Archivo mensual: abril 2014

El PAMI incumple los derechos humanos de los adultos mayores

Fuente: Curar con Opinion

Por Dr. Daniel Cassola

Hay derechos humanos que son universales, sin importar sexo, religión ni franja etaria. Pero hay, además, algunos derechos humanos sobre los que distintos tratados enfatizan en particular. Nos referimos a los que son específicos de los adultos mayores.

Los adultos mayores tienen derecho a un seguro social, asistencia y protección. Además, tienen derecho a los más altos estándares de salud. Esto consta en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en innumerables documentos y proclamaciones de la ONU.

Tengamos en cuenta lo de “más altos estándares de salud” y comencemos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con el PAMI. Es la obra social más grande del país, tiene un presupuesto gigantesco y, además, ha oficiado de prestamista del Poder Ejecutivo durante años.

Hoy, por la información disponible, el modelo de atención del PAMI está lejos de los más altos estándares, y en ocasiones, apenas rasguña las prestaciones básicas.

En las últimas semanas, por ejemplo, encontramos que ocho mil jubilados en Chubut se manifestaron contra la obra social porque la opción que tienen, siendo afiliados del PAMI, es pagar por su atención o recurrir al hospital público. En Salta las farmacias cortaron la venta de medicamentos a afiliados del PAMI por falta de pago.

En San Nicolás y alrededores, norte de la provincia de Buenos Aires, las autoridades locales del PAMI admitieron que aún no cuentan con la vacuna antigripal. En Entre Ríos, prestadores privados alertan sobre el posible cierre de una clínica porque el PAMI no les abona las cirugías de cadera y las prótesis desde noviembre. Según explican el pago de este tipo de prestaciones está centralizado en Buenos Aires y por el momento no tienen respuestas.

En Rosario, una de las pocas ciudades en las que el PAMI tiene efectores propios, los trabajadores pararon por despidos de personal y tercerización de servicios.

Son muchísimas las localidades en las que hay interrupción de tratamientos, faltas de medicamentos y falta de atención en patologías realmente graves.

Como contracara, el PAMI ha prestado dinero, sus directivos cobran sueldos opulentos que superan los cien mil pesos y, además, se utilizan fondos para sustentar agrupaciones políticas. Tal es el caso de “La Güemes”, la organización que comanda el director del PAMI, Luciano Di Césare.

En resumen, en todos estos años el PAMI se ha dedicado a un sinnúmero de actividades paralelas y políticas, pero no se ha enfocado en su tarea, que es la de cumplir con los derechos humanos de los adultos mayores.

PAMI

“Los jubilados sufren falta de prestaciones médicas y farmacológicas”

Lo afirmó Miguel Ángel Giubergia, diputado nacional de la UCR por Jujuy.

“La situación de los jubilados es de falta de prestaciones médicas y farmacológicas. Hay gente que padece enfermedades terminales que no tienen atención. El dinero no llega a los prestadores médicos y farmacológicos por lo que nosotros queremos saber qué es lo que se hace con el presupuesto del PAMI, que es el tercero del país, después del nacional y el provincial de Buenos Aires”, agregó.

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DENUNCIEMOS…

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abril 21, 2014 · 12:44 am

Cartas de nuestros lectores

Cuando por gracia y merced de la monarca, se tiró una dadivosa limosna del 11% a los jubilados, la explicación de este caritativo y altruísta gesto. fue la textual frase “El Estado está presente y prioriza a nuestros abuelos”
La ironía de esta maligna afirmación tiene los siguientes antecedentes:
1.-La ley para aumentar los haberes mínimos de jubilados al 82% del sueldo básico duró menos de 24 horas: el 14/10/2010 la Presidente Cristina Kirchner anunció en un acto en la Casa de Gobierno que vetó la normativa aprobada por el Congreso con el voto desempate del titular del Senado, Julio Cobos, de quien dijo: “Tenemos un vicepresidente okupa”
El veneno de la venganza contra Cobos se desparramó a los abuelos.

2.- La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se comprometió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los juicios iniciados por los jubilados por reajuste de haberes. Por orden de la Presidente, no se respetó este compromiso y se continuaron apelando indefinidamente los fallos. No satisfecha con este malicioso comportamiento, ordenó aunque se perdieran las apelaciones, no pagar las órdenes judiciales.
Es criminal la demora de la Anses en pagar los juicios, pues se especula con el fallecimiento de aquéllos que, muchas veces, han esperado largos años para cobrar sus reajustes. Insólita y macabra elucubración propia de mentes enfermizas.

3.- La Presidente adujo su veto a que la ley llevaría al país a la quiebra.
Estuvo claro y evidente que evitó el defasaje de una Caja multimillonaria (Anses) que satisface sus apetitos políticos y personales, y a la cual continúa saqueando sin cortapisas.

 
4.- No tuvo ningún recato en calificar a “sus abuelos de “buitres y caranchos”, con tanto odio y desprecio que pasó por alto que su madre pertenece a esa categoría zoológica.

5.- Su escarnio y estafa sin límites para un 25% del sector de la ciudadanía no tiene escrúpulos ni vallas de contención, ya que toma partido de la condición débil de esta masa social que no vota, no puede hacer huelgas, ni piquetes, en una palabra, son seres descartables.

6.- La limosna arrojada a sus abuelos fue menor a la de septiembre del año pasado, que consistió en el 14,40%, en circunstancias que la inflación era significativamente menor a la actual.

En honor a la brevedad, nos limitamos a sólo seis puntos que desnudan una ironía sin precedentes. Decir que el Estado está presente y prioriza a nuestros abuelos es de un cinismo inverosímil. Y decimos sangrienta porque la ironía no puede jugar con la indigencia y la salud de los ancianos que son venerados en el mundo entero desde épocas pretéritas
Sra. Presidente, de llegar a la vejez, si llega, aceptará un tratamiento similar al que nos está dando? ¿Será un deshecho humano? ¿o inhumano? Dudo que sus neuronas puedan dar respuesta a estas preguntas.
SILVIO PIZARRO

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SIN JUSTICIA, tambien impulsan denuncias sobre los Jueces de la Camara Federal de la Seguridad Social, Dres. Herrero y Fernandez

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abril 19, 2014 · 9:03 pm

Jubilados cada vez más pobres

Fuente: Diario La Nacion

La inflación licúa los aumentos de jubilaciones y pensiones, mientras el Estado demora el pago de las sentencias por reajustes.

Pese a lo que dicen los discursos oficiales, los jubilados son cada día más pobres y sus haberes se van aproximando peligrosamente a la línea de pobreza .

Hace dos meses, con bombos y platillos, la Presidenta anunció un aumento para los jubilados y pensionados del 11,31 por ciento, que se haría efectivo a partir del mes pasado. De esta manera, la jubilación mínima pasó de 2477 a 2757 pesos. En esta categoría se encuentra el 75 por ciento de los jubilados. Sin embargo, la inflación y el aumento del costo de vida han reducido considerablemente el incremento, que en los hechos pronto se evaporará pues, según los datos oficiales, la inflación de los tres primeros meses del año fue del diez por ciento. Además, el aumento otorgado fue inferior al de septiembre del año pasado, que ascendió al 14,41 por ciento, cuando la inflación era menor que la registrada desde entonces.

Ese efecto demoledor del incremento de los precios cobró mayor poder destructivo desde la brusca devaluación del peso, devorando el aumento otorgado en septiembre. Pronto ocurrirá otro tanto con el incremento de marzo.

En marzo último, según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el costo de la Canasta Básica Total, que determina la línea de pobreza, ascendió a 1522,6 pesos. Pero si se toma en cuenta un hogar de 2,44 adultos, el costo de esa canasta básica asciende a 3715,2 pesos: mil pesos más que la jubilación mínima. Y no hay que perder de vista que para el próximo aumento todavía habrá que esperar cinco meses. Además, según los datos del Indec, el 24,8 por ciento de los adultos mayores viven en hogares con un ingreso previsional. Por ello, el bloque de diputados y senadores nacionales de Unión Pro presentó un proyecto para que se adelante al mes de mayo el pago de la actualización remunerativa que corresponde por ley y que debería abonarse en setiembre próximo.

En oportunidad de aquel anuncio, la Presidenta sostuvo que “el Estado está presente y prioriza a nuestros abuelos”. Lamentablemente, no es así. Si lo fuera, el Gobierno cumpliría la siempre postergada vigencia del 82 por ciento móvil exigido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos.

Días atrás, en una carta publicada por LA NACION, un jubilado de 84 años recordó con dolor algo muy cierto: la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se comprometió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a no apelar los juicios iniciados por los jubilados por reajuste de haberes. “Por lo menos en mi caso -sostuvo- no se está cumpliendo con ese compromiso.” Agregó que obtuvo sentencia favorable a principios del año pasado, pero la Anses apeló el fallo y, como son tantos los casos que se acumulan, su expediente está en la mesa de entradas de la Cámara desde el 14 de mayo de 2013.

Más de una vez calificamos en esta columna de criminal la demora de la Anses en pagar los juicios ganados por los jubilados, pues al hacerlo parecía especular con el fallecimiento de aquellos a quienes les adeuda haberes. Aparentemente en consonancia con el sentir oficial, la fiscalía de la Cámara de la Seguridad Social se opuso a que la Justicia otorgue una medida cautelar a una jubilada de 78 años para que se reajuste su haber. La mujer había reclamado la revisión de sus haberes y solicitó que su trámite se resolviera como proceso sumarísimo. En primera instancia se hizo lugar a la urgencia, pero la Anses apeló a la cámara y allí la fiscalía argumentó que si se tuviera que hacer eso con cada beneficiario que sufre “un estado de salud disminuido” se caería en un riesgo cierto de provocar “el desfinanciamiento del sistema, ocasionando un grave perjuicio a la sociedad”. El dictamen fiscal consideró erróneamente que la jubilada no se encuentra marginada del sistema, “pues ya goza de un beneficio previsional”, y que el punto de conflicto gira en torno al monto de la prestación. Contradictoriamente, la fiscalía aconsejó que se aplicara el trámite establecido para los procesos sumarísimos.

El desfinanciamiento no obedece al pago de las prestaciones de quienes han aportado tras una vida de trabajo. El mismo día en que trascendió ese dictamen, otro diario publicó la carta de otro jubilado, quien se preguntaba si la Justicia no debería investigar a los funcionarios que usan los fondos de la Anses “para otros fines”. Aludió al empleo con fines políticos de los fondos de los jubilados. Por ejemplo, se emplearon para emprendimientos de Enarsa y la entrega de netbooks del plan Conectar Igualdad.

No somos agoreros sino realistas al sostener que, por desgracia, la situación de los jubilados empeorará. Al panorama de la economía nacional se suma la indiferencia y el sadismo de un gobierno que dice ocuparse de ellos, cuando lo que hace es malgastar sus aportes y negarles hasta el último momento los reajustes que la Justicia les otorgó. De no reaccionarse a tiempo, una suerte nada mejor les aguarda a los futuros jubilados.

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OTROS MAGISTRADOS EN LA PARRILLA OFICIALISTA

Ya es un ejercicio habitual de la Presidente remover jueces y fiscales a su antojo y designar adictos sustitutos, con varias finalidades. La primera y esencial es la de cubrirse de los actuales juicios de corrupción y de los que vendrán como vendavales después del 2015. La segunda es poner valla a los millonarios juicios, en cantidades y en valores, por la actualización de los haberes jubilatorios, fraudulamente asignados por la Anses. A esto último nos referimos en esta nota. 
El Consejo de la Magistratura procura deshacerse de los jueces Herrero y Fernández. ambos de la Sala II de Seguridad Social y los acusa de “mal desempeño” en sus funciones. Sucede que estos magistrados son un ejemplo de probidad y justicia y han emitido fallos ejemplares en amparo de los derechos de los jubilados, condenando a la Anses en varios de ellos, como se verá en el extracto que se hace de la presentación del Dr.José Ignacio Herrero, en defensa de su padre Luis R. Herrero.
Es extenso, pero deja en descubierto la perversidad de las maniobras de la Anses para destruir los derechos de los justos litigantes:

“En los países donde falta plata, los Gobiernos se ven tentados a usar la plata de las cajas jubilatorias para otros fines diferentes que para el pago de las jubilaciones. Es mucha, pero mucha caja. 
El gobierno menemista siempre quiso recortar el gasto que significaban los abuelos. Así fue que dictó uno de los decretos de necesidad y urgencia más injustos que un gobierno democrático puede dictar. Como si los jubilados tuviesen mucho tiempo para litigar, el presidente Menem –en su primer DNU después de la Reforma Constitucional de 1994- suspendió el trámite de los procesos previsionales durante 6 meses y pretendió prohibir a los jueces dictar sentencia en dicho lapso. Por suerte, no hubo hesitación y la misma Sala II, integrada por los mismos jueces, declaró la nulidad absoluta e insanable de aquél DNU.
la Ley de Solidaridad Previsional que estableció la arbitraria excepción de “falta de recursos” que podía oponer la ANSeS ante los pedidos de reajustes de los jubilados. O sea que, como defensa a su falta de pago como la ley lo ordenaba, la ANSeS podía decir, justificado por ley, “No tengo plata”. Imagínense el daño que ese argumento amparado por ley podría hacer en el ámbito empresarial, y luego piensen sus consecuencias ante un reclamo para pagar la vivienda, la comida o los remedios. La Sala II por medio del fallo “Ciampagna, R.” declaró inconstitucional ese ilógico argumento.

También en esos años, la Sala II, en uno de los fallos quizá más trascendentes por el contexto político, y por la injusticia y arbitrariedad de la medida, aceptó el reclamo del Defensor del Pueblo y declaró inconstitucional el descuento del 13% a los jubilados. Por suerte, y sorpresivamente (tal vez por la reacción pública que tuvo la medida –hasta Mirtha Legrand interpeló a Patricia Bullrich en su programa-), este fallo fue cumplido y a los tres días se dictó el Decreto 1.819/02, por el que se dispuso el cese del descuento y la devolución de lo retenido en títulos públicos. Ahí estaba la trampa, ¿En títulos Públicos? ¿En el 2001? Rápidamente, la Sala II declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1.819/02 y dispuso la devolución en efectivo. Los títulos, se convirtieron en basura al poco tiempo.
La ANSeS, nadie lo puede negar, obligó siempre a los jubilados a litigar. Si éstos no litigan, no ven reajustados sus haberes y no cobran justamente. Es ridículo, pero es así.
Nada se dice de los más de tres años de parálisis que sufrió la Sala II a raíz de las recusaciones de ANSeS. Con una desfachatez inaudita se inventa que el servicio de justicia en la Sala II se vio afectado por un conflicto personal, pero se soslaya la actitud de la jueza Dorado, que le dio trámite a miles de recusaciones arbitrarias y maliciosas planteadas por la ANSeS por la causal de “prejuzgamiento”,contra el tribunal que había rechazado unánimemente, a su vez, la recusación de Anses.”.

Silvio Pizarro

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ULTIMO MOMENTO!!!

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abril 18, 2014 · 12:56 am