Archivo mensual: mayo 2016

Los precios “escandalosos” de los medicamentos

Por Dr. Daniel Cassola

El refrán dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, podríamos considerar que la inflación es lo que revuelve al río y que los pescadores son los grandes laboratorios. Un grupo de diputados de la coalición oficialista Cambiemos denunció ante la Comisión de Defensa de la Competencia a laboratorios medicinales por el aumento en los precios de sus productos durante el período noviembre – mayo. El término que utilizaron los legisladores para describir la situación fue el de “escandaloso”.

Según los cálculos de los denunciantes, los medicamentos presentan en promedio una aumento del 36,5 por ciento, con algunos productos que superan el 50 por ciento de incremento. A juicio de los diputados, esto muestra “la insensibilidad de la industria ante las necesidades de los argentinos, en especial de los más pobres”. A través de un comunicado, ampliaron: “Nada puede justificar aumentos que están largamente por encima del promedio de toda la economía, excepto el aprovechamiento de una estructura concentrada que maneja a su gusto toda la cadena productiva y comercial”.

Por ello, es que los diputados denuncian la existencia de una “estructura productiva y comercial oligopólica que daña al conjunto social”, y luego promueven “una intensa agenda legislativa que avance hacia promover la competencia e incorporar mayor racionalidad en la fijación de precios”. Si tomamos en consideración otras denuncias que hemos publicado aquí en Curar con Opinión con anterioridad, podríamos decir que la denuncia de los diputados macristas se queda corta.

Según una presentación del sindicato de propaganda médica (AAPM) hay distintas maniobras de los laboratorios para incrementar desmedidamente los precios de sus productos. Por ejemplo, reducen la producción de una droga oncológica (ciclofosfamida) con el objeto de introducir luego un medicamento que sea más caro. En lo que refiere a los medicamentos de venta libre, como aspirinas y otros, no se han aumentado tanto los precios pero se han reducido las presentaciones. Las cajas de 100 comprimidos ahora son de muchos menos pero cuestan lo mismo. Es el aumento de precio por otra vía.

Es un área realmente sensible y se trata de un consumo vital, para nada suntuario. Uno puede postergar la compra de un auto, pasar a segundas marcas en productos de alimentación u otros rubros, pero no puede dejar de consumir medicamentos si realmente los necesita. Paradójicamente en este río revuelto de la inflación los pescadores que se llevan la ganancia son los peces gordos de la industria.

Se registran el doble de casos de gripe A que el año pasado

Por Redacción Curar con Opinión (23-05-16)

Desde el Ministerio de Salud de la Nación llamaron a la cautela, sostuvieron que “no estamos ante una epidemia” y alentaron la vacunación “pero sin asustarse”. Al momento, hay once muertes confirmadas por gripe A aunque la cifra podría ser en realidad mayor ya que las estadísticas tienen un atraso de entre dos y tres semanas.

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud informó que durante el fin de semana se produjeron seis decesos por gripe A. En San Luis, el ministerio de salud provincial informó que el gobernador Alberto Rodríguez Sáa y que su evolución es favorable.

Piden aumento de emergencia de 6 mil pesos para todos los jubilados

Por Redacción Curar con Opinión (23/05/16)

La iniciativa es impulsada por los diputados nacionales del Frente de Izquierda – Partido Obrero, Pablo López, Néstor Pitrola y Soledad Sosa. En el proyecto los legisladores fundamentaron que “más del 50 por ciento de los jubilados percibe hoy el haber mínimo de 4959 pesos mientras otro 17 por ciento apenas supera esa cifra”.

Además los diputados sostuvieron que “quienes perciben estos haberes no pueden, de ninguna manera, hacer frente a la escalada de precios en artículos de primera necesidad, medicamentos, alquileres y expensas, provocados por una devaluación de nuestra moneda que ronda el 60 por ciento, a lo que hay que sumar el extraordinario aumento de las tarifas de servicios públicos y transporte”.

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Jubilados sin Justicia

FUENTE: DIARIO LA NACION

Los más de siete años que duran los juicios para actualizar los magros haberes se convierten en verdaderas penas de muerte para los litigantes

l dicho afirma que “una Justicia lenta no es Justicia”. Ahora bien, cuando la lentitud de la Justicia se posa sobre el fuero previsional, la justicia lenta se convierte en pena de muerte.

En la Cámara de la Seguridad Social agonizan 80.000 causas con sentencias de primera instancia congeladas, donde cada expediente permanece alrededor de 17 meses antes de ingresar a las salas para el trámite del recurso de apelación correspondiente (lo que insume dos años más de demora en promedio). A ello hay que sumarle las 30.000 causas que están en trámite en las tres salas.

Es decir que 110.000 jubilados sufren lo que en patología jurisdiccional se denomina técnicamente “privación de justicia”. A esto debemos agregar los miles de casos que ya tienen sentencia favorable de la Corte -que llegaron al máximo tribunal debido a la estrategia de un Poder Ejecutivo que apela sistemáticamente en todas las instancias para dilatar los procesos. En definitiva, el promedio para que un jubilado acceda a la actualización de su jubilación se estira a siete u ocho años hasta que se efectiviza.

De esta manera, son miles los jubilados que mueren antes de poder cobrar el reajuste de sus jubilaciones, convirtiendo al sistema previsional y a la justicia de Seguridad Social en un rifle sanitario al servicio de un superávit fiscal utilizado discrecionalmente en acciones ajenas a garantizar la calidad de vida de los últimos años de nuestros abuelos.

Por eso, resulta de suma trascendencia el pedido que formuló el presidente Mauricio Macri al titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, para ponerse al día con el pago de las sentencias judiciales por actualización de haberes jubilatorios de 2003 a 2006, pero no sólo de las 50.000 sentencias firmes emanadas de la Corte Suprema de Justicia. La prioridad será para los jubilados de entre 85 y 99 años, o que padezcan enfermedades terminales o vivan situaciones extremas.

La Corte Suprema ha profundizado el colapso del fuero con fallos que no ayudaron a sentar criterios jurisprudenciales que hubieran agilizado los procesos, como dar curso a las medidas cautelares en lugar de revocarlas.

Pero mientras los beneficios de una Justicia rápida no llegan a miles de jubilados, familiares de los miembros de la cámara son beneficiados por la discrecionalidad y nepotismo en algunos nombramientos que violan el artículo 12 del Reglamento para la Justicia Nacional que apunta a impedir designaciones en función de parentesco, como sucede con la prosecretaria general de la cámara, Silvina María Borghi, hija de la camarista -y actual presidenta Mabel Maffei de Borghi. Cuando se denunció el hecho de que la prosecretaria dependía directamente de la presidencia de la cámara, es decir que la hija dependía directamente de su madre, en un confuso dictamen la Dirección Jurídica General de la Corte Suprema sostuvo que los funcionarios de la Secretaría General (secretario y prosecretario generales) no dependían en forma inmediata de la presidenta de la cámara, sino de la cámara misma. Esta interpretación tampoco despeja el vínculo de dependencia, ya que Mabel Maffei es miembro de la cámara además de su presidenta, por lo que Silvina Borghi continúa dependiendo de su madre en un claro acto de incompatibilidad manifiesta.

También el fuero sufrió una feroz persecución política por parte del gobierno kirchnerista, que se ensañó contra los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, quienes fallaban a favor de las medidas cautelares, ordenándole a la Anses que actualizara las jubilaciones de manera inmediata sin esperar los años que demora el trámite ordinario. Ambos magistrados sufrieron un proceso de pedido de juicio político durante años, hasta que el apoyo de la ciudadanía, asociaciones profesionales de abogados, organizaciones intermedias vinculadas al derecho y la falta de sustento del pedido hicieron que la denuncia fuera desestimada.

El camarista Herrero calificó de “escarnio jurídico” y “trama siniestra” al drama social del jubilados obligados a recurrir a la Justicia para actualizar sus haberes y mencionó, entre varias de las causas, la decisión política de la Anses de no aplicar los fallos de la Corte Suprema a los casos análogos, y la decisión del máximo tribunal de “asignar efecto individual a la sentencia Badaro y no expansivo, como habría correspondido, lo que ocasionó el colapso del fuero previsional”.

La deuda que ese sistema tiene con los jubilados, además de financiera, es moral y de enormes dimensiones. La primera se salda priorizando las partidas presupuestarias para cumplir con los fallos judiciales, debiendo sumarse el producido por la venta de las acciones que la Anses posee en empresas privadas. La segunda requiere la sensibilidad política para terminar con el perverso sistema de apelaciones que convierte el trámite de actualización de las jubilaciones en un certificado de defunción.

En este contexto, resulta muy valiosa la decisión del presidente Macri, al tiempo que jueces como Herrero y Fernández, que no fueron apoyados por sus colegas del fuero ni por la asociación que los nuclea durante los cuatro años de impiadosa persecución a los que fueron sometidos por el gobierno anterior, se convierten en la última esperanza de cientos de miles de jubilados que, además de víctimas de la vejez, se tornan rehenes de un perverso sistema previsional que se empeña en negarles su derecho convencional y constitucional a un nivel de vida digno.

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Anunciarán este jueves el pago a jubilados de 50.000 juicios con sentencia firme de la Corte Suprema

FUENTE: INFOBAE

El Ejecutivo no decidió de dónde sacará el dinero. Hay otros 300.000 juicios con sentencia pendiente para los que evalúan una propuesta de aceptación voluntaria.

El jueves Mauricio Macri hará un anuncio importante junto a Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS. Ambos confirmarán el pago de 50.000 juicios a jubilados que tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. En el presupuesto hay $12.500 millones previstos para este pago y, aparentemente, tendrán prioridad de dobro los casos de edad avanzada.
En este punto, cabe destacar que hay otros 300.000 juicios con sentencia pendiente para los que no descartan una propuesta con quita y pago en bonos y cuotas. La aceptación de este acuerdo sería voluntaria, y corresponde a juicios por liquidaciones incorrectas tras la crisis económica de 2001 ya que en ese momento el Poder Ejecutivo solo actualizaba el haber mínimo. Sobre este punto, el fallo Badaro determinó que las jubilaciones debieron actualizarse un 88,5% por el período 2002-2006.
Los borradores que circulan hasta el momento proponen pagar la mitad con efectivo del Tesoro y la otra mitad de ANSes, como también hay una alternativa de 50% de pago al contado y el resto en cuotas o en bonos. Según detalla El Cronista, los borradores sufrirían algunas modificaciones al entrar en el Congreso como proyecto de ley.
El Gobierno baraja la posibilidad de utilizar por decreto parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para los pagos. Mediante el decreto, se pueden vender títulos de deuda pública y cancelar plazos fijos, que representan aproximadamente el 70% del FGS. El fondo hoy es de $750.000 millones, de los cuales el 13% son acciones de empresas, el 70% títulos de deuda y plazos fijos y el resto en inversiones. Al menos $429.000 millones corresponden a títulos públicos.
Sin embargo, no se habla de vender acciones del FGS mediante un decreto, ya que para eso también se necesitaría la aprobación de un proyecto de ley por parte los legisladores.

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Jubilados: la ANSeS analiza pagarles juicios y retroactivos

FUENTE: DIARIO CLARIN

Cobrarán primero los de mayor edad y los que tienen problemas de salud

Abarca a 1, 5 millón que no fueron a la justicia o que aún no tienen fallo. Habrá un cronograma y prioridades

Ismael Bermúdez

El Gobierno está analizando cómo pagar la deuda que la ANSeS tiene con un millón y medio de jubilados. Se trata de 350.000 jubilados que iniciaron juicios por los reclamos Badaro y Elliff, que siguen en trámite y no tienen sentencia.

Y piensan extender la misma oferta de pago a más de un millón de jubilados que están en la misma situación, pero que no iniciaron el trámite judicial.

Además, hay unos 40.000 jubilados que tienen sentencia firme y que cobrarán de la partida asignada en el Presupuesto Nacional.

Las opciones que se barajan se mantienen en total hermetismo, pero pasarían por ofrecer un pago al contado, combinado o no con bonos según los casos y montos, con algún descuento.

A cambio, el jubilado debería retirar la demanda o desistir de iniciar un juicio. También debería ajustarse hacia delante el haber de esos jubilados.

Parte de los fondos provendrían de la venta de los títulos públicos y también de acciones de empresas privadas que la ANSeS tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y eventualmente de tomar deuda.

El FGS tiene papeles por  700.000 millones de pesos, de los cuales el 70% son títulos públicos. Poco menos del 10% son acciones, cuya venta requiere una ley de Congreso.

En la ANSeS dicen que la propuesta estaría diseñada antes de junio, que habrá un calendario de pago, y que la prioridad será para los de mayores edades o que tengan problemas de salud.

La propuesta pasa por una definición política con fuertes implicancias financieras.

Las sentencias de los jubilados no se pagan ni del dinero de la caja de la ANSeS ni del FGS sino de partidas especiales que se aprueban todos los años en el Presupuesto Nacional. Por ejemplo, para 2016, la partida es de $ 12.500 millones lo que alcanzaría para el pago de 40.000 casos.

El fallo Badaro reconoció un ajuste del 88,6% en los haberes de jubilados por el periodo enero 2002 a diciembre de 2006, cuando el Gobierno otorgó un aumento del 10 o 21% .

Y en Elliff ordenó ajustar por el indice de salarios las remuneraciones que se toman como base del cálculo de las jubilaciones.

En el Gobierno saben que la mayoría de esos juicios se apoyan en fallos de la Corte Suprema (Badaro, Ellif, “renta vitalicia” de ex AFJP, y otros). Así, aunque ANSeS apele como viene haciendo, cuando llegan a la instancia final, en procesos que duran hasta más de 10 años, el Estado termina siendo condenado al pago de la retroactividad más intereses, abultando la deuda.

Y además, debe reajustar el haber corriente de acuerdo a los términos de la sentencia. Por eso, los últimos pagos de sentencias de la ANSeS arrojaron un promedio de poco más de $ 300.000 por jubilado y un reajuste del haber de no menos del 50%.

En tanto, el jubilado vive en la incertidumbre, con haberes que no le alcanzan y en innumerables casos, el resultado final del juicio se conoce varios años después que fallece. La deuda pasa al cónyuge y demás herederos.

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La ANSES no venderá acciones para pagar sentencias a jubilados

FUENTE: DIARIO CLARIN

Los activos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El titular del organismo, Emilio Basavilbaso, afirmó que pagarán los juicios con el flujo del FGS.

El titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, negó que, para hacerse del dinero necesario para pagar las sentencias a favor de jubilados, ese organismo esté pensando en vender las acciones de empresas privadas que tiene en su poder, y que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

En declaraciones realizadas esta mañana a Radio Mitre, el funcionario señaló que “en principio, vamos a tratar de no vender las acciones. Lo que sí queremos es utilizar el flujo que genera el fondo. Este fondo genera una utilidad mes a mes y la idea es utilizar el fondo, que se usó para diferentes cosas, pero no para los jubilados, para pagar los juicios. Al menos en 2016 y 2017 no tenemos planes de vender las acciones”.

En los últimos días el Gobierno blanqueó el plan para hacer frente a la deuda con los jubilados que ya cuentan con sentencia firme de la Corte Suprema, y se especuló que parte del dinero provendría de la venta de dichas acciones. El FGS se armó con las tenencias que tenían en su poder las AFJP al momento de la re-estatización del sistema previsional. En ese paquete hay acciones de diversas empresas que cotizan en Bolsa, como Banco Macro, Consultatio, Siderar, entre otras.

El Fondo adminsitra activos por cerca de 600.000 millones de pesos. En la última etapa del kirchnerismo, se aprobó una ley para que las acciones puedan ser vendidas solo si una mayoría calificada del Congreso (dos tercios) lo autoriza.

Basavilbaso señaló que tienen en carpeta hacer frente a 50.000 juicios con sentencia firme de la Corte Suprema y otros 200.000 que están en trámite y seguramente obtendrán sentencia a favor.

Pero recordó que la ANSeS quedará obligada también a una recomposición salarial, que llevará al grueso de los jubiados, que hoy cobran 9.000 pesos, a percibir un haber cercano a los 14.000 pesos.

“Estamos revisando todos los expedientes que están en las tres cámaras previsionales” dijo Basavilbaso, para dar dimensión del trabajo que están encarando.

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La información del PAMI nos pertenece

FUENTE: DIARIO CLARIN

Imágenes desoladoras. Cifras que parecen irreales pero no lo son: 16 mil sillas de ruedas oxidadas. 25 millones de pesos facturados por dos clínicas inexistentes. 22 causas penales. Tal cual lo explicó Carlos Regazzoni, director ejecutivo del PAMI, la situación es insostenible. Las pruebas son claras y precisas. Reflejan la desidia y la impunidad como resultado de las irregularidades y la corrupción que signó al organismo, durante su última gestión. La administración anterior destrozó y peor aún privó de respuesta a los miles de ancianos que se quedaron esperando la silla de ruedas que necesitaban, la continuidad del tratamiento que estaban desarrollando o la asignación a un lugar para ser internados.

Es fundamental que entendamos que, hasta hoy, los afiliados al PAMI fueron privados de información que les pertenece y que conviven en medio de información escasa o directamente omitida. El acceso a la información es un derecho humano y como tal garantizado en nuestra constitución. Lamentablemente, el PAMI violó sistemáticamente por años los derechos de nuestros viejos.

En el 2012, la Asociación Derechos Civiles (ADC) realizó un pedido de acceso a la información pública ante el PAMI. El organismo se negó a entregarla argumentando no ser un sujeto obligado a brindar información en el marco del decreto 1172/03 del Acceso a la Información Pública. El caso llegó a la Corte Suprema, que estableció que la obra social de los jubilados está obligada a brindar la información que posee por tratarse de una persona pública no estatal que brinda un servicio público. Este fallo postuló la imperiosa necesidad de la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, que espera su pronta sanción en el Parlamento.

En medio de esta coyuntura algo a lo que no podemos dejar de atender es que toda la información que presentó Regazzoni es pública. Es decir; todos los ciudadanos tenemos el derecho a conocerla. Simple: el acceso a la información es una herramienta que permite acceder a otros derechos, como el derecho a la salud. Con una Ley de Acceso a la Información Pública ya no habrá que esperar a que un funcionario haga una denuncia pública sino que cualquiera de nosotros podrá acercarse al PAMI y preguntar por qué no le entregan la silla de ruedas que solicitó y el funcionario del PAMI estará obligado a responder. La sanción de esta norma hará posible que las personas soliciten y reciban información de modo directo, sin restricciones, ni formalidad alguna. Estamos cada vez más cerca de saldar una enorme deuda que tenemos con la democracia. En estos días el PAMI estará cumpliendo 45 años de existencia; fecha oportuna para trabajar por una gestión transparente y de gobierno abierto para que resguarde la salud de los jubilados argentinos, para lo que fue creado.

Karina Banfi  es Diputada nacional (Cambiemos). Vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión

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Los jubilados, privados de justicia

FUENTE DIARIO CLARIN

Debate Luis René Herrero

El caso “Baez-Fariña-Elaskar y Cía.” concentra la atención de la sociedad y oscurece la triste situación de privación justicia que padecen los jubilados argentinos.

Un reclamo por reajuste de haberes previsionales contra la ANSeS dura siete años; se sustancia mediante el proceso ordinario del código procesal civil y comercial, y debe superar cuatro interminables instancias judiciales antes que el monto determinado en la sentencia sea cancelado.

Un escarnio jurídico de cara al compromiso internacional que asumió el país de establecer procedimientos sencillos, breves, rápidos y efectivos para la tutela de los derechos.

Esta demora irrazonable de los juicios y el enorme volumen de causas que mantienen paralizado al fuero previsional desde el año 2013 conforman la trama siniestra de este pavoroso drama social.

Dos causas fácilmente verificables desnudan el origen espurio de esta litigiosidad. La primera tiene que ver con lo siguiente: a) ilegal “asistencialización” del régimen “contributivo”, que menoscaba la garantía constitucional de movilidad que el artículo 187 de la ley 24241 procura preservar; b) no aplicación de los fondos previsionales al pago íntegro de las prestaciones del régimen contributivo; c) pertinaz decisión política de la ANSeS de no extender los fallos de la Corte Suprema a los casos análogos; d) no cumplir las sentencias firmes de los jueces previsionales dentro del plazo de ciento veinte días, obligando a los actores a iniciar interminables procesos de ejecución.

La segunda causa se centra en el rol institucional de la Corte Suprema en materia previsional: a) decisión equivocada de asignar efecto individual a la sentencia “Badaro” y no “expansivo”, como hubiera correspondido, lo que ocasionó el colapso del fuero previsional; b) decisión equivocada de revocar centenares de medidas cautelares que intimaban al Director Ejecutivo de ANSeS a cumplir el fallo “Badaro” en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de aplicarle una multa personal; c) demora de más de cinco años en dictar sentencia en el amparo deducido por el Defensor del Pueblo de la Nación para que se reconozca a todo los jubilados la movilidad de “Badaro” en una sola sentencia.

A los tres poderes del Estado les cabe la responsabilidad histórica de reconocer y enmendar estas conductas institucionales inicuas que mancillaron los derechos humanos del sector más vulnerable de la sociedad: los jubilados que cumplieron todos los requisitos legales para gozar de su jubilación en el ocaso de sus vidas, en completa paz y junto a sus familias. Todos seremos algún día jubilados, pero ya será demasiado tarde para lamentarnos.

Luis René Herrero es Juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social

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Uno de cada cuatro jubilados no cubre sus necesidades básicas

FUENTE: AMBITO.COM

Un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina determinó que uno de cada cuatro jubilados no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, que incluyen tanto las económicas como las afectivas.

El informe, realizado entre 2010 y 2014 y presentado este martes por el “Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores”, arrojó como las necesidades más insatisfechas a las económicas (45,6%), en menor medida las de salud (27,1%), alimentación (17,9%), vivienda (15,7%), cariño y afecto (14,3).

Otro dato significativo fue que 9 de cada 10 personas mayores se hacen cargo de roles y de la realización de tareas en el hogar, lo que implica un alto nivel de autonomía y autocuidado que dista mucho del imaginario de vejez dependiente.

Según explicó Enrique Amadasi, coordinador del Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores, otro de los hallazgos principales fue que se debe hablar de “diversidad” en la tercera edad, que en Argentina es representada por más de seis millones de personas. “No hay vejez, sino ‘vejeces'”, dijo, y detalló que, en Argentina, esa diversidad no se encuentra en las variables “clásicas” como género o edades, sino en la estratificación social y la educación.

Para el investigador, las personas mayores que se encuentran en “peores condiciones” son quienes habitan hogares intergeneracionales, porque “su condición de vida se desvaloriza”. Añadió que es necesario comprender que quienes habitan un hogar con familiares de diversas edades “no viven allí por una decisión feliz, sino porque no tienen otra posibilidad”.

Se estima que en los próximos 50 años se cuatriplicará la cantidad de personas mayores de 60 años en el mundo, pasando de 600 millones a 2.000 millones. Según el censo 2010 en Argentina residen 5,7 millones de personas mayores de 60, y para 2025 se estima que superará los ocho millones.

Cabe destacar que el informe no investiga los asilos de ancianos, aunque calcula que el 3 % de la tercera edad vive en uno de ellos. El Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores de 2015 relevó datos en más de 18 ejidos urbanos de todo el país, y tomó los datos relevados entre 2010 y 2014, que en total sumaron alrededor de 6.500 encuestados de 60 años y más.

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Representantes de jubilados y pensionados de todo el país se reunieron con autoridades de la ANSES

FUENTE: ANSES

Hoy finalizaron las dos jornadas en las que se reúnen periódicamente el Órgano Consultivo y autoridades de la ANSES. En estos encuentros, los jubilados y pensionados representantes de distintas regiones del país acercan al organismo propuestas de mejora del sistema previsional, conversan sobre las necesidades del sector e intercambian experiencias con personal de distintas áreas.

Este cierre contó con la presencia del Secretario General de la ANSES, Alejo Maxit, y el Director General de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, Patricio Piffano, quienes respondieron consultas y compartieron los puntos de vista de la nueva gestión del organismo sobre distintos temas.

Durante la reunión, Maxit comentó: “Trabajar en conjunto es la visión que tiene Emilio Basavilbaso para todos los ámbitos del organismo. Para la ANSES es muy importante reforzar este espacio de comunicación con ustedes, que representan a los jubilados y pensionados de todo el país, porque es la forma en la que estamos trabajando, recorriendo el territorio nacional y en contacto directo con la gente. Queremos potenciar esta función del Órgano Ejecutivo y que cada vez haya más canales de comunicación con las regionales de la Argentina”.

Respecto de una posible nueva ley jubilatoria, Maxit aseguró: “Gran parte de las ideas para la nueva jubilación surgió de estos encuentros, por eso estamos convencidos de que tiene que ser discutida por una amplia cantidad de sectores involucrados. Sin duda, deben participar los jubilados y pensionados, pero también sindicatos, especialistas y aquellos espacios que nos permitan lograr un proyecto que esté consensuado por todos los sectores”, y agregó: “Nuestra lógica de trabajo es construir sobre lo ya hecho, porque esa es la lógica de la evolución. Queremos mejorar lo que estuvo bien hecho, así trabajaremos la nueva ley jubilatoria”.

El Órgano Ejecutivo es un cuerpo operativo integrado por representantes elegidos por el Órgano Consultivo (uno por cada región del país) en cuyas reuniones se tratan los temas de mayor urgencia de cada zona planteados por los jubilados y pensionados. Ambos órganos forman parte del primer espacio de participación ciudadana en un organismo del Estado, lo que permite fortalecer el sistema a nivel federal.

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Cuáles son los juicios de jubilados que promete pagar el Gobierno

FUENTE: DIARIO LA NACION

SILVIA STANG

El proyecto de la Anses incluye a los afectados por la falta de movilidad de haberes durante varios años en la década pasada, y también a quienes reciben un ingreso que fue mal calculado en su inicio; la venta de acciones del fondo de garantía aún no está definida

La inflación y las decisiones políticas tomadas en los primeros años del kirchnerismo respecto de los haberes previsionales, hicieron que la década pasada fuera un período en el que se multiplicaron los juicios contra el Estado hechos por jubilados que reclamaron por sus derechos. Eso representa una deuda enorme, y desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo que dirige Emilio Basavilbaso, se anunció que el objetivo es saldarla sin necesidad de que cada uno de los afectados tenga que esperar su sentencia judicial definitiva.

El proyecto contempla poner en línea los ingresos de los jubilados con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en dos causas, las llamadas Badaro y Elliff, según afirmaron a LA NACION fuentes del Gobierno. En los incumplimientos del Estado que llevaron a esas personas (Alfredo Badaro y Alberto Elliff) a iniciar sus demandas, está la razón de la mayoría de los juicios, aunque también hay otros derivados de otros motivos. ¿Qué dijeron estos fallos y, por tanto, qué es lo que ahora se buscará corregir en forma generalizada para quienes sigan con sus ingresos afectados?

En la causa Badaro, los jueces supremos determinaron que entre 2002 y 2006 el valor de todas las jubilaciones debió haber aumentado -como mínimo- según la evolución de los salarios. Y, concretamente, el índice elegido para esa comparación había crecido un 88,6% en el período mencionado. Muy lejos de garantizar ese derecho para todos los pasivos, los gobiernos de aquellos años (el de Eduardo Duhalde primero y el de Néstor Kirchner después) decidieron ajustar solamente las jubilaciones mínimas, y sólo sobre el final del período se otorgó una tardía y pequeña recomposición para los que cobraban entre esa cifra y $ 1000.

Antes de emitir ese fallo, en noviembre de 2007, en el año previo los magistrados ya habían analizado la demanda de Badaro y le habían ordenado a los poderes Ejecutivo y Legislativo que aprobaran un mecanismo de ajustes periódicos y automáticos, para que el valor de los ingresos no se retrasara más respecto de la inflación. La segunda sentencia (la que definió finalmente un índice de actualización para el período en cuestión) llegó porque el Gobierno demoró en dar una respuesta.

Desde 2009 rige la ley de movilidad jubilatoria y, a partir de entonces, los haberes se actualizan en marzo y septiembre de cada año según el resultado de una fórmula que combina la evolución de un índice de salarios y la suba de la recaudación de los impuestos destinados al pago de las prestaciones jubilatorias. Pero cuando empezó a regir esa ley (el primer aumento fue en marzo de 2009) los ingresos de cientos de miles de personas acumulaban ya una caída de su poder adquisitivo de hasta de 40%, y así, las subas otorgadas pasaron a calcularse sobre un ingreso que está por debajo de lo que debería ser. Esa situación no fue resuelta para quienes aún no recorrieron el largo camino de la Justicia y lograron que se les pagara la sentencia.

En el caso de Elliff, la cuestión bajo análisis fue cómo se calculó el haber de inicio, es decir, el primer ingreso recibido por la persona al jubilarse. En la fórmula de cálculo se incluye el promedio del ingreso de los últimos 120 meses con aportes. Dado lo extenso de ese período (y aun cuando no lo fuera tanto) es fundamental la manera en que se ajustan los valores históricos. El problema fue que durante un tiempo la Anses dispuso no aplicar actualización alguna al valor nominal de esos sueldos, y el efecto lógico de utilizar montos históricos es la subvaluación de los haberes. Luego comenzaron a usarse algunos índices, pero diferentes al que eligieron los jueces en su fallo: uno que mide la variación de los salarios básicos de la industria y la construcción. Este tema fue también solucionado con la vigencia de la ley de movilidad, porque desde entonces se usó ese índice para la actualización. Pero, al igual que lo ocurrido con la movilidad periódica de los haberes, el daño sufrido antes de que se dispusiera el mecanismo de actualización, no fue compensado.

Del proyecto oficial para compensar ahora a los jubilados, faltan conocer varios aspectos. Uno de ellos es de dónde saldrán los recursos. El análisis que hace la Anses es que podría utilizar parte del fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional (integrado principalmente con los recursos que estaban en las cuentas individuales de las AFJP). La ley es bastante restrictiva en cuanto a la posibilidad de darle un uso a esos recursos (sí se dispone que deben ser invertidos). La razón por la cual sí podría usarse para pagar los haberes de los jubilados actuales para responder a lo que determinó la Corte Suprema, es que una de las funciones asignadas por el decreto 897 (que creó el fondo en 2007) es la de “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”.

El mes pasado surgió la versión de que se venderían las acciones de empresas privadas en las que tiene participación el fondo de la Anses. Sin embargo, en el organismo sostiene que ese tema está aún en estudio y es muy probable que no se requiera hacer esa operación.

Otras cuestiones por resolver es si, además de hacer la actualización del haber de cada jubilado afectado por las situaciones mencionadas, se abonará todo el monto retroactivo y, en tal caso, en qué tiempos y bajo qué modalidad se hará ese pago.

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