Archivo mensual: noviembre 2014

Los jubilados y sus tiempos

Fuente: La Nueva

No deja de ser una decisión alentadora la tomada recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilita para los jubilados y pensionados que reclaman a través de la justicia reacomodamientos en sus haberes, la posibilidad de exigir a la Anses el pago de la Prestación Básica Universal, uno de los tres componentes de sus jubilaciones.

Hasta ahora, esa prestación no había sido recompuesta y el Anses planteaba que cada reclamo debía ser analizado “caso por caso”, lo cual suponía una importante dilación en la cuestión, de resultado incierto y que obligaba a quienes lo hacían a seguir con su paciente espera, para que le reconocieran la correspondencia de ese pago.

La noticia alcanzó a disfrazar en parte la decisión del Anses de no pagar este año el bono de fin de año a jubilados y pensionados, como consecuencia de lo ajustado de sus recursos para afrontar sueldos y aguinaldos.

El bono era muy esperado por el sector, que hoy percibe una jubilación mínima de 3.230 pesos, la mitad de lo que se valúa la canasta jubilatoria.

Por otra parte, sigue siendo un tema espinoso la postura del Anses de cuestionar a los jubilados que recurren a abogados para hacer sus reclamos frente a pagos indebidos o con errores.

De acuerdo a distintos colegios, la entidad no los deja trabajar porque entiende que son profesionales “que se han llenado los bolsillos” a costa de ellos. La realidad es que se trata de situaciones en las cuales los jubilados se encuentran completamente desprotegidos frente a una maquinaria tan poderosa como la del Anses y en ese sentido es lógico que recurran a un asesoramiento profesional para hacer valer sus derechos.

Es claro, además, que los juicios se inician por errores reales cometidos en las liquidaciones y que el propio Anses se ha hecho un especialista en dilatar, a partir de repetidas apelaciones que han hecho incluso colapsar a la Cámara Federal de Seguridad Social.

Los jubilados no pueden verse sometidos a estos manejos, donde a sus magros ingresos deben sumarse la incertidumbre, la burocracia, esperas y discusiones.

Porque además se verifica que los tiempos de la Justicia –que, en rigor de verdad, no son los tiempos de nadie- se vuelven particularmente perversos para estas personas, que, de acuerdo con estadísticas que nos involucran a todos, tienen una expectativa de vida que debiera considerarse primordial al momento de iniciarse cualquier debate.

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NO SOMOS DESCARTABLES

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noviembre 20, 2014 · 6:38 pm

PAMI: urge una profunda investigación

Fuente: Diario Los Andes MENDOZA

Un juez federal ordenó un allanamiento en la sede central del PAMI en una causa que investiga los préstamos del organismo al Tesoro de la Nación. La Justicia debe actuar en forma profunda y rápida, porque está en juego la salud de los jubilados.

a decisión del juez federal Claudio Bonadío, de ordenar el allanamiento de la sede central del PAMI en el marco de una causa por los préstamos de ese organismo al Tesoro de la Nación, exige que la investigación llegue a lo más profundo para establecer si hay o no culpables de lo que sucede, en razón de que lo que está en juego es la salud de los jubilados.

La medida adoptada por el magistrado nace en el marco de un expediente que se inició por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, quien cuestionó que el organismo nacional no puede hacerle concesiones al Gobierno.

Además, es necesario señalar que en forma paralela avanza otra causa, a cargo del juez Sergio Torres, donde la cúpula del PAMI fue denunciada por manejos económicos irregulares.
Nadie puede dudar de que el sector pasivo atraviesa por una situación preocupante. De acuerdo con lo afirmado por las propias autoridades, poco más del 50 por ciento de los jubilados percibe el haber mínimo y lo hace en un momento de la vida en que gran parte del salario deben destinarlos a la salud.

Por una cuestión económica, no pueden acceder a los sistemas prepagos de atención, razón por la cual se ven obligados a aceptar esperas de meses para acceder a un turno de especialistas o a las cirugías.
Según se afirma, entre las principales deficiencias figuran la falta de cercanía de las prestaciones, falta de calidad, no hay suficientes camas para internación de los afiliados, un inadecuado sistema de contrataciones, geriátricos y establecimientos de salud mental que no cumplen los requisitos y la falta de médicos y centros de atención.

Todo ello, enmarcado en denuncias efectuadas por las entidades que agrupan a las clínicas y sanatorios que denunciaron falta de financiamiento del instituto, aunque desde el PAMI  negaron retrasos en pagos o deudas con prestadores. El PAMI es la obra social más grande del país y cuenta con un presupuesto de 45 mil millones de pesos.

Es conducido por Luciano Di Césare, un hombre muy cercano a la familia presidencial a la que acompañó desde que Néstor Kirchner lo designara director de la obra social de Santa Cruz, en 1991.

Una de las mayores críticas que surgen desde los sectores se centra en la cantidad de personal con que cuenta el organismo, que pasó de 10.700 a 20.000 empleados en los últimos siete años.
Es dable señalar también que el Estado, a través de fondos del PAMI, está construyendo siete hospitales, seis de ellos ubicados en la provincia de Buenos Aires (dos en La Matanza y los restantes en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General Rodríguez) y en Entre Ríos.

Las informaciones señalan que sólo los de La Matanza presentan algún grado de avance, mientras el resto se encuentran paralizado, pese a que se han derivado importantes fondos, lo que ha llevado a que las críticas surjan desde los propios empleados del organismo nacional.
En el caso de la investigación de lo que está sucediendo en el PAMI surge la necesidad de que los tiempos de la Justicia se aceleren. Los jubilados, por su edad, no pueden esperar y, debido a sus condiciones económicas, no les queda otra salida que aceptar lo que se determine desde el organismo para la atención de su salud.

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Los jubilados también sufren la pérdida de poder de compra

Fuente: diario Clarín

IMPACTO DE LA INFLACION. Los más afectados son los que cobran por encima de la mínima, porque les dieron los menores aumentos.

Ismael Bermúdez

La caída del poder de compra no es un problema que golpea sólo a los salarios, sino a todos los sectores de ingresos fijos. Uno de los más afectados es el universo de los jubilados y pensionados, cuyos haberes también pueden comprar ahora menos alimentos que los que podían adquirir en 2001.

Pero en este caso el impacto no es uniforme, sino que presenta una gran disparidad según los haberes que percibe cada franja, porque el Gobierno otorgó aumentos diferenciados en forma arbitraria.

Hasta comienzos de 2009, la política del Gobierno fue la de subir más el haber mínimo que el que cobraba el resto de los jubilados. Así los que cobran ese piso de ingreso jubilatorio, en términos de alimentos, pueden comprar más pan o leche, pero menos carne o quesos.

En cambio, los que perciben haberes que están por encima de la jubilación mínima pueden comprar menos alimentos porque recibieron menos aumentos a lo largo de los últimos 13 años. Estos casos quedaron en una situación muy similar a la de los asalariados.

En octubre de 2001, la jubilación mínima era de $ 150, a lo que se le adicionaban $ 50 de subsidio de pobreza. Pero la cobraba sólo el 17% de los asalariados. Ahora, más del 50% del total de jubilados percibe el haber mínimo de $ 3.231. Punta a punta, representa un incremento del 1.515% en ese período.

La última moratoria previsional ayudó a compensar el deterioro real de las jubilaciones, porque muchos cónyuges de mujeres o varones jubilados accedieron a obtener el beneficio, en su mayoría el haber mínimo. Y de cobrar un solo ingreso, en esos hogares pasaron a tener dos haberes y así mejoró su poder adquisitivo.

Accedieron a la jubilación por moratoria 2,7 millones de personas que no tenían los aportes necesarios para hacerlo. Ahora, el Gobierno decidió impulsar una nueva moratoria, que permanecerá abierta hasta 106, donde se estima que se podría jubilar otro medio millón (ver página 18).

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Nota de agradecimiento de los Dres., Emilio Fernandez y Luis Herrero

“LOS ABAJO FIRMANTES, JUECES DE LA SALA II DE LA CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DESEAMOS EXPRESARLES A LOS MIEMBROS DE  LA “ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JUBILADOS APORTANTES”,  A SU DISTINGUIDO PRESIDENTE, SR. OMAR MARTÍNEZ Y A TODOS LOS JUBILADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA VINCULADOS A ESTA PRESTIGIOSA ENTIDAD, NUESTRO MÁS SINCERO Y PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR EL APOYO EFECTIVO Y VALIENTE QUE NOS HAN OFRENDADO EN TODO MOMENTO CON RELACIÓN A LA INFAMANTE CAUSA QUE NOS ABRIERON EN EL CONSEJO DE LA MAGISTURA, EL CUAL  –MÁS ALLÁ DEL ROTUNDO ÉXITO OBTENIDO- DEMUESTRA QUE LOS AVANCES CONTRA LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA  ENCUENTRAN UN ESCOLLO  INFRANQUEABLE CUANDO LA SOCIEDAD  Y SUS ORGANIZACIONES INTERMEDIAS SE MOVILIZAN EN DEFENSA DE LA BASE DE LA REPÚBLICA. ESTA NOBLE Y VALEROSA  ACTITUD NOS IMPONE –ADEMÁS DE NUESTRO ETERNO RECONOCIMIENTO- EL DEBER MORAL COMO MAGISTRADOS DE REDOBLAR NUESTROS ESFUERZOS EN LA LUCHA POR LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO, LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y LA DIVISIÓN DE PODERES.”

EMILIO LISANDO FERNÁNDEZ                                  LUIS RENÉ HERRERO

JUEZ DE LA SALA II                                                   JUEZ DE LA SALA II

CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

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LOS DESAMPARADOS DE ARGENTINA

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noviembre 17, 2014 · 8:46 pm

Un fallo de la Corte que perjudica a los jubilados

Fuente: Diario Clarín

La columna.

Ismael Bermúdez

Con el argumento de dejar la abierta la posibilidad de que el jubilado pueda solicitar el ajuste de la Prestación Básica Universal (PBU), la Corte Suprema dio a conocer una sentencia (“Quiroga, Carlos Alberto c/ ANSeS s/ reajuste varios”) que torna abstracto o más bien anula en los hechos ese derecho para la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados.

Es que con el voto de los Doctores Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, la Corte condicionó la actualización de ese beneficio -un componente menor del haber total- a realizar, en cada caso, un examen del impacto que la inmovilidad o congelamiento de la PBU durante 10 años habría tenido sobre la totalidad del haber inicial. Y para realizar ese cálculo remite a otro fallo donde se sostiene que si el perjuicio del jubilado es menor al 15% no corresponde el ajuste, como si una pérdida del 5%, 8% o 10% no fuesen confiscatorios sobre jubilaciones o pensiones ya de por sí bajas.

Además, por la estructura de las jubilaciones, el monto y el peso de la PBU en el haber total son reducidos, y el porcentaje de confiscatoriedad que exige la Corte para habilitar el reclamo es elevado. De ahí que, si se hacen los números, en la práctica para la casi totalidad de los jubilados no habría perjuicio y, por lo tanto, tampoco motivos para reclamar la actualización de la PBU.

Otro límite es que el derecho al reclamo abarca a los que se jubilaron entre enero de 2002 y febrero de 2009 cuando entró en vigencia la ley de movilidad. Sin embargo, los que se jubilaron después de ese periodo están cobrando una PBU un 40% inferior (de $ 1.526 cuando debería ascender a $ 2.598) porque no fue actualizada correctamente y el perjuicio se arrastra así indefinidamente.

Finalmente para la Corte el reclamo debe realizarse al final del camino, en la “etapa de ejecución” de la sentencia. Todos estos límites y condicionamientos no figuraban en el fallo de la Cámara de la Seguridad Social que actualizaba sin vueltas la PBU. Por la apelación de la ANSeS, el caso llegó a la Corte Suprema hace 4 años y recién ahora definió su postura revocando la decisión adoptada por la Cámara.

No por casualidad, la ANSeS festejó la decisión de la Corte.

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INCLUSION SOCIAL – ORGULLO DEL GOBIERNO POPULAR Y PROGRE

A ESTO LLAMAN INCLUSIÓN SOCIAL????

Y SI A ESTO LE AGREGAMOS LOS 3 MILLONES DE JUBILACIONES DE LOS QUE NO APORTARON DURANTE LOS 30 AÑOS QUE EXIGE LA LEY. ESTAS JUBILACIONES GRACIABLES DEBERIAN SER ABONADAS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL O POR EL TESIORO NACIONAL Y NO POR ANSES

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El Gobierno confirmó, que no habrá bono de fin de año, para los jubilados

Fuente: TN

En tanto, Capitanich, dijo que si las provincias quieren otorgarlo, es una decisión propia de cada jurisdicción.

MALA NOTICIA. Para los jubilados que no tendrán bono de fin de año.

MALA NOTICIA. Para los jubilados que no tendrán bono de fin de año.

El Gobierno afirmó que no tiene previsto el pago de un bono de fin de año para jubilados y pensionados, al advertir que en diciembre tiene que desembolsar “53 mil millones de pesos” en sueldos y aguinaldos.

Así lo señaló el director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, quien indicó que el Ejecutivo nacional está “haciendo un gran esfuerzo para pagar en tiempo y forma” los aguinaldos, las jubilaciones y las pensiones.

“En el mes de diciembre tenemos pensado pagar jubilaciones y pensiones por 53 mil millones de pesos. Una cifra realmente muy importante. Un cuarto del presupuesto anual de toda la provincia de Buenos Aires. Un 25 por ciento de todo el presupuesto, o más”.

Consultado, en conversación con radio La Red, por la posibilidad de que el Gobierno realice un pago extra a fin de año para este sector, el titular de la Anses respondió que “no” tienen “previsto nada”.

En este sentido, el funcionario ponderó que “éste fue un año en el que el Gobierno pudo cumplir con los dos aumentos como marca la Ley (de Movilidad Jubilatoria)”.

“Nosotros estamos trabajando fuerte para cumplir con ese objetivo y tener la prudencia suficiente de hacer en tiempo y forma los pagos”.

Esta mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada también fue consultado por el bono extra para el sector estatal, pero desligó al Gobierno del pago, al advertir que es “incumbencia propia de cada provincia y su respectiva autonomía de carácter fiscal”.

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ARGENTINA – Los presos tienen sindicato y cobran un sueldo mensual de hasta $ 4.400

 

FUENTE: RADIO MIAMI

Sólo por el mes de septiembre pasado el Estado pagó 31 millones de pesos en salarios de presos.

El sindicato de presos desató una verdadera revolución en las cárceles federales.
A partir de su conformación, en julio de 2012, consiguió que muchos de los internos cobren el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.
En la actualidad siete de cada diez detenidos alojados en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) perciben hasta 4.400 pesos mensuales.
Sólo por el mes de septiembre pasado el Estado pagó 31 millones de pesos en salarios de presos.
Al cabo de un año se habrán gastado cerca de 372 millones de pesos
Actualmente la población carcelaria en las unidades federales es de 10.322 personas.
Al menos 7.300 forman parte del programa laboral, aunque no todos desarrollan una actividad porque el número supera el cupo de plazas disponibles.
A eso debe agregarse los pedidos de licencia por enfermedad o la ausencia por comparendo, traslado y otra actividad vinculada a la causa judicial.
“Los que trabajan en contexto de encierro tienen los mismos derechos.
Los dos pilares de la ley penal son el estudio y el trabajo.
El trabajo es precario, en muchos casos casi esclavo.
En otras unidades aún se les paga con tarjetas de teléfono.
El objetivo es remitir a todo lo que pasa en el medio de trabajo libre, pero es difícil porque se necesita un cambio cultural.
Con dos años se logró una mesa de diálogo entre el sindicato y el SPF, en la que se pueden tratar todos los temas”, explica la abogada Mariana Chávez, representante legal de Sutpla.
El gremio se fundó hace dos años en el penal de Villa Devoto, donde actualmente están alojados todos los integrantes de la comisión directiva, con excepción del secretario gremial César Rodrigo Díaz, quien purgó una condena por robo y está libre.
En la actualidad Sutpla tiene representantes en otras cuatro cárceles federales: los Complejos Penitenciarios I y IV de Ezeiza, la Unidad Nº 4 de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y el Complejo II de Marcos Paz.
También cuentan con una seccional en el penal de Viedma, dependiente del Servicio Penitenciario de Río Negro.
La influencia de “La Cámpora”, que ganó espacio por su actividad en el Centro Universitario de Devoto (CUD) y de la mano del ex director del SPF Víctor Hortel, quien renunció en 2013 luego de la escandalosa fuga en la cárcel de Ezeiza, fue clave en la conformación del sindicato.

 

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