Por las demandas de jubilados, los jueces piden auxilio a la Corte

Fuente: Diario La Nacion

Los nueve camaristas del fuero advirtieron sobre la situación; más de 120.000 causas apeladas esperan resolución; reclaman más personal y nuevos juzgados

Por Silvia Stang  | LA NACION

Los nueve jueces camaristas del fuero previsional, donde se tramitan los reclamos que le hacen los jubilados al Estado, dictaron una acordada en la que le piden a la Corte Suprema medidas de “auxilio inmediato”, tras advertir que la Cámara (a la que llegan las sentencias de primera instancia que resultan apeladas) atraviesa una “aguda crisis” por la cantidad de expedientes que ingresaron durante los últimos años.

La situación del fuero está definida como de “colapso” y la principal razón es la gran cantidad de juicios iniciados en la última década, principalmente luego de que la Corte dictara, en el fallo Badaro de 2007, la inconstitucionalidad de una política que había mantenido por años el Gobierno: la de otorgar subas a los haberes en forma discrecional y sin alcance general. Eso tuvo como efecto una pérdida de poder adquisitivo en muchas jubilaciones, que llegó hasta 40%, que no se corrigió con la ley de movilidad. La inflación, además, dio otros motivos para reclamar, como la falta de una adecuada actualización del valor de los salarios históricos, a la hora de aplicarlos para el cálculo del haber inicial.

El escrito de los jueces, fechado el martes de esta semana, puntualiza que al cierre de 2013 quedaron sin poder ingresar en alguna de las tres salas de apelación unos 53.000 expedientes, por la falta de espacio físico. De ellos, 25.000 no tienen siquiera la asignación por sorteo para saber a qué sala serán derivados. A todos esos casos se suman unos 75.000 más que esperan resolución dentro del edificio en el que funcionan las oficinas de los jueces. Allí se acumulan pilas de papeles que llenan pasillos, ambientes destinados a otros fines y hasta baños.

La notificación de los jueces del fuero no es la primera que recibe el tribunal supremo. En 2013 se enviaron varias notas, no sólo al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sino también a las autoridades del Consejo de la Magistratura, con advertencias sobre la situación. La acordada de esta semana pide que se hagan gestiones, ante otros poderes del Estado, para la aprobación de un proyecto de ley que crea cinco nuevos juzgados federales de primera instancia, una sala más en la Cámara, dos fiscalías y una defensoría en el ámbito de la primera instancia. Además, se recuerda un pedido hecho en forma detallada, en abril de 2013, para que se asigne más personal, con el objetivo de “dotar de razonabilidad y equivalencia funcional a la estructura de recursos humanos del fuero”. Según los jueces, los trabajadores trabajan más tiempo que el de sus jornadas sin que se les paguen horas extras.

Una realidad que hace su aporte a la situación de colapso es que, de los diez juzgados, solamente cuatro tienen jueces nombrados. En el resto hay jueces subrogantes, lo cual amplifica la cantidad de expedientes que cada magistrado debe resolver. Así y todo, en los últimos tres años se incrementó de manera significativa el número de sentencias de primera instancia. En 2013 se resolvieron 54.772 causas, de las cuales el 83% estuvo referida a pedidos de reajuste de haberes.

La cuestión edilicia, por su parte, tiene ribetes insólitos. En 2011, el Poder Judicial alquiló un edificio sobre la calle Lavalle, a dos cuadras de donde funciona la Cámara, “para la instalación de Juzgados y Tribunales de la Seguridad Social u otro foro distinto”, según consta en el contrato de locación. Pero ese objetivo nunca se cumplió.

El edificio sirvió sólo para guardar los expedientes que no entran en los despachos de los jueces. El texto de la acordada, de hecho, describe que la situación del fuero -agravada también por una maniobra de recusación masiva de la Anses contra el juez Luis Herrero, que mantuvo paralizada la tramitación de causas durante un año y medio en la Sala II- hace que se muevan papeles entre uno y otro edificio, “con el evidente dispendio de actividad, dificultades suscitadas en el traslado y riesgo en la conservación y guarda” de la documentación.

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