Una garantía de impunidad para los funcionarios

Fuente: Diario Clarin

Por Laura Alonso *

Mientras nos distraen con el perrito Simón o la renuncia de Moreno, en el Congreso de la Nación pasan cosas graves. Después de la supuesta “democratización de la Justicia” y en una nueva afrenta al estado constitucional de derecho y a los derechos individuales, el Poder Ejecutivo ha puesto en debate exprés una ley que protege al Estado y a los funcionarios mientras desprotege a las personas.

La han llamado ley de “responsabilidad del Estado” y, como el lector sabrá comprender, después de tanto título rimbombante en esta década, tendrá efectos absolutamente contrarios a los que supuestamente invoca.

Este proyecto implica un grave retroceso en materia de derechos individuales frente al Estado y echa por la borda décadas de debate doctrinario y jurisprudencial.

De ser aprobada, esta ley generará un régimen de privilegios para el Estado y los funcionarios públicos que nos retrotrae a épocas del Virreinato, donde el único que posee derechos es el que manda y a los demás sólo nos queda agachar la cabeza y obedecer.

Tendrá, definitivamente, un impacto negativo en la protección y el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos desde el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, el acceso a la salud y a la educación.

Además, se eliminan las ‘astreintes’ (o multas) aplicadas por los jueces a los funcionarios que deben cumplir órdenes judiciales.

Durante años, la sanción pecuniaria ha sido una aliada de aquellos que han litigado contra el Estado por diversas violaciones de derechos y obtuvieron sentencias favorables.

El kirchnerismo se propone eliminar este eficaz instrumento para el acceso a la Justicia.

El proyecto del Gobierno garantiza la impunidad de los funcionarios públicos, quienes junto al Estado dejarán de ser responsables por los daños que sus acciones u omisiones puedan causar a los demás.

Con estremecedora claridad, un artículo prevé que no deberán responder, ni aun en forma subsidiaria, por los daños que ocasione un concesionario de un servicio público que el Estado, a través de sus funcionarios, contrató y al que supuestamente controla.

¿Pensó en las víctimas de Once? Yo también.

* Diputada nacional (PRO)

COMENTARIO

UNA PREGUNTO, ¿PODRAN LOS NUEVOS JUBILADOS, HACERLE UNA DEMANDA AL ANSES, CON ESTAS NUEVAS LEYES?, QUISIERA QUE ALGUIEN ME LA CONTESTE.

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