Archivo mensual: agosto 2012

El pedido del 82% móvil para los jubilados unió a la oposición

Fuente: La gaceta de Tucumán

Agrupaciones políticas marcharon ayer hacia la Plaza Independencia

Partieron a la mañana temprano desde varias localidades del interior de la provincia. Pero no marcharon solos. Los jubilados de la provincia, que todos los miércoles reclaman el pago del 82% móvil, se movilizaron anoche hacia la Plaza Independencia, acompañados por dirigentes de partidos opositores al Gobierno de José Alperovich.
A las 18.30, los pasivos encabezados por la dirigente Florinda Leguizamón comenzaron a llegar hacia el principal paseo público de la capital.

Frente a la explanada de la Casa de Gobierno, los jubilados protestaron junto a militantes de agrupaciones políticas, sociales y gremiales, que acompañaron a los pasivos desde Juan Bautista Alberdi hasta la capital. Así, un sector de la plaza comenzó a ser poblado de militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Partido Obrero, Movimiento Libres del Sur, CTA, MTS, Juventud Radical (La Pisarello y Boinas Blancas) Democracia Cristiana, Frente Amplio Progresista, PRO, UCR, Coalición Cívica, CGT, Sitas y municipales del interior. También asistieron, portando pañuelos verdes, referentes de la asociación “Madres de la Esperanza”.

“Pasaron nueve años desde que comenzamos este reclamo y es curioso que hace nueve años Alperovich está gobernando la provincia. Este es el gobernador que espera la muerte de todos nosotros para no pagar el 82 % móvil. Por orden de Alperovich, la Corte de la provincia nos dijo con su fallo: ‘vayan a quejarse a mongo’. ¿Y saben quién es ‘mongo’? Mongo es la Corte Suprema de la Nación”, criticó Leguizamón.

De todos los dirigentes que hicieron uso de la palabra, el diputado radical Juan Casañas, fue quien usó los términos más duros contra el Gobierno. “Ahí, en la Casa de Gobierno están escondidos los delincuentes que no quieren hacer cumplir la ley del 82% móvil”, disparó el parlamentario nacional.

El referente de la CGT opositora, Jesús Pellasio, también fue duro en sus términos. “Le pedimos a Alperovich que deje de ser chupamedias de Cristina y pague lo que les corresponde a los jubilados”, criticó.

En la movilización, mezclados entre la gente, se vio a los legisladores Alberto Colombres Garmendia (PRO), Ariel García (UCR), José Páez (Democracia Cristiana), a la concejal capitalina Sandra Manzone (Coalición Cívica), a la dirigente Lita Alberstein (MTS) y al ex concejal José Costanzo. Alberto Lebbos se unió luego a la movilización.

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Derechos económicos, sociales y culturales y recusación estatal

Fuente: Under Constitucional

I._ La Corte Suprema de Justicia en el caso “Q. C. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo[1] estableció que los derechos económicos, sociales y culturales tienen fuerza normativa y presentan una operatividad derivada, en la medida en que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado que requieren, en principio, su implementación mediante una ley del Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo que provoque su implementación.
 
El art. 75 inciso 23 de la Constitución argentina establece que los ancianos como grupo vulnerable debe contar con acciones positivas que garanticen la igualdad real y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. Por ende, si bien el Poder Legislativo titulariza la potestad legislativa a tal efecto, los demás poderes constituidos también están obligados a promover el bienestar igualitario de dicho sector.
 
La consumación de acciones positivas también proyecta al ámbito jurisdiccional, de forma tal, que en los casos en donde se deban adoptar decisiones tuitivas efectivas en torno a cualquier aspecto vinculado a la ancianidad tiene que prevalecer un criterio rector pro homine
 
II._ En el marco de las obligaciones asumidas al ratificar la Convención Americana sobre derechos humanos, el Estado argentino arribó a un acuerdo de solución amistosa respecto de un procedimiento tramitado ante la Comisión Interamericana de derechos humanos (“Amilcar Menéndez, Juan Ramón Caride y otros vrs. Argentina”)[2] mediante el cual  se estableció: “1. En tal sentido, el Estado argentino -a través de la Administración Nacional de Seguridad Social- se compromete a adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones y normativas dictadas con motivo de este proceso de solución amistosa, mencionadas en el apartado anterior. En particular, estas medidas deben incluir: a) Dar estricto cumplimiento a la totalidad de las previsiones contempladas en la Resolución de la Secretaría de la Seguridad SocialN° 23 de 2004, complementada por la Resolución de la Secretaría de la Seguridad Social N° 955 de 2008 (con vigencia desde el 131812008), que se adjunta al presente acuerdo. Especialmente aquélla que establece que todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma, en concordancia con las disposiciones de la Circular 1. Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra-normativas no será aplicable;  b) Instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos especificados en el propio fallo judicial firme; c) No apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido; d)     Desistir, dentro de los sesenta (60) días corridos de la firma del presente acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, contra sentencias favorables a los beneficiarios, en los supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se ha expedido en casos similares. 2. El Estado argentino se obliga a establecer un mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento de los compromisos asumidos en este acuerdo, en el que participen las distintas agencias públicas involucradas, y que sea coordinado por la Cancillería argentina. Salvo petición especial de cualquiera de las partes, las reuniones de trabajo se llevarán a cabo bimestralmente, en la sede dela Cancillería argentina. 3. Este mecanismo incluirá la producción y sistematización periódica -cada seis meses- de información fundamental para tal fin, con respecto de los puntos comprometidos en el presente acuerdo: a) las liquidaciones de sentencias judiciales; b) los casos apelados por ANSES; c) los casos desistidos por ANSES ante la Corte Suprema; y d) el cumplimiento de las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución”.
 
            Dicho acuerdo amistoso, forma parte de las condiciones de validez dinámicas directas emergentes del art. 75 inciso 22, con lo cual, no sólo presenta la condición de una obligación internacional sino también una obligación emergente de la supremacía  constitucional.
 
III._ En cumplimiento de dichas obligaciones, la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social adoptó una práctica judicial garantista de los derechos de la seguridad social frente a las conductas de la ANSES en torno al cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales vigentes.
 
La respuesta estatal fue promover una estrategia de recusación estatal masiva de dos integrantes de dicha Sala, en todos los procedimientos en que dicho organismo fuera demando (lo cual configura un 90 % de las causas que tramita en el fuero).
 
El instituto de la recusación, si bien tiene por objeto garantizar la imparcialidad del juez actuante, presenta una naturaleza restrictiva y taxativa para evitar que su abuso se transforme en un ariete que -bajo la dispensa de las formas procesales- atente contra la independencia del Poder Judicial. Y esta característica se acentúa cuando se trata de relaciones verticales (de las personas con el Poder) en donde el sujeto demandado es justamente el Estado. En dichos supuestos, sobre la base del principio pro homine, las causales de recusación operan con mayor amplitud para la persona que para el Estado. El solo hecho de ejercer el control de constitucionalidad seguramente generará en los gobernantes sentimientos hostiles para los jueces. Es parte de la historia de la humanidad que al Poder no le gusta ser controlado (aunque nunca lo reconozca expresamente). Lo que no puede ser parte de la historia constitucional moderna, es que se acepten conductas estatales que bajo un falso ropaje formal, retraen la jurisdicción garantista del sistema de derechos en donde convergen la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos.[3]
 
Cuando el Estado propone como estrategia judicial general las recusaciones masivas de los magistrados que deben controlarlo, realiza un claro abuso derecho público que deriva inexorablemente en un vaciamiento de jurisdicción de cuestiones esencialmente vinculadas a la justicia constitucional y en una violación de las garantías de imparcialidad y del juez natural. Esta clase de planteos deviene en “recusaciones destituyentes” que tratan de obtener mediante la desnaturalización de un instrumento procesal los mismos efectos que se alcanzarían mediante una sentencia condenatoria emergente de un juicio político. De esta manera, se tergiversa la garantía del debido proceso del juez actuante, el cual recibe una “condena fáctica” sin poder defenderse o sin que el Estado le pueda imputar ninguna de las causales previstas por la Constitución.     
 
Resulta erróneo analizar recusaciones masivas estatales (aún cuando fueran sin causa) ubicándolas en un plano argumental meramente procesal, sin avizorar un contexto más amplio vinculado con la plena eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales relacionados directamente con un grupo vulnerable. No sólo porque  se soslaya la división de poderes y la independencia judicial, sino también, porque dicha postura implica una evidente conducta regresiva prohibida por el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales[4] que desconoce un claro mandato convencional. ¿O acaso se cumplen con las obligaciones jurídicas específicas emergentes del mencionado Instrumento Internacional respecto de la seguridad social propiciando mecanismos procesales espurios que no protegen ni respetan los derechos de los más débiles?
 
IV._ Es irrazonable pensar que cuando el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales obliga a los Estados partes a recurrir a  “todos  medios apropiados” para garantizar el derecho a la seguridad social, pueda aceptarse que el mecanismo de recusaciones masivas estatales no atenta directamente contra dicho mandato.
 
La ecuación es muy simple o prevalece la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos o las recusaciones destituyentes harán nido en el ordenamiento jurídico argentino en desmedro de aquellos grupos a los cuales el Convencional Constituyente de 1994 intentó proteger especialmente de la anomia, voracidad y desprecio estatal.


[1] CSJN Fallos Q. 64. XLVI, 24 de abril de 2012.
[2] CIDH Informe Nº 168/2011.
[3] Ver Gil Domínguez, Andrés, “Justicia constitucional y recusación”, La Ley 2008-E-1379.
[4] Ver Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Observación General Nº 19, parágrafo 42.

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Jubilaciones: las claves para saber qué hacer si los juicios se demoran

Fuente: Diario Clarín

POR ISMAEL BERMÚDEZ

Si fallece quien hizo la demanda, los expertos ven varios caminos.

El caso deArón Schvartzman -el jubilado de 103 años al que la ANSeS demora el pago de una sentencia por reajuste de haberes- que revelóClarín el fin de semana tuvo un efecto múltiple. Por un lado, generó una gran polémica sobre los años que insume un juicio previsional hasta que la sentencia queda firme y es efectivamente pagada. Y por otro, avivó consultas de muchos lectores que preguntan qué pasa con los juicios si un jubilado fallece antes de poder cobrar.

El abogado Guillermo Jáuregui explicó a este diario que “el viudo/a, conviviente e hijos menores o incapacitados pueden continuar con el juicio y cobran la retroactividad del reajuste y el haber reajustado sin hacer la sucesión . Son los llamados derechohabientes previsionales ”.

“En cambio -añadió- los padres, hijos mayores no incapacitados, hermanos, etc. cuando no hay derechohabientes previsionales, deben hacer la sucesión ”.

“El reclamo puede ser continuado por los herederos, queda acotado a los años de retroactividad que se le debían al beneficiario fallecido, que son de 2 años antes desde que se interpuso el reclamo administrativo hasta el fallecimiento”.

“Está en discusión si la retroactividad del reajuste debe ser compartida entre la viuda y otros familiares no derechohabientes previsionales. La ley 14370, excluye a los otros parientes cuando existen derecho habientes previsionales, pero en general se admite la participación en la retroactividad entre la viuda y por ejemplo un hijo del fallecido de un matrimonio anterior, esto por las normas del derecho civil sucesorio”, aclaró.

Un tema importante, agrega Jáuregui, es que para algunos jueces y para la ANSeS las sentencias tienen un plazo de prescripción de 10 años . “A veces aparecen herederos no derechohabientes previsionales mucho tiempo después con la intención de reclamar algo de la retroactividad. Para algunos jueces los derechos previsionales son imprescriptibles y admiten la ejecución de sentencias pasados los 10 años, pero otros las consideran prescriptibles especialmente para los derechohabientes no previsionales”.

Una recomendación que Jáuregui considera importante a ser tenida en cuenta por todos jubilados que tengan juicios de reajustes: es queinformen a sus familiares más cercanos la existencia de la demanda , ya que en muchas ocasiones el trámite no se continúa porque el letrado desconoce la existencia de los herederos y éstos ignoran la existencia del pleito.

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Tiene 103 años y le ganó un juicio, pero la ANSeS se niega a pagárselo

Fuente: Diario Clarín

ARÓN SCHVARTZMAN EJERCIÓ LA MEDICINA HASTA LOS 101 AÑOS DE EDAD

Inició una demanda por ajuste de haberes en 2007 y la ganó en 2011. Cobra $ 3.766 y debería ganar $ 5.808.

Tiene 103 años. Se llama Arón Schvartzman. Y con una sentencia favorable, en diciembre del año pasado, que por ley debe ser cancelada a los 120 días , Schvartzman no consigue que la ANSeS le pague lo que marca el fallo de la Justicia.

Schvartzman nació el 2 de diciembre de 1908. En 1935 se recibió de médico cirujano en la UBA. Unos años antes, en 1932, ganó el título Campeón del Club Argentino de Ajedrez. En 1934, conquistó el título de Campeón Sudamericano de Ajedrez . Luego de defender durante 17 años su título de Campeón argentino de ajedrez se retiró invicto para dedicarse con exclusividad a la medicina.

Así, trabajó en varios hospitales públicos . Incluso ya jubilado, luego de 1975 siguió trabajando“ad honorem” en el Hospital Fernández como cirujano general consultor.

Recién a los 101 años dejó la práctica de la medicina . “¡Esto es algo para el libro Guiness de los records!”, escribió en su Biografía, el Profesor Daniel Marcelo Alpern.

Por toda esta trayectoria, en noviembre de 2010, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio de la ley 3647, lo declaró “Personalidad Destacada”.

El 28 de octubre de 2010, a dos meses de cumplir 102 años, el Club Argentino de Ajedrez realizó un homenaje en vida a su socio más antiguo (1923) y único testigo viviente del match por el Campeonato Mundial de Ajedrez, Capablanca vs. Alekhine que tuvo lugar en Buenos Aires, en 1927.

Como tantos otros jubilados, Schvartzman reclamó que se le aplique el mismo ajuste del haber como el del caso Badaro , por el fallo de la Corte Suprema que determina un reajuste no menor del 54%.

Hoy cobra $ 3.766 y con el ajuste Badaro pasaría a cobrar $ 5.808 mensuales .

El juicio no fue una tarea fácil porque la demanda la presentó en 2007 y luego de denegar el pedido , la ANSeS demoró dos años enviar el reclamo administrativo al juzgado correspondiente.

La profusa campaña publicitaria de la ANSeS en favor de “los abuelos” suena al menos una impostura, ante este caso que no resiste ninguna excusa de parte de las autoridades.

En julio de 2011, y ante la demora en dictar la sentencia, Schvartzman presentó un pedido de “pronto despacho”. Así logró a los pocos meses el fallo favorable . La sentencia se dictó en el expediente 54951/2007 caratulada: “Schvartzman Aron c/ANSeS s/reajustes varios”.

Pero la alegría por haber ganado otra batalla o “partida” (otro “jaque mate”, dice él) duró poco: la ANSeS aún no cumplió con el pago del fallo favorable , a pesar que la ley dice que las sentencias “serán cumplidas dentro de los 120 días hábiles”. .

“Mi esposo, médico del Hospital Fernández, donde se jubiló y al cual siguió concurriendo durante muchos años sin percibir ninguna remuneración, a los 103 años no le queda mucho tiempo para esperar . Solo pido que se cumpla con la Justicia, se le actualice el haber y se le abone lo adeudado. Lástima que ya no podrá disfrutarlo después de tantos años de trabajo realizado con tanta pasión”, dice resignada su mujer. Los Schvartzman llevan más de 70 años de casados , tienen dos hijos –profesionales destacados– y varios nietos.

Los abogados aseguran que hablaron con funcionarios de la ANSeS, pero “nadie se conmueve”, a pesar que “hay normas que dan prioridad al pago de las sentencias a las personas de mayor edad.

Con su salud deteriorada y rodeado de tableros de ajedrez , Schvartzman acompaña las palabras de su mujer con un gesto de resignación. “Podría iniciar un juicio de ejecución” –dice. Y agrega: “¿Le parece iniciar otro juicio, cuando en pocos meses cumplo 104 años?”.

Sin palabras.

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Cartas de lectores

Fuente: Diario Clarín

“El aumento que dieron contradice el mensaje oficial”

Con atención escuché a la Presidenta cuando habló en la Bolsa de Comercio. Cuánto me alegré después de observar la lista de gráficos mostrados, donde daba cuenta de nuestro crecimiento, mejoras obtenidas, de lo bien que estamos. Todos estos beneficios gracias a su administración, mensaje 100% positivo a su gestión
Descreí de los economistas y periodistas especializados que día a día transitan por los canales de TV afirmando que no estamos tan bien, que los mensajes del Gobierno son confusos y equivocados, que tenemos recesión, inflación y transitamos una estanflación.
Así que analizando el magro aumento otorgado a la clase pasiva (con bombos y platillos) veo quién tiene razón. A partir de septiembre la jubilación mínima recibirá un incremento de 188 pesos por mes, es decir 6,42 pesos por día. Este aumento contradice el mensaje positivo. Su discurso debió dividirse en dos secciones; una de bonanza, optimismo y felicitaciones hacia su gestión y la otra, la sección objetos perdidos y abandonados: así nos sentimos la mayoría de la clase pasiva. Doloridos, amargados, con una gran impotencia, al ver los desvíos que se hace de nuestros recursos. Está en sus manos revertir la situación procurando una recomposición en nuestros magros ingresos y a la vez no seguir sometiendo a dilaciones injustificables a los jubilados que tienen fallos favorables de la Justicia para que se actualice su haber y se les abone los retroactivos.
Los jubilados merecemos un haber digno, aportamos durante años y somos quienes ayudamos a construir el país.
Elsa Vázquez
elsavazquez@yahoo.com.ar

 Voces, reclamos y esperas de jubilados

 Hace varios meses que a mi papá le tienen que hacer un by pass en las piernas. El es jubilado y esta operación es muy importante para su salud, para que pueda seguir manejándose independientemente. Lamentablemente, no pueden realizarla porque necesitan materiales importados.
¿Qué pasa que no llegan al país? ¿Qué pasa con las importaciones? ¿A quién hay que ir a reclamar?
Para cobrar en tiempo y forma hay que reclamar, para beneficios hay que reclamar, para problemas de salud mayor también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los hijos? ¿Tener una reunión diaria con Moreno hasta que nos solucione el problema? ¿Hacer paros, piquetes? ¿Qué?
Julieta Lozano

La ANSeS está para todos y todas, como se usa decir ahora. Hay recursos para los más diversos destinos, menos para mí y algunos otros trabajadores que esperan la resolución de su beneficio jubilatorio. Hace 42 años y 7 meses que trabajo con aportes totalmente demostrados y 61 años largos de vida productiva.
El 14 de mayo de 2011 se inicia el trámite para acceder a la jubilación (expediente N° 024-27-06651473-6-004-1), al día de la fecha no tengo respuesta positiva ni negativa.
Si hay un problema me gustaría saberlo a los efectos de aportar datos para solucionarlo. La abogada que tiene el tema dice que está en Cómputos desde el 16 de marzo y lo mismo informan vía telefónica desde el 130.
No se puede hacer nada, sólo esperar. ¿Hasta cuándo? La empresa donde trabajo desde hace 20 años tiene serios problemas económicos y el ambiente de trabajo es “incómodo”, me está afectando seriamente la salud física y mental. ¿ANSeS … estás para mí?
Rosa Lipinski

Pregunta: ¿se encuadra en el Código Penal como abandono de persona, cuando un fallo determina que la ANSeS debe pagar una jubilación, que no es de privilegio, pero el organismo somete a los jubilados a arbitrarias apelaciones? Todo ello sabiendo que a los 80, 85 o 90 años nadie puede esperar de la Justicia que resuelva en tiempos convenientes los resultados de una demanda que de antemano se la sabe en favor de los jubilados.
Obviamente actúa con dolo porque la sobrevida en esas instancias es casi imposible, como también lo es vivir con la jubilación mínima, que no les alcanza ni siquiera para los remedios.
Eso sí, esos mismos dineros el Estado lo utiliza en marketing político. Los ancianos que se mueran, total para el modelo no sirven. Tengo como tantos de mi edad (61 años) padres ya fallecidos, me acuerdo de sus padecimientos luego de tantos años de lucha.
Tengo terror de llegar a jubilarme con tantas medidas erráticas de los gobiernos de turno. Ahora que se aproxima la edad de jubilarme, mi miedo aumenta.
Roberto Sánchez

Sobre la carta de Dionisio Pagano, del 11 de agosto, le digo que es inútil batir sobre el mismo clavo. Si seguimos pidiendo que las jubilaciones procedentes de Italia las paguen en euros, sólo perderemos el tiempo, porque la Argentina no cambiará las reglas de juego. Además: ¿queremos los euros para cambiarlos en el mercado “blue”? Ello es ilegal, entonces no tenemos que hacer “apología del delito”. Busquemos soluciones posibles. Cito ejemplos.
Solicitar a las autoridades del Banco Central que permitan la apertura de cajas de ahorros en pesos, pero ajustables en euros. Ejemplo, el jubilado recibe su dinero en pesos, equivalente al euro oficial y retira la cantidad que necesita, dejando el resto en la caja de ahorros ajustables en euros.
Pasado el tiempo que deba retirar otra suma, la misma resultará ajustada según la variación de la moneda europea, motivo por el cuál no perderá ni resultará devaluada su pensión.
Actualmente, existen bonos del Gobierno de la Ciudad, de la provincia de Buenos Aires y otros que están en pesos ajustables en dólares y en euros.
Arturo Curátola

En representación de mi madre, Haydee Arias, el 7 de agosto, infructuosamente intenté cobrarle la jubilación en el Banco Macro, sucursal Flores. Llevaba un certificado de supervivencia emitido por la Policía Federal el 31 de julio, pero s orpresivamente no me lo aceptaron aduciendo que por normas del banco no podían tener una antigüedad mayor a 5 días hábiles. Y además me dijeron que tenía que renovarle el documento de identidad porque el que tiene está deteriorado. Mi madre tiene 84 años, y se encuentra actualmente con internación domiciliaria de PAMI, por lo que es más que difícil el traslado para renovar su documento. No puede cobrar y necesita esa plata. Este es un problema del Banco Macro ya que no es una norma que imponga la ANSeS.
Mabel Rabinovich

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Dilapidación de fondos jubilatorios

Fuente: Diario La Nación

Al usar con fines políticos los recursos de la Anses, el Gobierno está poniendo en un serio riesgo el futuro de los jubilados

esde que se estatizó el sistema privado o de capitalización, la Administración Nacional de Seguridad Sociales (Anses) adquirió mayor importancia, ya que no sólo se apropió de los fondos administrados por las AFJP durante 14 años sino que, además, comenzó a recibir mensualmente los aportes jubilatorios que hasta entonces iban a aquel sistema.

Si bien con esa estatización la Anses también contrajo la obligación de hacerse cargo de las futuras jubilaciones de quienes fueron transferidos, en los primeros años esta obligación es poco relevante en comparación con la ganancia inmediata de recursos. Debe recordarse que en 1992, a fin de evitar la quiebra del sistema de reparto, el gobierno nacional consiguió que los gobiernos provinciales cedieran a la Anses el 15 por ciento de la masa de recursos fiscales coparticipables.

Aquel Pacto Fiscal fue convalidado por leyes sancionadas en 24 provincias. Con la ayuda de ese refuerzo de ingresos fue posible la reforma provisional de 1994, que en lo inmediato provocó una merma de los aportes a ese organismo. Al reducirse gradualmente en el tiempo por una mera cuestión biológica el número de jubilados del régimen de reparto, el sistema administrado por la Anses recuperaría su equilibrio y en algún momento dejaría de necesitar refuerzos.

De no haberse suprimido ni limitado el sistema de capitalización, con el correr del tiempo finalmente el Estado argentino habría dejado de tener que hacerse cargo, salvo excepciones, del problema de las jubilaciones. Pero, al revertir en 2008 la reforma previsional, la Anses pasó en el corto plazo a tener una caja con flujo fuertemente superavitario, adueñándose además de un fondo acumulado de casi 100.000 millones de pesos. Así se formó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que pasó a ser el salvavidas fiscal de un gobierno que viene aumentando peligrosamente su déficit debido al fenomenal aumento del gasto. Hasta ahora, en ningún momento el gobierno nacional tuvo la intención de devolver a las provincias la porción detraída de la coparticipación en 1992.

Los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos se presentaron en 2009 ante la Corte Suprema reclamando la devolución de ese 15 por ciento, aunque ninguno dio el paso de denunciar formalmente el Pacto Fiscal mediante una ley provincial. Ahora lo ha hecho el mandatario cordobés, José Manuel de la Sota, en momentos en que la caja de la Anses es utilizada como un recurso esencial para cubrir el déficit del gobierno nacional.

Antes de su estatización, los fondos administrados por las AFJP estaban colocados en un 55 por ciento en títulos públicos. Actualmente, el porcentaje de los papeles del Estado en el FGS llega al 77 por ciento, incluyendo un 15 por ciento que ha sido prestado a entidades gubernamentales para obras de infraestructura cuya baja o nula rentabilidad les impide lograr financiamiento privado. La principal de ellas es la central nuclear Atucha 2, aún no terminada. Estas son obligaciones del Gobierno prácticamente imposibles de cumplir, que a su vencimiento seguramente serán renovadas.

El FGS ha otorgado, por otro lado, una suma importante de créditos promocionales en pesos, a muy baja tasa de interés, con el consiguiente efecto de licuación. Está claro por lo tanto que el Gobierno ha hecho uso abusivo de los fondos de la Anses, no sólo desconociendo el derecho de las provincias, sino aún peor, poniendo seriamente en riesgo el futuro de los jubilados.

Las necesidades inmediatas de caja se han privilegiado en detrimento de quienes son, en realidad, los dueños de aportes que realizan con la esperanza y la ilusión de que les permitirán vivir cuando se retiren de la vida activa..

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ANSeS le escribió a De la Sota que los jubilados cordobeses ganan mucho (?)

Fuente: Urgente 24

Córdoba avanza en su reclamo. La Corte Suprema anuncia una audiencia de conciliación en septiembre. Los gobernadores siguen con atención qué hace la Nación. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) consideró que no debe enviar los recursos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba porque sus jubilados ganan demasiado.
 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Es un conflicto que crece, sin pausa. Córdoba defiende lo suyo. Reclama federalismo. José Manuel De la Sota percibe que, si bien algunos gobernadores murmuran por lo bajo su coincidencia, en público apenas el santafecino Antonio Bonfatti y ahora el correntino Ricardo Bonfatti han manifestado su coincidencia.
 En cuanto a la Nación, se niega a ceder porque De la Sota es, para Cristina Fernández de Kirchner, un adversario. Con la Presidente hay solo 2 relaciones posibles: reconocerla como líder o asumir las consecuencias. Luego, De la Sota es un potencial presidenciable 2015 y ya se sabe qué hizo el Frente para la Victoria con Daniel Scioli cuando expresó una ambición similar. Y qué ocurre con Mauricio Macri, a causa de un anhelo parecido. Cristina dice que no desea la re-reelección pero ella está dispuesta a destrozar a todos los que manifiesten interés en sentarse en el sillón del unitario Bernardino Rivadavia. Por lo tanto, De la Sota es un enemigo aunque ambos (ella y él) se manifiesten peronistas. Ambos saben que el peronismo de uno es bien diferente al peronismo de otro. La magia del peronismo es que no se sabe cuál es el límite y cualquiera puede ser peronista.
 Además, De la Sota es un gobernador y la Nación ya ha decidido que las provincias harán el ajuste.
Que De la Sota se haya encontrado confidencialmente con Hugo Moyano, segun deslizan los espías de Cristina, indica una relación sin retorno entre el gobernador y la Presidente.
De la Sota sabe que Cristina prepara la contraofensiva pero él también mantiene su ofensiva porque insiste en que a Córdoba le asiste el Derecho tributario/previsional y la República federal, enarbolando una bandera tan conocida por todos los que viven fuera de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Cristina lo subestima: “No mide bien en las encuestas”, desliza para explicar su desdén.
 Fuentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicaron que habrá una audiencia a la que serán citadas las partes en conflicto, a concretarse a mediados de setiembre y de su resultado dependerá el destino del 15%de la masa de recursos coparticipables, destinados desde agosto de 1992 al financiamiento de la ANSeS, y que en 2012 superarían los $ 40.000 millones.
 Ambos saben que todos los gobernadores están pendientes de qué ocurrirá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta los que se manifiestan entusiastas de Cristina Capitana como José Luis Gioja, el sanjuanino ex escudero de José Luis Manzano, hoy gobernador de Barrick (perdón, de San Juan), quieren conocer las últimas noticias del diferendo. 
 Córdoba reclama a la Nación $ 1.040 millones, en concepto de financiamiento del déficit acordado para el año 2011 y nunca pagado. Además, espera un acuerdo para el corriente año. A fines de junio, Juan Manuel Abal Medina (h), jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, había deslizado que no enviaría fondos a la Provincia, porque ésta incumplió con la prometida armonización de sus sistema previsional con el sistema de la ANSeS.
 
ANSeS
 
En una carta remitida al jefe de Gabinete de CórdobaOscar González, la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social) afirmó que no transfiere los fondos a Córdoba porque “los haberes básicos medios que paga el sistema provincial, exceden largamente los valores del orden nacional y los de aquellos sistemas que han sido transferidos a la jurisdicción nacional”.
 El párrafo pone en evidencia y no deja lugar a dudas: el Ejecutivo nacional propicia una fuerte reducción de las jubilaciones en Córdoba para alinear las remuneraciones de la Caja con los haberes de jurisdicción nacional. La realidad confirma estos datos. 
Mientras en Córdoba el haber promedio supera los $ 7.000, ANSeS paga jubilaciones promedio apenas por arriba de los $ 2.000.
 La misiva de la ANSeS es la respuesta a la nota que González envió el 04/07 a Diego Bossio, director ejecutivo de esa administración nacional. 
 Para los cordobeses, en una evidente señal de menoscabo y desprecio, la respuesta al jefe de Gabinete provincial está firmada por Germán Cervantes, un ignoto subdirector ejecutivo de Administración de la ANSeS, funcionario de 3ra. o 4ta. línea del organismo nacional.
 Sin embargo, contrariamente a lo que propicia ANSeS, el Gobierno de Córdoba ratificó que sostendrá el 82% móvil. 
 Tampoco modificará el sistema de cálculo del haber jubilatorio y seguirá tomando como base los últimos 4 años y no los últimos 10, tal como pretende la Nación. Córdoba acaba de llevar el haber mínimo jubilatorio a $ 2.500.
 
Efecto Zaffaroni
 
El abogado constitucionalista Félix Loñ consideró que es “viable” el reclamo de Córdoba a la Corte Suprema por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones de la provincia mediterránea. 
 En diálogo con la radio cordobesa Cadena 3, Loñ consideró que las expresiones del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que un fallo no resolverá la pelea por la coparticipación, “no fueron apropiadas”. 
 Loñ aclaró que Zaffaroni “quiso decir que hay un aspecto político”, más allá del legal, para solucionar este diferendo. 

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