El Gobierno usa sin control los fondos de la Anses y desfinancia a los jubilados

Fuente: Diario Hoy

La garantía para los pasivos fue comprometida para deuda, subsidios, ayuda social y obra pública. El Estado no puede hacer frente a las demandas judiciales y se comprometen las futuras jubilaciones.

Los fondos de la Anses funcionan, para el Gobierno kirchnerista, como un barril sin fondo al cual recurrir cada vez que se necesita dinero. Así, luego de cuatro años desde que se estatizaron las jubilaciones, el Gobierno destina cuatro de cada cinco pesos de los jubilados para financiar el gasto público y compromete no sólo las actuales, sino también las futuras jubilaciones de los argentinos. Esa es la proporción de los más de $ 200 mil que maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que el Gobierno destina a otros fines. Del total de ese fondo, que administra la entidad que conduce Diego Bossio (foto) y que se convirtió en la principal caja del kirchnerismo a la que recurre con mayor frecuencia la presidenta Cristina Fernández, cerca del 60% se usó para emitir deuda pública a través de bonos. Mientras, un porcentaje menor de esos fondos se usó para proyectos de infraestructura y ayudas sociales, como la asignación universal por hijo o la entrega de netbooks en las escuelas.
Sin embargo, al mismo tiempo, cerca del 75% de los jubilados del sistema nacional reciben la mínima, que es de $ 1.687, y en la mayoría de los casos está muy por debajo de lo que deberían percibir. Es por eso que el Estado no llega a cumplir con las más de 26 mil sentencias que ya dictó la Justicia en favor de los jubilados, y mucho menos podrá con las más de 40 mil nuevas demandas que ingresaron en los tribunales de seguridad social.
En este sentido, la Corte Suprema ya falló en reiteradas ocasiones para restituir a los jubilados los haberes que les corresponde. En una de esas resoluciones estableció que se pagara a un jubilado el equivalente al 70% del promedio de remuneraciones de los últimos diez años de aportes. Mientras, ahora los jubilados reciben un porcentaje muy menor que en muchos casos no alcanza ni el 50%.
“Si el Estado se acercara al 82% móvil y reconociera las deudas que tiene la Justicia, los excedentes de la Anses no serían tantos y no se podría financiar el pago de la obra pública, los subsidios y la deuda”, dijo a Hoy el diputado nacional del Frente Amplio Progresista (Fap) Claudio Lozano.
Al respecto, el economista Pedro Andrieu consideró que “existe una crisis en la Anses que se ve cuando la Corte Suprema de Justicia le dice que pague el 82% y la Anses dice que no puede. Esto deriva de que en este momento hay casi tantos o más beneficiarios que aportantes”. Por todo esto, el exsecretario de Comercio nacional aclaró que “la Anses está desfinanciada”.
“Lo que se está haciendo con el fondo es descapitalizar a la Anses y poner en riesgo el futuro”, señaló Lozano. En el mismo sentido, Andrieu aclaró que “mirando hacia adelante, la Anses está desfinanciada, y aparte de esto, le han encargado a la Anses otros gastos más”.
Están en riesgo los próximos haberes previsionales
“Efectivamente hay una deuda que se va tomando en términos de jubilaciones futuras, en tanto y en cuanto las operaciones que se van haciendo con el fondo de la Anses lo descapitalizan y ponen en riesgo el futuro”, dijo a Hoy el diputado nacional del Fap Claudio Lozano, en relación a la utilización que hace el Gobierno de los fondos de la Anses.
Esta situación se viene dando desde que el Gobierno kirchnerista tomó el control de los fondos jubilatorios al estatizarlos en 2008. En ese sentido, el legislador nacional recordó que “cuando se estatizó el sistema de jubilaciones, se lo hizo para garantizar las jubilaciones, pero en su lugar se descapitalizó el fondo”.
La caja predilecta de los K
El Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses contaba con unos $ 209.042 millones al 31 de marzo pasado, según el último dato difundido por la entidad previsional. El 58,1% está en títulos de deuda del Estado nacional; la mayor parte deriva de viejas tenencias, pero hay un saldo creciente de emisiones nuevas.
Según se publicó en el Boletín Oficial, en lo que va del año se tomaron Letras del Tesoro por US$ 455,4 millones y se suscribieron títulos Bonar 18 por al menos $ 1.687. En total esas emisiones suman unos $ 3.736 millones, una cifra similar al déficit financiero del sector público en junio.
Un ejemplo de cómo el Gobierno nacional recurre al fondo de los jubilados es la ayuda a la Provincia para pagar el aguinaldo, a través de un préstamo del FGS de $ 600 millones al 16,5% anual.
Las leyes que destrozaron a los pasivos
En menos de dos décadas, la legislación en torno a las jubilaciones fue llevando al sistema previsional argentino a una situación cada vez más comprometida. Las leyes 18.037/8, que rigieron las jubilaciones y pensiones hasta 1993, disponían una liquidación del haber que iba del 70% hasta el 82% -según el caso- de la remuneración promedio de los tres mejores años anteriores al cese.
A partir de la entrada en vigencia de la ley 24.241, en 1994, se instauró un nuevo régimen previsional y ya no existe un porcentaje base de sustitución. Es decir, no se puso ningún piso con relación al salario, porque el sistema propiciaba el pase de los trabajadores del régimen público a las AFJP. Los nuevos jubilados obtienen a través de una fórmula más compleja un beneficio que representa entre un 40 y un 50% de la remuneración promedio de los últimos diez años de aportes.
Luego de la estatización del sistema, a fines de 2008, se elevó el cálculo del haber inicial, pero sin piso, y aun así, con 30 años de aportes arroja una jubilación que equivale a la mitad o menos del sueldo promedio.
Sin embargo, el sistema previsional debe afrontar las sentencias judiciales, que se incrementaron a partir de los fallos de la Corte Suprema que cuestionaron los índices de actualización de los sueldos que se toman como referencia (caso Elliff). Y la falta de movilidad de las jubilaciones entre enero 2002 y diciembre de 2006 (caso Badaro).
La informalidad laboral pone en alerta al sistema
Más allá de la existencia del FGS, la sustentabilidad del régimen jubilatorio se definirá por la capacidad del sistema para que los ingresos financien todos los meses el pago de las jubilaciones. Sin embargo, actualmente hay una relación de 1,3 aportantes por beneficiario y una informalidad laboral superior al 50%, considerando asalariados y autónomos, lo que enciende una luz de alerta.
Además, los monotributistas suman alrededor de 1,4 millones de aportantes, que tienen una contribución subsidiada. A lo que se suma que hay más de 2,3 millones de jubilados para los que no se previó un financiamiento específico.
Computadoras, viviendas y asistencia social
Los fondos de las jubilaciones vienen siendo utilizados por el Gobierno nacional para distintos fines, que nada tienen que ver con la garantía del pago de las jubilaciones. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad financia la asignación universal por hijo (AUH), además del Programa Conectar Igualdad, por el que se entregaron cerca de dos millones de netbooks a alumnos de las escuelas de todo el país, además de los créditos para viviendas del Programa Procrear. Pero también solventa el déficit de las cajas militares, además de la ayuda a las provincias y otros destinos.
En el último año, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) creció en apenas el 12%, mientras que la inflación estimada para este año es de más del 24%.

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