Jubilaciones en delicado equilibrio

Fuente: Página 12

GILS CARBO ADVIRTIO A LA CORTE SOBRE LOS EFECTOS DE SENTENCIAS EN MATERIA PREVISIONAL

La procuradora general de la Nación giró un dictamen al máximo tribunal donde señaló que extender el fallo Badaro a todos los jubilados en igual condición pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema de jubilaciones.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, señaló que las sentencias que actualizan los haberes jubilatorios iniciales y su movilidad posterior no pueden prescindir de su impacto sobre la sustentabilidad de todo el sistema de la seguridad social. En un dictamen solicitado por la Corte Suprema, la titular del Ministerio Público Fiscal cuestionó la extensión automática de los fallos de la Corte Suprema en los casos Badaro y Eliff que realizan muchos jueces. Se trata de las dos decisiones del máximo tribunal que sentaron precedente para el recálculo de jubilaciones. La funcionaria advirtió que la aplicación de esas sentencias debe considerar su impacto sobre el resto de los jubilados. Se trata de la misma posición que ya expresó en otros dictámenes y coincide con las advertencias realizadas por la Anses sobre el riesgo que implicaría la implementación masiva de esos fallos.

“La decisión (de la eventual extensión del fallo Badaro) reviste gravedad institucional al poner en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional”, alerta el dictamen, que está referido a un caso particular, pero cuyo alcance se extiende a la decisión que debe tomar la Corte Suprema en una demanda presentada hace cuatro años por la Defensoría del Pueblo de la Nación. Este organismo pretende que la Justicia dicte un fallo para universalizar las resoluciones de las sentencias en Badaro y Eliff a todos los casos en la misma condición. La Corte todavía no se expidió y la Anses ya afirmó en reiterados intercambios con los magistrados que la extensión de esos fallos pondría al organismo en “riesgo institucional”, ya que lo haría incurrir en un “déficit estructural”.

El argumento central del dictamen de la procuradora, presentado frente al caso del jubilado Carlos Alberto Quiroga, advierte que los jueces no pueden disponer de los recursos previsionales prescindiendo de analizar su impacto en la sustentabilidad del sistema. “No es posible soslayar las pautas fijadas por la autoridad de aplicación, que es la que debe determinar cuáles son los índices correspondientes que permiten resguardar los derechos de los jubilados, en forma generalizada y en condiciones de igualdad, con los recursos previsionales existentes”. Con ese razonamiento, la jefa de los fiscales concluyó que es arbitraria una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social que aplicaba en forma mecánica los precedentes de la Corte Suprema “Badaro” y “Elliff”, sin valorar los hechos concretos del caso y las cuestiones jurídicas controvertidas.

En su dictamen, Gils Carbó señala que la escasez de los recursos previsionales y la solidaridad sobre la que se basa el sistema implican que la determinación del derecho de cada jubilado individual no puede prescindir de su impacto sobre el derecho de los restantes jubilados. En ese sentido, su visión refuerza los argumentos esgrimidos por la Anses sobre la idea de que la Corte Suprema debe ser “cuidadosa” a la hora de tomar decisiones vinculadas al sistema previsional.

En ese sentido, la procuradora indica que la Corte adoptó esas decisiones en un contexto normativo distinto, donde no regía una ley de movilidad que atendiera en condiciones de igualdad los derechos de todos los jubilados. En cambio, cuando se dictó la sentencia recurrida ya estaba en práctica esa norma. “Este mecanismo fue creado con el objetivo de mantener una razonable proporcionalidad entre los salarios de actividad y los haberes de retiro a la vez de asegurar la sustentabilidad intertemporal del sistema previsional argentino”, sostiene Gils Carbó, quien enfatiza en cada intervención sobre el carácter solidario del sistema previsional y la necesidad de garantizar su sustentabilidad.

En la actualidad, existen 325.600 causas previsionales en trámite, de las cuales 283.098 son por actualización de haberes. Básicamente se trata de juicios motivados por los fallos Badaro y Eliff de la Corte Suprema, que ordenaron aumentos de ingresos por los períodos 2002-2006 y 1991-2004, respectivamente. Según informó el año pasado el titular de Anses, Diego Bossio, en un informe solicitado por el máximo tribunal, reproducir las disposiciones del caso Badaro a todos aquellos en igual situación demandaría 14.136 millones de pesos anuales, más 28 mil millones en retroactivos que se pagarían por única vez. Por su parte, ampliar el alcance del fallo Eliff forzaría erogaciones por 21 mil millones de pesos anuales, más 43 mil millones en retroactivos.)

Gils Carbó elevó recomendación a la Corte por actualización de jubilaciones

Fuente: Ambito.com

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó a los jueces de la Corte Suprema que la actualización del haber jubilatorio reclamada por vía judicial debe contemplar que “se garanticen los derechos de los jubilados en condiciones de igualdad”, y sin que la mejora obtenida por algunos impacte sobre el derecho de los restantes integrantes del sector pasivo. 

En un dictamen sobre causas previsionales que llegaron al máximo tribunal, la jefa de los fiscales adujo que la escasez de los recursos previsionales y la solidaridad sobre la que se basa el sistema implican que la resolución de casos particulares no se debe hacer “prescindiendo de analizar su impacto en la sustentabilidad del sistema”. 

“No es posible soslayar las pautas fijadas por la autoridad de aplicación, que es quien debe determinar cuáles son los índices correspondientes que permiten resguardar los derechos de los jubilados, en forma generalizada y en condiciones de igualdad, con los recursos previsionales existentes”, sostuvo Gils Carbó. 

En su dictamen, la procuradora sostuvo que una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social que aplica en forma mecánica los precedentes de la Corte Suprema en la causa “Badaro” y “Elliff”, sin valorar los hechos concretos del caso y las cuestiones jurídicas controvertidas, puede resultar “abritraria”. 

La Procuradora advirtió que la Corte adoptó esas decisiones en un contexto normativo distinto, donde no regía una ley de movilidad que atendiera en condiciones de igualdad los derechos de todos los jubilados. 

En cambio, al momento de dictarse la sentencia recurrida, el Congreso de la Nación había sancionado la ley de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público -ley 26.417- en uso de las atribuciones, que la Corte Suprema le había reconocido en la primera decisión recaída en el caso “Badaro” (Fallos 329:3089). 
Sin embargo, en el caso, el tribunal hizo lugar a la pretensión sin tener en cuenta ese marco regulatorio y soslayando los principios y fines del sistema de reparto y, en particular, del régimen de movilidad creado por la ley 26.417. 

“Este mecanismo fue creado con el objetivo de mantener una razonable proporcionalidad entre los salarios de actividad y los haberes de retiro, a la vez de asegurar la sustentabilidad intertemporal del sistema previsional argentino”, agregó Gils Carbó. 

Por ello, explicó la Procuradora General, “el coeficiente de reajuste del haber previsional allí previsto se calcula aplicando el índice general de salarios y el índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables -para atender a la proporcionalidad del haber-, y se lo compatibiliza con el nivel de recursos tributarios con que cuenta el sistema, con el fin de promover su sustentabilidad intertemporal”. 

Por otra parte, en relación con la determinación de la prestación básica universal, la titular del Ministerio Público Fiscal consideró “inapropiado” aplicar el mismo índice de actualización empleado para las restantes prestaciones que componen el haber jubilatorio, dado que esta “tiene un fin eminentemente asistencial, por lo que no guarda relación directa con el haber en actividad”. 

En el caso en cuestión, el demandante había reclamado el reajuste de su prestación básica universal desde febrero de 2002 hasta la adquisición del beneficio en el año 2004.

3 comentarios

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3 Respuestas a “Jubilaciones en delicado equilibrio

  1. Omar Martinez

    YO LE PREGUNTARIA A ESTA SRA. GILS CARBO, SI EL DIA QUE ELLA SE JUBILE, SEGUIRA PENSANDO DE LA MISMA MANERA QUE LO HACE AHORA.

  2. Hugo Roque

    Querido Omar : no pude entrar a worldpress.com pero te envío mi comentario para Gils Carbó : propongo INICIAR la aplicación del caso Badaro de arriba para abajo, v.gr. “los nacidos antes del año XX (¿1930?)” que ya se les aplique tal criterio. GRADUALMENTE, AÑO A AÑO, ir incorporando a los sucesivos viejos. Esto implicaría una sensibilidad ya no más nula sino creciente con los próximos años. Abrazo, Hugo Roqué

  3. Alicia Emilio

    También se podría ajustar los haberes ya y pagar los retroactivos en bonos, en cuotas, etc., etc., el jubilado tiene que vivir HOY, el después no lo sabe.
    Alicia Emilio

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