Archivo mensual: abril 2014

SIN JUSTICIA, tambien impulsan denuncias sobre los Jueces de la Camara Federal de la Seguridad Social, Dres. Herrero y Fernandez

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abril 19, 2014 · 9:03 pm

Jubilados cada vez más pobres

Fuente: Diario La Nacion

La inflación licúa los aumentos de jubilaciones y pensiones, mientras el Estado demora el pago de las sentencias por reajustes.

Pese a lo que dicen los discursos oficiales, los jubilados son cada día más pobres y sus haberes se van aproximando peligrosamente a la línea de pobreza .

Hace dos meses, con bombos y platillos, la Presidenta anunció un aumento para los jubilados y pensionados del 11,31 por ciento, que se haría efectivo a partir del mes pasado. De esta manera, la jubilación mínima pasó de 2477 a 2757 pesos. En esta categoría se encuentra el 75 por ciento de los jubilados. Sin embargo, la inflación y el aumento del costo de vida han reducido considerablemente el incremento, que en los hechos pronto se evaporará pues, según los datos oficiales, la inflación de los tres primeros meses del año fue del diez por ciento. Además, el aumento otorgado fue inferior al de septiembre del año pasado, que ascendió al 14,41 por ciento, cuando la inflación era menor que la registrada desde entonces.

Ese efecto demoledor del incremento de los precios cobró mayor poder destructivo desde la brusca devaluación del peso, devorando el aumento otorgado en septiembre. Pronto ocurrirá otro tanto con el incremento de marzo.

En marzo último, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el costo de la Canasta Básica Total, que determina la línea de pobreza, ascendió a 1522,6 pesos. Pero si se toma en cuenta un hogar de 2,44 adultos, el costo de esa canasta básica asciende a 3715,2 pesos: mil pesos más que la jubilación mínima. Y no hay que perder de vista que para el próximo aumento todavía habrá que esperar cinco meses. Además, según los datos del Indec, el 24,8 por ciento de los adultos mayores viven en hogares con un ingreso previsional. Por ello, el bloque de diputados y senadores nacionales de Unión Pro presentó un proyecto para que se adelante al mes de mayo el pago de la actualización remunerativa que corresponde por ley y que debería abonarse en setiembre próximo.

En oportunidad de aquel anuncio, la Presidenta sostuvo que “el Estado está presente y prioriza a nuestros abuelos”. Lamentablemente, no es así. Si lo fuera, el Gobierno cumpliría la siempre postergada vigencia del 82 por ciento móvil exigido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos.

Días atrás, en una carta publicada por LA NACION, un jubilado de 84 años recordó con dolor algo muy cierto: la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se comprometió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los juicios iniciados por los jubilados por reajuste de haberes. “Por lo menos en mi caso -sostuvo- no se está cumpliendo con ese compromiso.” Agregó que obtuvo sentencia favorable a principios del año pasado, pero la Anses apeló el fallo y, como son tantos los casos que se acumulan, su expediente está en la mesa de entradas de la Cámara desde el 14 de mayo de 2013.

Más de una vez calificamos en esta columna de criminal la demora de la Anses en pagar los juicios ganados por los jubilados, pues al hacerlo parecía especular con el fallecimiento de aquellos a quienes les adeuda haberes. Aparentemente en consonancia con el sentir oficial, la fiscalía de la Cámara de la Seguridad Social se opuso a que la Justicia otorgue una medida cautelar a una jubilada de 78 años para que se reajuste su haber. La mujer había reclamado la revisión de sus haberes y solicitó que su trámite se resolviera como proceso sumarísimo. En primera instancia se hizo lugar a la urgencia, pero la Anses apeló a la cámara y allí la fiscalía argumentó que si se tuviera que hacer eso con cada beneficiario que sufre “un estado de salud disminuido” se caería en un riesgo cierto de provocar “el desfinanciamiento del sistema, ocasionando un grave perjuicio a la sociedad”. El dictamen fiscal consideró erróneamente que la jubilada no se encuentra marginada del sistema, “pues ya goza de un beneficio previsional”, y que el punto de conflicto gira en torno al monto de la prestación. Contradictoriamente, la fiscalía aconsejó que se aplicara el trámite establecido para los procesos sumarísimos.

El desfinanciamiento no obedece al pago de las prestaciones de quienes han aportado tras una vida de trabajo. El mismo día en que trascendió ese dictamen, otro diario publicó la carta de otro jubilado, quien se preguntaba si la Justicia no debería investigar a los funcionarios que usan los fondos de la Anses “para otros fines”. Aludió al empleo con fines políticos de los fondos de los jubilados. Por ejemplo, se emplearon para emprendimientos de Enarsa y la entrega de netbooks del plan Conectar Igualdad.

No somos agoreros sino realistas al sostener que, por desgracia, la situación de los jubilados empeorará. Al panorama de la economía nacional se suma la indiferencia y el sadismo de un gobierno que dice ocuparse de ellos, cuando lo que hace es malgastar sus aportes y negarles hasta el último momento los reajustes que la Justicia les otorgó. De no reaccionarse a tiempo, una suerte nada mejor les aguarda a los futuros jubilados.

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OTROS MAGISTRADOS EN LA PARRILLA OFICIALISTA

Ya es un ejercicio habitual de la Presidente remover jueces y fiscales a su antojo y designar adictos sustitutos, con varias finalidades. La primera y esencial es la de cubrirse de los actuales juicios de corrupción y de los que vendrán como vendavales después del 2015. La segunda es poner valla a los millonarios juicios, en cantidades y en valores, por la actualización de los haberes jubilatorios, fraudulamente asignados por la Anses. A esto último nos referimos en esta nota. 
El Consejo de la Magistratura procura deshacerse de los jueces Herrero y Fernández. ambos de la Sala II de Seguridad Social y los acusa de “mal desempeño” en sus funciones. Sucede que estos magistrados son un ejemplo de probidad y justicia y han emitido fallos ejemplares en amparo de los derechos de los jubilados, condenando a la Anses en varios de ellos, como se verá en el extracto que se hace de la presentación del Dr.José Ignacio Herrero, en defensa de su padre Luis R. Herrero.
Es extenso, pero deja en descubierto la perversidad de las maniobras de la Anses para destruir los derechos de los justos litigantes:

“En los países donde falta plata, los Gobiernos se ven tentados a usar la plata de las cajas jubilatorias para otros fines diferentes que para el pago de las jubilaciones. Es mucha, pero mucha caja. 
El gobierno menemista siempre quiso recortar el gasto que significaban los abuelos. Así fue que dictó uno de los decretos de necesidad y urgencia más injustos que un gobierno democrático puede dictar. Como si los jubilados tuviesen mucho tiempo para litigar, el presidente Menem –en su primer DNU después de la Reforma Constitucional de 1994- suspendió el trámite de los procesos previsionales durante 6 meses y pretendió prohibir a los jueces dictar sentencia en dicho lapso. Por suerte, no hubo hesitación y la misma Sala II, integrada por los mismos jueces, declaró la nulidad absoluta e insanable de aquél DNU.
la Ley de Solidaridad Previsional que estableció la arbitraria excepción de “falta de recursos” que podía oponer la ANSeS ante los pedidos de reajustes de los jubilados. O sea que, como defensa a su falta de pago como la ley lo ordenaba, la ANSeS podía decir, justificado por ley, “No tengo plata”. Imagínense el daño que ese argumento amparado por ley podría hacer en el ámbito empresarial, y luego piensen sus consecuencias ante un reclamo para pagar la vivienda, la comida o los remedios. La Sala II por medio del fallo “Ciampagna, R.” declaró inconstitucional ese ilógico argumento.

También en esos años, la Sala II, en uno de los fallos quizá más trascendentes por el contexto político, y por la injusticia y arbitrariedad de la medida, aceptó el reclamo del Defensor del Pueblo y declaró inconstitucional el descuento del 13% a los jubilados. Por suerte, y sorpresivamente (tal vez por la reacción pública que tuvo la medida –hasta Mirtha Legrand interpeló a Patricia Bullrich en su programa-), este fallo fue cumplido y a los tres días se dictó el Decreto 1.819/02, por el que se dispuso el cese del descuento y la devolución de lo retenido en títulos públicos. Ahí estaba la trampa, ¿En títulos Públicos? ¿En el 2001? Rápidamente, la Sala II declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1.819/02 y dispuso la devolución en efectivo. Los títulos, se convirtieron en basura al poco tiempo.
La ANSeS, nadie lo puede negar, obligó siempre a los jubilados a litigar. Si éstos no litigan, no ven reajustados sus haberes y no cobran justamente. Es ridículo, pero es así.
Nada se dice de los más de tres años de parálisis que sufrió la Sala II a raíz de las recusaciones de ANSeS. Con una desfachatez inaudita se inventa que el servicio de justicia en la Sala II se vio afectado por un conflicto personal, pero se soslaya la actitud de la jueza Dorado, que le dio trámite a miles de recusaciones arbitrarias y maliciosas planteadas por la ANSeS por la causal de “prejuzgamiento”,contra el tribunal que había rechazado unánimemente, a su vez, la recusación de Anses.”.

Silvio Pizarro

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ULTIMO MOMENTO!!!

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abril 18, 2014 · 12:56 am

FELICES PASCUAS, EN PAZ, EN LIBERTAD Y CON SALUD PARA TODOS…

 

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Brindamos nuestro TOTAL e INCONDICIONAL apoyo al SEÑOR JUEZ , Dr. LUIS R. HERRERO.

Por una justicia independiente

El arduo trabajo de ser juez y enfrentarse al poderoso Estado

 

De todas las mentiras que el gobierno dijo, quizá la que más me afectó desde el punto de vista personal, fue cuando en un acto (el 9/12/12, min. 34:45, link: http://www.youtube.com/watch?v=rmiCvJy1fjA) la Sra. Presidenta preguntó, en referencia a mi padre: ¿Dónde estaba [ese juez] cuando las jubilaciones estaban congeladas, cuando había 25% de desempleo? ¿Dónde estaban cuando millones de viejos no podían jubilarse porque les habían robado los aportes? No estaban allí para defender los derechos de nadie…” Luego, repitió algunas acusaciones mientras el público, desconocedor, y a la vez leal, arengaba sus banderas y hacía rugir sus  bombos, como traduciendo en ruidos sus inquisiciones.

Me afectó porque, en primer lugar, en un acto oficial se dirigió personal y directamente a mi padre, que ya es un tema, pero también porque puso en tela de juicio –parcializando la información- el trabajo de alguien que siempre tomó cargo como un desafío, y sus principios como dirigentes de todas sus decisiones, aún cuando ello significara incomodarlo. Es así, desde mi juventud siempre leí, vi y escuché hablar de él en el diario, en la televisión y en la radio. Siempre por lo mismo.

Y a pesar de mi ignorancia técnica, todo el tiempo supe que ello fue porque siempre, en los países donde falta plata, los Gobiernos se ven tentados a usar la plata de las cajas jubilatorias para otros fines diferentes que para el pago de las jubilaciones. Es mucha, pero mucha caja. Siempre pasó, este gobierno no es el primero. A veces se usa para fines loables y a veces no. A veces, el efecto pernicioso se sufre en el corto plazo y a veces, quienes sufrirán ese saqueo es la clase trabajadora, la que no se jubiló aún. En cualquier caso son fines distintos a los que ordena la ley, y a la justicia le corresponde corregir este uso indebido. Y mi padre, nunca miró para otro lado frente a su deber.

Pero como pasa en todos los ámbitos judiciales, cuanto más tarda la justicia en llegar, más tiempo tiene disponible el deudor para usar el dinero. Y no hay que ser muy versado para saber que para los jubilados, el tiempo es especialmente crucial.

Por ello, ya en el año 1992 (la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social se creó en 1989), la Sala II declaró la procedencia de la vía del silencio de la administración contra la demora en resolver las peticiones de los jubilados. Fue en el Fallo “Galbusera, Dante”. ¿Qué hizo la ANSeS ante la decisión de la Justicia? Apeló y apeló, hasta que recién, la veloz “corte” de los noventa convalidó dicha doctrina en el año 1.999, en el fallo “Villarreal, Clara Baudilla”. Era claro que si la ANSeS dormía los expedientes, era viable la vía del silencio de la administración para que la justicia diga lo que la ANSeS se negaba a decir.

El gobierno menemista siempre quiso recortar el gasto que significaban los abuelos. Así fue que dictó uno de los decretos de necesidad y urgencia más injustos que un gobierno democrático puede dictar. Como si los jubilados tuviesen mucho tiempo para litigar, el presidente Menem –en su primer DNU después de la Reforma Constitucional de 1994- suspendió el trámite de los procesos previsionales durante 6 meses y pretendió prohibir a los jueces dictar sentencia en dicho lapso. Por suerte, no hubo hesitación y la misma Sala II, integrada por los mismos jueces, declaró la nulidad absoluta e insanable de aquél DNU. Algunos dirán “que bien la Justicia, cuanta independencia del poder político” –recuerden que era 1995-. Pero no, la sociedad debe saber que la Sala II fue el único Tribunal que declaró inconstitucional esta norma, que alcanzaba a cinco fueros (incluida la Corte Suprema). El fallo fue dictado en el juicio “Elkan, Tomás Tiberio”.

¿Todo quedó allí? No, claro que no. La Ley de Solidaridad Previsional del año 1995 (uno de los caballitos de batalla del ministro Cavallo para disminuir el gasto público) ordenaba adecuar las causas radicadas en la Cámara de Seguridad Social a un nuevo procedimiento establecido (uno más lento, claro), sin importar el estado del trámite en el que se encontraban y el tiempo que se perdería. Otra vez, la Sala II, el dolor de cabeza para Cavallo y su plan de ajuste hacia los más débiles, volvía a declarar la inconstitucionalidad a través del fallo “Hussar, Otto”

Pero la intención de no pagar era clara. Y una vez más el más débil debió sufrir las consecuencias de su fragilidad. Increíblemente se pretendió decirle a un jubilado “No tengo plata para pagarte”. Así como suena. Esto que parece chabacano y burdo, en los hechos, pretendió argumentarse en la Ley de Solidaridad Previsional que estableció la arbitraria excepción de “falta de recursos” que podía oponer la ANSeS ante los pedidos de reajustes de los jubilados. O sea que, como defensa a su falta de pago como la ley lo ordenaba, la ANSeS podía decir, justificado por ley, “No tengo plata”. Imagínense el daño que ese argumento amparado por ley podría hacer en el ámbito empresarial, y luego piensen sus consecuencias ante un reclamo para pagar la vivienda, la comida o los remedios. La Sala II por medio del fallo “Ciampagna, R.” declaró inconstitucional ese ilógico argumento.

Ahora bien, claro que poco hubiese podido hacer el Estado sin la connivencia de los otros poderes. De ahí surge la famosa corte adicta. Esa “corte” (con minúscula), dictó el fallo “Chocobar, Sixto Celestino”, por el que se dijo que “la obligación estatal de satisfacer el contenido económico de la movilidad jubilatoria encuentra el límite en las concretas posibilidades de cada Estado”. ¿Qué es la movilidad? Básicamente una garantía constitucional que obliga al Estado a respetar una razonable proporcionalidad entre las jubilaciones y el salario de los trabajadores activos. Eso que parece una verdad de Perogrullo, si se analiza un poco se vislumbra su injusticia con claridad (modificá las partidas, pero no dejes de pagarle a un jubilado que no tiene otro ingreso). ¿Qué pasó? Con coraje y convicción, la Sala II, en la causa “González, Herminia” se apartó de dicha doctrina. Por supuesto que  la corte revocó la sentencia de la Sala II y “Chocobar” siguió siendo la doctrina aplicable por 7 años más hasta que la Corte –en su composición actual- dicto el fallo “Sánchez, María del Carmen”.

Ahora bien, otro de los métodos que tiene el Estado para ahorrar plata para las prestaciones jubilatorias, es aumentando la edad jubilatoria. Menos gente se jubila, menos plata tiene que pagar.

Ya durante el gobierno de la Alianza, se intentó eliminar por decreto la prestación básica universal e incrementar la edad jubilatoria de la mujer. Una vez más, a través de una medida de no innovar dictada en el fallo “Carrió, Elisa y otros”, la Sala II suspendió los efectos de ese decreto. Con la caída del gobierno de la Alianza, esta protección cautelar se convirtió en definitiva.

No es una cuestión política. Se trata solamente de proteger los derechos amparados por la Constitución Nacional. Es sólo cuestión de, como justicia, proteger al más débil frente a los avances del poderoso Estado.

Creo que en esa época escuché por primera vez una frase que mi padre repite siempre, ya que la toma como principio rector del ejercicio de la magistratura: “No pretendas ser juez si no te hayas con valor de hacer frente a las injusticias…”. Es verdad que en esa época el poderoso podría no ser el Estado, sino un poder que ordenaba los actos de un gobierno lisa y llanamente fundido. Pero como sea, ese poder hablaba a través del Estado y era la justicia la que debía detener su avance.

También en esos años, la Sala II, en uno de los fallos quizá más trascendentes por el contexto político, y por la injusticia y arbitrariedad de la medida, aceptó el reclamo del Defensor del Pueblo y declaró inconstitucional el descuento del 13% a los jubilados. Por suerte, y sorpresivamente (tal vez por la reacción pública que tuvo la medida –hasta Mirtha Legrand interpeló a Patricia Bullrich en su programa-), este fallo fue cumplido y a los tres días se dictó el Decreto 1.819/02, por el que se dispuso el cese del descuento y la devolución de lo retenido en títulos públicos. Ahí estaba la trampa, ¿En títulos Públicos? ¿En el 2001? Rápidamente, la Sala II declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1.819/02 y dispuso la devolución en efectivo. Los títulos, se convirtieron en basura al poco tiempo.

En ambos casos, quien demandó fue el Defensor del Pueblo de la Nación, y en ambos casos, otra vez esa “corte” adicta, rechazó la facultad del Defensor del Pueblo para representar a los jubilados.

Fueron tiempos muy difíciles, no debe ser fácil ser juez y tener como partes litigantes dos antinomias en el 98% de los juicios a su cargo. No debe ser fácil, y menos cuando las cuestiones en juego son prestaciones alimentarias que necesitan respuestas inmediatas y que no pueden quedar libradas a la voluntad de ningún gobierno de turno.

Pero no hay peor justicia que la que no es respetada ¿Para qué tendrá un país un régimen republicano, si el control efectivo por parte de los poderes del estado no se ejerce? ¿Cuánto valor tiene un juez que aparta sus convicciones para que no lo quiten de su cómodo sillón?

La ANSeS, nadie lo puede negar, obligó siempre a los jubilados a litigar. Si éstos no litigan, no ven reajustados sus haberes y no cobran justamente. Es ridículo, pero es así. ¿Qué debe hacer un juez frente a ello? ¿Es natural ese proceso para percibir las jubilaciones? Claro que no, debe cambiar porque es injusto y es el juez el que debe hacer frente a las injusticias. El hombre justo no es el que no comete injusticias, sino el que pudiendo ser injusto, no quiere serlo. Y así debe pensar un juez.

Por ello, esta Sala II, con los votos de los Dres. Fernández y Herrero (mi padre), hizo lugar a una medida cautelar para que se le pague a un jubilado la movilidad ya decidida por la Corte en el fallo “Badaro, Adolfo Valentín”, bajo apercibimiento de una multa personal en cabeza de los funcionarios en caso de incumplimiento. Con esta medida cautelar, se lograba evitar que el jubilado litigue por 7 años para poder gozar de un derecho ya reconocido por la Corte Suprema y que, sin lugar a dudas, 7 años después se le iba a reconocer. Elfallo fue “Capa, Néstor”, del año 2009.

Sin quererlo, se abrió la caja de Pandora, y con la intervención de la jueza que votó en disidencia, con denuncias infundadas e incluso violando principios constitucionales, comenzó el intento de acabar con esos jueces irreverentes e irrespetuosos del poderoso Estado.

Hoy estamos en el final. La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, por “mayoría”, dictó una resolución en la que imputa “mal desempeño” a los Jueces Herrero y Fernández –¡Pero qué casualidad!- y los citó para ejercer la defensa el 25 de abril de 2014 al mediodía. O sea que mientras se retrasa el juzgamiento del Juez Oyarbide, se cita a declarar a los Jueces miembros de la Sala II.

Antes de la citación, se llegó demasiado lejos con las recusaciones infundadas, que fueron rechazadas finalmente –aunque muy tarde, ya que más de 10.000 juicios quedaron a la espera de que se resuelva- por la Corte Suprema. Sólo estuvieron a favor de las recusaciones el Procurador interino (Dr. Gonzalez Warcalde) y el Dr. Zaffaroni. Cuando leí las opiniones, recordé el dicho que dice que es más importante que un Juez sea buena persona, antes que un erudito del derecho.

Hoy, se culpa de la parálisis de la Sala II a los dos jueces. La Dra. Dorado, quien votó en disidencia en el fallo “Capa”, jamás fue recusada ni denunciada, claro está. Nada se dice de los más de tres años de parálisis que sufrió la Sala II a raíz de las recusaciones de ANSeS. Con una desfachatez inaudita se inventa que el servicio de justicia en la Sala II se vio afectado por un conflicto personal, pero se soslaya la actitud de la jueza Dorado, que le dio trámite a miles de recusaciones arbitrarias y maliciosas planteadas por la ANSeS por la causal de “prejuzgamiento”,contra el tribunal que había rechazado unánimemente, a su vez, la recusación de ANSeS contra mi padre. No se prejuzga en una resolución, sino cuando se adelanta una opinión antes de ella. Por eso debió rechazar de plano esa recusación, y no darle cabida –como hizo la Dra. Dorado- para que, en definitiva, muchos miles y miles de expedientes, no puedan ser resueltos en un tiempo prudencial. Eso afecto verdaderamente el servicio de justicia, y no las mentiras que se invocan en las acusaciones. 

Se cuestiona también las opiniones de mi padre en una nota que concedió al periodista del diario Página 12, David Cufré (http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-209399-2012-12-07.html), cuyo título malicioso le permitió a la Sra. Presidenta en un acto político afirmar que para mi padre “la Asignación Universal por Hijo estaba mal”. Nada más alejado de la realidad; solo basta con leer la nota entera para persuadirse de tal mentira.

En dicha nota, se publicó lo que opina un juez que vive en carne propia los problemas de la administración de justicia de la que forma parte, por ejemplo el colapso del fuero, el incumplimiento de las sentencias, el uso de los fondos del sistema previsional para fines ajenos al pago de las prestaciones, la necesidad de litigar 7 o más años para obtener un derecho que la Corte Suprema ya declaró en varias causas como “Sánchez, María del Carmen” ¿Está mal opinar de hechos públicos y notorios, y denunciarlos para que cambien?¿No es eso un real compromiso?  

Además, se acusó a los jueces Fernández y Herrero desobedecer el art. 195, último párrafo del Código Procesal que prohíbe a los jueces “decretar medidas cautelares que […] de cualquier forma perturben los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias” (claro, sin tener en cuenta que la Corte Suprema señaló en 2009 en el fallo “Reguera Sara c/ ANSeS s/ejecución previsional”, que esta norma no era aplicable a los procesos previsionales). Pero lo peligroso en este punto es que un órgano de naturaleza “administrativa” y no “jurisdiccional” pretenda revisar la legalidad de una decisión jurisdiccional, arrogándose las facultades que en tal sentido le corresponden a la Corte Suprema como órgano superior. Los varios casos como “Capa, Néstor”, aún esperan que ésta se pronuncie al respecto.

El Tribunal que juzgo las recusaciones, así como los Señores Senadores y Diputados, de distintos espacios, divisaron la actitud de la ANSeS en cuanto ejerce una “…deliberada política institucional adoptada […] para apartar a uno de sus jueces del conocimiento de los expedientes sometidos a su decisión, en lo que puede calificarse como abuso del derecho  (art. 1071 del Código Civil) […]” (doctrina confirmada por la Corte Suprema en la causa “Aguilera Grueso”, del 2012). Esta “deliberada política institucional” a la que se refiere dicho tribunal,  se ha potenciado –en lugar de desaparecer- con la citación efectuada a los jueces Emilio L. Fernández y Luis R. Herrero, para el próximo 25 de abril del corriente año, al mediodía.

Soy hijo del Dr. Herrero. Pero no es ésta sólo una simple preocupación personal. No escribo esta reseña para que se conozca el dolor de la familia o la sensación de impotencia que genera el hecho de ver como penosos seres sin dignidad, sin otra convicción más que la de servir a intereses personales, pueden poner en jaque toda una vida de trabajo. 

Escribí estas palabras para responder a la Sra. Presidenta y a todos los que se preguntaron lo mismo. Ese juez siempre estuvo en el mismo lugar, ejerciendo la magistratura con firmeza, luchando sin otras armas que sus convicciones, para honrar la investidura que constitucionalmente se le otorgó.

Ser juez no es fácil, y menos lo es cuando la injusticia ha envenenado el árbol. Y la injusticia y la ilegalidad no tienen mayor activo que la clandestinidad.

El 25 de abril de 2014 no se juzgará la conducta de dos jueces, se pondrá en jaque la independencia del poder judicial y las garantías de los ciudadanos. El derecho de todos de tener una justicia que, sin importar los tres gobiernos democráticamente elegidos que pasaron desde que fue creada, honre el mandato que siempre fue el mismo: Dar a cada uno lo suyo.

La clandestinidad y el silencio es el mayor activo de la ilegalidad. Por favor, pasa este mensaje. No es al Juez Herrero o al Juez Fernández a los que hay que proteger, sino que es a la injusticia a la que hay que combatir.

José Ignacio Herrero

Abogado – Hijo
nachoherrero22@gmail.com

 

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Imputaron al titular del PAMI por autoadjudicarse sueldos

Fuente: Perfil.com

Luciano Di Césare y el vicedirector del organismo, Mariano Cardelli, habían sido denunciados por el abogado Ricardo Monner Sans.

El director y subdirector del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Luciano Di Césare y Mariano Cardelli, fueron imputados por el fiscal federal Carlos Stornelli acusados por autoadjudicar sueldos brutos de casi cien mil pesos.

Stornelli pidió al juez Claudio Bonadio una serie de medidas de pruebas sobre el criterio interno de asignación de sueldos, la construcción de los hospitales del Bicentenario y los altos viáticos por viajes al exterior de los funcionarios de la obra social de los jubilados, publicó el diario Clarín.

El fiscal hizo lugar a una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, basada en una investigación del matutino. Stornelli reclamó un peritaje para saber si el concurso privado de precios para el alquiler de la actual sede central de PAMI se ajustó al derecho.

Según Clarín, en septiembre del año pasado Di César cobró un salario bruto de 98.700 pesos que, luego de los descuentos por jubilación, obra social e impuesto a las ganancias se redujo a 63.676 pesos. En tanto, Cardelli cobró un salario bruto de $ 97.566 y se llevó en la mano $ 61.759.

Di Césare dirige el PAMI desde el año 2007, en reemplazo de Graciela Ocaña, después de ser el titular de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz.

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Trabajar para que la vejez sea una etapa digna y feliz

Fuente: Diario La Nacion

En el Hogar Marín de las Hermanitas de los Pobres, los adultos mayores y las religiosas que los cuidan forman “una gran familia”

Por María Ayuso  | Para LA NACION

Fue un 31 de octubre. Nuncia Rodríguez recuerda la fecha exacta, como si fuese la de un cumpleaños inolvidable. Ese día, hace 10 años, llegaba al Hogar Marín de las Hermanitas de los Pobres, en San Isidro, para quedarse. “Vine por una gran necesidad”, admite Nuncia, de 88 años, que hace poco sufrió de una polimialgia que la tuvo a maltraer. “Me había quedado sola en casa. Soy viuda y mi hijo y mi hija tienen sus familias. Mi hermana se enteró de que existía este hogar y me dijo: «¡Qué bien te vendría!»”, recuerda.

Durante un mes, visitó el lugar para ver si se adaptaba. “Siempre había vivido en departamento. ¡Vivir acá era un cambio grande!”, dice extendiendo los brazos por encima de la silla de ruedas que usa para trasladarse, en un intento de abarcar con el gesto la inmensidad del edificio y el parque que lo rodea. “Pero lo esencial y primordial es el trato de las hermanitas. ¡Ellas no podían abrir más los brazos para recibirme! Eso era para mí lo más importante. ¿De qué sirve estar bien atendido si el trato es frío? -pregunta con una sonrisa-. Ya no podría vivir fuera de este hogar… Acá, una se siente amparada, custodiada.”

En Beccar, San Isidro, el Hogar Marín de las Hermanitas de los Pobres tiene cuatro años más que Nuncia. En 1907, antes de su fundación, Plácido Marín, conmovido por la vocación de aquellas religiosas, había donado un terreno y una casa en La Plata para el primer hogar de la congregación en la Argentina. Más de una década después, su hermano Emilio impulsó la creación de un segundo hogar en su propiedad de San Isidro.

“Ante todo, vemos al anciano: buscamos dar vida a los años de quien toca a nuestras puertas”, explica la madre Blanca, oriunda de Medellín, Colombia, y responsable del hogar desde hace cuatro años. “Somos una familia. Por eso, todos conocen las cuestiones de la casa: las hermanitas no actúan sin los ancianos.”

Las religiosas, reciben a mayores de 70 de bajos recursos. “La casa es un hogar y los cuidamos hasta el final. Muchos llegan solos, otros lo hacen derivados por un trabajador social o a través de un hospital, donde no saben qué hacer con ellos. Aquí, son bienvenidos”, dice la Madre Blanca. Cuando llegan por un familiar, suele tratarse de “cuadros familiares muy críticos”.

En el hogar, no se exige una remuneración por los cuidados. Las monjas les preguntan a las familias si tienen alguna posibilidad de colaborar y las que pueden, lo hacen. Pero su obra se sustenta en gran medida con las donaciones. “La casa es grande y las necesidades son muchas, tanto de donaciones como de voluntarios: faltan manos”, afirma la Madre Blanca. Desde su creación, en 1922, en el hogar vivieron unos 5000 ancianos. Para la Madre Superiora, esa cifra es testimonio de que a los adultos mayores allí “se les alarga la vida”.

El Hogar de Ancianos Marín precisa de donaciones para refacciones básicas y de voluntarios. Quienes deseen colaborar, pueden llamar al (011) 4743-5656. Más información: www.hdlp.net/sanisidro.

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Programa Postas Digitales

Buenos Aires Ciudad – Programa Postas Digitales CABA

La computación se acerca a los adultos mayores

Postas Digitales tiene como objetivo acercar a los mayores a las nuevas tecnologías a través de talleres gratuitos de informática diseñados específicamente para los mayores de la Ciudad.

Los adultos mayores no deben quedar al margen del nuevo manejo del mundo. La fuerte presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en nuestra sociedad determina que quien permanece fuera, queda en algunos aspectos excluido.

El acercamiento de los mayores al universo digital facilita la posibilidad de comunicarse con el otro compartiendo un mismo idioma y un mismo código. Permiten comprender cuando alguien en los medios masivos utiliza los neologismos que devinieron con la era digital, como lo son los términos: chatear, facebook, googlear, twittear, etc.

Estos nuevos aprendizajes nos acercan a nuestros nietos, a nuestros hijos, nos permite acercarnos a nuestros familiares que están lejos a través de las redes sociales. Nos mantiene actualizados y comunicados.

Las postas digitales son puntos de encuentro, intercambio y aprendizaje de los mayores. Cada una se encuentra equipada con computadoras con conexión a Internet y se implementan talleres de alfabetización digital.

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Cartas de lectores

A principios de febrero de este año, nuestra presidente de la Nación, nos otorgó a los jubilados nacionales, tal como si fuera una gracia que otorga el estado, un incremento en los haberes jubilatorios del 11%, que eleva nuestros ingresos a $ 2757,- mensuales; muy por debajo de los niveles inflacionarios que superan el 40% anual.

         Esta medida indigna e injusta, que no obedece a los preceptos constitucionales, indicados fehacientemente en el artículo 14, hace que los pasivos nacionales desde  hace mucho tiempo estamos con nuestros haberes, por debajo del nivel de indigencia.

         Este importe resultante de los haberes jubilatorios, se obtiene a partir de las recaudaciones de A.N.S.E.S., que se compone por los ingresos en un 56% de los trabajadores activos en blanco que supera los nueve millones de aportantes, y  en un 44% de los impuestos que pagan todos los argentinos, entre ellos el I.V.A. de la recaudación fiscal de A.F.I.P. (que sabemos por su propia publicidad, que superan los niveles previstos de recaudación, engrosando el superávit estatal).

        Entonces nos preguntamos: ¿Como hace la provincia de Corrientes, que alcanza apenas a un millón de habitantes, de los cuales menos del 20% de ellos, es la fuerza laboral, y con los aportes de estos activos, y sin el auxilio de impuestos nacionales puede otorgar un ingreso mínimo a los pasivos provinciales de cuatro mil pesos mensuales, superior al valor nacional en más de un mil trescientos pesos?.

         La respuesta a este interrogante es muy clara: la pésima administración de los recursos previsionales, de parte de A.N.S.E.S. y del gobierno nacional; y de toda la corrupción delictiva que hacen todo el funcionarismo público tomando los fondos previsionales, para repartir becas, subsidios a empresas del estado deficitarias, y hasta algunas inexistentes, planes sociales, computadoras , etc. Fondos que no hacen a la esencia para los que son recaudados, y no rescatan a los pasivos nacionales, que después de largos años de aportes, terminar dignamente su existencia. 

Enrique Févola

Corrientes    enrifev@gmail.com

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