NO MALGASTEN LOS DINEROS DE LOS JUBILADOS

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octubre 23, 2014 · 6:48 pm

Dólar y jubilaciones

Fuente: La Opinión Online

Los títulos dolarizados de la ANSeS fueron usados para evitar la fuga al dólar paralelo, en detrimento de los recursos de la clase pasiva.

El dólar es un verdadero problema para la marcha de la economía, y en especial para el gobierno, que está tratando de encontrar un reordenamiento de muchos de los factores que en los últimos tiempos han perdido el rumbo y por lo tanto, afectando las condiciones socioeconómicas. La falta de la divisa estadounidense es en esto momentos crucial, pues aun cuando abunda en casi todo el mundo, aquí escasea en extremo, consecuencia de la falta de confianza que generan muchas de las medidas del gobierno, pero también, y por sobre todas las cosas, el cepo que se impuso en el mes de octubre de 2011 y que, con algunas nuevas alternativas que flexibilizaron la situación, se mantiene hasta este momento.
Es probable que una vez que haya una definición con los fondos buitre, en el mes de enero cuando expire la cláusula Rufo, si es que realmente se da de esa manera, el tembladeral de hoy pueda irse solucionando, pero eso está aún por verse. Mientras tanto, la falta de dólares se hace sentir en muchos de los factores económicos, como por ejemplo la resentida productividad de aquellos sectores que necesitan de elementos importados, tal como sucede con las fábricas de automotores que han visto sensiblemente resentida su producción -además afectada por la baja de la demanda desde Brasil-, impactando fuerte en la afectación del empleo del sector.
Además, otro rubro que sigue a los tumbos por la falta de dólares, y también por la incertidumbre que se advierte en el horizonte, es el inmobiliario, que prácticamente desde hace tres años ha visto seriamente resentido su nivel de operaciones. Nadie vende, ni compra, salvo que sea de extrema necesidad, pues todo el mundo coincide en que lo mejor es esperar “hasta que aclare”, como suele decirse en el campo.
Se trata apenas, de puntualizar algunas de las consecuencias que se sienten de manera más directa, aunque no puede dejarse de aludir a la falta de inversiones, que es factor determinante para que la producción en general haya venido declinando sostenidamente desde hace al menos cuatro años. Es que ningún capital foráneo arriesgaría a invertir en un país donde después se encontrará con dificultades para llevarse  las ganancias a su lugar de origen.
Este pincelazo sobre lo que sucede es por demás conocido, aunque debe ser reiterado para llegar así a la gran necesidad de dólares que tiene el gobierno para tratar de revertir una situación que impide un mejor tránsito hacia diciembre de 2015 cuando debe producirse el cambio de autoridades. Es así que todas las cajas a las que se tiene acceso están hoy puestas en la mira de ese objetivo de conseguir dólares y también de evitar su alza en el mercado paralelo.
El Banco Central ha sido hasta ahora el mayor proveedor de recursos hacia el Tesoro nacional, tanto por el traslado de recursos como por la emisión extraordinaria de dinero, lo cual es una de las razones más directas de la motorización de la inflación. Otros lugares a los que se ha recurrido en este tiempo son el Banco Nación, el PAMI y algunas otras cajas menores, sin dejar de mencionar por supuesto la ANSeS, que es justamente el área que merecerá algunas reflexiones adicionales a lo expuesto.
Es que la ANSeS maneja nada menos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -en términos más comprensibles, el dinero de los jubilados-, cuyo monto asciende a 410.000 millones de pesos, conformado en su mayoría, al menos dos terceras partes, por títulos emitidos por el gobierno nacional, aunque preferentemente aquellos en dólares. Razón por la cual en las semanas recientes, y para apoyar el intento gubernamental de evitar la escapada del dólar, salió a vender parte de sus bonos dolarizados, con lo cual no hizo otra cosa que reducir sensiblemente el valor de esos papeles al venderlos a menor precio para atraer compradores que optaron por esa alternativa en lugar del dólar blue. Claro, que el perjuicio para el Fondo de Garantía ha sido importante, en detrimento de los intereses de los jubilados, que ven licuar su patrimonio.
Justamente, por haber pasado el Fondo de Garantía de los jubilados de su condición de comprador de títulos en dólares a vendedor de los mismos, provocó algunos cortocircuitos entre Economía y la ANSeS, en tanto la clase pasiva observa con atención sus perspectivas bastante cercanas.

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El Dr. Daniel Cassola lo invita a participar de la Segunda Jornada sobre los Derechos del Adulto Mayor.

 

El evento se va a desarrollar el próximo miércoles 29 de octubre entre las 9:30 y las 13:30 en la Legislatura Porteña (Perú 130 C.A.B.A.). La entrada es LIBRE y GRATUITA.

Para inscribirse y participar acceder a nuestro facebook aquí. Queremos escuchar tu opinión sobre: 1.Jubilación – Productividad – Continuidad en la actividad Laboral 2.Acceso a Salud – Calidad de Vida y Vida Digna 3.Inseguridad – Maltrato – Abuso de los mayores 4.Discriminación – Políticas de Integración Social – Valoración y reconocimiento de la experiencia de vida. Debate abierto a todos los participantes. Coodinadores Dr. Hugo A. Schifis. Presidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Sr. Claudio Romero, Subsecretario de Tercera Edad Ministerio Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Santiago de Estrada. Ex presidente del PAMI Lic. Oscar Moscariello. Diputado del Pro Dr. Daniel Cassola. Médico, Periodista y Presidente Fundación FEIS – Compromiso comunitario de defensa a la Tercera Edad. El GRUPO DE TEATRO AL VER VERAZ improvisará escenas comunes de maltrato y abuso a los mayores. En la Buenos Aires del siglo XXI se han producido importantes cambios en la pirámide poblacional debido al cambio en la tasa de natalidad y en la esperanza de vida cada vez más larga. Los adultos mayores de 60 años se constituyen ahora en un segmento que va del 20 a 25% del total de la población dependiendo de la comuna o municipio analizado. Las familias numerosas que constituían una herramienta tradicional de protección, que la sociedad tenía para con sus ancianos, están desapareciendo. Y dado que la seguridad social para la vejez no cubre actualmente el riesgo cada vez mayor de la dependencia que sufren nuestros mayores, resulta fundamental realizar cambios en la legislación y en la normatividad que rigen los programas de salud de los adultos mayores, así como en la operación y coordinación de instituciones públicas, privadas, lucrativas y no lucrativas que brindan algún servicio o atienden a este grupo de edad. Dirigir esfuerzos en este sentido es especialmente relevante ante el escenario actual, en el que las familias numerosas, están desapareciendo, y el aumento de la fase “improductiva” debido a una mayor longevidad es cada vez mayor. Donde además la inseguridad creciente debido a recurrentes crisis económicas y sociales provocan un nivel de alto stress y frustración en la población que suele desencadenar en situaciones de abusos, maltratos y violencia hacia los grupos más desvalidos como en este caso los ancianos. Es importante crear nuevas formas de previsión de servicios ahora inexistentes, como servicios sociales (personales), apoyo alimentario, apoyo a familiares y cuidadores principales, servicios de transporte para aquellos con movilidad reducida y servicios para pacientes terminales, son sólo algunos ejemplos. Esta SEGUNDA Jornada debate propuesta “La Tercera Edad en el siglo XXI” es el resultado de una preocupación por las condiciones de vida de un grupo de la población que cada vez se hace más importante.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA Edificio LEGISLATURA PORTEÑA Miercoles 29 de Octubre a las 9:30hs PERU 160 esquina Rivadavia Plaza de Mayo

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EL ANSES TIENE UN PASIVO QUE SUPERARÍA EL BILLÓN – SON MILES DE MILLONES – FRENTE A ACTIVOS DE $230 MIL MILLONES.

Fuente: Diario La Nación

Según el titular de la Auditoría General de la Nación, el pasivo omitido por la agencia estatal “supera largamente el billón de pesos, mientras que su patrimonio neto es de sólo $ 230 mil millones”

El funcionario además aseguró que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) presenta “graves problemas de sustentabilidad todavía no dimensionados” con un pasivo omitido que “supera largamente el billón de pesos“, aseguró en su informe.

Despouy afirmó que “A contramano de los estándares contables de la profesión no se registra la deuda con los aportantes activos del sistema porque no se previsionan de manera cabal los juicios contra la Anses y porque ciertos activos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no están contabilizados de manera consistente en los registros del Estado“, escribió.

Y agrega “Todo ello quita transparencia y certidumbre a una de las cuentas más importantes de la Administración Nacional”, añadió, luego de destacar que el caso de la Anses fue uno de los que más diferencias marcó dentro de la Auditoría entre los representantes del oficialismo y los de la oposición a la hora de elaborar el Informe.

Despouy aclaró en primera persona en la presentación: “A mi criterio y el de los auditores que me han acompañado en el voto (la Anses) tiene graves problemas de sustentabilidad todavía no dimensionados” y que, en consecuencia, resolvieron abstenerse a la hora de la votación del dictamen.

“Nuestra opinión de abstención es la que mejor refleja la imperiosa necesidad de hacer el cómputo adecuado de los beneficiarios del sistema y establecer con claridad la forma en que hará frente a la actualización judicial y al pago de las jubilaciones en el futuro. De lo contrario, podríamos estar desatendiendo una seria amenaza a la sustentabilidad del sistema, como lo hace la mayoría oficialista al emitir una opinión favorable”, alertó.

En ese sentido, señaló que “Se deduce que el pasivo omitido por la Anses supera largamente el billón de pesos, mientras que su patrimonio neto es de sólo $230 mil millones (según Cuenta de Inversión 2012)”.

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Cartas al País

Fuente: Diario Clarín

“Es vergonzoso lo que están haciendo conmigo”

Es lamentable y penoso tener que hacer público mi situación. Soy terapista ocupacional, trabajé durante 40 años de mi vida y al cumplir los 61 años, aún en actividad, por intermedio de un abogado obtuve mi jubilación.

A los dos años comencé a percibir la jubilación mínima. En ese tiempo mi salud se vio muy resentida, ya que hizo mella en mi físico el largo tiempo que ejercí en el piso o en colchonetas atendiendo a pacientes neurológicos, desde prematuros a ancianos. No me quedó otra posibilidad que dejar de ejercer mi profesión.

Al mismo tiempo mi esposo, José Luis Barbero, enfermó de cáncer de colon. Dos años de operaciones, quimioterapia y no pudo trabajar más. Al ser un trabajador independiente intentamos la jubilación por invalidez, pero nunca le salió. Intenté personalmente hacer los trámites de la pensión, como dicen los carteles en la oficina de la ANSeS de Campana y anuncia Diego Bossio, pero no pudimos obtener ningún resultado.

En 2008 mi esposo falleció a los 57 años, le faltaban aportes, obviamente. Hablé con el abogado de la sucursal de Campana y me remitió a un colega. Elegí uno entre los tres nombres que me dio. Ahora, después de dos años, este abogado me dice que para percibir la pensión mi marido debió estar trabajando en el momento en que murió.

El estaba internado, quemado por la última quimio, sin glóbulos bancos y era obvio que no podíamos abonar ni una obra social.

Ahora, el abogado me pidió que firme un poder para que un juez federal estudie el caso. Prevé que el fallo saldría entre 3 a 5 años, mínimo. Mi marido y yo trabajamos desde los 18 años. Es vergonzoso lo que están haciendo conmigo.

Silvia Pontoriero
silviahpontoriero@hotmail.com

Voces, reclamos y esperas de jubilados

Señor Diego Bossio, me dirijo a usted por este medio para intentar ser escuchada y para hacer público mi reclamo, agotadas ya todas las instancias correspondientes.

Trabajé durante más de 42 años en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, ocupando sucesivamente todos los cargos docentes por concurso y varios de gestión; renuncié el 31 de marzo de 2013 a los que ocupaba en ese momento para jubilarme: era profesora titular plenaria con dedicación exclusiva y vicedecana de esa Facultad, además de investigador principal del Conicet.

Son 42 años de aportes previsionales realizados. Después de más de 18 meses de presentado, no he cobrado aún mi jubilación a pesar de haber recibido sentencia favorable al amparo por mora presentado ante la Cámara Federal de Seguridad Social, que fue desoído. Siento que injustamente se me castiga después de haber puesto lo mejor de mí durante tantos años.

Graciela Ferraro
gborriajms@hotmail.com
La moratoria previsional sigue dando que hablar. Por resolución dictada por la ANSeS no se permite la intervención de gestores ni abogados en sus trámites; los turnos tienen que ser obtenidos personalmente por los que quieran acogerse a este sistema; en cambio curiosamente se permite que intervenga La Cámpora.

El 4 de octubre por la mañana militantes con mesitas incluidas se colocaron en distintas esquinas de la avenida Rivadavia desde el 6300 al 7100 distribuyendo panfletos con la consigna: “Jubílese gratis sin abogados ni gestores …”. Asesoraban e invitaban a charlas explicativas en sus comités. ¿Qué tienen que hacer militantes en un tema del que fueron excluidos profesionales? No se sabe, pero lo que queda claro es que cuentan con privilegios otorgados desde las esferas de Gobierno

Mario Parafati
malepara@yahoo.com.ar

La Presidenta anunció una nueva moratoria, pero en el caso de mi hermana le dijeron que no calificaba para acceder.

Debe esperar recibir la información de la AFIP. Ante nuestro gran asombro, ya que ella lo necesita imperiosamente por sus condiciones económicas, nos pusimos a averiguar los motivos. Dicen que todas las personas que son propietarias no pueden acceder a ese beneficio. Ella es propietaria de una vivienda multifamiliar heredada de mi padre. Tiene 15 años de aportes y sólo el ingreso de su marido.

Estaríamos eternamente agradecidos si este tema se da a conocer ya que el director ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, explica con qué facilidad se jubilan las personas, pero nadie habla de las trabas que lo impiden.

María Cristina Cobos
loscores@ciudad.com.ar

El Gobierno recientemente abrió otra oportunidad para jubilarse a las personas que han llegado a la edad de lograr dicho beneficio, aunque sin tener los aportes necesarios, pagándose una parte de los aportes faltantes, acogiéndose a una moratoria, etc, etc.

Ahora yo me pregunto: ¿qué ocurre con las personas mayores que tienen los 30 años de aportes debidamente acreditados, pero no llegan a la edad requerida y que se encuentran desocupados, algunos viviendo de changas ocasionales, otros subsistiendo con las ayuda de sus hijos?

Convengamos que la persona que se queda sin trabajo después de los 55 años difícilmente pueda encausarse laboralmente, ya que nadie les da trabajo. Creo que este grupo de gente, que cumplió con parte de los requisitos exigidos, (30 años de aportes, debidamente certificados) tendría que disponer de una jubilación anticipada hasta que tenga la edad requerida por la Ley Previsional.

Jorge R. Sendra
jotaerresen@gmail.com

Si el adquirir dólares resulta una de las formas más prácticas de cubrirse al menos en parte de la inflación, no veo por qué nuestro gobierno nac&pop, le niega esa posibilidad a los más pobres y a los jubilados.

Un jubilado que cobra la mínima, por ejemplo, podría adquirir actualmente unos 300 dólares e ir gastándolos a lo largo del mes, como hacíamos de turistas en Brasil, cuando la alta inflación era de ellos.

Sería también una forma de practicar “la igualdad ante la ley”, tan cacareada como ignorada. Recuerdo una frase de Anatole France que al respecto decía: “¡Oh! la majestuosa igualdad que pregonan las leyes que prohíben tanto al pobre como al rico, mendigar en las calles, dormir bajo los puentes y robar pan”

Miguel Angel Padilla
miguel.a.padilla@gmail.com

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El Gobierno usa por año $ 55.000 millones de las jubilaciones

Fuente: Diario Los Andes

Es un monto récord. Salen de los recursos directos de la Anses y del Fondo de Garantía que administra el dinero que recibió de las AFJP. Pagar los juicios a jubilados costaría 17 mil millones.

Ismael Bermúdez – CC -Especial para Los Andes

La Anses es hoy una enorme Caja, con un presupuesto para este año de más de 200.000 millones de pesos, con los que paga toda clase de beneficios, desde jubilaciones y pensiones, incluidas las de moratoria y las de las cajas provinciales transferidas, seguros de desempleo y asignaciones familiares.

De ese total, más de 55.000 millones anuales de pesos son para destinos diferentes al pago de haberes del organismo. Entre otros, la Asignación por Hijo, las pensiones no contributivas y de ex combatientes, cubrir los déficits de las cajas de Policía, FFAA y de Seguridad y cajas provinciales no transferidas, planes de empleo y hasta el plan de computadoras Conectar para chicos en edad escolar.

Además la Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que maneja hoy $ 206.000 millones-, financia los déficits del Tesoro Nacional y otorga créditos a empresas públicas y privadas, incluidas multinacionales. Y ahora financiará también el nuevo plan de viviendas oficial, el Procrear. El uso de dinero de los jubilados por parte del Gobierno alcanzó, así, un récord.

El viernes, la Anses informó que el 58% de su presupuesto proviene de aportes y contribuciones y el 42% de impuestos que paga toda la población, lo que justificaría -dice- que una parte de sus fondos se destinen al pago de beneficios y gastos que no tienen un financiamiento propio o específico.

Sin embargo, a principios de los ?90, según el “Libro Blanco de la Previsión Social” elaborado por el Ministerio de Trabajo, cuando el sistema era enteramente público como ahora, “se financiaba con más del 76% de recursos de carácter contributivo (aportes y contribuciones)”.

¿Por qué bajó en semejante magnitud la porción de los aportes y contribuciones? Básicamente, por dos causas: se redujeron las contribuciones patronales, que aún hoy se mantienen varios puntos por debajo de las que existían a inicios de los ?90, y se agrandaron los gastos y beneficios que no tienen un financiamiento propio y se cargan sobre la caja de la Anses.

Por eso se cedió al organismo la recaudación de parte de varios impuestos, que así son recursos propios de la Seguridad Social, salvo que se decida restituir la contribución patronal en sustitución de esos ingresos. El argumento oficial pierde peso.

Pero más allá del origen de los fondos, se incrementaron los diversos pagos que se hacen a través de la Anses que no tienen un aporte contributivo propio y que otorgan otros ministerios u organismos. Por ejemplo, los $ 17.500 millones anuales de las pensiones no contributivas (las otorga Desarrollo Social) así llamadas porque no tienen un financiamiento propio. Esas pensiones en 2001 eran 300 mil y ahora suman 1,1 millón.

Lo mismo pasa con los déficits de más de $ 20.000 millones de las cajas provinciales no transferidas o la de las FFAA y de Seguridad. O con la Asignación Universal por Hijo, creada por la administración Kirchner: son 11.691 millones de pesos que no tienen una base contributiva propia, ya que se afrontan con los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en lugar de capitalizar al propio Fondo. A todo eso se suman $ 1.300 millones para planes de empleo y el Plan Conectar Igualdad, de computadoras para estudiantes, presupuestado en 3.223 millones de pesos.

Se podría argumentar que los intereses del FGS son ganancias y quedan afuera, y así pueden ser usados por el Tesoro. Pero ese FGS está compuesto de bonos, acciones, plazos fijos que en su mayoría provienen del proceso de estatización de las AFJP de 2008. Y como el FGS corresponde a los aportes de los trabajadores que fueron a las AFJP, son también un recurso propio de la Seguridad Social, no de rentas generales.

La semana pasada, la Corte Suprema intimó a la Anses a que le informe en 30 días sobre la composición del FGS y los desembolsos del organismo, así como sobre la cantidad de juicios que afronta. Es que el organismo carga también con un gran pasivo: los cientos de miles de demandas de jubilados y pensionados que reclaman por la mala liquidación de sus haberes. La Corte requirió esa información para decidir si extiende o no a todos los jubilados los reajustes de haberes ordenados por la propia Corte en los casos Badaro, Eliff y otros.

La Anses ya avisó que si se extiende esa doctrina a quienes les corresponden – un millón de jubilados- el sistema colapsaría. Según sus cálculos, extender el “caso Eliff” le demandaría $ 23.000 millones anuales. Según el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, hoy hacer frente a la generalización del caso Badaro “le implicaría a la Anses un desembolso de $ 17.000 millones anuales, sin sumar las retroactividades. Dicen que no lo pueden pagar, pero es menos de lo que piensan usar para el Procrear”.

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Denuncian a funcionarios del PAMI por cobrar “sueldazos”

Fuente: Tribuna de Periodistas

FEDERACIÓN DE JUBILADOS ADVIERTE PELIGRO LATENTE

Denuncian a funcionarios del PAMI por cobrar “sueldazos”

A través de un comunicado, la Comisión Directiva de la Federación de Jubilados Mendocinos FEJUMEN, firmado por Víctor Morales y Edgardo Civit Evans, adhirió en las últimas horas a la denuncia efectuada por la Fundación “Alameda” que informó sobre los “importantes sueldos” que perciben los ilegales funcionarios que detentan el poder en la obra social de los adultos mayores.

Asimismo “repudió” el accionar de quienes deberían defender los intereses de los adultos mayores.

Según FEJUMEN, son ilegales funcionarios por cuanto han sido designados “en clara violación de la Ley Nº 25.615 sancionada el 3 de julio del 2002, que en el Artículo 3º dispone que el Directorio será conducido por 11 directores, 7 de ellos en representación de los jubilados, 2 por los trabajadores activos y 2 por el Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, avanza el escrito, desde hace 12 años el PAMI es conducido por un director designado por el Poder Ejecutivo, Luciano Di Césare. “La misma situación se da con los directores radicados en las provincias, todos designados a dedo, sin rendir concurso, y sin tener en cuenta que la obra social es de los jubilados”, según el papel.

Entre otras cosas, FEJUMEN repudia que el director del PAMI, Di Césare, se haya fijado un ingreso mensual de $ 98.750, más viáticos y demás beneficios.

En la denuncia efectuada por la Fundación “Alameda” se sostiene que el director de PAMI Mendoza, Marcelo Álvarez,  percibe $ 70.000 mensuales.

“Resulta sorprendente que además del sueldo del doctor Álvarez, otros designados por éste, reciben elevadas remuneraciones sin haber acreditado mayores conocimientos sobre el tema de los adultos mayores, y sólo por adherir a un movimiento que nada tiene que hacer con la conducción de la obra social de los jubilados”, dice el comunicado.

En Mendoza, según el mismo documento, en tal situación están: José María Vinassa, joven que percibe casi $ 29.000; Manuel Vela, con $ 24.445: María José Lorente Tapia, con $ 18.755, y otros.

“Esta grave situación, consideramos que debe repetirse en varias partes del país”, añade el comunicado y denuncia: “Según las fotocopias de los bonos de todos los mencionados, ninguno tributa el impuesto a las Ganancias, obligatorio por ley y que se les descuenta, por ejemplo, a los empleados del mismo PAMI que superan los $ 12.000 mensuales”.

Para FEJUMEN, debería intervenir de oficio la Fiscalía Penal Federal en turno y la AFIP, dado que además de una presunta evasión fiscal, implica una clara desigualdad con el resto de los funcionarios y trabajadores.

A su vez, se revela que, según el boletín del PAMI, mediante Resolución Nº 0134, del 5 de febrero del 2013, Marcelo Di Césare “dispuso la contratación por alquiler de dos edificios en Mendoza, en razón que el edificio de calle Córdoba 246, Mendoza, se encuentra colapsado, con graves riesgos en caso de sismo, hecho ratificado por la Universidad Tecnológica Nacional y por la Municipalidad”.

Esta gravísima situación fue denunciada en el año 2012 por esta Federación y por el gremio que nuclea a los empleados de PAMI.

Mediante la Resolución 134 se contrata el alquiler por tres años de dos edificios. Uno ubicado en calle Avenida España 1168 y otro en Belgrano 1236, por una cifra total aproximada de $ 10.000.000.

“Han pasado casi dos años y ninguno de los edificios está ocupado por PAMI, persistiendo el riesgo sismológico y pagándose elevados montos por alquileres de edificios que NO se ocupan. Este irregular hecho, ha sucedido en otras ocasiones”, denuncia el comunicado.

Y culmina advirtiendo que, a pesar de los elevados sueldos de los funcionarios, de contrataciones de edificios que no se ocupan, “advertimos con gran preocupación que van disminuyendo las prestaciones por servicios de salud a los adultos mayores (…) Todos los días recibimos denuncias de personas a las que dan turnos para especialidades a los 45 y 60 días posteriores”.

Para FEJUMEN, está en peligro la vida de miles de personas mayores, situación que pareciera no importarles aunque es de gravedad extrema

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