Archivo mensual: enero 2016

¿ y LA ANSES ? (VIII)

POR SILVIO PEDRO PIZARRO

El Director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso indicó que el Gobierno analiza volver atrás con la ley que limita la venta de acciones de empresas que, como parte de sus inversiones, tienen el fondo de garantía del sistema previsional que gestiona la Anses. La justificación es que la obligación de obtener un permiso del Congreso cada vez que se quiera hacer cambios en las tenencias accionarias es un paso burocrático que puede perjudicar al fondo.
“Con lo rápido que se mueven los mercados, la ley no permite actuar en caso de que haya un problema” y sea necesario vender acciones para preservar el valor del fondo, dijo
La citada ley dictada en los últimos meses del mandato de Cristina, obedeció al propósito de poner trabas al futuro gobierno limitando y demorando la venta de acciones.
Además puntualizó que, en un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se nombrarán nuevos directores en las compañías en las que hay participación accionaria del Estado. Según Basavilbaso, los directores anteriores, designados por el kirchnerismo, “funcionaban como policías de la economía, y a muchos los había elegido Kicillof para adoctrinar a las empresas” y no para cuidar el fondo del sistema jubilatorio.
Ambas decisiones son correctas conforme a los argumentos del funcionario y nos permiten comprobar que la Anses  está todavía en funciones
Sin embargo, son escasas y espaciadas las noticias que recibimos con respecto a las denuncias sobre malversación de fondos, defraudaciones al Estado, desvío de fondos y saqueos permanentes a la Caja de Jubilaciones.  
En más de 60 informes, la Auditoría General de la Nación (AGN) destacó aspectos críticos de la gestión de la Anses, particularmente aquellas medidas que ponen en riesgo los activos de su propiedad. clase pasiva, actual y futura. Jamás fueron tenidos en cuenta, se dispuso su archivo.
Ha censurado aspectos centrales vinculados a la sustentabilidad del régimen previsional en una perspectiva de mediano y largo plazo. También ha cuestionado la utilización de fondos de la Anses para otros destinos ajenos al sistema previsional, incluyendo gastos corrientes del Estado nacional. Asimismo, la actitud contumaz del Estado frente a los reclamos reiterados de actualización de los haberes, a pesar de los fallos condenatorios y compromisos internacionales de no apelar las sentencias, ha incrementado de manera exponencial la litigiosidad del Estado en detrimento de los legítimos beneficiarios del sistema.
La Corte Suprema ordenó varias veces que el organismo previsional honre las deudas por movilidad que mantiene con miles de jubilados. El Gobierno desoyó esa orden y utilizó los recursos para cubrir sus necesidades financieras. “Se sacaron fondos del sistema para otros destinos que no tienen relación con la futura clase pasiva”, dijo la AGN
Esta es una precaria enumeración de los hechos irregulares por los que venimos solicitando la intervención de Anses con la inmediata realización de las correspondientes auditorías. No se encuentra ninguna razón que justifique la demora del Gobierno en tomar acción inmediata, especialmente por el distinto accionar en otros ministerios, secretarías y organismos donde ya se ha informado oficialmente la la toma de medidas que se están llevando a cabo, incluyendo la cesantía de miles de empleados “ñoquis” nombrados en los últimos meses del mandato de la ex-presidente.
Según las estadísticas que maneja el gremio estatal ATE,  ya fueron dados de baja 7795 empleados en todo el país. En el ministerio de Justicia, en el ministerio de Cultura, en el Banco Central, en la Casa Rosada, en el ministerio de Defensa, en la Afsca, en Aerolíneas Argentinas y en otras reparticiones, pero aparentemente la avalancha de designaciones en la Anses no son impugnables.
Hace solo dos días escribimos sobre este tema ya que la corrupción en este organismo es con toda seguridad el más escandaloso de la Administración Nacional y el silencio de las nuevas autoridades ya se torna sospechoso. La promesas realizadas durante la campaña electoral para informar al pueblo sobre la corrupción de los funcionarios kirchneristas, desde su expresidente hasta los funcionarios cómplices del vaciamiento del país, comenzó materializándose con la creación de una oficina especial a tales fines y continuó con las auditorías, investigaciones y cesantías anteriormente señaladas. Nada en absoluto se ha dado a conocer sobre la Anses.
Que se entienda bien, no exigimos soluciones inmediatas, nuestra insistencia y perseverancia sobre tema tan grave e importante, tanto para el gobierno como para el pueblo y los jubilados, es que se brinde información, que se nos diga cuando se ordenarán las auditorías, cuando se analizará la planta de funcionarios que invadieron en exceso y con altos sueldos las oficinas de la Anses, cuando se realizará un balance acerca del estado real en que quedó la situación económica de la institución, cuando se dispondrá que sus fondos no serán utilizados para fines ajenos a sus funciones.
¿Qué temores le pueden asaltar al Gobierno para no responder a este particular llamado? ¿Políticos, económicos, sociales? ¿Hay compromisos ocultos? ¿Hay razones de Caja?.
Todo silencio genera dudas que deben aquietarse con urgencia. Va en ello el fracaso de la política de transparencia y sinceridad que se nos prometiera solemnemente y por la cual hemos votado.

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La inflación del INDEC perjudicó a los jubilados

 

Fuente: Diario Clarín

Subestimación de la suba de precios El ANSeS tiene muchos bonos que ajustan por CER. Al medir mal la inflación, disminuyó mucho el capital del organismo.

Ismael Bermúdez

Por la manipulación del Indice de Precios por parte del INDEC, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS fue perjudicado en la friolera de $172.000 millones. Y si el Gobierno reparara ese “robo estadístico”, la ANSeS dispondría de una mayor fuente de fondeo con el que podría, por caso, cancelar todos los juicios previsionales pendientes con los jubilados.

Las demandas judiciales de los jubilados suman más de 300.000, que se agolpan en los distintos juzgados de la Seguridad Social.

El cálculo y la propuesta son de Javier Mutal Hodara, ex subsecretario de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Lavagna-Nielsen.

Los números son simples. “Con el canje de la deuda en default en 2005, a cambio de bonos por US$11.913 millones, recibieron un bono denominado en pesos ajustable por CER –denominado Cuasi Par a vencimientos de muy largo plazo–por $24.300 millones, equivalentes en ese momento a US$8.329 millones. Es decir, un 30% de pérdida de valor”, dice el ex funcionario.

Luego, por la manipulación del indice de precios, que ajusta el CER, la actualización de esos bonos sufrió una gran adulteración. “El valor actual de las tenencias del Cuasipar en el FGS, ajustado por los intereses acumulados y por la aplicación del CER, llega a $112.000 millones. Mientras que si fuera ajustado por el IPC del Congreso, entonces este valor actualizado de las tenencias del Cuasipar sería de $284.000 millones en valor nominal. La diferencia es de $172.000 millones. El ‘robo estadístico’ generó un perjuicio inmenso a los jubilados. Y debe ser remediado”.

Por esta manipulación, mientras a fines de 2008 los bonos Cuasipar representaban el 35% del valor del FGS, en la actuales equivalen al 14% del Fondo.

Hodara agrega que si bien “es cierto que el INDEC debe publicar un nuevo índice de precios que se acerque más a la realidad inflacionaria, también debería aplicar un nuevo índice creíble hacia atrás, para realizar el ajuste histórico de las tenencias del bono Cuasipar en cartera del FGS. Y de esta manera, recuperar el valor del capital perdido por el sistema previsional”.

Hodara también señala que “el Gobierno actual se empeña en lograr un acuerdo con los holdouts por las deudas impagas en dólares. Los fondos buitres cuentan con bufetes de abogados sofisticados y disponen de recursos y tiempo para afrontar el litigio. Sin embargo, nuestros jubilados no cuentan con quien los defienda del atropello estadístico y la mentira K.

Si el Gobierno procediera con el reconocimiento de la mentira desde 2007, al generarse un ajuste de las tenencias del bono Cuasipar en cartera del FGS, por el equivalente a $172.000 millones, surgiría para el Gobierno “una fuente repentina de fondeo de que podría disponer, por caso, para cancelar todos los juicios previsionales pendientes con los jubilados”, dice Hodara.

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Prometen acelerar el pago de sentencias judiciales a jubilados

Fuente: Diario La Nación

El objetivo oficial es cerrar este año con no menos de 50.000 casos liquidados

l director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, dijo que desde su llegada a la gestión se liquidaron 5020 sentencias judiciales. Y que para este año, si bien no está aún definido el número final, los pagos “serán más de 50.000”. “La idea es terminar este año con todas las sentencias que tenemos hasta ahora”, afirmó el funcionario.

“No estamos de acuerdo con la política anterior de rechazar [los fallos] y llegar hasta la Corte Suprema para que se resuelvan los juicios, porque eso le sale más caro al Estado y, además, porque se trata de adultos mayores, y llevar los juicios hacia adelante significa una peor calidad de vida que ellos después no podrán compensar”, afirmó. Así, explicó que su decisión será no apelar las sentencias y pagar antes.

La judicialidad del sistema jubilatorio es un problema que se acrecentó en los últimos años, sobre todo a causa de la falta de actualización que tuvieron los haberes de cientos de miles de jubilados entre 2002 y 2006. En ese período sólo se incrementaba el ingreso mínimo, con lo cual para los demás se acumuló una pérdida de poder adquisitivo, por efecto de la inflación. Esa política fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, que le ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo la aprobación de un sistema de movilidad automática que, finalmente, entró en vigor en 2009. La secuencia de hechos hace que, según Basavilbaso, hoy los nuevos juicios estén en baja. Si bien no la única, esa falta de actualizaciones fue la principal causa de litigiosidad en los últimos años.

El funcionario confirmó que -tal como él mismo había anticipado días atrás- la suba de los haberes jubilatorios que se aplicará en marzo por la ley de movilidad rondará el 15%. Y que junto con los ingresos de los pasivos aumentarán los valores de las asignaciones familiares y de la asignación por hijo.

Afirmó también que entre los objetivos de su gestión estará la mejora de la atención al público. Mencionó, por ejemplo, la necesidad de mejorar la calidad del call center y también la de reducir el tiempo que tarda en otorgarse una jubilación. “La media no está tan mal, pero hay un sesgo y hay personas que tienen que esperar nueve meses o un año”, sostuvo.

Además contó que en las Unidades de Atención Integral (UDAI) se encontró que en muchos casos se había creado, bajo la gestión kirchnerista, un cargo de “coordinador institucional” sin que eso respondiera a la necesidad de mejorar el servicio. Se hizo, dijo, “para hacer política”. “Estamos dando de baja el cargo; por ahora esas personas se quedan, pero veremos quién es quién para tomar una decisión”, dijo. Agregó que en algunos lugares se abrieron oficinas “más por un sentido político que por necesidades de la gestión” y que eso será revisado.

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Entre las irregularidades del pasado y un futuro incierto

Fuente: Diario Clarín

Escenario. El PAMI tiene una deuda total vencida de $ 5.000 millones. Es el gran desafío a resolver por la nueva gestión.

 Ismael Bermúdez

El PAMI está en una encrucijada. Tiene una deuda vencida de $ 5.000 millones. Con los hospitales públicos son unos $ 1.000 millones, otros $ 2.000 millones con los prestados privados y $ 2.000 millones con farmacias y laboratorios. Y carga sobre sus espaldas con denuncias de todo tipo y quejas por el déficit de sus prestaciones.

Algunas de esas deudas datan de 2012, que se fueron cancelando sólo en forma parcial, con ajustes por intereses y más deuda.

A esto se agrega un déficit operativo mensual de unos $ 200 millones que agranda su endeudamiento.

Aunque la ley de creación del PAMI dice que es “una entidad jurídica de derecho público no estatal, autónoma y autárquica, con individualidad financiera y administrativa”, la historia de sus más de 40 años está salpicada de fraudes, irregularidades –muchas documentadas en informes de la AGN (Auditoria General de la Nación).

En tanto, la obra social de los jubilados no recibe ni tiene previsto percibir aportes del Tesoro Nacional, que ya le canceló o devolvió los préstamos que hizo a través de las Letras que suscribió en los últimos años.

El PAMI tiene para este año un presupuesto de $ 82.000 millones que se obtendrá de la recaudación por las contribuciones y aportes de los trabajadores activos y pasivos.

En promedio son unos $ 7.000 millones por mes que se gastan íntegramente en el pago de los servicios que presta a 5.500.000 personas, número que viene en aumento por el incremento de la cantidad de jubilados, en gran parte por las moratorias. También los gastos van en aumento por el fuerte incremento de los insumos y equipamientos médicos importados y de los precios de los medicamentos (en diciembre, los precios de los remedios al público subieron el 18,8% más que el 14,5% de la carne, según la Dirección de Estadísticas porteña).

El PAMI casi no tiene servicios propios. La atención se brinda a través de más de 20.000 prestadores públicos y privados, todo esto administrado a través 39 delegaciones regionales, 715 sucursales y 15.000 empleados.

El Defensor de la Tercera de la Edad, Eugenio Semino, le dijo a Clarín que “el PAMI arrastra problemas graves de prestaciones, como provisión de oxígeno, demoras en el otorgamiento de prótesis y, más grave aún, en internaciones geriátricas. En muchas zonas del país faltan camas para atención de enfermos agudos y de terapia intensiva”. Y agregó: “es cierto que la anterior gestión dejó deudas impagas, pero actualmente hay cortes en la provisión de medicamentos a instituciones y pacientes y también en el pago de subsidios sociales”.

Semino también dijo que “está muy bien que se investigue a la anterior administración, pero hay que resolver los problemas actuales, incluido la relación y los contratos con los prestadores que en muchos casos son parte del problema”.

¿Cómo saldrá el PAMI de este atolladero?, es la pregunta que se formulan cientos de miles de adultos-mayores que penan por una atención en tiempo y forma acorde a los tiempos actuales.

“Se requiere un esfuerzo financiero y de regulación de los gastos y nuestro compromiso es alcanzarlo hacia mayo-junio de este año”, respondió el titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

El desafío es mayúsculo porque el pasado del PAMI –investigado a fondo con la sanción a sus responsables– no puede ser una excusa o argumento para que sus afiliados no cuenten con un nivel más alto y no más bajo de prestaciones. Más y no menos cobertura. Y más certidumbre de que van a ser atendidos acorde a los avances de la medicina y farmacología.

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Con la plata de los jubilados y horarios K

Fuente: Diario Clarín

Pablo de León

Mi ANSeS, tu ANSeS…

Otras cosas que han cambiado de los tiempos cristinistas a los mauricistas es el sensible “temita” de la pauta publicitaria. La semana pasada, Clarín contó los millones que los empresarios Sergio Szpolski y Cristóbal López cobraron en 2015 de pauta oficial. Pero en estos nos enteramos de otro guarismo: lo que cobró el periodista ultra K Roberto Daniel Navarro de pauta de la ANSeS. La estrella del Canal C5N (que supo dar como ganadores a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires y a Daniel Scioli en la elección nacional) cobró -a pesar del pequeño error electoral- la suma de 3.359.000 por pauta en 2015 para sus productos periodísticos. Navarro podrá con ese cuantioso monto publicitario soportar sus cuitas con la derrota de la fórmula Scioli-Zannini; como hizo al recorrer la sede del Gobierno porteño de la calle Uspallata donde se mostró apesadumbrado y preocupado por su futuro periodístico. Fue hermoso mientras duró…

LA NUEVA BOLETA DE LUZ SERA MENSUAL: LOS REQUISITOS PARA PAGAR MENOS

EL AUMENTO EN LOS SERVICIOS

Mantendrán la tarifa social los jubilados y beneficiarios de planes sociales. Pero también cruzarán datos para excluir a quienes tengan más de una propiedad o un auto de menos de 15 años.

El Gobierno nacional amplió hoy las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y, en el marco del sistema de distribución del servicio, dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio y que haya una tarifa social para sectores de menores recursos.

Además, a través de la Resolución 7/2016 del ministerio de Energía y Minería publicado hoy en el Boletín Oficial, se instruye al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que efectúe “un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios” de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires.

Leé también: Primer paso para una fuerte suba en las boletas de la luz 

La medida se suma a lo dispuesto ayer por el Gobierno que determinó los nuevos precios “de verano” en el Mercado Mayorista Eléctrico, que regirán entre febrero y abril, con incrementos de hasta el 345 por ciento.

El artículo 1 de la Resolución establece el inicio del incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los usuarios, “a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)”, lo que deja en claro que habrá nuevos aumentos.

En ese sentido, explica que “se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación”.

Leé también: Habrá una tarifa social y penalidades para los consumos más altos 

Además, aclara que “el reajuste a aplicar sobre el cuadro tarifario vigente” de las distribuidoras “no constituye un cuadro tarifario resultante de la aplicación del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), ni la implementación de un nuevo cuadro tarifario, sino la adecuación del existente al reajuste semestral pendiente”.

La Resolución, que lleva la firma del ministro de Energía, Juan José Aranguren, deja sin efecto en su artículo 6 el PUREE, el programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo.

En los argumentos de la medida, el Gobierno también hace una dura crítica a la gestión de Cristina Fernández en el área, al afirmar que “implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios”.

Según la norma, el régimen “alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país”.

Además, explica que “los niveles de subsidio aplicados al consumo de energía eléctrica han alcanzado valores que ponen en juego su financiamiento”, y afirma que tiene “una extensión en cuanto a los beneficiarios que desvirtúa la naturaleza de la medida y colocan en riesgo la sustentabilidad de la industria eléctrica”.

“La aplicación de subsidios en la forma descripta no favorece la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes, unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía eléctrica, que profundizó los inconvenientes derivados de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de las mismas para acompañar el incremento de la demanda”, agrega. Por otro lado, la medida establece que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia de la Nación, intervenga en la elaboración del sistema de aplicación de la tarifa social.

Estos son los requisitos para mantener (o pedir en caso de no estar incluido), la tarifa social:

• Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.

• Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM).

• Ser titular de programas sociales.

• Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.

• Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).

• Estar percibiendo el seguro de desempleo.

• Contar con certificado de discapacidad.

Y estos son los criterios de exclusión del beneficio

• Cruce por padrón de fallecidos.

• Registro de propiedad Inmueble —quedará excluido cuando sea titular de más de uno.•

Padrón de Automotores —quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad.

• Embarcaciones de lujo —quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo.

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Sr. PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

Sr., Ingeniero Mauricio Macri.

Con sumo respeto este Foro Sanmartinense de la SEGURIDAD SOCIAL, se dirige a Ud., con el objeto de dar un comentario sobre la situación actual de los jubilados a las que es evidente que no ignora.

Tanto Ud., Señor Presidente, como nosotros,  los que pasamos por este trance difícil y sabemos bien Í comprendemos de su difícil situación, al recibir un país en pésimas condiciones de todo tipo pero los derechos humanos  no se pueden olvidar.

El Instituto PAMI, necesita urgentemente una gran limpieza, con la gran cantidad de parásitos que se han introducido por todos los estamentos.

Tiene conocimiento mensual Sr. Presidente de cuantos son lo óbitos jubilados ..?

Alguien le informa que con el problema de los medicamentos y con el sueldo magro y la promesa de un 16%, está el jubilado  viviendo ya con el cuadro depresivo y de presión arterial, son los hombres y mujeres mayores, SUS VOLUNTARIOS DE MACRI – VIDAL 2O15, Que le solicitan con respeto y humildad la búsqueda de ayuda a esta triste situación no creada por CAMBIEMOS, pero ella existe.

Hemos escrito varias páginas al Dr. Carlos Regazzoni, para hacerle saber de las dificultades en la que casi vive el adulto mayor, en San Martin, Prov. de Bs. As,  hemos participado como VOLUNTARIADO DEL PAMI – siendo ” PROMOTORES VOLUNTARIOS EN DERECHO DE SALUD”

Sabemos vivimos y sentimos el atropello, que estamos recibiendo, es por ello que votamos al CAMBIO, los causantes de esta situación SON LOS RESPONSABLES DE LOS CONVENIOS AL PAMI – PERO LA CREACIÓN DEL PAMI, DICE, QUE ES UNA ENTIDAD QUE NO TIENE SERVICIOS PROPIOS PERO TRABAJA CON MAS DE 20.OOO PRESTADORES, QUE DAN LUGAR A SUS NEGOCIADOS,  – DE SAN MARTIN , DONDE LOGRAMOS SACAR A LAS GERENCIADORAS – ETAPA GRACIELA OCAÑA-

Sin hospitales propios, ni gerontológicos y pocas casas en comodato, que han sido expropiadas por La Campora, con ancianos de más de 80 años, es muy larga la historia del PAMI y sus robos.

A la espera de una respuesta lo saluda ATTE.

Héctor Sergio Portanova  – avonatrop@hotmail.es

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¿ Y LA ANSES ? (VII)

POR SILVIO PEDRO PIZARRO

ANSES COMIENZA A DESPERTAR

El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, dijo que desde su llegada a la gestión se liquidaron 5020 sentencias judiciales. Y que para este año, si bien no está aún definido el número final, los pagos “serán más de 50.000”. “La idea es terminar este año con todas las sentencias que tenemos hasta ahora”, afirmó el funcionario. “No estamos de acuerdo con la política anterior de rechazar [los fallos] y llegar hasta la Corte Suprema para que se resuelvan los juicios, porque eso le sale más caro al Estado y, además, porque se trata de adultos mayores, y llevar los juicios hacia adelante significa una peor calidad de vida que ellos después no podrán compensar”, afirmó. Así, explicó que su decisión será no apelar las sentencias y pagar antes.
Estas declaraciones son un firme paso adelante que era muy esperado por la inmensa cantidad de jubilados estafados por la Anses al no reconocer las sentencias de sus juicios, obstaculizarlos y finalmente eludir los pagos de los mismos.
Pese al reconocimiento de esta justa medida por parte del nuevo gobierno, disentimos con algunas expresiones vertidas por el director-ejecutivo, ya que alega que no sigue la política anterior porque eso le sale más caro al Estado, aunque luego señala que además,  llevar los juicios para adelante significa una peor calidad de vida para adultos mayores. Apreciamos que se borró la calificación cristinista de “buitres y caranchos”.
Por último al declarar que la decisión será no apelar las sentencias, no hace más que cumplir con el compromiso dado ante la OEA.   En muy buena hora.
Todavía queda la ominosa duda sobre la demora en realizar auditorías que son imprescindibles para conocer el grado de corrupción , de malversación de fondos, de estafas y de saqueo millonarios de los fondos de Anses. Observamos cómo otros organismos como Indec, Pami, Enarsa, Aerolíneas, Cámaras de Diputados y Senadores, Afsca, ministerio de Justicia, de Relaciones Exteriores, Fabricaciones Militares, Tandanor, arsenales  y varios más, han sido objeto de auditorías, sobre el resultado de las cuales se adoptaron medidas ejemplares.
Escuchamos entrevistas de funcionarios  en las que se hace mención a estas medidas de control ejercidas por el gobierno, pero ninguno cita Anses. Ayer mismo, por TN Laura Alonso de la secretaría de Corrupción realizó una extensa exposición sobre las tareas de investigación de su oficina, enumerando una apreciable cantidad de organismos nacionales y ministerios, sin nombrarla.
Nuestra insistencia se basa en que el manejo de esta Institución es el más escandaloso de toda la Administración Nacional, no sólo por la malversación de billones de pesos que es imposible disimular, sino por  la calidad y cantidad de funcionarios, desde la expresidente, ministros,  secretarios, directores, asesores, hasta el último grado del escalafón, que han lucrado a costa de la Caja de Jubilados. Inclusive Fútbol para Todos, Bonafini y sus Viviendas, Milagro Sala y sus Cooperativas, Medios de Comunicación, como 678, La Cámpora y otras organizaciones militantes, más de un millón de “jubilados” incorporados sin aportes, ayudas a mercenarios, artistas entre ellos, indemnizaciones y sueldos mensuales a presos y exterroristas y una gran cantidad de falsas jubilaciones con haberes exhorbitantes a testaferros para beneficio de militantes, que ahora citamos pues  es una de las razones por las que exigimos intervención y auditorías inmediatas.

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