrumento ético de enorme valor. La politización sindical se manifiesta en la menor cantidad de paros generales que se efectuaron a gobiernos peronistas. En 33 años de gestión peronista, sólo hubo 18 paros generales. Pero en un lapso mucho más corto, de sólo ocho años, se concretaron 22 agresivas huelgas nacionales contra los no peronistas: 13 a Alfonsín y 9 a Fernando de la Rúa.

Retorna la pregunta poderosa: ¿para qué sirven los paros generales cuando es viable el ejercicio de negociaciones civilizadas? Ahora le exigen al mando de la CGT que realice uno cuanto antes, al comienzo del próximo mes. ¿Ese paro estimulará el desembarco de más inversiones? ¿Disminuirá la desocupación y la pobreza? ¿Se vigorizará la gobernabilidad que genera confianza? ¿Habrá una Justicia más rápida y eficiente? ¿Se pulirá y fortificará la educación? ¿Mejorará la salud pública? En otras palabras: ¿cuáles son los beneficios que aportará un nuevo paro general?

Entonces ¿los paros generan progreso? ¿O sabotean el progreso? En nuestro país estamos acostumbrados al autosabotaje. Cuando asoman datos de avance, pareciera que crece el apuro en anularlos. Así ocurrió con la presidencia de Frondizi, con la de Illia, con la de Alfonsín. Ahora ha mejorado la imagen de la Argentina en el mundo. Es altamente probable el aterrizaje de importantes inversiones extranjeras. ¿Para qué el paro general? Sería bueno que lo expliciten. De lo contrario, quedará inscripto como otra manifestación de antipatriótico sabotaje. Nada de progreso, mucho de hundimiento.

 

 

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MUY FELIZ DIA AMIGOS…

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marzo 20, 2017 · 7:35 pm

Un largo embargo contra ANSES

FUENTE: PODER JUDICIAL

La Cámara Federal de Córdoba ratificó un embargo en las cuentas de ANSES en el marco de un juicio previsional. Es en cumplimiento de una sentencia de reajuste dictada en el año 2007, cuya ejecución fue ordenada en 2012. El fallo resalta que la tutela judicial efectiva también abarca “el cumplimiento de lo mandado por el Juez en orden a la eficacia de la sentencia”.

ANSES Oficina

La decisión de un juez de Primera Instancia de librar oficio al Banco Nación para que trabe embargo sobre las cuentas de la ANSES para cubrir con el monto decretado por la Justicia Federal de la Seguridad Social en un juicio de reajuste jubilatorio, acaba de ser confirmada por la Cámara Federal de Córdoba, donde se desarrolla la ejecución de la sentencia dictada en autos “Bonafe, Alberto Pedro c/ Anses – reajuste de haberes”.

La Sala A del Tribunal de Apelaciones, compuesto por los magistrados Ignacio Vélez Funes y Graciela S. Montesi, ratificó la orden de embargo resuelta en el expediente de ejecución, que se inició en 2010, tres años después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social haya dejado firme la sentencia de reajuste de haberes.

Según surge del expediente, en 2012 se mandó a llevar adelante la ejecución en contra de la A.N.SE.S. por diferencias e intereses, pero el fallo nunca fue cumplido, por lo que el jubilado solicitó que se embarguen las cuentas del organismo previsional, lo que fue aceptado por el juez de Primera Instancia en el año 2013.

Ahora, tras sucesivas apelaciones, la Alzada dejó firme la orden, que se encuentra justificada –aseguraron los magistrados – en los antecedentes “fácticos y procesales de la presente causa”, que se sumaban al tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia y la falta de cumplimiento -en tiempo y forma- de las intimaciones efectuadas.

Para fundar la sentencia, la Cámara invocó la doctrina de la Corte Suprema en el caso “Pietranera”, donde se manifestó que “el no cumplimiento por parte del Estado de las sentencias judiciales importaría colocarse fuera del orden jurídico cuando es el Estado quien precisamente debe velar con más ahínco por su respeto”.

El Tribunal también recordó que la Cámara Federal de la Seguridad Social tiene dicho que “La inembargabilidad que se concede al Estado, no es un beneficio incondicional e irrestricto; antes bien, se supedita a que éste cumpla y acate las mandas judiciales de un modo determinado que no perjudique su actividad, pero que garantice el cumplimiento de sus obligaciones. El Estado, gestor y protector de la sociedad y los individuos que la componen, debe ser el primero en honrar sus deudas, entender lo contrario es absolutamente impensado en un Estado de derecho”.

Ante tales antecedentes, y persiguiendo el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva, que según los magistrados “no agota su contenido en que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, sino que comprende además el cumplimiento de lo mandado por el Juez en orden a la eficacia de la sentencia”, el Tribunal confirmó la resolución recurrida “en todo lo que ha sido materia de apelación”.

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