La deuda oculta: el Estado acumula juicios millonarios

Fuente: Diario La Nación

El escaso apego a las normas jurídicas del Gobierno ocasiona reclamos que, de perderlos, podrían llevarse 75% de las reservas

Por Diego Cabot y Silvia Stang

Parece una señora elegante que prefiere no revelar su edad. Pero es el Estado argentino el que oculta muchos números. Son cifras de las que no se habla, más allá del grado de credibilidad que puedan tener las que sí se exponen. ¿De qué se trata? De los números implicados en las obligaciones contingentes que se acumulan en forma creciente, derivadas de reclamos judiciales de particulares y de empresas que sienten que, a causa de una acción u omisión oficial, se vulneraron sus derechos.

Buena parte de esa deuda que posiblemente deberá asumir la Argentina -en gran medida, se supone que cuando ya no esté el gobierno actual- no es hoy cuantificable. En el fragmento que sí permite una estimación, los reclamos suman US$ 32.144 millones, nada menos que 75% de las reservas que hoy están acumuladas en el Banco Central. O la cuarta parte de la recaudación impositiva de todo este año.
Miles de Jubilados, tenedores de bonos en default y accidentados en el transporte público; empresas como Repsol o Marsans, la ex dueña de Aerolíneas Argentinas, o accionistas las eliminadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP); compañías que consideran inequitativo pagar impuestos por sus ganancias sin poder hacer ajustes por inflación en sus balances, y firmas mineras que reclaman por los cambios en la estabilidad fiscal prometida son algunos de los juicios que se tramitan en el país o en instancias internacionales.
A la lista de los que intentan hacer valer sus derechos y reclaman una indemnización por considerarse afectados, se suma la Sociedad Rural Argentina, perjudicada por la decisión oficial de anular la compra, hecha hace más de 20 años, y expropiar el predio de exposiciones del barrio de Palermo.

 

Los juicios previsionales y los tramitados por los holdouts (en este caso, en el exterior) son los que implican la cifra más elevada de deuda contingente. Al podio de los reclamos se sube Repsol, con una demanda que rondaría los US$ 8000 millones.
Patricio Navarro, un abogado especialista en impuestos que fue uno de los primeros en presentar causas reclamando la posibilidad de que los balances se ajusten por inflación, dice que los particulares no son tan afectos al litigio. «Lo que pasa es que el Estado avanza sin escuchar. Entonces los ciudadanos, cuando ven que se atropellan sus derechos, empiezan a reclamar. Los jubilados es un caso. Y va a haber demandas, seguramente, si no se actualiza el impuesto a las ganancias», sostiene.
Entre los reclamos de los jubilados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los más frecuentes son los que persiguen que se apliquen los criterios de ajustes a haberes determinados por la Corte Suprema en dos fallos: Badaro y Elliff. Según el primero, los ingresos mensuales debieron haber subido, entre 2002 y 2006, al ritmo de los salarios activos, lo que se traduce en un alza de 88,5 por ciento. Se estima que en algo más de un millón de casos no se dio esa recomposición. La segunda causa se refiere a la actualización del valor histórico de los salarios usados al calcular el haber inicial.
El punto en común de ambas causas es que su raíz está en la falta de adecuación de los pagos previsionales al contexto de inflación. Según los cálculos del organismo, si se aplicaran ambos fallos a todos los jubilados a quienes por sus haberes les corresponda, el costo sería de $ 49.586 millones al año (US$ 10.100 millones). Desde hace más de dos años, la Corte tiene en análisis una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que pretende que el Gobierno generalice el ajuste de Badaro, lo que provocó que el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, advirtiera a los jueces que el sistema quebraría si reconociera esa deuda, de $ 14.136 millones al año. Pero los juicios terminan. «Alguna vez, terminan. No hay tiento que no se corte», grafica Navarro.
Pero la judicialidad previsional tiene otras razones y por eso es difícil cuantificar cuánto se demanda en total, dice el abogado Guillermo Jáuregui. Según las estadísticas que siguen en el estudio jurídico, este año la Anses liquidó 21.405 sentencias, bastante más que las 17.678 de 2011, pero menos que las que se emiten en los juzgados: si bien son apelados casi en su totalidad, se estima que este año termina con alrededor de 50.000 fallos. La brecha entre los juicios iniciados (este año y sólo a octubre fueron más de 70.000), los fallos emitidos y los casos liquidados, todo en un mismo período, es un signo de la fuerte acumulación de deuda (contingente y efectiva) del Estado.
Desde el Gobierno, que ha llevado a cabo estrategias dilatorias más allá de las constantes apelaciones, se admite la existencia de 270.000 trámites en curso, mientras que el pago promedio por montos retroactivos llega a 140.000 pesos.
Muy lejos de la sede de los juzgados previsionales, donde el peso de los expedientes afectó estructuras edilicias, los tenedores de deuda soberana en cesación de pagos tramitan sus reclamos en el exterior. «El monto del capital impago es de US$ 6500 millones; si se toman los intereses previstos por los títulos en default, como hace el juez Griesa y la cámara en Estados Unidos, el monto es de US$ 20.000 aproximadamente», sostiene Eugenio Bruno, abogado del Estudio Garrido, asesor de bonistas y ex negociador del canje en 2005. La diferencia con la cifra de US$ 11.177 millones que se informe oficialmente, dice Bruno, está en qué intereses se calculan. De todas formas, aclara que la exigibilidad de los montos depende de varias cosas, como la confirmación de los fallos en contra, el inicio de demandas por parte de otros afectados y «la situación de los eurobonos en default, ya que en la justicia de Londres o Italia, los resultados no fueron favorables a los holdouts «.
Con respecto a las causas tramitadas en Nueva York, tras los fallos adversos que se conocieron este año y por los que están en juego US$ 1450 millones, las novedades llegarán en un plazo de tres o cuatro meses «o de hasta un año, si es que hay apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos», considera Bruno.

Reclamos locales

Sin llegar al Ciadi -un camino que también podrían haber tomado-, los ex accionistas de seis AFJP tienen presentados sus reclamos ante la justicia local, para ser indemnizados tras la eliminación del sistema jubilatorio de capitalización. La ley previsional aprobada en 2008 previó compensaciones posibles, a abonar en títulos de deuda y con un techo establecido. Pero nunca se reglamentó. Y las demandas judiciales -que no tienen cuantificada la reparación pretendida- no tuvieron tampoco avances. Pero claro, el reclamo está pendiente y bien podría reactivarse no bien los reclamantes consideren que cambiaron los aires políticos.
Otro motivo por el que el Estado se ve demandado son los accidentes en el transporte público, del cual es principal responsable. En la tragedia del tren de la línea Sarmiento, en Once, fallecieron 51 personas y hubo más de 700 heridos. «Yo estimo que el reclamo se ubica entre los 1500 y los 3000 millones de pesos, y desde ya que es un costo para el Estado, porque el concesionario ya no está», señala Gregorio Dalbón, abogado patrocinante de gran parte de las víctimas, quien cree que la resolución del caso llevará entre ocho y diez años. Dalbón considera «incalculable» el monto que, más allá de la tragedia de Once, involucra al Estado por siniestros en el transporte público. «Por la política de subsidios, siempre es el que termina pagando», dice. Además, agrega, cada accidente supone un costo significativo para el sector público en la atención sanitaria.
Ya en los días de despedida de este 2012, se conoció la medida más reciente que podría derivar en un nuevo reclamo. La Sociedad Rural Argentina parece dispuesta a dar la batalla judicial, primero para lograr que no se concrete la expropiación del predio ferial de Palermo. Y en caso de no lograr esa meta -anteayer se les negó en primera instancia una medida cautelar-, el objetivo sería el resarcimiento.
«Por la compra se pagó 80% del precio, que en su momento se fijó en US$ 30 millones, así que esa cifra sería lo mínimo a pedir», afirma el consultor Guillermo Mac Laughlin, que fue asesor de la entidad. Pero se sumarían otros conceptos, por las inversiones en infraestructura -por US$ 100 millones- , y también por los daños y el lucro cesante que podría producir la imprevista medida. Como parte de los argumentos, el Gobierno se refirió a un «precio vil» en la venta y al hecho de que fue adjudicación directa sin licitación. Pero al haber explotado el precio la Sociedad Rural durante mucho tiempo antes de la compra, estaba amparada por las normativas, dice Mac Laughlin.
«Las obligaciones contingentes no forman parte del análisis fiscal de corto plazo, pero constituyen un riesgo para las cuentas públicas», advierte el economista Walter Agosto, investigador asociado del Programa de Política Fiscal del Cippec.
Los frentes abiertos muchas veces están impulsados por los accionistas de las empresas. En el caso Aerolíneas Argentinas y Austral, más allá del interés de los socios, los acreedores de Marsans fogonean por lo bajo el principal activo que le queda a la empresa fallida. La demanda en el Ciadi ya tomó vuelo propio, más allá de la voluntad de los socios. En Repsol pasa algo similar. La expropiación de YPF es imposible de explicar en el comité de dirección. No hay manera de desactivar esa demanda, salvo que haya dinero a cambio. Al menos por ahora, piensan en Madrid.
Las mineras también tienen lo suyo. Rige para ellas la estabilidad fiscal, es decir, el esquema tributario del momento en que se aprueba el proyecto se mantiene 30 años. Pero el Estado impuso retenciones disfrazadas. Minera Alumbrera presentó en marzo pasado una demanda en la que se reclama todo lo que pagó por retenciones. Hasta entonces, el valor era de 2000 millones de pesos.
Por ahora, estos pasivos del Estado no están expuestos; quizá los encuentren otros gobernantes cuando levanten la alfombra y, debajo, aparezcan esos números millonarios que comprometen las cuentas.