Podría haber más juicios La polémica medida que aplicará el Gobierno con las jubilaciones

FUENTE: DIARIO CLARIN

El jefe de Gabinete anunció que van por el “achatamiento”, para beneficiar a los que menos ganan. El antecedente de la Corte que advirtió sobre la fórmula.

Sinceridad. El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que el gobierno busca achatar la pirámide jubilatoria.

Ismael Bermudez

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafieroaseguró el 20 de enero que los aumentos a jubilados y pensionados serán de suma fija hasta que haya una nueva fórmula de ajuste automático con una nueva ley.

Cafiero señaló específicamente que “se está pensando en una suma fija que va a tener que ver con la situación fiscal que tengamos”. Dijo que la suma fija representa “una política” que principalmente se beneficia al segmento más bajo, que va a ganarle a la inflación y otro que va a perder, teniendo en cuenta que “el 80% de las jubilaciones son de menos de 19 mil pesos en la Argentina”.

Además el funcionario destacó que la idea es un achatamiento de la pirámide previsional: “Es un poco la idea que tenemos nosotros: achatar la pirámide, tratar de ir generando equidad y levantando la vara. Que la base del mar la que tenga más aumento”.

Ese achatamiento no se limita a las jubilaciones y demás prestaciones sociales sino también a los salarios. En la misma dirección apuntan los aumentos de suma fija ordenados tanto para los trabajadores del sector público (con el límite de remuneración de $ 60,000) como privado a cuenta de las paritarias.

De las palabras de Cafiero surge que ese logro se logrará por la vía de aumentar en mayor medida los haberes más bajos con la garantía de todas las jubilaciones recibirán como mínimo el 11,56% previsto para marzo por la suspensión de la fórmula de movilidad. El tratamiento se producirá afectando a los haberes medianos o más altos, que recibirán aumentos porcentuales por debajo del 11,56%.

Durante la vigencia de la fórmula de movilidad, la pérdida de las jubilaciones y prestaciones sociales -punta a punta, con relación a la inflación- fue del 19,5% y resultó pareja para todos los jubilados y pensionados del régimen general. También sufrieron pérdidas las jubilaciones especiales, como la de docentes, docentes universitarios, investigadores científicos, que se ajustan por la variación salarial. Y las asignaciones familiares y la AUH. En total 18 millones de personas.

Un sector de jubilados tuvo una mejora de sus haberes por la Reparación Histórica o porque cobraron los juicios, con el reajuste de sus haberes. Pero esa mejora fue una recuperación parcial por la pérdida que tuvieron durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner (caso Badaro, 2002-2006) y Cristina Kirchner porque obtuvieron sus jubilaciones con una actualización de sus sueldos inferiores a la que les corresponde (caso Elliff). Los que aceptaron la Reparación Histórica percibieron menos que los que cobraron los juicios porque no se les reconoció lo que marcó la Justicia. Ahora, con el achatamiento, ese sector perdería lo que les reconoció la Justicia.

El camino para achatar el gasto

En el Fallo Badaro, que estableció una actualización de haberes, la Corte Suprema cuestionó el achatamiento. “Le asiste razón al apelante (Badaro) cuando señala que la política de otorgar incrementos solo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes afectan al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada una vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportando diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”, sostuvo en su momento el Alto Tribunal.

Esta postura de la Corte se basa en que en el sistema de jubilaciones es un régimen de aportes y contribuciones específicas (sobre el salario) y beneficios también específicos (edad, años de aportes y salario), independencia de los rendimientos que hayan tenido o no los fondos ingresados ​​al sistema, que no son hijo de la responsabilidad de los trabajadores aportantes o jubilados. Se trata de un salario diferido de manera de mantener en la etapa jubilatoria un nivel de vida acorde al que tuvo en los últimos años de la etapa activa.

El fallo Badaro, luego Elliff y Blanco, entre otros, inundaron los Tribunales de juicios que aún se están pagando. A la fecha, el total de juicios se acerca a los 300.000, de los cuales casi 75.000 tienen sentencia firme.

Hacia delante, el aumento global por decreto de marzo –que debería decidirse en los próximos días– no está definido. ¿Será del 11,56% distribuido como una suma fija o combinado con algún porcentual, entre todos los jubilados y pensionados? ¿Se aplicará también a las Asignaciones familiares y la AUH?

A fin de año, en declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández dijo: “Detesto la mentira. No soy como Mauricio Macri. Su fórmula es impagable y el salario real de un jubilado cayó. Vamos a seguir aumentándoles con toda la generosidad que podamos. No voy a congelar las jubilaciones, pero pusieron una fórmula de imposible cumplimiento. Ahora uno tiene que ordenar el tema”, indicó.

No obstante, por razones políticas y sociales, por la persistencia de la inflación y también como una mejor defensa por los juicios que pudieran plantearse, habría consenso entre los representantes de Economía, Trabajo y ANSeS que están pre-definiendo el tema, que el aumento sea del 11,56%, con incrementos proporcionalmente mayores para los haberes más bajos. Y que todos los beneficiarios reciban algún aumento, por mínimo que sea, sin dejar afuera a los haberes medianos o más altos. La palabra definitiva será del presidente Fernández en los primeros días de febrero.

Si el aumento global fuera del 11,56%, representaría un desembolso mensual de $ 23,000 millones, de los $ 18,000 millones correspondientes a 7,3 millones de jubilados y pensiones, incluidas las pensiones no contributivas y la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) .El resto es por Asignaciones Familiares y AUH.

En consecuencia, ¿tendremos ahorro fiscal en términos reales? En el Gobierno reconoció al Suplemento que en lo inmediato es muy difícil reducir el gasto por incidencia de los dos bonos de hasta $ 5.000 pesos que obtuvieron los que ganaron menos de $ 19.068 y el bono de $ 2.000 a los beneficiarios de la AUH. Suman más de $ 50,000 millones. Y habrá que sumar los $ 23,000 millones adicionales por marzo, abril y mayo. En junio correspondería otro aumento trimestral por decreto, que debería rondar el 12/13% del acuerdo a la fórmula suspendida.

¿La clave fiscal estará en la nueva fórmula de movilidad que deberá aprobar el Congreso? Por ahora, los funcionarios están analizando cómo se aplica en otros países. Pero la idea es que no esté vinculada a la inflación y garantice el achatamiento del sistema. El peligro es que desaliente a los trabajadores a contribuir por sus ingresos reales ya que, finalmente, el sistema tendería al pago de haberes mínimos y, además, que aliente a los cuestionados seguros de jubilación, o pensión, privados.

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Jubilaciones: Alberto Fernández lucha contra la bomba que él mismo ayudó a crear

FUENTE: INFOBAE ECONOMICO

La redistribución del ingreso no genera crecimiento y lo impagable no es la fórmula de Macri, sino la demagogia de incluir receptores de beneficios en un sistema donde cada vez hay menos productores de esos beneficios

Argentina está en crisis. En el propio gobierno no paran de repetirlo. “Tierra arrasada”, dijo Axel Kicillof. “Descalabro económico”, confirmó el ministro Martín Guzmán.

El origen de esa crisis es fiscalEl gobierno argentino gasta $100, pero solo recauda $89. En 2017, esa diferencia era aún mayor. Por cada $100 de gasto, solo había $83 de recaudación. La diferencia, claro, era cubierta con deuda.

El problema no es nuevo. El 2008 fue el último año en que el gobierno mostró superávit fiscal. Luego la diferencia entre gasto e ingresos fue creciendo año tras año. El déficit llegó a casi el 7% del PBI antes de ocasionar la crisis de 2018.

El problema hoy es que nadie más quiere financiar al estado. Ni los acreedores internacionales, ni los tenedores de pesos, que lo repudian tratando de irse al dólar, motivo por el cual el Banco Central volvió a poner el cepo cambiario.

Ingresos o gasto

Ahora bien, ¿cómo es posible que se haya llegado a esta situación?

¿Será un problema de falta de recaudación? La respuesta es negativa. Entre 2003 y 2019 la presión fiscal subió en 9 puntos del PBI. En 2003 se recaudaron USD 33.500 millones. En 2019, USD 149.600 millones. Por lo visto, el dinero llovió hacia las arcas públicas.

¿Cuál fue el problema entonces? Que el gasto público trepó a ritmos mucho más vertiginosos. De representar el 23% del PBI, pasó a superar el 40%. Y es aquí donde entra la bomba que el propio Alberto Fernández ayudó a crear. Es que si se mira en qué aumentó el gasto público desde 2003, la “Previsión Social” aparece en el primer puesto, con una suba de 6 puntos del PBI. Medida en dólares la cifra se multiplicó casi por 10, pasando de 8.000 millones a más de 70.000 millones.

¿Por qué ocurrió esto? El motivo es bastante sencillo. Con sendas “moratorias”, los gobiernos de Néstor y luego de Cristina Fernández de Kirchner (cuando el actual presidente era Jefe de Gabinete) incluyeron en el sistema previsional a cerca de 3 millones de nuevos jubilados y pensionados.

Esa generosidad, por supuesto, hay que pagarla. Pero ahora el presidente (que, insistimos, entonces era Jefe de Gabinete) dice quela fórmula por la cual se actualizan los haberes de todos los jubilados es “impagable”.

Ahora bien, ¿qué es lo impagable? ¿Una fórmula que busca mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones en un nivel constante o la demagogia de duplicar la cantidad de jubilados y pensionados en nombre de la justicia social?

Achatar la Pirámide

En el gobierno ahora dicen que van a “achatar la pirámide previsional”, subiendo los haberes bajos en línea o por encima de la inflación, y licuándole los ingresos a los receptores de haberes medios o altos. Se trata de un eufemismo.

En primer lugar, no hay ninguna necesidad de igualar el ingreso que reciben los jubilados. Si Josefina trabajó y ahorró más que José, ¿qué criterio de justicia impone que ahora tengan el mismo ingreso, o ingresos más similares? Ninguno.

Por otro lado, lo único que se busca es reducir el gasto previsional, que es uno de los principales componentes del gasto público. Achatar la pirámide es solo una frase para vender el ajuste.

Un punto no menor es que hoy se quiere vender que la receta para la recuperación económica es “ponerle plata en el bolsillo” a los ciudadanos de menores ingresos. Se cree que, como esos individuos tienen más “propensión al gasto”, entonces alimentarán la rueda del consumo, la demanda y la producción.

Ahora bien, ¿no vieron el manifiesto fracaso de esa idea? La incorporación de 3 millones de nuevos jubilados –siguiendo el nuevo criterio oficial- debió haber generado una enorme masa de consumidores que estimulara el mercado interno. Sin embargo, entre 2011 y 2019 Argentina no creció y tuvo un récord mundial de inflación acumulada.

Algo anda mal en las teorías oficiales. La redistribución del ingreso no genera crecimiento y lo impagable no es la fórmula de Macri, sino la demagogia de incluir receptores de beneficios en un sistema donde cada vez hay menos productores de esos beneficios.

¿La gestión anterior tiene responsabilidades? Sin duda que sí. Pero si se analiza el tema de la previsión social, sugiero cambiar el foco y ponerlo sobre Néstor Kirchner, y sobre los actuales presidente y vicepresidenta.

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El Gobierno condiciona las jubilaciones al ajuste fiscal: una curiosa concepción solidaria

FUENTE: INFOBAE

La política oficial contradice el real y doble esquema solidario del sistema previsional. Y proyecta un achatamiento de la pirámide de haberes. La suba de la mínima tendría como contrapartida pérdidas en el resto de la escala. Un debate siempre postergado

Los jubilados y pensionados quedaron en el centro de la llamada emergencia económica.
Los jubilados y pensionados quedaron en el centro de la llamada emergencia económica
Santiago Cafiero ratificó esta semana que el próximo aumento para las jubilaciones saldrá por decreto y será por suma fija. Eso de un modo u otro estaba dicho. Lo que hizo explícito el jefe de Gabinete fue algo más: dijo que achatar la escala de haberes es una decisión -no una lamentable y temporal consecuencia- y que la definición del aumento está condicionada por la forma en que evolucione la situación fiscal. De ese modo, llamativo, las jubilaciones son parte del ajuste de las cuentas y a la vez, su mejora depende del resultado de ese ajuste.

No es lo único que suena paradójico. Todo el discurso, incluido o empezando por el que acaba de desplegar el funcionario de más alto rango en el gabinete, busca girar alrededor de un criterio solidario, o más aún, casi igualitario. Y en esa línea, en lugar de abrir el debate sobre la larga crisis previsional –siempre reclamado formalmente, también por esta gestión-, se traza una división gruesa que prácticamente descalifica la discusión.

Asoma otra mirada binaria. De un lado, todo sería solidario y del otro, insolidario. ¿Pobres y ricos, pueblo y antipueblo? La lista en blanco y negro puede ser más extensa y puede ser –lo ha sido en otras etapas- más riesgosa. Pero en el caso de las jubilaciones, es además fruto de una construcción que desnaturaliza la propia esencia del sistema previsional.

Cafiero dijo con razón que se trata de un problema que enfrentan muchos países porque colapsó la ecuación inicial entre trabajadores en actividad –aportantes, en un sentido más amplio- y retirados. Después, forzó el cuadro para referir a una desigualdad en lo haberes. Dijo que no se puede sostener un esquema de “jubilados de 300 mil pesos” y otros de 19 mil pesos, franja esta última que incluiría, dijo, al 80 por ciento de jubilados y pensionados.

Dicho así, suena fuerte. Pero es sabido que cifras de máxima como las referidas pueden ser encontradas en algún régimen de privilegio. Las estadísticas admitidas por todos señalan que casi 4,5 millones o poco más cobran la mínima, y que alrededor de 2,5 millones están por encima de ese piso pesos pero muy lejos de aquellas montos casi provocadores de 300 mil. Tal vez el promedio de esa masa por encima del mínimo haber no supere por mucho los 40 mil pesos mensuales. No parecen ricos.

Vale desbrozar un poco los elementos en juego. Por un lado, existe una crisis larga entre cantidad y características de aportantes frente al número de jubilaciones y su extensión en el tiempo, sin contar los fondos por recaudación de impuestos. A eso se suman otros factores, como los efectos de la precarización laboral y los usos de la caja de la Anses. Pero además, estaría en discusión la concepción sobre la propia naturaleza del sistema previsional.

El Gobierno habla, con un sentido aparentemente reparador, de achatar la pirámide para darle mayor porcentaje de incremento a las jubilaciones más bajas. Y admite que quienes cobran por encima de los 19 o 20 mil pesos podrían perder frente a la inflación en la medida que se asciende en esa escala.

Dicho en otras palabras: se establecería una suba de la masa total de fondos, pero se los distribuiría mediante una cifra fija con ese resultado: los que más cobran serían “solidarios” con los que menos cobran. Es decir, todo entre jubilados. Algo que, sostenido en el tiempo, terminaría por pulverizar la acotada ecuación entre niveles de aportes –también, los años computados- y niveles de haberes.

A esa distorsión sobre el concepto más amplio de generación y distribución de recursos, se suma un criterio forzado, ajeno al sistema previsional o a lo que ha sido en este país.

Se trata aquí de un sistema solidario en sentido intergeneracional: los activos aportan para sostener a los “pasivos”, en una sucesión permanente. Y también, de hecho, en cierto sentido intrageneracional. Los mayores haberes tienen cierta relación con un promedio de aportes, aunque lejos, por supuesto, de los sistemas de capitalización al estilo de que lo fueron las AFJP, que aquí resultaron un gran negocio además de una negación del concepto solidario en materia previsional. Eso, claro, no lo asimila al planteo presuntamente equitativo del Gobierno.

Ocurre además que no pesan sólo factores exclusivamente previsionales. Lo dice el propio Gobierno: todo dependerá de la evolución del cuadro fiscal. Se supone que también determinaría el proyecto de nueva movilidad jubilatoria. Ese objetivo superior -el control de las cuentas- se presenta naturalmente como un elemento básico para revivir la economía. Y es al mismo tiempo un mensaje al FMI y a los acreedores privados, en momentos sensibles para el inicio de las negociaciones.

La deuda es un desafío central y vital para la gestión de Alberto Fernández. Y los tiempos no son extensos. El anuncio del envío de una ley marco para la renegociación anticipa, al menos en la presentación que hizo el ministro Martín Guzmán, una pulseada que incluirá tasas, plazos y seguramente quitas.

En los primeros renglones también se anota la inflación, que según entidades de consumidores sigue amenazante a juzgar por datos de la primera mitad de enero. Y la contención de reclamos sindicales y sociales, con interrogantes abiertos en el mediano plazo.

Todas esas piezas se mueven en el complejo tablero donde el Gobierno juega su partida del ajuste de las cuentas. Los cambios y las crisis previsionales se vienen sucediendo desde la mitad del siglo pasado. Y en ningún caso se discutió la sostenibilidad del sistema: fueron determinantes los apremios de coyuntura. Nada que pueda ocultar el discurso.

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Jubilaciones y la Ley de Solidaridad: advierten que habrá “ola de juicios” por “achatar” los haberes más altos

FUENTE: iProfesional

Jubilaciones y la Ley de Solidaridad: advierten que habrá  "ola de juicios" por "achatar" los haberes más altos

Para el defensor de la Tercera Edad, el nuevo punto de corte “dinamitará el sistema porque le quita el criterio de proporcionalidad”

El Gobierno ratificó que su intención a partir de marzo será “achatar” la pirámide previsional. Para la Defensoría de la Tercera Edad esto va a desatar una ola de juicios.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, dijo que en la Argentina “no puede haber jubilados que cobren 300 mil pesos y otros 14 mil pesos”. Por ello, el Gobierno levantará más a los de abajo con sumas fijas. De la mitad de la pirámide para arriba, recibirán proporcionalmente menos.

Ese es, justamente, uno de los puntos centrales de la polémica. Eugenio Semino, titular de la Defensoría, advirtió al diario La Voz que se “viene una ola de juicios”. Y calculó que habrá al menos un millón de personas afectadas por la decisión oficial, por lo que podrán accionar judicialmente.

El Gobierno y una comisión integrada por legisladores deben resolver la fórmula por la que se ajustarán los haberes desde septiembre. “No es sencillo resolverlo”, consideró Cafiero, porque se involucra a una multiplicidad de regímenes que son “complejos” y representan derechos adquiridos.

Para Semino, la situación es “grave”. Y señaló que “el punto de corte (a partir del cual se pagará menos) dinamitará el sistema porque le quita el criterio de proporcionalidad”. Y refutó que, si bien hay jubilados que tienen haberes más altos, eso es porque aportaron más. Y no ve allí una situación de injusticia social que el Gobierno deba corregir con decretos.

La Defensoría presentará a principios de febrero una demanda para que se dicte la inconstitucionalidad de la suspensión de la cláusula de ajuste por inflación. Pero Semino agrega que además habrá muchas demandas particulares, como la presentada en la década pasada por Adolfo Badaro, quien consiguió un fallo de la Corte Suprema que ordenó el reajuste jubilatorio.

“Entre 2001 y 2007 aplastaron la pirámide y terminó en el caso Badaro, con dos millones de juicios. Muchos de esos jubilados se fueron muriendo en el camino. Es una locura que vuelva a pasar lo mismo. Es de una injusticia muy grande”, dijo Semino.

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Esquema transitorio El Gobierno confirma que dará sumas fijas a los jubilados

FUENTE: DIARIO CLARIN

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero dijo que “la movilidad continúa”, pero reconoció que se achatará la pirámide.

El Gobierno otorgará en marzo un aumento de suma fija a 7,3 millones de jubilados con el objetivo de garantizar la suspendida fórmula de movilidad para los segmentos de menores haberes. Se trata de un esquema escalonado por el que las jubilaciones más bajas alcanzarán o superarán el 11,56% previsto por la Ley de Movilidad, mientras que el resto de las escalas superiores percibirá un incremento inferior al cálculo previo. Clarín anticipó esta novedad en su edición del sábado.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó ayer el nuevo sistema de ajuste que estará vigente a partir de marzo y continuará por lo menos en la primera mitad de este año hasta tanto haya una nueva fórmula. “La movilidad jubilatoria continúa; los aumentos se van a dar en suma fija porque lo que estamos armando es una nueva fórmula”, dijo Cafiero durante una entrevista radial.

El Ejecutivo suspendió en diciembre pasado la Ley de Movilidad, que, punta a punta, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, llevó a una pérdida del 19,5% a todos los jubilados y pensionados con relación a la inflación. Como el cálculo se ajustaba 30% por los salarios registrados y un 70% por inflación con un retraso de seis meses, este año iba a dar un aumento del 11,56% en marzo y otro del orden del 16% en junio, por encima de la suba de precios prevista.

Ese 11,56% sobre la masa de haberes representa unos 18.000 millones de pesos que ahora el Gobierno busca redistribuir de otra manera mediante el uso de las sumas fijas, como informó Clarín. Para ello, el Presidente dispone de las las facultades que en diciembre le autorizó el Congreso para otorgar aumentos por decreto hasta tanto el Congreso defina un nuevo cálculo de actualización.

En ese marco, Cafiero reconoció ayer que la suma fija “representa una política que principalmente beneficia o incide mucho más en el segmento más bajo”. “Nosotros queremos tener una política en la que haya cierta equidad entre las jubilaciones del que más gana y del que menos gana. El mundo está yendo a eso. No puede haber jubilados con sueldos de 300 mil pesos o de 14 mil pesos“, agregó.

De esa manera, el funcionario dio a entender que el Gobierno fijará un corte por el que a partir de cierto rango de haberes, el incremento de marzo generará un achatamiento de las jubilaciones, una política que ya generó reclamos judiciales entre 2002 y 2006. “La idea es achatar la pirámide, tratando de ir generando equidad y levantando la vara. Que la base sea la que tenga más aumento”, explicó Cafiero.

El aumento de marzo se prevé que estará definido antes del 10 de febrero para que la ANSES pueda realizar los ajustes internos. Así las cosas, se estima que 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,56% o más, recortando la pérdida sufrida en estos cuatro años en sus jubilaciones, y los restantes 2.800.000 profundizarían el retroceso de sus ingresos.

 

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LOS MAS PERJUDICADOS

LOS MAS PERJUDICADOS

Los jubilados que mas años aportaron y más dinero tributaron, aumentando la dimensión de los aportes y las contribuciones, son los mas perjudicados, por lo que las utilidades de esos ingresos, se calculan de modo de asegurar los beneficios, que deben guardar una relación con los últimos ingresos obtenidos en la actividad, como el entonces “famoso” 82% vetado por la Ex Presidenta o la garantía de un piso del 70%, para mantener el paralelismo de vida de la etapa activa. Por este motivo, la jubilación es un salario diferido y los fallos de la Justicia caso Badaro /Anses reconocen reajustes cuando no se cumplen el pago de esos haberes.

Ahora, para continuar “achatando” la pirámide jubilatoria, se intenta imputar que se debe moderar la diferencia entre el haber mínimo y el máximo, con este nuevo y falso argumento, se continuó cargando a la ANSeS con el pago de beneficios que no se financiaron con aportes, como las jubilaciones graciables y la AUH y demás contribuciones para beneficio del clientelismo político y la consecuencia de los altos niveles de desempleo, informalidad y evasión patronal, desfinanciaron el sistema.

Y como de costumbre el Estado utiliza los Fondos de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a pesar de su prohibición y aún lo sigue haciendo, y quedó desfinanciado. Los cambios que se hicieron en el sistema fueron para peor, actitud inimaginable para otro gobierno. Donde están ahora los que arrojaron 14 toneladas de piedra.

El romance con los jubilados parece haber concluido con la suspensión de la fórmula jubilatoria. Aprobado el proyecto de emergencia en el Senado, los principales referentes del sector salieron a refutar los cambios en materia previsional por considerar que implican un ajuste sobre los haberes de un sector significativo de los 5,7 millones de pasivos y el quebranto de los derechos adquiridos, como la movilidad de sus ingresos garantizada por la Constitución.

Como dijo el defensor de la tercera edad Eugenio Semino “Los jubilados son los grandes acreedores del Estado argentino, esto es un nuevo ajuste para los sectores más vulnerables” que derivó en una pérdida inicial de los haberes, y como es norma de los políticos, incumpliendo con las promesas de campaña.

Omar Martinez

Presidente de A.A.J.A.

Asoc. Argentina de Jubilados Aportantes

jubiladosaportantes@fibertel.com.ar

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Críticas del defensor de la Tercera Edad y especialistas al nuevo esquema de ajustes

FUENTE: DIARIO CLARIN

  • Ismael Bermúdez

 

La decisión del Gobierno de otorgar en marzo aumentos de las jubilaciones y pensiones haberes diferentes según los rangos de haberes “no hace más que abonar el planteo de inconstitucionalidad que la Defensoria de la Tercera Edad presentará en los primeros días de febrero, luego de la feria judicial.

Asi le dijo a Clarín el Defensor de la tercera edad Eugenio Semino, quien sostiene que esa decisión “ratifica la flagrante violacion de derechos adquiridos por todos los jubilados y pensionados del Sistema Nacional y los principios de equidad y proporcionalidad del sistema. Todo esto en pos de una supuesta “solidaridad” que deben tener entre sí. Es una concepción que profundiza los resultados desastrosos de la anterior Administración, que en sus últimos dos años perjudicò en un 20% a todos los jubilados, pensionados y demás prestaciones sociales”.

Por su parte, el ex juez y ex titular de la Camara de la Seguridad Social Luis Herrero señaló que “la distorsión de los indices de movilidad de las leyes 18037 y 18038 (dependientes y autonomos) originaron juicios que colapsaron el fuero previsional y nunca se reparó la pérdida del poder adquisitivo de los haberes de los jubilados del régimen contributivo que esa distorsión provocó hasta el presente, salvo los pocos jubilados que pudieron cobrar sus sentencias después de 10 años de reclamos administrativos y juicios contra la ANSeS”.

Por eso, agregó Herrero, “cuando la variable de ajuste son las jubilaciones y no el gasto político, el resultado del “programa” economico está cantado”.

A su vez, la abogada Andrea Falcone, especialista en temas previsionales, sostiene que la movilidad de marzo y junio la tienen que respetar para todos los jubilados y pensionados

porque corresponde a indices de segundo semestre de 2019. Si se quiere beneficiar a los que ganan menos debe hacerse sin afectar o confiscar los haberes de otros jubilados sobre un derecho adquirido”. ■

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