Archivo mensual: diciembre 2012

La deuda oculta: el Estado acumula juicios millonarios

Fuente: Diario La Nación

El escaso apego a las normas jurídicas del Gobierno ocasiona reclamos que, de perderlos, podrían llevarse 75% de las reservas

Por Diego Cabot y Silvia Stang

Parece una señora elegante que prefiere no revelar su edad. Pero es el Estado argentino el que oculta muchos números. Son cifras de las que no se habla, más allá del grado de credibilidad que puedan tener las que sí se exponen. ¿De qué se trata? De los números implicados en las obligaciones contingentes que se acumulan en forma creciente, derivadas de reclamos judiciales de particulares y de empresas que sienten que, a causa de una acción u omisión oficial, se vulneraron sus derechos.

Buena parte de esa deuda que posiblemente deberá asumir la Argentina -en gran medida, se supone que cuando ya no esté el gobierno actual- no es hoy cuantificable. En el fragmento que sí permite una estimación, los reclamos suman US$ 32.144 millones, nada menos que 75% de las reservas que hoy están acumuladas en el Banco Central. O la cuarta parte de la recaudación impositiva de todo este año.
Miles de Jubilados, tenedores de bonos en default y accidentados en el transporte público; empresas como Repsol o Marsans, la ex dueña de Aerolíneas Argentinas, o accionistas las eliminadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP); compañías que consideran inequitativo pagar impuestos por sus ganancias sin poder hacer ajustes por inflación en sus balances, y firmas mineras que reclaman por los cambios en la estabilidad fiscal prometida son algunos de los juicios que se tramitan en el país o en instancias internacionales.
A la lista de los que intentan hacer valer sus derechos y reclaman una indemnización por considerarse afectados, se suma la Sociedad Rural Argentina, perjudicada por la decisión oficial de anular la compra, hecha hace más de 20 años, y expropiar el predio de exposiciones del barrio de Palermo.

 

Los juicios previsionales y los tramitados por los holdouts (en este caso, en el exterior) son los que implican la cifra más elevada de deuda contingente. Al podio de los reclamos se sube Repsol, con una demanda que rondaría los US$ 8000 millones.
Patricio Navarro, un abogado especialista en impuestos que fue uno de los primeros en presentar causas reclamando la posibilidad de que los balances se ajusten por inflación, dice que los particulares no son tan afectos al litigio. “Lo que pasa es que el Estado avanza sin escuchar. Entonces los ciudadanos, cuando ven que se atropellan sus derechos, empiezan a reclamar. Los jubilados es un caso. Y va a haber demandas, seguramente, si no se actualiza el impuesto a las ganancias”, sostiene.
Entre los reclamos de los jubilados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), los más frecuentes son los que persiguen que se apliquen los criterios de ajustes a haberes determinados por la Corte Suprema en dos fallos: Badaro y Elliff. Según el primero, los ingresos mensuales debieron haber subido, entre 2002 y 2006, al ritmo de los salarios activos, lo que se traduce en un alza de 88,5 por ciento. Se estima que en algo más de un millón de casos no se dio esa recomposición. La segunda causa se refiere a la actualización del valor histórico de los salarios usados al calcular el haber inicial.
El punto en común de ambas causas es que su raíz está en la falta de adecuación de los pagos previsionales al contexto de inflación. Según los cálculos del organismo, si se aplicaran ambos fallos a todos los jubilados a quienes por sus haberes les corresponda, el costo sería de $ 49.586 millones al año (US$ 10.100 millones). Desde hace más de dos años, la Corte tiene en análisis una demanda presentada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que pretende que el Gobierno generalice el ajuste de Badaro, lo que provocó que el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, advirtiera a los jueces que el sistema quebraría si reconociera esa deuda, de $ 14.136 millones al año. Pero los juicios terminan. “Alguna vez, terminan. No hay tiento que no se corte”, grafica Navarro.
Pero la judicialidad previsional tiene otras razones y por eso es difícil cuantificar cuánto se demanda en total, dice el abogado Guillermo Jáuregui. Según las estadísticas que siguen en el estudio jurídico, este año la Anses liquidó 21.405 sentencias, bastante más que las 17.678 de 2011, pero menos que las que se emiten en los juzgados: si bien son apelados casi en su totalidad, se estima que este año termina con alrededor de 50.000 fallos. La brecha entre los juicios iniciados (este año y sólo a octubre fueron más de 70.000), los fallos emitidos y los casos liquidados, todo en un mismo período, es un signo de la fuerte acumulación de deuda (contingente y efectiva) del Estado.
Desde el Gobierno, que ha llevado a cabo estrategias dilatorias más allá de las constantes apelaciones, se admite la existencia de 270.000 trámites en curso, mientras que el pago promedio por montos retroactivos llega a 140.000 pesos.
Muy lejos de la sede de los juzgados previsionales, donde el peso de los expedientes afectó estructuras edilicias, los tenedores de deuda soberana en cesación de pagos tramitan sus reclamos en el exterior. “El monto del capital impago es de US$ 6500 millones; si se toman los intereses previstos por los títulos en default, como hace el juez Griesa y la cámara en Estados Unidos, el monto es de US$ 20.000 aproximadamente”, sostiene Eugenio Bruno, abogado del Estudio Garrido, asesor de bonistas y ex negociador del canje en 2005. La diferencia con la cifra de US$ 11.177 millones que se informe oficialmente, dice Bruno, está en qué intereses se calculan. De todas formas, aclara que la exigibilidad de los montos depende de varias cosas, como la confirmación de los fallos en contra, el inicio de demandas por parte de otros afectados y “la situación de los eurobonos en default, ya que en la justicia de Londres o Italia, los resultados no fueron favorables a los holdouts “.
Con respecto a las causas tramitadas en Nueva York, tras los fallos adversos que se conocieron este año y por los que están en juego US$ 1450 millones, las novedades llegarán en un plazo de tres o cuatro meses “o de hasta un año, si es que hay apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos”, considera Bruno.

Reclamos locales

Sin llegar al Ciadi -un camino que también podrían haber tomado-, los ex accionistas de seis AFJP tienen presentados sus reclamos ante la justicia local, para ser indemnizados tras la eliminación del sistema jubilatorio de capitalización. La ley previsional aprobada en 2008 previó compensaciones posibles, a abonar en títulos de deuda y con un techo establecido. Pero nunca se reglamentó. Y las demandas judiciales -que no tienen cuantificada la reparación pretendida- no tuvieron tampoco avances. Pero claro, el reclamo está pendiente y bien podría reactivarse no bien los reclamantes consideren que cambiaron los aires políticos.
Otro motivo por el que el Estado se ve demandado son los accidentes en el transporte público, del cual es principal responsable. En la tragedia del tren de la línea Sarmiento, en Once, fallecieron 51 personas y hubo más de 700 heridos. “Yo estimo que el reclamo se ubica entre los 1500 y los 3000 millones de pesos, y desde ya que es un costo para el Estado, porque el concesionario ya no está”, señala Gregorio Dalbón, abogado patrocinante de gran parte de las víctimas, quien cree que la resolución del caso llevará entre ocho y diez años. Dalbón considera “incalculable” el monto que, más allá de la tragedia de Once, involucra al Estado por siniestros en el transporte público. “Por la política de subsidios, siempre es el que termina pagando”, dice. Además, agrega, cada accidente supone un costo significativo para el sector público en la atención sanitaria.
Ya en los días de despedida de este 2012, se conoció la medida más reciente que podría derivar en un nuevo reclamo. La Sociedad Rural Argentina parece dispuesta a dar la batalla judicial, primero para lograr que no se concrete la expropiación del predio ferial de Palermo. Y en caso de no lograr esa meta -anteayer se les negó en primera instancia una medida cautelar-, el objetivo sería el resarcimiento.
“Por la compra se pagó 80% del precio, que en su momento se fijó en US$ 30 millones, así que esa cifra sería lo mínimo a pedir”, afirma el consultor Guillermo Mac Laughlin, que fue asesor de la entidad. Pero se sumarían otros conceptos, por las inversiones en infraestructura -por US$ 100 millones- , y también por los daños y el lucro cesante que podría producir la imprevista medida. Como parte de los argumentos, el Gobierno se refirió a un “precio vil” en la venta y al hecho de que fue adjudicación directa sin licitación. Pero al haber explotado el precio la Sociedad Rural durante mucho tiempo antes de la compra, estaba amparada por las normativas, dice Mac Laughlin.
“Las obligaciones contingentes no forman parte del análisis fiscal de corto plazo, pero constituyen un riesgo para las cuentas públicas”, advierte el economista Walter Agosto, investigador asociado del Programa de Política Fiscal del Cippec.
Los frentes abiertos muchas veces están impulsados por los accionistas de las empresas. En el caso Aerolíneas Argentinas y Austral, más allá del interés de los socios, los acreedores de Marsans fogonean por lo bajo el principal activo que le queda a la empresa fallida. La demanda en el Ciadi ya tomó vuelo propio, más allá de la voluntad de los socios. En Repsol pasa algo similar. La expropiación de YPF es imposible de explicar en el comité de dirección. No hay manera de desactivar esa demanda, salvo que haya dinero a cambio. Al menos por ahora, piensan en Madrid.
Las mineras también tienen lo suyo. Rige para ellas la estabilidad fiscal, es decir, el esquema tributario del momento en que se aprueba el proyecto se mantiene 30 años. Pero el Estado impuso retenciones disfrazadas. Minera Alumbrera presentó en marzo pasado una demanda en la que se reclama todo lo que pagó por retenciones. Hasta entonces, el valor era de 2000 millones de pesos.
Por ahora, estos pasivos del Estado no están expuestos; quizá los encuentren otros gobernantes cuando levanten la alfombra y, debajo, aparezcan esos números millonarios que comprometen las cuentas.

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Cartas de lectores

Fuente: El Tribuno de Salta

Desobediencia

Señores jueces de la Corte Suprema de Justicia, y resto del Poder Judicial, Uds. no entienden que deben obedecer a sus mandos naturales, que en este caso sería la dignísima Sra. Presidenta de la Nación.
Como osan desobedecer a quien se “encarga” de otorgarles magníficos sueldos, jubilaciones de privilegio, y de no pagar impuesto a las Ganancias. Yo opino modestamente que Uds. no están a la altura de las circunstancias, ya que a pesar de ser jubilado recuerdo que cuando estaba laboralmente activo y me daban cualquier indicación, yo contestaba “si bwana”, ya que no me podía permitir el lujo de “morderle la mano” a quien me daba de comer.
Yo creo humildemente que Uds. deberían haber hecho “añicos” a Clarín, Fibertel, TN, radio Mitre, canal 13, Nación, Perfil, y cualquier otro medio “destituyente” que anduviera “boyando” por allí.
Yo soy un “afortunado jubilado” que gano $1.800 -cuando debería estar percibiendo $3.973-, según Eugenio Semino. ¿Qué sabe ese señor lo que tendríamos que estar ganando nosotros los pasivos? Yo estoy súper satisfecho con lo que gano, si hasta me alcanza para comprarle un chupetín por mes a mi nieta. ¿Qué más puedo pedir, después de haberme roto el lomo durante 30 años?
Tengo la fortuna de haber vivido lo suficiente para ver como una presidenta con coraje “barre” con toda la lacra de este bendito país. Barrió con el campo, barrió con la Sociedad Rural, barrió con los militares, barrió con los jubilados, barrió con los subtes, barrió con los sindicatos, barrió con la clase media, barrió con el clero, barrió con la oposición, barrió con lo periodistas “golpistas”, barrió con los ferrocarriles, barrió con la salud y la educación, barrió con los derechos constitucionales y, en cualquier momento, barre con la Corte Suprema de Justicia y con los Boudou. Allí los argentinos podremos gritar “¡bingo!” , y tendremos un país súper habitable.
Roguemos a Dios que en su afán de barrer no se barra ella misma.

Norberto Vespoli

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Cartas de lectores

Fuente: Diario Clarín

“Mi Viejo ya no está, pero seguiría sin entender”

“Mi Viejo ya no está, pero seguiría sin entender”
En 2009 Clarín publicó una carta mía con el título “Mi Viejo es de 1932 y no entiende …”. Hoy el Viejo ya no está entre nosotros, pues en agosto Dios quiso llevarlo. Pero seguramente el seguiría sin entender cómo hijos y nietos ven que el 70% de sus viejitos cobran una jubilación mínima de $ 1.840 pesos sin hacer nada; que los llaman “buitres” porque reclaman por sus derechos; que no les pagan las sentencias dictadas por los jueces; que les llenan la ANSeS con bonos comprometiendo las jubilaciones futuras; que les dan turnos para prestaciones de PAMI a dos meses o más; que les vetan la ley del 82% móvil, sancionada por una mayoría importante del Congreso igual que la ley de medios y sin embargo el Poder Ejecutivo se opone a su aplicación y nadie dice que es antidemocrático o desestabilizante.
Tampoco entendería que él con sus más de 30 años de aportes cobrara la mínima, mientras otros fueran jubilados sin hacer aportes. La crisis del 2001, el trabajo en negro o la década del 90 pueden justificar la falta de algunos años, pero no equipararlos a aquellos que aportaron.
Mi Viejo, educado en los años ‘30 y ‘40, soñaba con una “sociedad meritocrática”, que otorga “premios” a los que cumplen y “castigos” a los que no cumplen, no a la inversa.
Espero con ansias que el anhelo de mi Viejo de vivir en una sociedad más justa algún día se cumpla. Espero que las conciencias de los hijos y los nietos se despierten y que me conmuevan en un reclamo de miles de personas silenciosas, marchando con antorchas encendidas, como homenaje a los que ya no están y como recordatorio de que los que están merecen seguir estando y viviendo mejor. Espero poder sentir algún día que un gobierno quiere a “nuestros viejitos” como yo te sigo queriendo Viejo.
Miguel Angel Reguera

Voces, reclamos y esperas de jubilados
Estimada Presidenta, usted dijo que en el país había caranchos y buitres, trató así a los jubilados que reclaman lo suyo, lo que aportaron. Yo digo que es verdad, aquí hay caranchos y buitres y la voy a ayudar a encontrarlos. Uno es el Estado, porque no es justo que a un jubilado le descuenten Ganancias, ya que cuando estaba en actividad también tributó Ganancias. La Argentina es el único lugar del mundo donde a una persona le descuentan en su vida dos veces el mismo impuesto.

El otro carancho es la ANSeS, porque en el aumento de septiembre por error no pagaron un 3.2% -qué casualidad siempre a favor del Estado-, pero he aquí que ni en octubre ni en noviembre ni en diciembre recompusieron esa diferencia. ¿Vio señora Presidenta? Yo la ayudé a encontrar esas aves de rapiña.

Juan Hipólito Giannattasio

En mi carácter de veterano vecinalista en la ciudad de Rosario, con más de medio siglo de intensa actividad, hago pública mi total solidaridad y apoyo a lo manifestado por nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con relación a las presiones de los llamados buitres de la especulación económica.

Pero además como señala en su discurso “los buitres y los caranchos no están solamente afuera (del país), también hay desafortunadamente adentro, y muchas veces se lanzan sobre el Estado”. Por suerte el pueblo ya los conoce y no se pueden ocultar. Es lamentable.

Todos los argentinos de verdad seguimos muy de cerca los acontecimientos y sabremos oportunamente separar la paja del trigo, sin ninguna duda.

No lograrán engañar al pueblo, ni los de afuera ni los de adentro. Son muchas las reivindicaciones logradas en tan corto tiempo y el pueblo no las rifará, las defenderá plenamente y avanzará mucho más, por un feliz destino en plena igualdad y democracia, aunque a algunos no les guste. A pesar de mis años (86) seguiré bregando junto al pueblo, con la perspectiva de un futuro mejor.

Manuel Silvestre Díaz

Habiendo desempeñado la docencia de nivel terciario, superior universitario y no universitario desde 1969 hasta el 2010, fecha en la cual solicité mi jubilación, mi expediente se encuentra desaparecido, mal archivado o extraviado, razón por la cual he reclamado al gobernador Daniel Scioli, al director de IPS y a la directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, una pronta solución. Desde 2010 cobro una jubilación de 800 pesos y centavos. Esta situación vergonzante denota el estado actual de las instituciones ante las cuales reclamo, y ameritan una denuncia pública y formal de mi parte.

Raquel Saffores

Luego de trabajar muchos años, el Estado comienza a devolver lo ahorrado durante ese tiempo. Es una utopía. Pero no solamente aquí sucede, los inmigrantes ilegales en Estados Unidos hacían un fondo del 10% de su salario para su futuro. Llegó el momento y el gobierno de Estados Unidos le transfirió esos fondos al gobierno mexicano, pero éste no les pagó a quienes habían ahorrado. Ni siquiera en la rapiña, somos originales. ¿Será una maldición?

¿Cómo hace un jubilado argentinos para sobrevivir, él y su pareja, con la mínima? Mientras tanto, lo que se había ahorrado fue estatizado, o sea, robado. Para reclamar contra la estafa a que nos someten se debe compartir esos ahorros con un abogado. Y nos preguntamos: ¿si el Estado/la ANSeS pierde el juicio, por qué no se hacen cargo de los honorarios del profesional?

Para los jubilados aplican una fórmula que nada tiene que ver con lo ahorrado. Dicen que van a repartir lo que hay, pero ellos arrasan con inmensas fortunas. Entonces no son ahorros, son impuestos al trabajo. No siempre el gobernante es el culpable: “La culpa no es del chancho, sino de los que los votan … que somos nosotros” Gisela Rodríguez
Señor capitán de navío médico Vicente Martín Zarlenga, mis hermanos y yo, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todo su grupo de colaboradores (cuerpo médico, enfermeras, asistentes y en especial al equipo de voluntarias navales) del Hospital Naval de Buenos Aires por la atención que le brindaron a mi madre, de 94 años, Elsa Scarpa de Barnetche, pensionada DIBA Nº 195342-1/01, durante su internación.

El esfuerzo, dedicación, paciencia y cariño con que llevaron a cabo dicha tarea y la atención brindada durante todo ese tiempo es digno de elogio y merecido reconocimiento.

Delfor Barnetche

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Los números de 2012

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2012 de este blog.

Aquí hay un extracto:

600 personas llegaron a la cima del monte Everest in 2012. Este blog tiene 5.300 visitas en 2012. Si cada persona que ha llegado a la cima del monte Everest visitara este blog, se habría tardado 9 años en obtener esas visitas.

Haz click para ver el reporte completo.

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Tarifa de transporte: denuncia de jubilados

Fuente: Diario Popular

Llamaron a la redacción de Diario Popular para denunciar que distintas empresas de transporte no les respetan la tarifa diferenciada.

Tarifa de transporte: denuncia de jubilados

Jubilados y pensionados porteños y del Conurbano bonaerense llamaron a esta redacción para denunciar que distintas empresas de transporte no les respetan la tarifa diferenciada, que los exceptúa del aumento aplicado en el nuevo esquema tarifario, a pesar de presentar la credencial de la obra social PAMI, tal como establece la resolución 962/12 de la Secretaría de Transporte que entró en vigencia el viernes pasado.

Según las denuncias, los jubilados cuando suben a la unidad, indican el destino y les muestran al chofer la constancia de afiliación a la obra social PAMI, pero el conductor hace caso omiso, les quiere cobrar según el nuevo esquema tarifario, y les dice que tienen que consultar en PAMI o ANSES cómo se implementa la excepción del aumento.

Cabe destacar que el viernes pasado comenzó a regir un nuevo esquema tarifario para los usuarios de trenes y colectivos del Area Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA) que paguen con la tarjeta del Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE), que contempla un incremento de 40 centavos para la primera sección -de 1,10 a 1,50- en los colectivos y de 30 centavos -de 0,70 a 1 peso- en los trenes.

En el caso de los colectivos, la segunda sección pasará a costar 1,60 pesos; la tercera, 1,70; la cuarta, 2,35 pesos; y la quinta sección, 2,70 pesos, para quienes paguen con la tarjeta SUBE.

Sin embargo, la resolución establece excepciones por 90 días para los jubilados y/o pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo, Asignación Universal por Hijo y del programa Jefes de Hogar, personal del trabajo doméstico y veteranos de Guerra de Malvinas, quienes seguirán abonando la tarifa vigente hasta el jueves pasado. Además de pagar con la tarjeta SUBE, estos usuarios deberán exhibir al colectivero la credencial oficial correspondiente y, en el caso del personal doméstico, deberán mostrar el comprobante de pago ante la AFIP de parte del empleador.

Consultado por el tema, el defensor de la Tercera Edad porteña, Eugenio Semino, destacó que se recibieron denuncias y consultas en el día de ayer porque choferes de distintas empresas no respetan la tarifa diferencial, incluso muchas veces hay malos tratos hacia las personas mayores.

‘No les respetan los valores anteriores al aumento. Recibimos varias quejas al respecto, además que no los tratan bien, se arman discusiones. Desde el área abrimos una actuación de oficio a la Secretaría de Transporte para que nos informara sobre la operatoria, cómo se va a poner en marcha, que se la haga pública a las empresas de transporte y que la empresas se las comunique a los choferes, porque hasta el momento no hay una operatoria conocida’, manifestó Semino.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Transporte consultadas por este diario señalaron que en la página web http://www.sube.org.ar hay un link ‘Requisito para tarifa diferencial’ donde se aclara que ‘la segmentación de tarifas según atributo social está disponible para: jubilados y/o pensionados y veteranos de Guerra de Malvinas, personal del trabajo doméstico, beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y programa de Jefes de Hogar’ y están las imágenes de la ‘documentación a presentar para acceder a estas tarifas diferenciales’.

En el caso de los jubilados y pensionados y veteranos de Guerra de Malvinas se muestran las imágenes de: constancia/credencial de afiliación a PAMI, constancia del Instituto de Previsión Social y credencial de veterano de guerra. En la CNRT se indicó que se puede realizar la denuncia en la línea gratuita 0800-333-0300.

 

 

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Juicios de jubilados: pagarán casi 3000 sentencias

Fuente: Infobae

Será a partir de hoy y por un monto de $520 millones. Se indicó que “el 2 de enero se informarán las sentencias resueltas que no beneficiaron y aquellas en las que solo se operó un cambio de haber”. Hay 296.000 expedientes en curso contra la Anses

Juicios de jubilados: pagarán casi 3000 sentencias

El Gobierno anunció a través de la Anses que liquidará a partir de hoy un total de 2.978 sentencias por reajuste de haberes, que representan un monto bruto de más de 520 millones de pesos, luego de los controles y verificaciones de rutina realizados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que “luego de los controles y verificaciones de rutina realizados sobre las 3.785 liquidaciones de sentencias por reajuste de haberes, desde hoy, pone al pago 2.978 retroactivos, de los que fueron resueltos entre el 14 de noviembre y el 10 de diciembre, que representan un monto total bruto de $520.672.183,81”.

El informe oficial emitido desde la Anses establece que “comparando estos datos con los informados el 27 de noviembre pasado, tanto en monto total como en cantidad de casos puestos al pago, los mismos se duplicaron“.

Asimismo, se indicó que “el 2 de enero de 2013 se informarán las sentencias resueltas que no beneficiaron y aquellas en las que solo se operó un cambio de haber, correspondiente a la liquidación de sentencias efectuadas para el citado mensual”.

El anuncio se conoció mientras hay 295.917 juicios en curso al 19 de noviembre, de los cuales a partir de esta jornada 2.978 tendrán un fallo favorable, de un total de unos 200.000 que esperan tener la misma sentencia.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo había reclamado en una “acción colectiva” a la Anses que extienda a todos el fallo de la Corte Suprema que ordenó actualizar las jubilaciones.

Menos juicios por sentencias jubilatorias

Diego Bossio, titular de la Anses, remarcó que “de los 5.742.636 millones de jubilados que existen, solo el 4,4% se encuentra en juicio por reajuste de haberes. Así en los litigios liquidados durante el último año, el 24% no generó cambios en el haber del titular, a pesar de haber transitado por todas las etapas e instancias judiciales”.

“En tal sentido, un dato relevante es la reducción en la cantidad de nuevas demandas notificadas: entre 2010 y 2012 el número experimentó una disminución del 65%”, acotó Diego Bossio.

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La canasta de los jubilados subió 30 por ciento y vale el doble que el haber mínimo

Según la Defensoría de la Tercera Edad, el valor de un conjunto de bienes y servicios básicos llegó a los 3.973,31 pesos en diciembre. El número estimado duplica la jubilación mínima de 1.879,67, que percibe un mayor.

La entidad que conduce Eugenio Semino aclara que la brecha entre ingresos y precios es aplicable sólo a aquellos jubilados que viven solos. Si se trata de un matrimonio de jubilados, se reduce la diferencia porque algunos gastos no se duplican, como el caso de la vivienda.

La primera vez que se publicó una medición de precios para un conjunto de consumos específicos de la población en edad de estar jubilada fue en 2010. Desde ese momento, la inflación para esa franja social fue del 93,32 por ciento. Y sólo entre mayo y diciembre de este año, el alza llegó al 12,9 por ciento.

Los datos demuestran que durante este año se aceleró el aumento de precios: entre fines de 2010 y de 2011, la inflación para los mayores había sido del 24,4 por ciento.

Teniendo en cuenta la Ley de movilidad, la mejora en los ingresos de los jubilados en 2012 no alcanzó para cubrir la suba de precios. Este año hubo dos aumentos, uno del 17,62 por ciento en marzo y otro del 11,42 en septiembre.

Del trabajo realizado por la Defensoría, hoy los jubilados necesitan 914,14 pesos más que en noviembre de 2011 para acceder a los mismos productos. El haber mínimo en ese período creció 445,89, es decir, algo menos que la mitad de lo que aumentó el costo de vida.

De cada 100 pesos de la canasta que toma en cuenta el estudio, 36 se derivan a gastos de alimentos y bebidas; 11 corresponden a artículos de tocador y limpieza; 4 a transporte, y 33 a gastos de la vivienda. Por otra parte, 7,5 van a vestimenta, 3,5 a recreación y cinco al rubro salud.

“El mayor peso, en la canasta de consumos, está en los gastos de alimentos y de vivienda; en este rubro tuvo un fuerte impacto la suba de expensas”, advirtió Semino al diario La Nación.

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